jueves, 30 de noviembre de 2017
Movilización al Congreso contra la reforma laboral // Columna independiente de la izquierda
El sindicalismo combativo, el Frente de Izquierda y otras organizaciones se movilizaron en una columna independiente, que denunció la tregua de un mes de los convocantes y la complicidad del kirchnerismo con el ajuste –Alicia K viene de firmar el pacto fiscal– y levantó el reclamo de un plan de lucha hasta quebrar esta ofensiva. Con estos planteos, la columna independiente nucleó a 10 mil personas.
Myriam Bregman con Mauro Viale
Myriam Bregman, legisladora electa del PTS en el Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires en el programa de Mauro Viale hablando sobre las contra-reformas del gobierno de cambiemos, el avance represivo contra la comunidad Mapuche y la búsqueda del submarino ARA San Juan.
Cadena perpetua para Acosta, Astiz y otros 27 represores
El histórico juicio por la megacausa Esma concluyó -después de 5 años de debate- con más de la mitad de los 54 acusados condenados a perpetuidad, entre los que se encuentran dos pilotos de los vuelos de la muerte en los que fueron asesinadas las monjas francesas y el grupo de Madres y familiares de la Santa Cruz. Sabor amargo por seis absoluciones.
“Cárcel, común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida en las calles argentinas”, cantó el público apenas los jueces dieron por concluido el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital acababa de condenar a prisión perpetua a 29 represores y a penas de entre 8 y 25 años a otros 19, por los crímenes cometidos en la dictadura cívico militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La pena máxima recayó sobre represores con condenas a cuestas como Jorge “Tigre” Acosta, jefe del grupo de tareas 3.3.2 (GT332), y Alfredo Astiz, pero también sobre los dos pilotos que condujeron los vuelos de la muerte desde los que fueron arrojadas las monjas francesas y el grupo de familiares y madres, al que se conoce como el grupo de la Santa Cruz.
También hubo seis absueltos que, con otros cuatro condenados a bajas penas saldrán en libertad de inmediato.
“Estoy satisfecho. Con una sensación agridulce, pero esto sigue”, resumió Víctor Basterra, testigo y querellante en el debate. “Evidentemente no es malo porque hay 29 condenas a perpetua, pero me quedó flaco que le den 8 años a tipos que yo conocí y que eran verdugos ahi”, completó el sobreviviente que sacó del centro clandestino cerca de 90 fotos de los represores.
Durante tres horas y media los jueces Leopoldo Bruglia y Adriana Palliotti, secundados por su par Daniel Obligado, leyeron las condenas que recayeron sobre 48 de los 54 imputados que tiene este tercer tramo de Esma, que comenzó hace cinco años, el 28 de noviembre de 2012. Apenas pusieron un pie en la sala Acosta y Astiz para ir a ocupar su silla en el banquillo de los acusados, la planta alta de la sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py estallaron en aplausos y ovaciones. Ahí estaban los familiares de los represores, con Cecilia Pando en primera fila.
Debajo, el público también explotó: con las fotos de sus desaparecidos en alto gritaron “asesinos” y cantaron que como a los nazis les va a pasar, que a donde vayan los irán a buscar. El presidente del tribunal amenazó con desalojar la sala si no hacían silencio, y cuando los gritos amainaron se escuchó, solitaria, la voz de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Ladrones de bebés”, les espetó.
A medida que el Tribunal leía las sentencias, las cifras de casos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios por las que los magistrados condenaban a los acusados sumaban de a cientas, doscientas o trescientas víctimas y permitieron dar cuenta de la magnitud de la masacre que fue la Esma.
Las penas máximas cayeron sobre los marinos Acosta, Astiz, Randolfo Luis "Tano" Agusti Scacchi,Ricardo Miguel Cavallo; Rodolfo Oscar Cionchi; Daniel Néstor Cuomo; Hugo Enrique Damario; Francisco Armando Di Paola; Adolfo Miguel Donda Tigel; Miguel Ángel García Velasco; Pablo Eduardo García Velasco; Alberto Eduardo González; Orlando González; Rogelio José Martínez Pizarro; Luis Ambrosio Navarro; Antonio Pernías; Jorge Carlos Radice; Francisco Lucio Rioja; Juan Carlos Rolón; Néstor Omar Savio; Hugo Héctor Siffredi; Carlos Guillermo Suárez Mason y Eugenio Bautista Vilardo.
También sobre los prefectos Mario Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D'Agostino, los dos pilotos de los aviones Skayvan desde los que arrojaban detenidos vivos y adormecidos con “pentonaval” al mar, y el prefecto Juan Antonio Azic; los agentes de la Policía Federal Claudio Orlando Pittana y Ernesto Frimón Weber, y el civil Gonzalo Dalmasio Torres de Tolosa.
La sobreviviente de la Esma y periodista Miriam Lewyn se hundió en un abrazo con una compañera cuando el juez leyó la condena a perpetua a Arrú. Todos en el público festejaron: estaban condenando los vuelos de la muerte.
“Es un juicio histórico, sin precedentes en la Argentina y el mundo, que duró cinco años y es la primera vez en la historia del juzgamieto del terrorismo de Estado que condena a dos pilotos de un vuelo de la muerte”, resumió Ana María Careaga, ex detenida e hija de Esther Ballestrino de Careaga, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
La madre fue secuestrada en diciembre de 1977 por el GT3.3.2, bajo el mando de Astiz, junto a un grupo de 12 personas, entre ellas otras fundadoras como Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Las condenas de Arru y D’Agostino terminaron de certificar la existencia de los vuelos en los que las arrojaron al mar. “Es importantísimo porque nunca se había condenado a los pilotos”, concluyó.
“Se terminó con un juicio muy largo y volumnioso”, destacó el titular de la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad, Jorge Auat. Y aunque consideró bajas las penas divisibles destacó la condena a perpetua para los pilotos. “En general satisface, en algunos casos, las expectativas del ministerio público. Esto ha sido un trabajo de muchos años”, resumió.
En el mismo sentido opinó el abogado querellante Pablo Llonto: “es una sentencia con muchas condenas a perpetua que implica el reconocimiento que participaron de todos los delitos incluyendo el homicidio, y si bien queda el sabor amargo de seis absoluciones y cuatro que han cumplido la pena, mayoritariamente esto es una demostración que cinco años de juicio oral sirvieron para que la prueba fuera contundente”.
El sabor amargo
El juicio ESMA III terminó con un festejo en la calle con pantalla gigante por las condenas. Pero con un regusto por las absoluciones y las penas bajas que permitieron que los marinos Miguel Enrique Clements, Miguel Ángel Alberto Rodríguez; Julio César Binotti y Mario Pablo Palet -condenados a 8 años- fueran liberados por haber cumplido la condena.
“Es un sabor agridulce. Solo se condenó a la cadena de mando”, se quejó María Isabel Prigione, nacida en la Esma. Junto a la mujer, la Madre de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, Nora Cortiñas, apuntó hacia adelante. “Ellos no se imaginaban cuando cometieron esos crímenes horrendos que el mundo los iba a ver en el banquillo de los acusados. Desde este momento sigue la lucha para adelante. Vamos a seguir, la historia continúa”, dijo.
Los jueces absolvieron al funcionario civil de la dictadura, Juan Alemann, al marino Ricardo Lynch Jones y al militar Roque Martello. Pero también liberaron de culpa a dos pilotos y un mecánico de avión que confesaron haber participado de los vuelos de la muerte.
Se trata de Julio Alberto Poch, que como piloto civil en Holanda dijo durante una cena en Bali que quienes arrojaban al mar “estaban drogados”. Otro es el piloto de helicópteros Emir Sisul Hess a quien sus compañeros escucharon contar que “la gente caía como hormigas”. El tercero es el mecánico Ricardo Ormello, a quien años más tarde en un hangar de Aerolíneas Argentinas lo escucharon contar su participación en los vuelos.
A las 19.30 los jueces dieron por concluido el juicio. Para conocer los fundamentos de la condena habrá que esperar hasta el 5 de marzo del año entrante. Algunas querellas ya advirtieron que apelarán las condenas bajas y las absoluciones.
Pablo Roesler
Tiempo Argentino
“Cárcel, común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida en las calles argentinas”, cantó el público apenas los jueces dieron por concluido el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital acababa de condenar a prisión perpetua a 29 represores y a penas de entre 8 y 25 años a otros 19, por los crímenes cometidos en la dictadura cívico militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La pena máxima recayó sobre represores con condenas a cuestas como Jorge “Tigre” Acosta, jefe del grupo de tareas 3.3.2 (GT332), y Alfredo Astiz, pero también sobre los dos pilotos que condujeron los vuelos de la muerte desde los que fueron arrojadas las monjas francesas y el grupo de familiares y madres, al que se conoce como el grupo de la Santa Cruz.
También hubo seis absueltos que, con otros cuatro condenados a bajas penas saldrán en libertad de inmediato.
“Estoy satisfecho. Con una sensación agridulce, pero esto sigue”, resumió Víctor Basterra, testigo y querellante en el debate. “Evidentemente no es malo porque hay 29 condenas a perpetua, pero me quedó flaco que le den 8 años a tipos que yo conocí y que eran verdugos ahi”, completó el sobreviviente que sacó del centro clandestino cerca de 90 fotos de los represores.
Durante tres horas y media los jueces Leopoldo Bruglia y Adriana Palliotti, secundados por su par Daniel Obligado, leyeron las condenas que recayeron sobre 48 de los 54 imputados que tiene este tercer tramo de Esma, que comenzó hace cinco años, el 28 de noviembre de 2012. Apenas pusieron un pie en la sala Acosta y Astiz para ir a ocupar su silla en el banquillo de los acusados, la planta alta de la sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py estallaron en aplausos y ovaciones. Ahí estaban los familiares de los represores, con Cecilia Pando en primera fila.
Debajo, el público también explotó: con las fotos de sus desaparecidos en alto gritaron “asesinos” y cantaron que como a los nazis les va a pasar, que a donde vayan los irán a buscar. El presidente del tribunal amenazó con desalojar la sala si no hacían silencio, y cuando los gritos amainaron se escuchó, solitaria, la voz de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Ladrones de bebés”, les espetó.
A medida que el Tribunal leía las sentencias, las cifras de casos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios por las que los magistrados condenaban a los acusados sumaban de a cientas, doscientas o trescientas víctimas y permitieron dar cuenta de la magnitud de la masacre que fue la Esma.
Las penas máximas cayeron sobre los marinos Acosta, Astiz, Randolfo Luis "Tano" Agusti Scacchi,Ricardo Miguel Cavallo; Rodolfo Oscar Cionchi; Daniel Néstor Cuomo; Hugo Enrique Damario; Francisco Armando Di Paola; Adolfo Miguel Donda Tigel; Miguel Ángel García Velasco; Pablo Eduardo García Velasco; Alberto Eduardo González; Orlando González; Rogelio José Martínez Pizarro; Luis Ambrosio Navarro; Antonio Pernías; Jorge Carlos Radice; Francisco Lucio Rioja; Juan Carlos Rolón; Néstor Omar Savio; Hugo Héctor Siffredi; Carlos Guillermo Suárez Mason y Eugenio Bautista Vilardo.
También sobre los prefectos Mario Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D'Agostino, los dos pilotos de los aviones Skayvan desde los que arrojaban detenidos vivos y adormecidos con “pentonaval” al mar, y el prefecto Juan Antonio Azic; los agentes de la Policía Federal Claudio Orlando Pittana y Ernesto Frimón Weber, y el civil Gonzalo Dalmasio Torres de Tolosa.
La sobreviviente de la Esma y periodista Miriam Lewyn se hundió en un abrazo con una compañera cuando el juez leyó la condena a perpetua a Arrú. Todos en el público festejaron: estaban condenando los vuelos de la muerte.
“Es un juicio histórico, sin precedentes en la Argentina y el mundo, que duró cinco años y es la primera vez en la historia del juzgamieto del terrorismo de Estado que condena a dos pilotos de un vuelo de la muerte”, resumió Ana María Careaga, ex detenida e hija de Esther Ballestrino de Careaga, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
La madre fue secuestrada en diciembre de 1977 por el GT3.3.2, bajo el mando de Astiz, junto a un grupo de 12 personas, entre ellas otras fundadoras como Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Las condenas de Arru y D’Agostino terminaron de certificar la existencia de los vuelos en los que las arrojaron al mar. “Es importantísimo porque nunca se había condenado a los pilotos”, concluyó.
