Dos nuevos casos de abusos sexuales sacuden a la Iglesia católica por estos días: en Mendoza, los monjes Roque Moreno y Oscar Portillo fueron denunciados penalmente por el abuso contra un estudiante entre 2009 y 2015; y en Necochea, el sacerdote José Luis Serre fue separado por abuso sexual contra un menor de edad.
Ambos casos han puesto nuevamente de relieve la política de impunidad y encubrimiento de la Iglesia sobre sus miembros.
En Mendoza, el arzobispo Marcelo Colombo envió una carta al Vaticano en la que solicita que se evite la judicialización de Moreno y Portillo para “garantizar la más absoluta independencia e imparcialidad para el acusado” (¿?) y no ensuciar “su alta imagen y consideración personal y espiritual (…) a pesar ser contrario al concordato firmado por el Estado argentino con la Santa Sede”. A la diócesis que dirige Colombo pertenece también el Instituto Próvolo, tristemente conocido por el abuso sexual de más de 60 niños hipoacúsicos.
Por otra parte, en Necochea, el abusador Serre fue sustituido por el sacerdote Alejandro Martínez… también acusado por abuso infantil en una escuela de Mar del Plata –por el que resultó absuelto.
La impunidad para los abusadores baja desde el Vaticano. La cumbre convocada por Francisco en el mes de febrero ante la suma de denuncias de abuso sexual en la Iglesia en los cinco continentes, culminó en una gran impunidad para los acusados. El Vaticano disolvió los abusos en “un fenómeno global” y lo separó de la responsabilidad y especificidad de los abusos como producto del funcionamiento de su institución.
Su orientación es preservar el tratamiento de “los casos” dentro de los marcos de la Iglesia, donde, como queda en evidencia nuevamente, reinan el encubrimiento y la protección de los abusadores. Sin ir más lejos, Nicolás, el denunciante de Moreno y Portillo en Mendoza, había realizado la denuncia contra los monjes ante la propia Iglesia en 2015: como toda respuesta, la jerarquía del clero resolvió el traslado de Portillo a San Juan, pero al cabo de un mes, regresó a Mendoza sin mayores consecuencias. En 2018, Nicolás insistió en su acusación, pero tras recibir sólo maltrato y desconocimiento, decidió radicar la denuncia en la justicia.
No son casos aislados. A la Iglesia la recorre un entramado de protección y encubrimiento, en connivencia muchas veces con los poderes judicial y político.
Rocío Zavaleta
No hay comentarios:
Publicar un comentario