Selección paquistaní de Futsal, deportada en Ezeiza por "razones de seguridad".
Entre la represión y el absurdo.
El gobierno macrista, en un creciente proceso de descomposición y desbarranque, descarga su política represiva a manotazos, salpicada con algunos hechos que bordean el absurdo, aunque también ellos muestran el carácter profunda e irracionalmente xenófobo de la política oficial implementada, en estos casos, por el Ministerio que conduce Patricia Bullrich.
Uno de los hechos sucedió hoy en el aeropuerto de Mendoza donde ciclistas colombianos –entre ellos Mariana Pajón, bicampeona olímpica y con varios títulos mundiales– que vienen a competir en el certamen Sudamericano que se lleva a cabo en San Juan y que fueron detenidos durante varias horas en “averiguación de sus antecedentes penales”. Solo fueron liberados luego de que intervinieran la Cancillería y la Secretaría de Deportes de Colombia.
El segundo caso tuvo como víctima a la delegación paquistaní de Futsal que venía a competir en el Mundial de ese deporte que se lleva a cabo en la provincia de Misiones y que fue deportada el lunes pasado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza –al cual habían arribado– por cuestiones de “seguridad nacional”, según adujeron las autoridades oficiales. En realidad se trató de un problema con las visas de los jugadores, que ellos habían tramitado correctamente y que no fueron cargadas como correspondía por la embajada argentina en Paquistán, como lo reconoció el propio embajador.
Es decir que no había razón alguna para impedir que ingresaran al país, pero sin dar lugar a ningún reclamo ni permitir la intervención de ninguna autoridad que pudiera dar cuenta del error cometido por la embajada, volvieron a subir al avión a todo el equipo y lo devolvieron a Paquistán. Todo en menos de una hora.
El tercer hecho y más grave por las consecuencias que está teniendo, es el de los internacionalmente reconocidos arquitectos y artistas chilenos Gabriela Medrano Viteri y Felipe Zegers, que fueron invitados por la Universidad Nacional de Córdoba a participar de un taller en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado esta semana en esa provincia.
Ambos se encuentran detenidos desde el lunes pasado y hoy la fiscal Graciela López de Filoñuk imputó a los artistas porque, dijo, “les cabe el artículo 189 bis del Código Penal, que pena los delitos contra la seguridad cometidos con explosivos”, por una valija olvidada en un hotel cordobés donde se alojaron que, ella misma reconoce, no tenía explosivo alguno.
Se trata, según explicaron amigos de los detenidos, de unos parlantes que se colocan en lugares públicos, con una batería y un grabador conectado a ellos por medio de cables y desde los cuales se difunde un mensaje en el que se lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en lenguaje inclusivo.
Este dispositivo ya había sido utilizado en otras oportunidades en presentaciones realizadas en Chile.
En una muestra por el absurdo del carácter forzado y sin fundamento alguno las detenciones, que se conocieron porque se viralizaron en las redes, el secretario de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, salió presuroso a aclarar que no se trataba de “un papelón”, sino que “el dispositivo hallado era apto para activar una detonación y existieron causas concomitantes para activar el protocolo correspondiente”, en referencia al Congreso de la Lengua, que ya había terminado y del cual habían participado los acusados que, además, fueron detenidos en Buenos Aires, cuando estaban por regresar a Chile.
Medrano Viteri fue responsable del proyecto del Teatro Bio Bio, inaugurado en la ciudad de Concepción el año pasado y que fuera premiado en un concurso internacional de diseños en Londres, mientras que Zegers es creador de un festival (HechoenCasaFest), reconocido por sus intervenciones urbanas.
Más allá del carácter insólito de esta represión institucional sobre equipos deportivos, representantes de países extranjeros que vienen a competir a la Argentina y de artistas reconocidos internacionalmente, estas agresiones son la continuidad de una política que diariamente se descarga sobre los trabajadores y los demás sectores populares que salen a la lucha por sus derechos.
Es parte de la política desplegada por Patricia Bullrich de que las fuerzas represivas “primero deben disparar y después preguntar”, que “la palabra que vale” es de los represores y de la “doctrina Chocobar”. Todo aplicado a los asesinatos de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, entre otros. Y de la campaña oficial lanzada contra los inmigrantes que arriban a nuestro país, identificándolos con autores de delitos.
Hay que terminar con esta ofensiva xenófoba y represiva oficial. Patricia Bullrich se tiene que ir.
Nelson Marinelli
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