“Se terminó con un juicio muy largo y volumnioso”, destacó el titular de la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad, Jorge Auat. Y aunque consideró bajas las penas divisibles destacó la condena a perpetua para los pilotos. “En general satisface, en algunos casos, las expectativas del ministerio público. Esto ha sido un trabajo de muchos años”, resumió.
En el mismo sentido opinó el abogado querellante Pablo Llonto: “es una sentencia con muchas condenas a perpetua que implica el reconocimiento que participaron de todos los delitos incluyendo el homicidio, y si bien queda el sabor amargo de seis absoluciones y cuatro que han cumplido la pena, mayoritariamente esto es una demostración que cinco años de juicio oral sirvieron para que la prueba fuera contundente”.
El sabor amargo
El juicio ESMA III terminó con un festejo en la calle con pantalla gigante por las condenas. Pero con un regusto por las absoluciones y las penas bajas que permitieron que los marinos Miguel Enrique Clements, Miguel Ángel Alberto Rodríguez; Julio César Binotti y Mario Pablo Palet -condenados a 8 años- fueran liberados por haber cumplido la condena.
“Es un sabor agridulce. Solo se condenó a la cadena de mando”, se quejó María Isabel Prigione, nacida en la Esma. Junto a la mujer, la Madre de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, Nora Cortiñas, apuntó hacia adelante. “Ellos no se imaginaban cuando cometieron esos crímenes horrendos que el mundo los iba a ver en el banquillo de los acusados. Desde este momento sigue la lucha para adelante. Vamos a seguir, la historia continúa”, dijo.
Los jueces absolvieron al funcionario civil de la dictadura, Juan Alemann, al marino Ricardo Lynch Jones y al militar Roque Martello. Pero también liberaron de culpa a dos pilotos y un mecánico de avión que confesaron haber participado de los vuelos de la muerte.
Se trata de Julio Alberto Poch, que como piloto civil en Holanda dijo durante una cena en Bali que quienes arrojaban al mar “estaban drogados”. Otro es el piloto de helicópteros Emir Sisul Hess a quien sus compañeros escucharon contar que “la gente caía como hormigas”. El tercero es el mecánico Ricardo Ormello, a quien años más tarde en un hangar de Aerolíneas Argentinas lo escucharon contar su participación en los vuelos.
A las 19.30 los jueces dieron por concluido el juicio. Para conocer los fundamentos de la condena habrá que esperar hasta el 5 de marzo del año entrante. Algunas querellas ya advirtieron que apelarán las condenas bajas y las absoluciones.
Pablo Roesler
Tiempo Argentino
Submarino ARA San Juan: el gobierno encubre y se autoencubre
Lo que sabía el macrismo antes de mandar el submarino al mar.
En el marco de la crisis abierta por la desaparición y presunta explosión del submarino ARA San Juan, con fuertes denuncias de las familias de los tripulantes, el gobierno anunció que la Oficina Anticorrupción investigará “sobre presuntas irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino ARA San Juan” (Clarín, 27/11). Sin embargo, ni la OA ni el ministerio de Defensa indagarán sobre “el estado del submarino en la previa ni la pertinencia de la autorización técnica para salir, según altas fuentes del Gabinete”.
Desde la Oficina Anticorrupción “como desde el Poder Ejecutivo coincidieron en aclarar que, en caso de probarse hechos de corrupción vinculados al mantenimiento del submarino, no implicarán una causa de su desaparición dado que el análisis no comprenderá los aspectos técnicos vinculados a la nave” (ídem). Estamos ante un operativo de encubrimiento de proporciones.
La hipótesis más firme sobre lo ocurrido con el ARA San Juan apunta a un problema con las baterías de la nave. En un artículo de Hugo Alconada Mon publicado este domingo en el diario La Nación, a partir de informes secretos del Ministerio de Defensa y de la Sindicatura General (Sigen), el periodista describe "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas" que tenían como único fin la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente" (La Nación, 26/11), en 2006, durante los gobiernos K. Sobre tales hechos, el ex suboficial primero José Oscar Gómez y un testigo protegido dieron cuenta de sobornos, que alcanzarían los 3,5 millones de euros. La reparación de media vida del San Juan comenzó dos años después, y se prolongó hasta el 2014.
El tema era más que conocido por el macrismo: en 2010, el radical Mario Negri –actualmente, jefe del interbloque de diputados de Cambiemos– había advertido sobre las maniobras y presentado un pedido de informes sobre las contrataciones irregulares del gobierno K para la reparación de las baterías. Asimismo, el informe elaborado por el ministerio de Defensa entre 2015 y 2016 recomendaba “a las máximas autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los responsables” e instaban a “alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia penal contra oficiales y funcionarios de la Armada (...) Eso no ocurrió” (ídem).
Luego de haber encubierto a los corruptos del kirchnerismo, el gobierno de Macri ahora decide indagar en sus responsabilidades solo para tapar las propias. Ocurre que si los enjuagues del kichnerismo con la compra de repuestos para el submarino afectaron su estado, "en ese caso el macrismo no podría señalar exclusivamente a la gestión anterior, a casi dos años del cambio de gobierno y la autorización técnica bajo su responsabilidad" (Clarín, 27/11). La Armada conocía además que “un grave desperfecto” había ocurrido en 2014, según denunció Itatí Leguizamón, esposa de un tripulante (Clarín, 23/11), pero la nave fue puesta en operaciones de todos modos.
Junto con esto, el macrismo ya coloca una fruta envenenada: “la Casa Rosada comenzó a manejar como hipótesis el ‘factor humano’”. ¿Sobre la base de qué pruebas? Ninguna: “En estos casos suele haber un error humano, es algo que marca la estadística (…) sostuvo a Clarín una alta fuente del gabinete” (ídem). Imposible no recordar a los K, que para encubrir el vaciamiento ferroviario que derivó en la masacre de Once culparon al motorman.
Mientras se tejen estas operaciones, siguen en la sombra cuál era la misión a la que había sido enviada la tripulación de la nave, considerada "confidencial". Lo cierto es que semanas atrás se aprobó en el Senado un pedido del gobierno para la realización de maniobras conjuntas con tropas estadounidenses que incluye ejercicios de guerra antisubmarina. ¿Envió el gobierno a la nave en esas condiciones para no desairar a los yanquis?
Reclamamos el completo esclarecimiento de las responsabilidades que condujeron a esta tragedia y la publicidad de todos los documentos secretos referidos a la misión y las condiciones técnicas del ARA San Juan.
Tomás Eps (@tomaseps)
Asumió el diputado de los trabajadores en el Chaco
“Juro contra esta forma de jurar”: el debut de Aurelio Díaz en la legislatura
La solemnidad del acto de juramento de los diputados provinciales del Chaco fue quebrada por el discurso de del electo legislador del PO-FIT, Aurelio Díaz, que una multitud siguió desde las puertas de la Cámara de Diputados. Aurelio sostuvo:
“Acá en el Chaco hay 10.000 trabajadores en negro, gente que trabaja hace 10 años para el Estado, barriendo las escuelas o los hospitales por $1000 por mes. Hay muertos, compañeros muertos, que estaban trabajando.
“Entonces acá no se cumple con esto, con el articulado de la Constitución, que habla de tener un salario digno, de tener acceso a la vivienda. Por lo tanto, usted me dirá después, ‘que Dios y la Patria me lo demanden’, pero si acá no se cumple eso, Dios no lo va a demandar, la Patria tampoco.
“Espero y llamo a que todos estos diputados comiencen a cumplir con el mandato constitucional del artículo 14 bis: por un salario digno, por el blanqueo de los trabajadores que hoy están en la actividad privada y en el Estado, que pasen a ser blanqueados.
“¿Y el juramento? Sí, juro, contra esta forma de jurar”.
Con esta intervención Aurelio ingresó a la Cámara de Diputados, poniendo de relieve la contradicción entre la jura, que cada dos años establece el compromiso de cumplimiento de la Constitución provincial, y la realidad cotidiana de la provincia. Es la realidad donde el poder político incumple sistemáticamente todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, utilizando masivamente el trabajo en negro y negando el acceso a la vivienda, la salud o la educación.
Contra la formalidad del juramento, Aurelio puso de manifiesto una estafa política, que tiene su raíz de fondo en el hecho de que los derechos sociales e incluso los derechos civiles y políticos establecidos en los textos constitucionales son negados en los hechos por un régimen social que se basa en el poder que la clase capitalista y su estado ejercen sobre los trabajadores.
La estafa del trabajo en negro y la condena a millones a vivir sin trabajo o de planes sociales de miseria es una expresión extrema de esta situación.
La fuerza de este planteo político llamó la atención de toda la provincia. Aurelio entra, desde el primer día, como representante de los trabajadores frente al Estado.
En el segundo punto del orden del día, los votos de Aurelio fueron los únicos que cuestionaron el consenso peronista–radical en la votación de las autoridades de la Cámara. La Cámara reeligió a Elida Cuesta como presidente.
En su argumentación, los diputados del PJ reivindicaron su gestión. Los delegados de la CTA de la Cámara de Diputados, en cambio, han denunciado estafas enormes de esta gestión con ñoquis y contratos a mansalva distribuidos para oficialistas y opositores como lubricante de los acuerdos legislativos entre el peronismo y el radicalismo.
Aurelio se abstuvo en la votación de Presidente, Vicepresidente y Vicepresidente segundo, cuestionando un acuerdo de cogobierno legislativo que tiene por base el desfalco del presupuesto de la Legislatura y los ataques a los trabajadores, pasados y por venir.
El valor de un diputado de los trabajadores ya se hace sentir en la Cámara de Diputados del Chaco.
Juan Garcia
La solemnidad del acto de juramento de los diputados provinciales del Chaco fue quebrada por el discurso de del electo legislador del PO-FIT, Aurelio Díaz, que una multitud siguió desde las puertas de la Cámara de Diputados. Aurelio sostuvo:
“Acá en el Chaco hay 10.000 trabajadores en negro, gente que trabaja hace 10 años para el Estado, barriendo las escuelas o los hospitales por $1000 por mes. Hay muertos, compañeros muertos, que estaban trabajando.
“Entonces acá no se cumple con esto, con el articulado de la Constitución, que habla de tener un salario digno, de tener acceso a la vivienda. Por lo tanto, usted me dirá después, ‘que Dios y la Patria me lo demanden’, pero si acá no se cumple eso, Dios no lo va a demandar, la Patria tampoco.
“Espero y llamo a que todos estos diputados comiencen a cumplir con el mandato constitucional del artículo 14 bis: por un salario digno, por el blanqueo de los trabajadores que hoy están en la actividad privada y en el Estado, que pasen a ser blanqueados.
“¿Y el juramento? Sí, juro, contra esta forma de jurar”.
Con esta intervención Aurelio ingresó a la Cámara de Diputados, poniendo de relieve la contradicción entre la jura, que cada dos años establece el compromiso de cumplimiento de la Constitución provincial, y la realidad cotidiana de la provincia. Es la realidad donde el poder político incumple sistemáticamente todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, utilizando masivamente el trabajo en negro y negando el acceso a la vivienda, la salud o la educación.
Contra la formalidad del juramento, Aurelio puso de manifiesto una estafa política, que tiene su raíz de fondo en el hecho de que los derechos sociales e incluso los derechos civiles y políticos establecidos en los textos constitucionales son negados en los hechos por un régimen social que se basa en el poder que la clase capitalista y su estado ejercen sobre los trabajadores.
La estafa del trabajo en negro y la condena a millones a vivir sin trabajo o de planes sociales de miseria es una expresión extrema de esta situación.
La fuerza de este planteo político llamó la atención de toda la provincia. Aurelio entra, desde el primer día, como representante de los trabajadores frente al Estado.
En el segundo punto del orden del día, los votos de Aurelio fueron los únicos que cuestionaron el consenso peronista–radical en la votación de las autoridades de la Cámara. La Cámara reeligió a Elida Cuesta como presidente.
En su argumentación, los diputados del PJ reivindicaron su gestión. Los delegados de la CTA de la Cámara de Diputados, en cambio, han denunciado estafas enormes de esta gestión con ñoquis y contratos a mansalva distribuidos para oficialistas y opositores como lubricante de los acuerdos legislativos entre el peronismo y el radicalismo.
Aurelio se abstuvo en la votación de Presidente, Vicepresidente y Vicepresidente segundo, cuestionando un acuerdo de cogobierno legislativo que tiene por base el desfalco del presupuesto de la Legislatura y los ataques a los trabajadores, pasados y por venir.
