lunes, 8 de abril de 2019

En un año de protestas, Israel mató a más de 250 palestinos



Aniversario de las Marchas por el Retorno. Las cifras de la ocupación israelí.

Este viernes volvieron a producirse movilizaciones en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel por el derecho al retorno de los palestinos, expulsados de sus tierras con la conformación del Estado de Israel en 1948. Se estima que participaron decenas de miles de personas.
Estas protestas suceden a las del viernes pasado, que marcaron el aniversario de las marchas por el retorno. Y fueron acompañadas por una huelga general que incluyó el cierre de comercios en toda la Franja.

Un modus operandi criminal

A lo largo de las jornadas por el retorno, las fuerzas de seguridad israelí asesinaron a más de 250 manifestantes y e hirieron a más de diez mil. Estas fuerzas recurren al uso de armamento de fuego contra manifestantes desarmados que, en el mayor de los casos, apelan al incendio de barriletes o corte de vallas como modalidad de protesta. Las crónicas revelan esta desproporción de recursos y el modus operandi fusilador de las fuerzas israelíes. En la marcha aniversario, por ejemplo, “algunos palestinos se acercaron a unas decenas de metros, quemaron neumáticos para reducir la visibilidad de los militares y lanzaron piedras contra los soldados, antes de replegarse a toda velocidad. El Ejército replicó lanzando gases lacrimógenos y abriendo fuego” (La Nación, 31/3, con informes de las agencias ANSA y AFP). Al mismo tiempo, una investigación de una comisión de Naciones Unidas se refirió a "motivos razonables para creer que francotiradores israelíes dispararon contra niños, médicos y periodistas, a pesar de que eran claramente reconocibles como tales" (citado por Maan News, 5/4).
Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, afirmó en un reportaje que una nueva invasión a Gaza no está descartada. A pocos días de las elecciones que tendrán lugar el 9 de abril, Netanyahu lanzó una serie de bombardeos contra la Franja bajo la excusa del lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, que gobierna la región. Como espaldarazo a Netanyahu, Trump –que viene de reconocer a Jerusalén como capital israelí- reconoció la soberanía sionista sobre los Altos del Golán, arrebatados a Siria durante la guerra de 1967.

Prisión a cielo abierto

Pese a la tremenda represión, las protestas por el retorno se han sostenido a lo largo de un año con una importante participación de manifestantes. Actualmente, el comité organizador se ha mostrado proclive a disminuir la “intensidad” de las protestas en función de las negociaciones entre la administración de la Franja e Israel, que cuentan con la mediación de Egipto.
La Franja de Gaza es una prisión a cielo abierto. Sus 2 millones de habitantes están sometidos a un brutal bloqueo (con la colaboración egipcia), su infraestructura está destruida y ha padecido tres invasiones israelíes en diez años. El desempleo es del 50% y llega al 70% en la juventud.
Este mes se han producido manifestaciones contra el aumento de los precios y por trabajo que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Hamas. Estas protestas, bajo el lema “queremos vivir”, se iniciaron el 14 y redundaron en centenares de detenciones. Los manifestantes denunciaron allanamientos y torturas. El gobierno atribuyó las protestas a Al Fatah, que gobierna Cisjordania, pero uno de los organizadores lo negó y aseguró que “nuestras demandas son estrictamente sociales” (Al Monitor, 27/3).

Apartheid

Al asedio que sufre la población gazatí se suma la opresión que padece la población cisjordana, que en un 60% se encuentra bajo completo control de las tropas israelíes. En coincidencia con las marchas del retorno, este viernes se han producido protestas por la libertad de los presos políticos y contra los asentamientos de colonos, que suman 196.
Los cisjordanos están sometidos a un apartheid legal. Un informe de la Unión Europea ha revelado que “para delitos idénticos cometidos en un mismo territorio existen dos raseros legales distintos” (El País, 1.2). Los palestinos son sometidos a la ley marcial y tribunales castrenses que se rigen por normas coloniales (de la dominación otomana y británica) que habilitan la confiscación de tierras aparentemente no cultivadas y la detención administrativa indefinida, sin necesidad de presentar cargos. A los palestinos les está virtualmente vedado el derecho de reunión y sólo se les autoriza el 1,5% de sus pedidos de construcción. Como corolario, sufren el hostigamiento de los colonos militantes, cuyos ataques –que quedan en la más absoluta impunidad- se han triplicado el año pasado (ídem).
Este estatus de segunda para los palestinos se extiende al interior de Israel, donde son el 20% de la población. Allí, Israel se ha dotado de una política que deniega los permisos de construcción y al mismo tiempo demuele las viviendas. La situación tiene ribetes perversos: “un residente palestino de la ciudad de Qalansuwa, en el centro de Israel, fue obligado a demoler su propia casa bajo orden de las autoridades israelíes” (Maan News, 21/3).
Los ingresos, tanto en Cisjordania como en la Franja, dependen en buena medida de la devolución de fondos por importaciones e impuestos que controla el propio estado israelí, que a su vez deduce de ellos pagos por agua y electricidad. Esto acentúa el sometimiento del pueblo palestino. Israel llega incluso a deducir una parte equivalente del dinero que la Autoridad Palestina destina a los presos políticos, con el pretexto de no financiar al ‘terrorismo’. Como resultado de las idas y vueltas con los fondos, en marzo en Cisjordania sólo se pagó el 50% de los sueldos a los estatales.
Repudiamos la represión criminal del sionismo contra el pueblo palestino y la ocupación. Apoyamos el derecho al retorno y luchamos por una Federación Obrera y Socialista del Medio Oriente.

Gustavo Montenegro

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