El paquete de medidas económicas y sociales del gobierno, lanzado horas después de conocerse una inflación cercana al 5% en el mes de marzo, es un intento precario –y mentiroso– de contener al derrumbe político del macrismo. Bien mirado, el paquete convalida la brutal carestía que ha tenido lugar en los últimos meses, por un lado, y, por el otro, pretende ´aliviar´ la caída del poder de compra de los jubilados mediante otro recurso confiscatorio –el endeudamiento.
Precios cargados
El plan del gobierno reflota a los ´precios cuidados´, un enorme taparrabos de la carestía general sobre los alimentos. El presunto acuerdo de precios llega luego de que los monopolios alimentarios descerrajaran aumentos que van desde el 70 al 100% en sus principales productos, como harinas, pan, yerba mate, lácteos, carne o huevos, durante el último año. Sobre estos productos, el aumento promedio desde comienzos de 2019 no ha sido inferior al 15%, ¡y se ha reforzado, justamente, desde que el gobierno anticipó esta regulación de precios! Ahora, la medida oficial comenzará a regir… desde el 22 de abril, otorgándoles a los pulpos un nuevo plazo para remarcar. En la conferencia de prensa, al aludir a este pacto de precios, el ministro Dujovne señaló que se trataba de un “acuerdo de caballeros” con las corporaciones que producen o comercializan alimentos. O sea que éstas no están obligadas a nada, y podrán implementar reajustes, por ejemplo, ante cualquier cimbronazo devaluatorio. Es lo que ocurrió, precisamente, con los “precios cuidados” en agosto-setiembre del año pasado. Por otra parte, las asociaciones de consumidores han denunciado la maniobra de los “relevos” de productos en las listas de precios controlados. O sea que se retiran un alimento “cuidado” y se lo reemplaza por otro que fue anteriormente remarcado. Mediante este recurso, la propia lista de precios “regulados” está sometida a una suerte de indexación permanente.
Jubilados hipotecados
El paquete oficial reflota al plan de créditos Argenta para jubilados, ampliando sus montos a 200.000 pesos y con una tasa de interés del 40% anual, sin que esté asegurado de ningún modo que los pasivos reciban un aumento anual que equipare a semejante carga financiera. El planteo de que ello “ampliaría el consumo” de jubilados y pensionados es sencillamente una impostura, porque todo el mundo sabe que los préstamos serán destinados a afrontar el actual quebranto de sus economías familiares. La actual jubilación mínima no llega a cubrir el 40% de una canasta de pobreza, lo que impide afrontar los aumentos exorbitantes en medicamentos, alquileres o expensas, sólo por citar a algunos rubros. Para cubrir sus deudas actuales o gastos elementales que hoy no se pueden afrontar, los jubilados deberán recurrir al endeudamiento. La ministra Stanley, al comentar el anuncio, aclaró que quienes ya tienen créditos “podrán tomar otros”: no ignora, por lo tanto, que una parte de los jubilados tomará deuda para afrontar las deudas de préstamos anteriores. El régimen del FMI y del endeudamiento permanente somete a los explotados de la Argentina al mismo mecanismo de sometimiento y usura que vive el Estado en su conjunto. Lo más aberrante, sin embargo, es que esta hipoteca a los jubilados será bancada con la plata de los propios jubilados, o sea, los fondos del Anses. En vez de subir las jubilaciones, el Anses condena a sus “beneficiarios” al endeudamiento permanente.
Tarifazos a perpetuidad
El anuncio oficial descarta nuevos tarifazos en el año… pero exceptúa, claro está, a los aumentos ya previstos en el precio de gas natural, y que sumarán casi un 30% entre abril y junio. O sea que los monopolios gasíferos tienen cubierto el tarifazo para su periodo más redituable, el invierno, donde los consumos de este recurso suben drásticamente. Para afrontar la megafactura del invierno, el gobierno ha anunciado otro régimen de endeudamiento, a saber, la llamada “tarifa plana”. Por esa vía, los consumidores se harán cargo durante todo el resto del año de las confiscatorias tarifas del período de mayor consumo estacional. Los monopolios energéticos no perderán un centavo por ello, porque el costo financiero de este parcelamiento de las facturas será costeado por el Estado y, por lo tanto, por los propios usuarios, a través del sistema de impuestos. El gobierno también ha anunciado un sistema de préstamos para la conexión de 70.000 usuarios que hoy usan garrafas a la red de gas natural. Pero no dice que, en el último año, 90.000 usuarios de gas abandonaron la red, por la imposibilidad de hacerse cargo de las tarifazos.
En el caso del transporte público, el anuncio es todavía más impostor, porque “aclara” que el congelamiento del boleto “no compromete a las administraciones provinciales o municipales”, o sea, a las que, en la mayoría de los casos, tienen la potestad sobre las tarifas de transporte.
Apuesta incierta
Todo este paquete de medidas pretendidamente “sociales” está abrochado a una incierta apuesta del gobierno: la que pretende mantener bajo cierto control a la evolución del dólar, y por lo tanto de los precios, al menos hasta las elecciones. Esa previsión sostiene otra apuesta –la de los fondos especulativos que obtendrían, a la tasa de interés vigente, un rendimiento superior a la devaluación prevista. O sea que mientras se les tiran migajas –y deuda– a consumidores y jubilados, hay un menú de beneficios fabulosos en favor del capital financiero. El garante último de esta operación especulativa es el Fondo Monetario Internacional, que ha reforzado ficticiamente a las reservas internacionales con recursos que sólo constituyen una mayor deuda externa. Por otra parte, y contra la pretensión de una supuesta “emisión cero”, el festín de las Leliqs se recicla regularmente mediante una emisión encubierta, que el Banco Central vuelve a absorber –como nueva deuda– semana tras semana. Pero cualquier cimbronazo internacional, por caso, haría saltar por los aires este esquema precario, volcando a la compra de dólares una suma que excede a las reservas internacionales disponibles y a los recursos ofrecidos por el FMI. Ni que decir que ese estallido barrería con el pretendido control de la inflación, “precios cuidados” incluidos. El paquete oficial será usado también como excusa para que las burocracias sindicales prolonguen su tregua indefinida con el gobierno, nada menos que en vísperas de paritarias que deben plantear la recuperación del salario perdido y un aumento para un 2019 donde la inflación ya no será inferior al 40%. Hay que desenmascarar a este paquete impostor y a sus contradicciones insalvables, para redoblar la lucha por ponerle fin al régimen del FMI y la miseria social creciente mediante la acción de los trabajadores.
Marcelo Ramal
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