El valor de un diputado de los trabajadores ya se hace sentir en la Cámara de Diputados del Chaco.
Juan Garcia
Soraya Maicoño: “Si esta es la respuesta de Bullrich, sólo queda esperar más muertos”
Prensa Obrera habló con la vocera mapuche luego de la conferencia de prensa de la ministra.
“Si esa es la respuesta ante el asesinato de nuestro peñi Rafael Nahuel y si el gobierno sigue con su actitud represiva, no nos queda más que esperar más muertes”, dice a Prensa Obrera Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche, desde Bariloche. Se refiere a la conferencia de prensa que brindaron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano, quienes no sólo le otorgaron rango de verdad -sin investigar- a los dichos de los prefectos que dispararon contra los mapuche, sino que también dijeron que no aceptarían órdenes "ilegales" del juez -en referencia a despejar de fuerzas represivas la zona o que permanezcan sin armas (el juez Villanueva, de todos modos, es quien habilitó el operativo represivo). “Los lamien siguen en el bosque y se van a quedar ahí -informa Maicoño-. Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro Gonzales, que permanecen detenidos, fueron muy golpeados, pero al menos ya han entrado en contacto con nuestra abogada. Mientras tanto, nos preparamos para enterrar a Rafael Nahuel según los usos mapuche. Hubiéramos querido enterrarlo en el territorio, pero probablemente el gobierno iba a montar una provocación, y por eso lo haremos en el cementerio de Bariloche”.
La autopsia del cuerpo de Rafael Nahuel, asesinado por la Prefectura a los 22 años, indica que una bala 9 mm como las que usa el grupo Albatros ingresó por el glúteo y en su trayectoria dañó órganos vitales. Es decir, el tiro fue disparado desde abajo hacia arriba y por la espalda: se trató de un fusilamiento. A pesar de que los prefectos dijeron que habían repelido tiros de munición gruesa, posteriores allanamientos no dieron con ningún arma.
Estos datos ayudan a desmontar las versiones oficiales de un supuesto enfrentamiento.
-¿Cuál es la situación de la soldado que participó de la recuperación de las tierras?
-Está herida y permanece con los lamien. Es de la familia. Tomó la decisión y fue con los lamien a recuperar el territorio.
Diego Rojas (@zonarojas)
Cecilia Grierson: pionera en luchar por los derechos de las mujeres
La primera médica argentina, luchadora por los derechos civiles y políticos de las mujeres.
Si hoy nos hubiéramos despertado en el siglo XIX, encontraríamos que, a simple vista, todo a nuestro alrededor es diferente, desde el lugar en el que vivimos hasta las prendas que vestimos. Si somos mujeres además encontraríamos un sinfín de obstáculos para desarrollar nuestras vidas, que quizás hoy no podríamos imaginarlos.
En 1894, Cecilia Grierson chocó con aquella realidad y con las trabas que se le impondrían en su carrera por el simple hecho de ser mujer el día que se postuló para el cargo de Profesora sustituta de la cátedra de obstetricia para parteras. “Fue únicamente a causa de mi condición de mujer que el jurado de este concurso de competencias por examen, en extraño y único fallo, dispuso no conceder la cátedra, ni a mí ni a un competidor, un distinguido colega. El concurso fue declarado desierto”. Cecilia estaba siendo discriminada por su género, situación que la impulso a no retroceder, sino a tomar las riendas y convertirse en una de las luchadoras pioneras por los derechos de las mujeres.
Vida, educación y trabajo
Cecilia Grierson, nació en Buenos Aires el 22 de Noviembre de 1859 y falleció el 10 de abril de 1934. Tras terminar sus estudios secundarios, trabajó como maestra rural,egresándose de esta profesión en 1878, a los 19 años de edad. La vida y la enfermedad de una amiga la llevaron a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, siendo ella la primera mujer en convertirse en médica. En ese entonces, la medicina era una profesión que sólo podían ejercerla los varones. Para lograr sus objetivos, tuvo que enfrentarse a los prejuicios que un sector elitista y conservador de la sociedad tenía respecto a su condición de mujer.
Entre sus logros, dentro de la medicina ejerció como ginecóloga y obstetra en el hospital San Roque y extendió sus tareas a la divulgación, desde cursos hasta conferencias y publicaciones. Fue partícipe y colaboró con la primera cesárea que tuvo lugar en la Argentina, en el año 1892.
Después de eso, siguió formándose, viajó a Europa para tomar cursos de perfeccionamiento de ginecología y obstetricia, y en 1907 fundó la Asociación Obstétrica Nacional.
Ideales de lucha
Habiendo vivido en mitades del siglo XIX, experimentando las primeras experiencias de las luchas obreras, y comprendiendo las necesidades, el dolor y las peleas de los trabajadores, Grierson no solo cumplió un rol fundamental en la salud llevando servicios sanitarios y fundando salas de primeros auxilios a los barrios más excluidos, sino que también abriría las Escuelas de Economía Doméstica, extendiendo su reclamo a favor de la obtención de derechos civiles y políticos para la mujer, entre los que se contaba el derecho al voto.
Comenzaba una lucha para el acceso a la salud, la educación el trabajo y la vivienda.
Como militante del Partido Socialista, junto a Alicia Moreau de Justo y otras referentes, Grierson amplió sus horizontes políticos. En 1899 participó del Congreso Internacional de Mujeres en Londres logrando, un año después, en 1900 fundar el consejo de mujeres.
Junto a la Asociación de Mujeres Universitarias, fue impulsora del Primer Congreso Feminista Internacional de Argentina, en el cual se discutió la educación, la legislación del trabajo femenino, el abandono de los hijos y el sufragio universal.
Otras mujeres fueron participe junto a ella de los inicios de las luchas por los derechos civiles de las mujeres en Argentina.
En 1926 se propusieron reformas en el Código Civil y el grupo que integraban Grierson, con Elvira Rawson, Julieta Lanteri, María Abella Ramirez, Alicia Moreau, Carolina Muzzilli y Belén de Sárraga, había planteado que la mujer casada tenía los mismos derechos y estatus legal que los menores. Con esas reformas, la mujer podría disponer de sus propias ganancias y formar parte de asociaciones civiles o mercantiles.
Si volvemos al siglo XXI podemos ver que los avances que se conquistaron en materia de derechos para las mujeres, fueron producto de la lucha. Cecilia, junto a otras mujeres, sentó las bases para el desarrollo del gran proceso que implica acabar con la opresión de género. Luchas que hoy en día seguimos tomando como bandera: los derechos de las mujeres, como parte de las batallas por conquistar la gran emancipación de los y las trabajadoras del sistema de explotación capitalista.
Casandra Gerbiez
miércoles, 29 de noviembre de 2017
Hoy se espera una masiva marcha al Congreso y el sindicalismo combativo va con sus banderas
Convocados por Camioneros, la Corriente Federal y la CTA, habrá un acto después de las 15 h frente al Congreso. Será en rechazo a las reformas que impulsa el Gobierno. El planteo de los sectores combativos y la izquierda.
Este miércoles por la tarde, se realizará una concentración frente al Congreso de la Nación. La misma fue convocada por distintos sectores del sindicalismo, con el objetivo de rechazar las tres “reformas” que impulsa el gobierno: laboral, previsional y tributaria.
Está previsto que las columnas comiencen a llegar después del mediodía desde distintos puntos. Por la avenida Entre Ríos llegarán las columnas de Camioneros y otros sectores alineados con el Moyanismo; por Callao las de las CTA. Por Avenida de Mayo y por calle Irigoyen llegarán los gremios de la Corriente Federal y los movimientos sociales.
También habrá una columna independiente del sindicalismo combativo y la izquierda, que concentra a las 14 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Después de las 15 horas esta previsto en un acto sobre un escenario que portará la consigna "No es reforma, es ajuste. ¡Basta!". Entre los oradores estarían Pablo Moyano, Hugo Yasky, Pablo Miceli y Sergio Palazzo, aunque se integraría un orador por los movimientos sociales.
Como ya adelantaron en la convocatoria, el objetivo de la movilización será “expresar el rechazo a los proyectos de ley que representan un feroz ajuste sobre los trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, sectores pymes y economías regionales. Esta marcha, además de expresar ’rechazos’ a estas medidas, representa el reclamo a los legisladores de todos los bloques de ambas cámaras para que no convaliden con su voto este despojo a los sectores populares".
Masiva, pero por ahora una marcha
Según hicieron trascender los organizadores, “esperemos un piso de 100 mil personas”. El bancario Sergio Palazzo, quizá uno de los principales artífices de la movilización, aseguró que "si da para una medida, será una medida. Sino, seguiremos movilizando. Si logramos volumen en la cantidad de compañeros que nos acompañen, podemos frenar la reforma".
Así abrió la incógnita sobre cuál es la estrategia de los convocantes para enfrentar los planes del Gobierno.
Por un lado, la convocatoria podría haberse hecho antes. Los tiempos ayudaron a la CGT y al gobierno a avanzar en su acuerdo. Pero además, hasta ahora, no ha ido acompañada por medidas de fuerza que no solo “golpeen” a los empresarios sino que además permitan la participación masiva de los trabajadores de sus gremios, e incluso ayuden a movilizarse a los que no tienen representación. Tengamos en cuenta que los convocantes del acto de mañana dirigen sindicatos que podrían paralizar los bancos, el transporte de cargas, la logística y muchos servicios, así como los subtes, los diarios y las empresas lácteas, además de los docentes que son un millón y los trabajadores estatales.
Todo esto, además, en el marco de los tropiezos que ha tenido el Gobierno en las últimas semanas, que incluye el suspenso en que ha quedado el proyecto de reforma laboral. Toda una muestra de las dificultades que tiene para aplicar las contrareformas ante el extendido repudio social.
Las banderas del sindicalismo combativo y la izquierda
El sindicalismo combativo y la izquierda han anunciado su participación en la movilización de mañana. Pero lo harán con una columna independiente y sus propias consignas.
La misma será encabezada, entre otros, por las banderas de los trabajadores de PepsiCo en lucha, así como el Sutna (Neumático) y la Unión Ferroviaria de Haedo. Además, participarán agrupaciones clasistas y antiburocráticas de distintos gremios, entre ellos del Subte, Telefónicos, Aeronáuticos, Alimentación, Gráficos, Docentes, Estatales y trabajadores cooperativistas. Lo harán detrás de una bandera que exigirá “Paro y plan de lucha”, junto a otra que planteará “No a las reformas laboral, jubilatoria y tributaria” y “Abajo el pacto Macri-CGT-Gobernadores”.
También serán parte la mayoría de las corrientes de izquierda, entre ellas las que componen el Frente de Izquierda (PTS, PO, Izquierda Socialista). Lamentablemente no se realizará un acto de todos estos sectores, como propuso el PTS-FIT, pero habrá sí una columna unitaria.
El objetivo es participar de una convocatoria que tiene como eje central el rechazo a las reformas antiobreras y antipopulares del Gobierno. Pero al mismo tiempo hacer un planteo crítico y diferenciado.
Por un lado, el rechazo a que la movilización se convierta en una apoyo político a sectores de la oposición tradicional, como el kirchnerismo, que también han sido responsables de los problemas que afectan al pueblo trabajadores. Desde la precarización y el trabajo en negro, hasta el impuesto al salario o las jubilaciones de hambre. También el rechazo a confluir con sectores de la “pequeña y mediana empresa”, que están entre los responsables de los despidos y la flexibilización.
Pero además el planteo de que la movilización de hoy debe ser el inicio de un verdadero plan de lucha, que incluya paros y movilizaciones, hasta lograr que se derroten las tres reformas y todo el ajuste.
El Movimiento de Agrupaciones Clasistas que impulsa el PTS-Frente de Izquierda junto a trabajadores clasistas independientes en decenas de gremios, será parte destacada de la columna independiente. Desde que se conocieron los proyectos del Gobierno ha iniciado una masiva campaña, repudiando no solo las reformas sino también el pacto de la CGT. La campaña incluyó un corte en el Obelisco con amplia repercusión, además de folletos y volantes que distribuyó por cientos de miles en empresas y escuelas de todo el país. Los planteos del MAC han incluido el reclamo de verdad y justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Hoy será una jornada importante. No solo para manifestar un masivo rechazo a los planes del gobierno, sino para mostrar ante miles de trabajadores un camino para que el ajuste lo paguen los empresarios.
