Las inundaciones de enero y abril de este año pusieron de manifiesto la profunda crisis ambiental de la provincia del Chaco. La magnitud de las mismas, especialmente en el interior de la provincia, tiene que ver con la eliminación en gran escala del monte nativo. El monte absorbe las precipitaciones, al contrario del cultivo sojero, que impermeabiliza relativamente los suelos incrementando los efectos de las inundaciones. En este momento, por ejemplo, la Ruta Nacional 89, que atraviesa el suroeste chaqueño, está prácticamente cortada por las gravísimas inundaciones que afectan pueblos como Charata, Pinedo, o Hermoso Campo. Es la ruta del corazón de la soja, con sus grandes silos, maquinaria de última tecnología y mansiones en los pueblos de los magnates de la explotación.
El desmonte en la provincia es de larga data. Comenzó con la explotación forestal vinculada al tanino, se incrementó con la explotación algodonera. Pero el avance de la frontera agrícola sojera produjo a partir de fines de los ‘90 un salto en cantidad, al habilitar los márgenes de ganancias suficientemente elevados como para justificar los costos de desmontar masivamente.
En 2007, la Nación promulgó una Ley de Bosques que se orientaba a ordenar el desmonte masivo en todo el país. La Ley de Bosques estableció un ordenamiento basado en tres categorías: las zonas verdes, donde se puede desmontar con autorización de las autoridades provinciales; las zonas amarillas; y las zonas rojas, especialmente protegidas. En las zonas amarillas no se puede desmontar, aunque sí se habilitan otros usos: “aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”. La Ley estableció que cada provincia dictaría su propio ordenamiento territorial de bosques nativos.
Posteriormente, una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente estableció las condiciones de la modificación de este ordenamiento, pautando que serían en casos excepcionales y cada cinco años, con un mecanismo de audiencias públicas. Sin embargo, bajo el lobby capitalista agro forestal, los gobiernos han transformado esta modificación del ordenamiento en una cuestión cotidiana, habilitando miles de hectáreas para desmontar en zonas que figuran como amarillas e incluso rojas, además del desmonte tolerado legalmente en las zonas verdes.
El Chaco
La provincia dictó su ordenamiento territorial de bosques nativos y, casi simultáneamente, habilitó un mecanismo para “excepciones” al ordenamiento. Esto se realizó, bajo el gobierno de Jorge Capitanich, con la disposición 1103/2012 de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción, que recibía pedidos de rezonificación de zonas boscosas, para permitir explotación silvopastoril o desmontes en zonas amarillas, algo que se encuentra prohibido por la Ley. Se trató de un mecanismo para legalizar el desmonte masivo, que de todas formas se produce también al margen de la Ley y bajo la mirada cómplice de la dirección de bosques. Desde 2012, según reconoce el gobierno provincial, se presentaron 100 pedidos de autorización de rezonificaciones, de los cuales se aprobaron 53, que afectan a 33.797 hectáreas. En 2017, el gobernador Domingo Peppo amplió normativamente este proceso con otro decreto (el 233/2017), por el cual autoriza a la dirección de recursos naturales a emprender un proceso de revisión del ordenamiento territorial. Ya el ámbito bajo el cual se coloca (Ministerio de Producción) habla de las intenciones de flexibilizar aún más la normativa para promover el desmonte en favor del llamado “chaco productivo”.
Los resultados de esta orientación están a la vista. Según han denunciado diferentes organizaciones ambitentalistas, en 2016 se desmontaron 28.756 hs en Chaco, de las cuales 14,601 fueron en zonas amarillas, y en 2017 43.780 de las cuales 16.121 fueron en zonas amarillas.
Un esquema en crisis
Las denuncias de diferentes organizaciones, como el Centro Mandela, Greenpeace o el agrupamiento Somos Monte, combinadas con la crisis que generaron las inundaciones, provocaron que el gobierno diera marcha atrás con el ordenamiento normativo para garantizar los desmontes. Así, mediante un decreto del mes de enero, el gobernador anuló la disposición 1103/2012 y el decreto 233/2017, entre otras disposiciones apuntadas a recategorizar masivamente los terrenos. Esto no implica, como se salió a decir a los medios, que se “suspendan los desmontes”. Se suspenden las nuevas recategorizaciones, pero quedan todavía los 53 expedientes aprobados en zona amarilla. Tampoco se prohíben los desmontes en la zona verde, de hecho, donde se producen más desmontes. Para peor, la intención del gobierno provincial apunta a reorganizar la normativa cuestionada para producir una recategorización “integral” (y no por pedidos puntuales de dueños de terrenos) de acuerdo a los que marca el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente). La marcha atrás del gobierno, sin embargo, es un avance y debe ser el punto de partida de una movilización contra los desmontes y por una reorganización integral de la producción, especialmente en los departamentos de Brown y Güemes. Se trata de los departamentos del norte y oeste provincial lindantes con el Chaco Salteño, este último es la región con la mayor tasa de desmontes del país.
Una salida
La situación ha dejado expuestos los límites insalvables de la Ley de Bosques, por un lado, y de la capacidad del Estado para implementarla, por el otro. Solamente la organización y el control popular pueden garantizar la protección del ambiente, para esto son necesarios comités electos por los trabajadores, los pequeños productores y las comunidades indígenas en cada localidad, responsables por el desarrollo ambiental y con potestad de frenar los desmontes.
La mayor parte de los desmontes se concentran en los departamentos de Brown y Güemes, donde la polarización social alcanza su pico en la provincia. Se trata, en muchos casos, de explotaciones de madera, además de las que buscan ampliar la frontera agrícola. Mientras avanzan los desmontes, la población rural es expulsada y va quedando cada vez con menos salidas. La gran explotación basada en el desmonte es totalmente predatoria, en términos laborales, el trabajo esclavo o semi esclavo es moneda corriente. Es un desafío la organización de los trabajadores y los pueblos del oeste provincial para terminar con la catástrofe social y laboral que implica este tipo de explotación.
Juan García
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