LID
La “estrategia” del ajuste permanente del macrismo
Contrarreformas laboral, previsional, tributaria. Ataques a estatales. La necesidad de una respuesta obrera integral.
El “reformismo permanente”, esa definición “estratégica” que realizó Mauricio Macri en el CCK apenas después del triunfo electoral de octubre, significa un ataque sostenido sobre el conjunto de la clase obrera, activa y pasiva, para aniquilar el valor de fuerza de trabajo en función de recomponer la tasa de ganancia del gran capital.
Contrarreforma por capítulos
La contrarreforma laboral apunta a flexibilizar y precarizar más las relaciones laborales, ya impregnadas por el andamiaje legal noventista que perduró casi intacto durante la “década ganada”.
Aún sin medidas de lucha, el macrismo tuvo que retirar o postergar varios puntos calientes de la reforma que propuso originalmente para atender el malestar creciente: la relación de fuerzas no permite tanto ataque.
Por ahora, esta reforma entró en un impasse por el revés que sufrió el Gobierno a causa de los “desacoples” de la CGT.
Los cambios en las leyes laborales que propone el oficialismo tienen como núcleo central quitar derechos a los sectores de trabajadores registrados del sector privado más protegidos.
Busca generalizar y hacer ley pautas que ya rigen en muchos convenios colectivos de trabajo con el visto bueno de la burocracia sindical, tal como los acuerdos de Vaca Muerta, mecánicos del Smata o del gremio lechero. A su vez, apunta a precarizar aún más a la juventud para utilizarla como mano de obra barata y descartable mediante las “prácticas formativas”.
La reforma previsional pactada con gobernadores del peronismo, del Frente para la Victoria y del radicalismo ataca los haberes de los adultos mayores mediante el cambio de la fórmula de movilidad, siguiendo los preceptos del FMI y la OCDE. De esta forma, el Gobierno busca “ahorrarse” unos $ 100 mil millones.
La Izquierda Diario estimó que si desde 2009 se hubiera aplicado el nuevo cálculo, el haber mínimo sería hoy de $ 5.703 en lugar de los insuficientes $ 7.246 actuales. Es decir, lo que se propone es un robo a los jubilados.
El cambio en la fórmula de movilidad está denunciado por "inconstitucional, regresivo e insolidario que vulnera los derechos humanos de los trabajadores activos y jubilados". La reforma también busca “posibilitar” trabajar hasta los 70 años, una forma “sutil” de elevar la edad jubilatoria para extraer hasta el último suspiro de vida.
En términos tributarios, el principal cambio que propone el Gobierno es bajar las contribuciones patronales para supuestamente promover el blanqueo de trabajadores no registrados y generar empleo. Difícilmente se blanqueé y se genere empleo, pero la rebaja de las alícuotas pondrá en el bolsillo de los empresarios unos $ 100 mil millones anuales.
La reforma tributaria también bajará la tasa del impuesto a las ganancias a las empresas, entre otros beneficios. Para los trabajadores que pagan el mal llamado impuesto a las ganancias seguirá el saqueo sobre su salario.
Apunten contra los estatales
Según el Ministerio de Modernización, hubo 11 mil despidos de estatales en 2016.
Las paritarias de este año trajeron sorpresas de la mano de Andrés “el Centauro” Rodríguez de UPCN: aceptó firmar cláusulas de presentismo, que le ponen precio a las licencias (si el empleado se enferma, tiene que estudiar, pierde salario) atacando conquistas del convenio colectivo, y pautas de una indefinida “productividad”.
Avanzando por las líneas de menor resistencia, el Gobierno impuso así un “caso testigo” para luego intentar trasladar las mismas condiciones sobre otros sectores del empleo público, como los docentes, y los privados.
Esos ataques cuentan con la estigmatización permanente frente a la “opinión pública” por parte del "periodismo de guerra" del Grupo Clarín, La Nación, entre otras empresas periodísticas. Es lo que ocurre estos días con decenas de artículos para desprestigiar el empleo público con la filtración de las “dotaciones óptimas” establecidas por Modernización.
La consecuencia “lógica” es que hay que despedir, reducir áreas, quitar funciones. En fin, achicar el Estado, principalmente allí donde atiende (a su manera) necesidades sociales, como ocurre con la salud y la educación. Mientras, las fuerzas represivas son “empoderadas” para matar y perseguir a los que luchan.
Una respuesta integral
Cambiemos desarrolla una ofensiva integral sobre los trabajadores, aunque la presenta en cuotas.
Bien lejos de una respuesta en todos los planos, el Consejo Directivo de la CGT dijo este martes que rechaza la reforma previsional porque no fue consultado (si lo consultaban ¿qué dirían?). Pero volvió a dar su aval a la reforma laboral acordada con el Gobierno en el “pacto de la Rural”.
Por su parte, el “Centauro” Rodríguez, miembro de ese Consejo Directivo, se tomó el tiempo para defender la reforma laboral, sin embargo deja correr sin hacer olas los recientes ataques a estatales anunciados en los medios de comunicación. A veces (o casi siempre), ni siquiera para una respuesta atomizada están dispuestas las conducciones.
No habría que explicarle al triunviro que la “estrategia” del Gobierno se busca implementar con la “táctica” de tirar mil ataques en simultáneo para que alguno finalmente pase. Es lo que expuso Esteban Bullrich en una “clase magistral”.
Según estimaciones de La Izquierda Diario, la Población Económicamente Activa (PEA) en el segundo trimestre de 2017 alcanzaba unos 20 millones: 6,2 millones asalariados privados registrados (en “blanco”); 3,1 millones de empleados públicos; 464 mil empleados en casas particulares; 1,5 millones de monotributistas; 394 mil en el monotributo social; 402 mil autónomos; 6,2 millones de trabajadores no registrados (en “negro”) y 1,7 millones de desocupados.
A la vez, reina una fragmentación dentro de cada categoría: estables y precarios, jóvenes y jubilables, entre otras tantas divisiones.
A lo que habría que sumar los casi 7 millones de jubilados y pensionados.
Aunque la PEA (que puede incluir gerentes o empresarios) no es equivalente a clase obrera, en tanto la clase desposeída de todos los medios de producción (fábricas, máquinas, herramientas, etcétera), esos números dan una primera imagen de la fragmentación que atraviesa a los trabajadores.
Esa “táctica” de mil ataques en simultáneo del “manual” de Cambiemos tiene múltiples aristas. Al pegar lugar por lugar el Gobierno se aprovecha de la fragmentación de la clase obrera, un límite para dar una respuesta unificada. A la vez, genera condiciones para que los ataques se vayan filtrando de a uno construyendo una hoja de ruta con el fin de cambiar la relación de fuerzas entre las clases sociales.
Por último, intenta llevar música a los oídos del establishment económico que observa que los desequilibrios económicos (déficit fiscal y comercial, inflación, bola de nieve de Lebac, etcétera) disimulados con el endeudamiento externo no son sostenibles eternamente.
Así, el Gobierno muestra la voluntad de llevar hasta el final el “plan de guerra” para quitar hasta la última gota de sudor de los trabajadores: aumentar la plusvalía absoluta, diría Carlos Marx, a través de la búsqueda de aumento del trabajo apropiado en cada día laboral por parte de los capitalistas mediante distintas formas, centralmente la extensión de la jornada, la intensidad del trabajo o la disminución del salario. Marx hablaba también de otro mecanismo para aumentar las ganancias: la plusvalía relativa, pero esto requiere desarrollo de fuerzas productivas, inversiones, algo incómodo a la burguesía que actúa en el país.
La respuesta de la clase obrera, la única clase productora de nuestra sociedad, no debiera ser otra que una respuesta de carácter unificado con un programa integral de reivindicaciones que parta de defender los derechos laborales, los puestos de trabajo estatales y privados, el salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy por encima de los $ 25.000, las jubilaciones partiendo de una mínima de $ 17.523, que es lo que cuesta la canasta de los jubilados, y reclamar el derecho de la juventud a estudiar y trabajar sin ser precarizada y utilizada como mano de obra barata destacartable.
Unir lo que el capital fragmenta genera la condición de posibilidad para que la clase obrera, además de defender con más fuerza sus medios de vida, se pueda plantear objetivos más ambiciosos. Se trata de superar el capitalismo y no sólo discutir (mal, como la traidora burocracia sindical) por las cuotas de explotación a la que somete el capitalismo a la mayoría.
Pablo Anino
“Hay un plan sistemático de persecución”
Tras el asesinato de Nahuel, solicitan a la CIDH una cautelar contra la represión a los mapuches
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una ONG pidió una medida cautelar para proteger a toda la comunidad, en particular para los menores y testigos. Los detenidos realizan huelga de hambre.
Fausto Jones Huala permanece detenido, al igual que Lautaro González.
Mientras les apuntaban los efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, entre cuatro bajaron el cuerpo del mapuche Rafael Nahuel desde el cerro hasta la ruta 40. Dos de ellos, Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron detenidos en ese momento, los dejaron precintados al lado del cadáver durante horas hasta que fueron trasladados, ya de madrugada, y permanecieron incomunicados hasta ayer a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Luego los arrastraron 300 metros y recibieron maltratos”, dijo una de las voceras mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu. Por la integridad física de estos detenidos –testigos directos del homicidio de Nahuel–, de los niños y los demás miembros de esa comunidad desalojada y reprimida desde el jueves pasado, la ONG Naturaleza de Derechos hizo un nuevo pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Como ya lo hemos solicitado en casos anteriores, consideramos vital la constitución de la CIDH en la región, a fin de realizar una visita in loco y corroborar los hechos denunciados y sobre el plan sistemático contra el pueblo mapuche en la Argentina”, dice una parte del texto enviado a Washington por el abogado Fernando Cabaleiro. En tanto, la vocera mapuche Soraya Maicoño informó que Jones Huala y González siguen presos, iniciaron una huelga de hambre y uno de ellos está “orinando sangre por los golpes recibidos”.
La CIDH ya se habría puesto a estudiar el caso y algunas secretarías de derechos humanos de provincias gobernadas por la oposición estarían evaluando sumarse a la presentación. En esta nueva solicitud, la ONG afirmó que hay “un plan sistemático del Estado argentino de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución”.
Cabaleiro describió que hace dos meses, a cien metros del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en las proximidades de la ruta 40, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu recuperó un predio para establecer una Pu Lof en base a sus reclamos territoriales ancestrales. Se ampararon en la ley 26.160, el articulo 33 de la Constitución y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El jueves pasado el juez federal Gustavo Villanueva ordenó un “importante operativo comandado por Policía Federal, que a las 5.30 ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu, desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. Se trató de un procedimiento violento contra personas menores, mujeres y adultos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el que contó con alrededor de 300 empleados de diversas fuerzas federales”, dice la petición a la que PáginaI12 tuvo acceso. La CIDH ya dictó medidas cautelares respecto de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que fueron incumplidas por el Estado.
“Según algunos medios de comunicación, se contabilizaron 170 policías de la Federal, cien prefectos, sumados a gendarmes. Además sobrevoló la zona un helicóptero de las fuerzas del Estado. En el operativo estuvo presente el juez Villanueva y la fiscal Silvia Little”, sigue el relato de los hechos. El abogado de Naturaleza de Derechos ingresó la petición cuando aún no había información oficial sobre el resultado del procedimiento, y precisó que “las propias fuerzas de seguridad mantienen cortado el tránsito sobre la ruta 40 a unos 6 kilómetros del lugar, por lo que el acceso a la prensa y organizaciones que intentaron acercarse a acompañar a la comunidad no pueden acceder”. Según denunciaron integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, además de detenidos había miembros de la comunidad heridos producto del accionar policial. “El que instó a la acción penal de desalojo es el propio Estado, a través del organismo estatal Parques Nacionales. Se argumenta que el territorio en conflicto es Parque Nacional, desconociendo que a su vez es territorio ancestral mapuche, que la comunidad reclama y reivindica como pertenencia”.
Una vez terminado el desalojo, efectivos de la Prefectura, la PSA, la Policía Federal y Gendarmería continuaron custodiando la zona, y bloqueando los accesos aledaños. “En el marco de este procedimiento se llevó adelante la detención de 5 mujeres y 5 niños menores –de 1, 2, 3 y dos de diez años–, quienes fueron detenidos en la sede de la Policía Federal. Tras 20 horas fueron liberadas las mujeres y niños. La detención de los niños violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se denuncia que no contaron con una debida defensa oficial”, indica el escrito enviado a la CIDH. Cuando trascendió la noticia de la detención, militantes de organizaciones sociales y mujeres y hombres mapuches se movilizaron hasta ese lugar para reclamar la liberación de las mujeres. Desde el juzgado federal de Bariloche, que el juez Villanueva subroga, no hubo ninguna información oficial durante la jornada. “Acá hay niños detenidos por el Estado”, decían algunos de los carteles que exhibían los manifestantes que fueron hasta la sede de la Policía Federal.
El representante de la Coordinadora Mapuche Luis Pilquimán dijo que “la situación no se resuelve con represión. Estamos preocupados por el antecedente triste y tremendo que tenemos en Chubut”. Ante el reclamo del Lof Lafken Winkul Mapu se había abierto el diálogo “pero el Estado decidió ignorarlo abiertamente para proceder con violencia”.
La muerte de Rafita
El peticionante abogado Cabaleiro describió que el “25 de noviembre, aproximadamente a las 16.30, miembros de grupos especiales GEOP y Albatros continuaron con sus operativos de búsqueda de mapuches en zonas aledañas a la zona recuperada por parte de la Comunidad Lof Lalken Winkul Mapu, y en la parte de la ladera alta de la montaña procedieron a reprimir violentamente a un grupo de personas que transitaban por el lugar, con munición letal (balas de plomo). De esa represión fueron heridas al menos tres personas y detenidas al menos dos personas más. De las tres personas heridas, se ha podido constatar que una de ellas ha muerto, según confirmación del personal del hospital local. Se trata de Rafael Nahuel, de 22 años, conocido como ‘Rafita’, mapuche que integraba la Lof Lafken Winkul Mapu, recibió un disparo de bala de plomo que ingresó por el glúteo y se alojo en el tórax”. Al momento de la presentación, el letrado indicó que “las otras personas estarían heridas y se encuentran hasta el momento desaparecidas, ya que no se cuenta con información cierta”.
Naturaleza de Derechos dedicó un párrafo al rol de los medios y el Gobierno. “El Estado pretende instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos que los mapuches tenían armas largas, se habla de subfusiles, lo cual es absolutamente falso. Al menos dos personas fueron capturadas por miembros de la Prefectura (...) Se trata de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que se encuentran en sede de la Policía Aeroportuaria y son testigos presenciales del asesinato de Rafael”, sostuvo el abogado. “Se encuentran incomunicados, sin fundamentación alguna, por orden del mismo juez que tiene una responsabilidad directa en el asesinato de Rafael. Es clara y manifiesta la desprotección y el peligro inminente de los detenidos”. A su criterio, “la situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas tendientes a modificar esta situación, a sabiendas de las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian situaciones como las relatadas”.
Ley incumplida
El pedido de intervención a la Comisión se basa en la “manifiesta ilegalidad del proceder del Estado” dado que “el Gobierno oficializó la prórroga por cuatro años más de la Ley 26.160 que había sido determinada por el Parlamento, y dicha ley suspende que se realicen desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral”.
Por eso, “con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal” solicitó una “medida cautelar genérica para todos los miembros de la Comunidad Lof y especialmente los menores mapuches, tras el desalojo violento denunciado, a fin de que el Estado Argentino adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias”. Y también pidió medidas cautelares para los detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González por ser testigos esenciales de la muerte por parte del Estado argentino de Rafael Nahuel, por considerar que los mismos se encuentran en una situación de riesgo grave” al “encontrarse detenidos arbitrariamente”. Cabaleiro concluyó que “el presente caso se suma a la persecución y represión que vienen sufriendo las comunidades mapuches en la Patagonia” y consideró que “no se trata de una incapacidad del Estado argentino para tratar la situación mapuche en la Patagonia sino un plan sistemático del Estado de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución Nacional”.
Adriana Meyer
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una ONG pidió una medida cautelar para proteger a toda la comunidad, en particular para los menores y testigos. Los detenidos realizan huelga de hambre.
Fausto Jones Huala permanece detenido, al igual que Lautaro González.
Mientras les apuntaban los efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, entre cuatro bajaron el cuerpo del mapuche Rafael Nahuel desde el cerro hasta la ruta 40. Dos de ellos, Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron detenidos en ese momento, los dejaron precintados al lado del cadáver durante horas hasta que fueron trasladados, ya de madrugada, y permanecieron incomunicados hasta ayer a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Luego los arrastraron 300 metros y recibieron maltratos”, dijo una de las voceras mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu. Por la integridad física de estos detenidos –testigos directos del homicidio de Nahuel–, de los niños y los demás miembros de esa comunidad desalojada y reprimida desde el jueves pasado, la ONG Naturaleza de Derechos hizo un nuevo pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Como ya lo hemos solicitado en casos anteriores, consideramos vital la constitución de la CIDH en la región, a fin de realizar una visita in loco y corroborar los hechos denunciados y sobre el plan sistemático contra el pueblo mapuche en la Argentina”, dice una parte del texto enviado a Washington por el abogado Fernando Cabaleiro. En tanto, la vocera mapuche Soraya Maicoño informó que Jones Huala y González siguen presos, iniciaron una huelga de hambre y uno de ellos está “orinando sangre por los golpes recibidos”.
La CIDH ya se habría puesto a estudiar el caso y algunas secretarías de derechos humanos de provincias gobernadas por la oposición estarían evaluando sumarse a la presentación. En esta nueva solicitud, la ONG afirmó que hay “un plan sistemático del Estado argentino de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución”.
Cabaleiro describió que hace dos meses, a cien metros del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en las proximidades de la ruta 40, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu recuperó un predio para establecer una Pu Lof en base a sus reclamos territoriales ancestrales. Se ampararon en la ley 26.160, el articulo 33 de la Constitución y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El jueves pasado el juez federal Gustavo Villanueva ordenó un “importante operativo comandado por Policía Federal, que a las 5.30 ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu, desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. Se trató de un procedimiento violento contra personas menores, mujeres y adultos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el que contó con alrededor de 300 empleados de diversas fuerzas federales”, dice la petición a la que PáginaI12 tuvo acceso. La CIDH ya dictó medidas cautelares respecto de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que fueron incumplidas por el Estado.
“Según algunos medios de comunicación, se contabilizaron 170 policías de la Federal, cien prefectos, sumados a gendarmes. Además sobrevoló la zona un helicóptero de las fuerzas del Estado. En el operativo estuvo presente el juez Villanueva y la fiscal Silvia Little”, sigue el relato de los hechos. El abogado de Naturaleza de Derechos ingresó la petición cuando aún no había información oficial sobre el resultado del procedimiento, y precisó que “las propias fuerzas de seguridad mantienen cortado el tránsito sobre la ruta 40 a unos 6 kilómetros del lugar, por lo que el acceso a la prensa y organizaciones que intentaron acercarse a acompañar a la comunidad no pueden acceder”. Según denunciaron integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, además de detenidos había miembros de la comunidad heridos producto del accionar policial. “El que instó a la acción penal de desalojo es el propio Estado, a través del organismo estatal Parques Nacionales. Se argumenta que el territorio en conflicto es Parque Nacional, desconociendo que a su vez es territorio ancestral mapuche, que la comunidad reclama y reivindica como pertenencia”.
Una vez terminado el desalojo, efectivos de la Prefectura, la PSA, la Policía Federal y Gendarmería continuaron custodiando la zona, y bloqueando los accesos aledaños. “En el marco de este procedimiento se llevó adelante la detención de 5 mujeres y 5 niños menores –de 1, 2, 3 y dos de diez años–, quienes fueron detenidos en la sede de la Policía Federal. Tras 20 horas fueron liberadas las mujeres y niños. La detención de los niños violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se denuncia que no contaron con una debida defensa oficial”, indica el escrito enviado a la CIDH. Cuando trascendió la noticia de la detención, militantes de organizaciones sociales y mujeres y hombres mapuches se movilizaron hasta ese lugar para reclamar la liberación de las mujeres. Desde el juzgado federal de Bariloche, que el juez Villanueva subroga, no hubo ninguna información oficial durante la jornada. “Acá hay niños detenidos por el Estado”, decían algunos de los carteles que exhibían los manifestantes que fueron hasta la sede de la Policía Federal.
El representante de la Coordinadora Mapuche Luis Pilquimán dijo que “la situación no se resuelve con represión. Estamos preocupados por el antecedente triste y tremendo que tenemos en Chubut”. Ante el reclamo del Lof Lafken Winkul Mapu se había abierto el diálogo “pero el Estado decidió ignorarlo abiertamente para proceder con violencia”.
La muerte de Rafita
El peticionante abogado Cabaleiro describió que el “25 de noviembre, aproximadamente a las 16.30, miembros de grupos especiales GEOP y Albatros continuaron con sus operativos de búsqueda de mapuches en zonas aledañas a la zona recuperada por parte de la Comunidad Lof Lalken Winkul Mapu, y en la parte de la ladera alta de la montaña procedieron a reprimir violentamente a un grupo de personas que transitaban por el lugar, con munición letal (balas de plomo). De esa represión fueron heridas al menos tres personas y detenidas al menos dos personas más. De las tres personas heridas, se ha podido constatar que una de ellas ha muerto, según confirmación del personal del hospital local. Se trata de Rafael Nahuel, de 22 años, conocido como ‘Rafita’, mapuche que integraba la Lof Lafken Winkul Mapu, recibió un disparo de bala de plomo que ingresó por el glúteo y se alojo en el tórax”. Al momento de la presentación, el letrado indicó que “las otras personas estarían heridas y se encuentran hasta el momento desaparecidas, ya que no se cuenta con información cierta”.
Naturaleza de Derechos dedicó un párrafo al rol de los medios y el Gobierno. “El Estado pretende instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos que los mapuches tenían armas largas, se habla de subfusiles, lo cual es absolutamente falso. Al menos dos personas fueron capturadas por miembros de la Prefectura (...) Se trata de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que se encuentran en sede de la Policía Aeroportuaria y son testigos presenciales del asesinato de Rafael”, sostuvo el abogado. “Se encuentran incomunicados, sin fundamentación alguna, por orden del mismo juez que tiene una responsabilidad directa en el asesinato de Rafael. Es clara y manifiesta la desprotección y el peligro inminente de los detenidos”. A su criterio, “la situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas tendientes a modificar esta situación, a sabiendas de las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian situaciones como las relatadas”.
Ley incumplida
El pedido de intervención a la Comisión se basa en la “manifiesta ilegalidad del proceder del Estado” dado que “el Gobierno oficializó la prórroga por cuatro años más de la Ley 26.160 que había sido determinada por el Parlamento, y dicha ley suspende que se realicen desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral”.
Por eso, “con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal” solicitó una “medida cautelar genérica para todos los miembros de la Comunidad Lof y especialmente los menores mapuches, tras el desalojo violento denunciado, a fin de que el Estado Argentino adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias”. Y también pidió medidas cautelares para los detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González por ser testigos esenciales de la muerte por parte del Estado argentino de Rafael Nahuel, por considerar que los mismos se encuentran en una situación de riesgo grave” al “encontrarse detenidos arbitrariamente”. Cabaleiro concluyó que “el presente caso se suma a la persecución y represión que vienen sufriendo las comunidades mapuches en la Patagonia” y consideró que “no se trata de una incapacidad del Estado argentino para tratar la situación mapuche en la Patagonia sino un plan sistemático del Estado de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución Nacional”.
Adriana Meyer
Macri: plan de guerra y realidad
Nuevo asesinato y crisis con las fuerzas armadas y de seguridad. A pesar de los dadores voluntarios de gobernabilidad, la relación de fuerzas encuentra la forma de imponerse. El Gobierno avanza en un objetivo importante y se empantana en todos los demás.
La embriaguez de optimismo por el triunfo electoral de hace un poco más de un mes fue dando lugar a la moderación ante una realidad que sigue empecinada en no adaptarse mansamente a los deseos imaginarios de los gobernantes.
Fuerzas zarpadas
El violento asesinato de un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Bariloche a manos de uniformados federales, coronó una semana negra para el oficialismo en relación con las fuerzas armadas y de seguridad. También fueron baleados con municiones de plomo otros tres integrantes de la comunidad, en un hecho producido el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado. Los miembros de la comunidad fueron atacados cuando regresaban de la montaña en la que se habían resguardado por varios días para proteger su integridad física durante la cacería que desplegaron el pasado jueves 23 de noviembre los miembros de la Policía Federal, en una operación conjunta con grupos especiales Geop y Albatros, con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional.
Los graves acontecimientos tuvieron lugar cuando el macrismo se disponía a “usufructuar” los resultados de la autopsia sobre el cuerpo de Santiago, para intentar “salvar” la responsabilidad inocultable de Gendarmería. El nuevo hecho de sangre vuelve a confirmar el carácter asesino de las fuerzas de seguridad, agravado por el encubrimiento estatal y la impunidad mediática.
Como en las peores épocas, los diarios Clarín (y su corresponsal policial en el sur) y La Nación salieron a hablar de “enfrentamientos” y “tiroteos” donde los muertos y heridos siempre están del mismo lado.
Un grave hecho que envuelve al Gobierno cuando todavía está abierta la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan y las evidentes impericias oficiales motorizadas por el anhelo de deslindar responsabilidades. "Estaba en perfectas condiciones para navegar" aseguró Mauricio Macri en su escueta conferencia de prensa cuando, según la justicia, las condiciones del submarino aún son materia de investigación. Realizó la afirmación con la misma seguridad con la que Patricia Bullrich sentenció en su momento que la Gendarmería no había ingresado a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen cuando se produjo la muerte de Santiago en el marco de una represión.
Los cisnes no tan negros con las fuerzas del núcleo duro de su Estado tienen lugar cuando el Gobierno se dispone a iniciar su “etapa programática” que ya enfrentó unos cuantos traspiés.
Reformismo remanente
A pocos días de las elecciones generales, Mauricio Macri presentó un plan de guerra anunciado con bombos y platillos ante el establishment económico y político del oficialismo y la oposición tradicional.
Luego se conocieron los proyectos de reforma laboral, tributaria y previsional, como las tres fuentes y tres partes de la nueva era del “reformismo permanente”.
La contrarreforma laboral original contenía 145 artículos, uno más draconiano que el otro. En la primera negociación con el triunvirato de la CGT, el Gobierno debió dejar de lado puntos sustanciales que habían provocado el éxtasis en el universo empresario, mientras generaban preocupación y malestar en el mundo obrero. El retroceso parcial del oficialismo se produjo a pesar de la conducción de la central y no por mérito de una quimérica capacidad de negociación de la que realmente carecen.
El proyecto que quedó en pie, salido del “pacto de la Rural” –inoportuno lugar donde el triunvirato cegetista y el oficialismo concretaron el acuerdo- implicaba igualmente retrocesos en derechos laborales y avance patronal.
Pese a todas las idas y vueltas, el tratamiento express del proyecto que pretendía llevar adelante el macrismo se derrumbó la semana que pasó y una fracción de la CGT (básicamente, los camioneros conducidos por Pablo Moyano) en alianza con la kirchnerista Corriente Federal de Trabajadores (con eje en los bancarios que dirige Sergio Palazzo) y ambas CTA, se aprestan a marchar el próximo 29 de noviembre “contra las reformas”. Varias regionales de la CGT del conurbano y el interior del país, también se pronunciaron en contra del proyecto.
Con los contornos laberínticos de las superestructuras sindicales y políticas, la relación de fuerzas no deja de manifestarse ante los primeros intentos de ataques certeros y abiertos del macrismo, luego de una década de recomposición social del movimiento obrero e inexistencia de una crisis catastrófica disciplinadora y de cierto gradualismo que todavía permite la capacidad de endeudamiento.
Hood Robin
En el área donde sí avanzó el Gobierno fue en la aprobación de los dictámenes de reforma impositiva y previsional, gracias a la domesticación del peronismo político. El macrismo aprovechó la tierra arrasada de la derrota electoral y el retroceso que significó la pérdida del poder del Estado para un partido que, en los términos del clásico trabajo de Steven Levitsky, había transitado el camino de partido sindical a partido clientelista.
Para imponer este objetivo, el Gobierno usufrutuó un método tan “republicano” como el que utilizó el kirchnerismo para imponer su, ejem…, “hegemonía”: el bonapartismo de la caja. El oficialismo extorsiona a los gobernadores y los gobernadores coaccionan a sus legisladores y entre todos hacen sistema para conspirar contra los jubilados. Un mecanismo al que se puede calificar de cualquier manera, menos de “democrático”. Además, los cañones apuntaron contra el sector más vulnerable en términos de capacidad de defensa: los jubilados y las personas que reciben la AUH y otras prestaciones sociales. Literalmente se arrancarán 100 mil millones de pesos de los bolsillos de 16 millones de personas de las más pobres de la sociedad y se colocarán en las arcas de los empresarios (que se beneficiarán de considerables bajas impositivas), gobernadores y especialmente en las cuentas de María Eugenia Vidal que recibe un regalo del cielo para el fondeo de su próxima campaña electoral. Ni Hood Robin lo hubiese hecho mejor.
La reducción de impuestos y cargas sociales patronales impondrá un desfalco de la ANSES para el retorno, más tarde o más temprano, de un clásico de clásicos del neoliberalismo rabioso: las AFJP o jubilaciones privadas.
Igualmente, todavía queda el tratamiento parlamentario de las reformas donde los legisladores deberán exponerse en la arena pública para aprobar este saqueo y pagar las consecuencias. El triunvirato de la CGT avisó desde Roma, hacia donde huyó luego de la tímida y cobarde capitulación, que no avalaba la reforma impositiva ni previsional.
Es verdad que Cambiemos puede estar aplicando el “método (Esteban) Bullrich”. Aquel que confesaba en una charla académica: “¿Qué hacemos para vencer en la resistencia? [de los gremios NdR]. Primero lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo” develaba sin ruborizarse el ahora senador electo por la provincia de Buenos Aires. Y luego aclaraba que trataban de avanzar en alguna de ellas. En este caso, esa sería la jugosa reforma previsional.
Esto es tan cierto cómo el hecho de que presentar un plan global que supuestamente abriría una nueva era y luego no poder cumplir la mayor parte va configurando un escenario que se parece bastante al fracaso.
En este tablero todavía abierto, el peronismo sindical retoma protagonismo pero -parafraseando al General Perón-, no porque ellos sean buenos, sino porque los otros (el peronismo político) está en el horno. El moyanismo, en ese marco, vuelve a buscar su lugar en la historia.
El factor Moyano
“Es usual que la CGT siempre tenga afuera un kamikaze golpeando para utilizarlo en las negociaciones. Pero también es cierto que el ‘Negro’ siempre estuvo al tanto de las conversaciones y del contenido de la reforma”. La frase podría haber sido pronunciada en estos días de apresuradas negociaciones para un trámite urgente de la reforma laboral. Sin embargo, tiene casi 20 años y la enunció uno de los asesores técnicos de la central obrera en los años del gobierno de la Alianza, cuando se discutía una contrarreforma que se terminó imponiendo a golpes de billetazos limpios. El fallecido Oscar Lescano, exdirigente de Luz y Fuerza, completaba el razonamiento: “Siempre nos sirvió tenerlo en la pelea, cuando teníamos un problema con el Gobierno decíamos ‘ojo que le dejamos la CGT al Negro’, nos servía mucho’’, confesaba el legendario burócrata de los luzyfuercistas.
El resto fue una historia que retornó como un fantasma en la presente coyuntura: la aprobación de la llamada “ley Banelco”, con los senadores peronistas adornados con cinco millones de pesos que el tristemente célebre Mario Pontaquarto trasladó de los sótanos hacia el “templo” de la democracia: de la SIDE al Congreso.
Un exfuncionario de rango alto en la administración kirchnerista asevera que Moyano está practicando su clásico “vandorismo primitivo”. Según la definición de Rodolfo Walsh, en esa crónica colosal que tituló ¿Quién mató a Rosendo?, uno de los secretos de la magia vandorista es presentar como resistencia lo que ya es negociación.
A lo largo de su trayectoria sindical, Moyano siempre transitó ese inestable equilibrio entre la resistencia y la integración. Un álgebra que termina siendo bastante funcional para la estrategia de contención del movimiento obrero y para el control de daños que dejan los planes de ajuste y flexibilización. Bajo el kirchnerismo, se convirtió en la columna vertebral del proyecto para la administración de las paritarias y el techo a los salarios en los años de expansión económica. En tiempos de crisis, retornó “al llano” para atender su juego.
Pero como el tiempo no pasa en vano, hay algunas diferencias no desdeñables en la función que cumplió en los años 90’ y que cimentaron su liderazgo en la década pasada, y la que eventualmente puede cumplir en la actualidad.
La primera es la fortaleza gravitante del polo “integrador” de su corriente por el monumental crecimiento del poder del sindicato (más de 200 mil afiliados) y la expansión en diversas ramas (logística y recolección, entre muchas otras). Factores que se suman a la histórica dependencia del Estado que condiciona a todos los sindicatos. Pero además, el poder real no se basa sólo en el fortalecimiento de afiliados y bases, sino en la “diversificación” de los emprendimientos del aparato camionero, que en algunas áreas borró los límites entre sindicato y empresas, convirtiéndose en muchos casos en una y la misma cosa. La alianza con el grupo RHUO (que administraba OCA hoy en crisis, y varias compañías más), con otras empresas de logística; así como la adquisición de sus propias empresas (de seguro, de empleo y hasta el Club Independiente), dejan como un pequeño kiosco los negocios que describía la aguda pluma de Walsh como parte del artefacto vandorista original (venta de chatarra “donada” por las empresas, quiniela, concesiones, etc.). Las relaciones íntimas con el Estado (nacional, provincial o municipal) y con fracciones empresarias, colocan al sindicato camionero como un pilar de la gobernabilidad, con demasiados intereses en juego dependientes más de la negociación que, obviamente, de la resistencia.
El otro factor en juego es la tortuosa transición en la conducción de la CGT y el recambio generacional en la dirección del sindicato. Pablo Moyano no tiene (por ahora) la ascendencia ni el volumen de su padre, ni su sagacidad táctica. A la vez, está en la encrucijada entre convertirse en agente de la contención del malestar obrero (reeditar el moyanismo original) o pasar a la historia sin pena ni gloria. “Nadie sabe a ciencia cierta cuánto Hugo controla realmente a Pablo”, afirma un observador avispado del mundo sindical que prefiere el off. Son las contradicciones estructurales que atraviesan a un clan que ha acumulado demasiado poder, comparte intereses y disputa ambiciones.
La mirada superficial de cierto periodismo asegura que “la interna gremial” vuelve a obstaculizar los objetivos del Macri. Lo que no explica esta ecuación que invierte causas y efectos es dónde está el motor de la “interna gremial”. La fisura en la CGT, en cualquier caso, no deja de expresar deformadamente el malestar que comenzó a recorrer el movimiento obrero cuando se conoció el proyecto de contrarreforma.
De todas estas contradicciones emergió la movilización convocada para el próximo miércoles. La cuestión no se reduce meramente al análisis. La izquierda clasista (con la ascendencia sindical y política que ganó en estos años) tiene la responsabilidad y el desafío de batallar para que no se reduzca a acciones aisladas y funcionales coberturas por izquierda de la capitulación que se cuece por otros medios y en otros ámbitos.
El Gobierno saca a relucir supuestos buenos números de encuestas, una industria que ha hecho del error una mala costumbre ratificada recientemente en las elecciones chilenas. Cifras que en sociedades líquidas, donde lo permanente y profundo es el malestar con las condiciones estructurales y la norma es el mal menor, fluctúan vertiginosamente. O, dicho en términos de Eduardo Fidanza, uno de los escribas lúcidos de La Nación, sociedades que a los presidentes “los eleva y los destruye con igual entusiasmo e impiedad”.
Por lo pronto Macri, en la política real debe reconocer las condiciones que, por ahora, impone la relación de fuerzas. Y es probable que en la nueva etapa, como afirma una maldita tradición china le toque vivir “tiempos interesantes".
Fernando Rosso
La Izquierda Diario
La embriaguez de optimismo por el triunfo electoral de hace un poco más de un mes fue dando lugar a la moderación ante una realidad que sigue empecinada en no adaptarse mansamente a los deseos imaginarios de los gobernantes.
Fuerzas zarpadas
El violento asesinato de un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Bariloche a manos de uniformados federales, coronó una semana negra para el oficialismo en relación con las fuerzas armadas y de seguridad. También fueron baleados con municiones de plomo otros tres integrantes de la comunidad, en un hecho producido el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado. Los miembros de la comunidad fueron atacados cuando regresaban de la montaña en la que se habían resguardado por varios días para proteger su integridad física durante la cacería que desplegaron el pasado jueves 23 de noviembre los miembros de la Policía Federal, en una operación conjunta con grupos especiales Geop y Albatros, con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional.
Los graves acontecimientos tuvieron lugar cuando el macrismo se disponía a “usufructuar” los resultados de la autopsia sobre el cuerpo de Santiago, para intentar “salvar” la responsabilidad inocultable de Gendarmería. El nuevo hecho de sangre vuelve a confirmar el carácter asesino de las fuerzas de seguridad, agravado por el encubrimiento estatal y la impunidad mediática.
Como en las peores épocas, los diarios Clarín (y su corresponsal policial en el sur) y La Nación salieron a hablar de “enfrentamientos” y “tiroteos” donde los muertos y heridos siempre están del mismo lado.
Un grave hecho que envuelve al Gobierno cuando todavía está abierta la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan y las evidentes impericias oficiales motorizadas por el anhelo de deslindar responsabilidades. "Estaba en perfectas condiciones para navegar" aseguró Mauricio Macri en su escueta conferencia de prensa cuando, según la justicia, las condiciones del submarino aún son materia de investigación. Realizó la afirmación con la misma seguridad con la que Patricia Bullrich sentenció en su momento que la Gendarmería no había ingresado a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen cuando se produjo la muerte de Santiago en el marco de una represión.
Los cisnes no tan negros con las fuerzas del núcleo duro de su Estado tienen lugar cuando el Gobierno se dispone a iniciar su “etapa programática” que ya enfrentó unos cuantos traspiés.
Reformismo remanente
A pocos días de las elecciones generales, Mauricio Macri presentó un plan de guerra anunciado con bombos y platillos ante el establishment económico y político del oficialismo y la oposición tradicional.
Luego se conocieron los proyectos de reforma laboral, tributaria y previsional, como las tres fuentes y tres partes de la nueva era del “reformismo permanente”.
La contrarreforma laboral original contenía 145 artículos, uno más draconiano que el otro. En la primera negociación con el triunvirato de la CGT, el Gobierno debió dejar de lado puntos sustanciales que habían provocado el éxtasis en el universo empresario, mientras generaban preocupación y malestar en el mundo obrero. El retroceso parcial del oficialismo se produjo a pesar de la conducción de la central y no por mérito de una quimérica capacidad de negociación de la que realmente carecen.
El proyecto que quedó en pie, salido del “pacto de la Rural” –inoportuno lugar donde el triunvirato cegetista y el oficialismo concretaron el acuerdo- implicaba igualmente retrocesos en derechos laborales y avance patronal.
Pese a todas las idas y vueltas, el tratamiento express del proyecto que pretendía llevar adelante el macrismo se derrumbó la semana que pasó y una fracción de la CGT (básicamente, los camioneros conducidos por Pablo Moyano) en alianza con la kirchnerista Corriente Federal de Trabajadores (con eje en los bancarios que dirige Sergio Palazzo) y ambas CTA, se aprestan a marchar el próximo 29 de noviembre “contra las reformas”. Varias regionales de la CGT del conurbano y el interior del país, también se pronunciaron en contra del proyecto.
Con los contornos laberínticos de las superestructuras sindicales y políticas, la relación de fuerzas no deja de manifestarse ante los primeros intentos de ataques certeros y abiertos del macrismo, luego de una década de recomposición social del movimiento obrero e inexistencia de una crisis catastrófica disciplinadora y de cierto gradualismo que todavía permite la capacidad de endeudamiento.
Hood Robin
En el área donde sí avanzó el Gobierno fue en la aprobación de los dictámenes de reforma impositiva y previsional, gracias a la domesticación del peronismo político. El macrismo aprovechó la tierra arrasada de la derrota electoral y el retroceso que significó la pérdida del poder del Estado para un partido que, en los términos del clásico trabajo de Steven Levitsky, había transitado el camino de partido sindical a partido clientelista.
Para imponer este objetivo, el Gobierno usufrutuó un método tan “republicano” como el que utilizó el kirchnerismo para imponer su, ejem…, “hegemonía”: el bonapartismo de la caja. El oficialismo extorsiona a los gobernadores y los gobernadores coaccionan a sus legisladores y entre todos hacen sistema para conspirar contra los jubilados. Un mecanismo al que se puede calificar de cualquier manera, menos de “democrático”. Además, los cañones apuntaron contra el sector más vulnerable en términos de capacidad de defensa: los jubilados y las personas que reciben la AUH y otras prestaciones sociales. Literalmente se arrancarán 100 mil millones de pesos de los bolsillos de 16 millones de personas de las más pobres de la sociedad y se colocarán en las arcas de los empresarios (que se beneficiarán de considerables bajas impositivas), gobernadores y especialmente en las cuentas de María Eugenia Vidal que recibe un regalo del cielo para el fondeo de su próxima campaña electoral. Ni Hood Robin lo hubiese hecho mejor.
La reducción de impuestos y cargas sociales patronales impondrá un desfalco de la ANSES para el retorno, más tarde o más temprano, de un clásico de clásicos del neoliberalismo rabioso: las AFJP o jubilaciones privadas.
Igualmente, todavía queda el tratamiento parlamentario de las reformas donde los legisladores deberán exponerse en la arena pública para aprobar este saqueo y pagar las consecuencias. El triunvirato de la CGT avisó desde Roma, hacia donde huyó luego de la tímida y cobarde capitulación, que no avalaba la reforma impositiva ni previsional.
Es verdad que Cambiemos puede estar aplicando el “método (Esteban) Bullrich”. Aquel que confesaba en una charla académica: “¿Qué hacemos para vencer en la resistencia? [de los gremios NdR]. Primero lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo” develaba sin ruborizarse el ahora senador electo por la provincia de Buenos Aires. Y luego aclaraba que trataban de avanzar en alguna de ellas. En este caso, esa sería la jugosa reforma previsional.
Esto es tan cierto cómo el hecho de que presentar un plan global que supuestamente abriría una nueva era y luego no poder cumplir la mayor parte va configurando un escenario que se parece bastante al fracaso.
En este tablero todavía abierto, el peronismo sindical retoma protagonismo pero -parafraseando al General Perón-, no porque ellos sean buenos, sino porque los otros (el peronismo político) está en el horno. El moyanismo, en ese marco, vuelve a buscar su lugar en la historia.
El factor Moyano
“Es usual que la CGT siempre tenga afuera un kamikaze golpeando para utilizarlo en las negociaciones. Pero también es cierto que el ‘Negro’ siempre estuvo al tanto de las conversaciones y del contenido de la reforma”. La frase podría haber sido pronunciada en estos días de apresuradas negociaciones para un trámite urgente de la reforma laboral. Sin embargo, tiene casi 20 años y la enunció uno de los asesores técnicos de la central obrera en los años del gobierno de la Alianza, cuando se discutía una contrarreforma que se terminó imponiendo a golpes de billetazos limpios. El fallecido Oscar Lescano, exdirigente de Luz y Fuerza, completaba el razonamiento: “Siempre nos sirvió tenerlo en la pelea, cuando teníamos un problema con el Gobierno decíamos ‘ojo que le dejamos la CGT al Negro’, nos servía mucho’’, confesaba el legendario burócrata de los luzyfuercistas.
El resto fue una historia que retornó como un fantasma en la presente coyuntura: la aprobación de la llamada “ley Banelco”, con los senadores peronistas adornados con cinco millones de pesos que el tristemente célebre Mario Pontaquarto trasladó de los sótanos hacia el “templo” de la democracia: de la SIDE al Congreso.
Un exfuncionario de rango alto en la administración kirchnerista asevera que Moyano está practicando su clásico “vandorismo primitivo”. Según la definición de Rodolfo Walsh, en esa crónica colosal que tituló ¿Quién mató a Rosendo?, uno de los secretos de la magia vandorista es presentar como resistencia lo que ya es negociación.
A lo largo de su trayectoria sindical, Moyano siempre transitó ese inestable equilibrio entre la resistencia y la integración. Un álgebra que termina siendo bastante funcional para la estrategia de contención del movimiento obrero y para el control de daños que dejan los planes de ajuste y flexibilización. Bajo el kirchnerismo, se convirtió en la columna vertebral del proyecto para la administración de las paritarias y el techo a los salarios en los años de expansión económica. En tiempos de crisis, retornó “al llano” para atender su juego.
Pero como el tiempo no pasa en vano, hay algunas diferencias no desdeñables en la función que cumplió en los años 90’ y que cimentaron su liderazgo en la década pasada, y la que eventualmente puede cumplir en la actualidad.
La primera es la fortaleza gravitante del polo “integrador” de su corriente por el monumental crecimiento del poder del sindicato (más de 200 mil afiliados) y la expansión en diversas ramas (logística y recolección, entre muchas otras). Factores que se suman a la histórica dependencia del Estado que condiciona a todos los sindicatos. Pero además, el poder real no se basa sólo en el fortalecimiento de afiliados y bases, sino en la “diversificación” de los emprendimientos del aparato camionero, que en algunas áreas borró los límites entre sindicato y empresas, convirtiéndose en muchos casos en una y la misma cosa. La alianza con el grupo RHUO (que administraba OCA hoy en crisis, y varias compañías más), con otras empresas de logística; así como la adquisición de sus propias empresas (de seguro, de empleo y hasta el Club Independiente), dejan como un pequeño kiosco los negocios que describía la aguda pluma de Walsh como parte del artefacto vandorista original (venta de chatarra “donada” por las empresas, quiniela, concesiones, etc.). Las relaciones íntimas con el Estado (nacional, provincial o municipal) y con fracciones empresarias, colocan al sindicato camionero como un pilar de la gobernabilidad, con demasiados intereses en juego dependientes más de la negociación que, obviamente, de la resistencia.
El otro factor en juego es la tortuosa transición en la conducción de la CGT y el recambio generacional en la dirección del sindicato. Pablo Moyano no tiene (por ahora) la ascendencia ni el volumen de su padre, ni su sagacidad táctica. A la vez, está en la encrucijada entre convertirse en agente de la contención del malestar obrero (reeditar el moyanismo original) o pasar a la historia sin pena ni gloria. “Nadie sabe a ciencia cierta cuánto Hugo controla realmente a Pablo”, afirma un observador avispado del mundo sindical que prefiere el off. Son las contradicciones estructurales que atraviesan a un clan que ha acumulado demasiado poder, comparte intereses y disputa ambiciones.
La mirada superficial de cierto periodismo asegura que “la interna gremial” vuelve a obstaculizar los objetivos del Macri. Lo que no explica esta ecuación que invierte causas y efectos es dónde está el motor de la “interna gremial”. La fisura en la CGT, en cualquier caso, no deja de expresar deformadamente el malestar que comenzó a recorrer el movimiento obrero cuando se conoció el proyecto de contrarreforma.
De todas estas contradicciones emergió la movilización convocada para el próximo miércoles. La cuestión no se reduce meramente al análisis. La izquierda clasista (con la ascendencia sindical y política que ganó en estos años) tiene la responsabilidad y el desafío de batallar para que no se reduzca a acciones aisladas y funcionales coberturas por izquierda de la capitulación que se cuece por otros medios y en otros ámbitos.
El Gobierno saca a relucir supuestos buenos números de encuestas, una industria que ha hecho del error una mala costumbre ratificada recientemente en las elecciones chilenas. Cifras que en sociedades líquidas, donde lo permanente y profundo es el malestar con las condiciones estructurales y la norma es el mal menor, fluctúan vertiginosamente. O, dicho en términos de Eduardo Fidanza, uno de los escribas lúcidos de La Nación, sociedades que a los presidentes “los eleva y los destruye con igual entusiasmo e impiedad”.
Por lo pronto Macri, en la política real debe reconocer las condiciones que, por ahora, impone la relación de fuerzas. Y es probable que en la nueva etapa, como afirma una maldita tradición china le toque vivir “tiempos interesantes".
Fernando Rosso
La Izquierda Diario
martes, 28 de noviembre de 2017
Rafael Nahuel: crónica de un crimen de Estado
El conflicto mapuche que el Gobierno intenta esconder, las operaciones mediáticas que lo encubren y la complicidad desde el poder político para tapar el asesinato de Rafael Nahuel.
Hoy, en el marco del cuestionamiento que atraviesa el Gobierno por la desaparición del submarino ARA San Juan y a pocas horas de haberse conocido los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado que, como dijo el propio Sergio Maldonado, arroja más dudas que certezas, el Estado se cobra una nueva vida y son sus fuerzas represivas quienes se encuentran en el centro de la escena.
Lo sucedido el sábado en Villa Mascardi se trata de una represión conjunta por las fuerzas represivas del Estado argentino casi sin precedentes desde el retorno de la democracia, en la que cinco fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de Río Negro, reprimen en conjunto a 50 familias que venían de un proceso de recuperación territorial.
Cómo preparó el desalojo el Gobierno Nacional
El pasado 16 de noviembre en Bariloche se reunieron el juez federal Gustavo Villanueva, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el secretario de cooperación con los poderes judiciales Gonzalo Cané. La reunión tuvo el objetivo de discutir la planificación para impedir la recuperación de territorio por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El juez Villanueva declaró luego de dicha reunión que “dentro de la ley todo, por fuera de la ley nada”.
El 23 de noviembre Villanueva ordenó el desalojo. Uno de los responsables del operativo fue Leandro Ruata, jefe de la Prefectura Naval de Bariloche, ni más ni menos quien dirigió los rastrillajes en el Río Chubut. Los siete primeros de esos rastrillajes conducidos por Ruata tuvieron resultados negativos pero fue él quien le sugirió al juez Lleral realizar un nuevo rastrillaje. Finalmente Lleral ordenó para tres días antes de las elecciones legislativas el nuevo rastrillaje, aquel donde finalmente se encontró el cuerpo de Santiago.
Vale recordar que cuando ordenó el nuevo rastrillaje el juez también había ordenado allanar la estancia Leleque del magnate italiano Benetton, algo que al final no sucedió y Lleral no explicó por qué.
Cronología de un crimen de Estado
El jueves 23 el juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche. Un operativo compuesto por seis colectivos (con capacidad de 52 pasajeros cada uno), diez combis, doce camionetas 4x4, dos motos de agua y más de 450 efectivos para desalojar a 50 personas.
A las 5:30 de la mañana se dio inicio al operativo de desalojo por parte de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería, ésta última cortando la Ruta 40.
Se inicia la represión. Al mediodía se dio a conocer que se encontraban detenidas cuatro mujeres y cinco niños, que son alojados en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche, en carácter de incomunicados.
Se impidió a familiares directos de los menores de edad tomar contacto con ellos, lo que significó la clara detención ilegal de Kalfu de dos años de edad, de Uriel de diez años, de Dayana de diez, de Calfulikan de tres años y de Aukan de tan sólo un año. Todos con precintos en sus muñecas.
En esta brutal persecución, miembros de la comunidad huyeron hacia las montañas y se protegieron de la represión.
El sábado, también por orden del juez Villanueva, Gendarmería cortó el tránsito a las 16 horas, según informó la agencia estatal Télam. En esos mismos momentos personal del grupo Albatros de Prefectura rodeaba la zona recuperada por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. La Policía Federal cortaba a su vez la ruta 40 impidiendo el tránsito por el lugar. Impidiendo, obviamente, el ingreso a organismos de Derechos Humanos.
La Policía de Río Negro monta un operativo cerrojo.
A las 17 el personal de Prefectura se trasladó a la ladera alta de la montaña, persiguieron a diez personas disparandoles con armas de fuego y se retiraron del lugar sin haberse registrado lesiones para el personal PNA, según consta en un informe oficial.
A las 17:08 informaron desde la Lof Lafke Winkul Mapu que la Policía Federal junto a Prefectura comenzaron a disparar balas de plomo y que resultaron heridos compañeros mapuches. Desde la ladera de la montaña bajaron dos miembros de la comunidad con una persona herida. Era Rafael Nahuel.
La Policía de Río Negro y La Policía Federal no permitieron el ingreso de ambulancias al lugar. Luego detuvieron a quienes asistieron a Rafael Nahuel, identificados como Fausto Jonas Huala y Alejandro González. El joven herido ya no tenía signos vitales y fue trasladado al hospital Ramón Carillo.
A las 18 Leonardo Gil, director del Hospital Ramón Carillo, confirmaba la muerte por herida de bala de plomo de Rafael Nahuel.
Intervención de la fiscal federal Sylvia Little
Por decisión judicial, la PNA fue retirada del lugar. A cargo del predio quedó la PFA y de las actuaciones judiciales la PSA. El juez Villanueva ordenó el secuestro del armamento del personal que intervino en el hecho.
El domingo 26 a las 14 el parte oficial del Juzgado Federal de Bariloche hablaba de los hechos que desembocaron en el asesinato de Rafael Nahuel y varios heridos de bala de plomo de la comunidad como un “enfrentamiento”. Una peligrosa operación política que recuerda a los años más oscuros de la dictadura genocida.
A partir de entonces la causa se encuentra en secreto de sumario.
El primer fusilado en una represión de Macri
Ni terrorista ni delincuente, como intentan instalar los medios y periodistas serviles al Gobierno. Rafael Nahuel es el joven obrero mapuche de 22 años que se convirtió en el primer fusilado en una una represión del gobierno de Macri, en un operativo conjunto por fuerzas represivas bajo el mando de Patricia Bullrich y el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.
El domingo un grito se hizo sentir en todo el país, donde miles exigimos justicia por Rafael y juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su fusilamiento. Desde el Ministerio de Patricia Bullrich salieron a decir que los efectivos de Prefectura dispararon a los árboles.
No hay relato que quiera imponer el Gobierno que logre ocultar lo que la muerte de Rafael Nahuel realmente es: un crimen de Estado que expone la política criminal de un gobierno que quiere imponer a sangre y fuego su plan de ajuste a los explotados y de entrega a los grandes terratenientes.
Mientras el silencio oficial se mantuvo durante más de 24 horas y la causa se encuentra en secreto de sumario, por las redes sociales se empezó a dar cuenta inmediatamente de la brutal cacería que culminó con el asesinato del joven de 22 años. Un pibe de una comunidad a quien sus mismos profesores describen como una persona solidaria y comprometida.
Rafita, como le decían, creció en el barrio Nahuel Hue y estudió en una escuela de oficio en el barrio El Frutillar, que se llama el "Alto Construcciones".
Ahí creció Rafael, en un barrio que lidera los índices de pobreza en una ciudad donde el trabajo en negro y la precarización laboral son moneda corriente. La juventud es hostigada y marginada.
En Bariloche hay más de 12 mil niños y adolescentes situados debajo de la línea de la pobreza. A su vez el pueblo mapuche es perseguido y estigmatizado en la “Suiza argentina” donde, por ejemplo, el gas es sólo propiedad de quienes amasan fortunas con el turismo y la especulación inmobiliaria se combina con la entrega a grandes terratenientes y magnates extranjeros.
Una represión al servicio de la entrega
El territorio de la comunidad se encuentra en uno de los lugares más paradisíacos de Bariloche. Villa Mascardi es un lugar de un valor inmobiliario altísimo. Parques Nacionales se arroga la propiedad del territorio.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional ordena expresamente “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos”.
Pareciera que sólo hay derechos para quienes pueden pagar la tierra o son amigos del poder.
La nueva campaña del desierto de Cambiemos
El exministro de Educación Esteban Bullrich, durante la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad de Río Negro en la ciudad de Choele Choel, dijo sin eufemismos que “se viene una nueva campaña del desierto”.
Hoy vemos la concreción de estos dichos en la campaña de persecución, represión y criminalización contra el pueblo mapuche, que desde hace años viene en proceso de recuperación territorial.
Se trata de un plan represivo orquestado desde las entrañas del Estado, que tiene su máxima expresión en la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado en Pu Lof Cushamen, en el marco de una represión en manos de Gendarmería. Crimen que vislumbra el plan de cacería contra los pueblos originarios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Innumerables allanamientos, pruebas plantadas y causas penales contra comunidades del pueblo mapuche se han sucedido desde entonces a esta parte. Y no olvidemos la peligrosa figura de “flagrancia” con la que se ingresa a las comunidades mapuches y que se complementa con Ley Antiterrorista, heredada del kirchnerismo.
Mayra Pérez
Bullrich y Garavano: defensa de un Estado que puede asesinar sin cuestionamientos
La ministra de Seguridad y el de Justicia avalaron la brutal represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel. Los funcionarios defendieron el accionar estatal y lo justificaron a futuro.
"Están instalando la pena de muerte", escribió Nicolás del Caño en su cuenta de Twitter. Minutos antes, la ministra Patricia Bullrich justificaba en conferencia de prensa el accionar represivo que terminó con la vida del joven Rafael Nahuel. Raffita, como le decían, tenía apenas 21 años.
Sentado a la derecha de Bullrich estaba el ministro de Justicia, Germán Garavano. Esta vez, el funcionario que suele ser presentado como una suerte de "paloma" dentro del gabinete nacional, estuvo ahí para avalar el discurso duro de su par de Seguridad. La presencia de ambos funcionarios no hizo más que ratificar la decisión gubernamental: justiciar la represión estatal aunque esto implique terminar con la vida de quienes se manifiestan.
Desde el Gobierno nacional se intenta legalizar un discurso represivo que avala el asesinato por parte del Estado al tiempo que se busca garantizar impunidad a la Prefectura.
Ese discurso represivo tiene el aval del peronismo y otras fuerzas políticas patronales. Lo demostró ayer Miguel Ángel Pichetto, jefe del FpV-PJ en el Senado, cuando volvió a hablar contra “los grupos violentos”. Más temprano, el gobernador Alberto Weretilneck (Río Negro) había usado la misma argumentación. Cuando caía la noche de este lunes, muchos referentes peronistas seguían sin hablar condenado el asesinato.
Macrismo y peronismo, luego de acordar el saqueo del Anses y perjudicar a millones de jubilados, se unen para justificar la represión estatal que se cobró la vida del joven Rafael.
Con al apoyo explícito de los grandes medios de comunicación, oficialismo y oposición patronal buscan justificar una represión estatal sin controles. Un accionar completamente favorable a las exigencias de grandes terratenientes de la Patagonia, pero que va más allá y busca legitimar la represión estatal sin condiciones.
Impunidad para las fuerzas represivas
Tal como ocurrió con la represión tras la cual desapareció Santiago Maldonado, los ministros de Seguridad y Justicia avalaron el accionar de una fuerza federal. En este caso fue Prefectura. Nuevamente, como ocurrió durante meses, el gobierno da una señal de impunidad.
Esa impunidad viene siendo garantizada desde el poder político desde el inicio del Gobierno de Cambiemos. Basta recordar cuando la misma ministra Bullrich defendió a los gendarmes que habían disparado contra una murga de jóvenes y niños en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.
Esa impunidad es que la lleva a una creciente prepotencia a los efectivos de las fuerzas represivas. El viernes pasado se conocieron las imágenes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentando detener a una vendedora ambulante de globos. Una brutalidad que solo puede venir de sentirse respaldadas por el oficialismo nacional.
Reprimir siempre y sin recibir críticas
“La RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”, dijo la ministra de Seguridad este lunes. Luego agregó que “el Estado debe ejercer su rol en la sociedad”.
El Gobierno nacional volvió a montar un discurso destinado a garantizar el accionar represivo del Estado sin que haya trabas u obstáculos. A eso se agrega ahora la justificación de que eso pueda terminar incluso con la muerte de los manifestantes.
El Gobierno, al tiempo que lanza un ataque contra los derechos de amplias capas de la población trabajadora con la triple contrarreforma laboral, previsional y tributaria, intenta garantizarse la posibilidad de reprimir sin restricciones.
Luchar contra la impunidad
Nuevamente, como ocurrió ante la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, se impone la pelea para evitar que haya impunidad. Es necesario garantizar que el discurso y la política que intenta instalar el gobierno no se consolide.
Es necesaria la más amplia movilización exigiendo justicia por el asesinato de Rafael Nahuel y denunciando la brutal criminalización y persecución contra la comunidad mapuche.
Esta pelea se suma a otra ya en curso. Aquella para que no haya impunidad por la muerta de Santiago Maldonado, para que sean castigados los responsables materiales y políticos de su muerte.
LID
Lanzan programa preliminar de la "Cumbre de los Pueblos. Fuera OMC"
La Confluencia Fuera OMC lanzó esta semana el Programa preliminar de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 11 al 13 de diciembre, en el marco de la Semana de Acción contra la Organización Mundial del Comercio, que se desarrollará entre los días 7 y 13 de ese mes.
La Semana dará inicio con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo el jueves 7 de diciembre a las 15hs. en la histórica ronda de las Madres. Le seguirán dos días de reuniones de plataformas internacionales contra el Libre Comercio.
La agenda continúa el domingo 10 de diciembre a partir de las 16hs. con una caravana de la Plaza de los Congreso al Obelisco, donde se realizará el Festival “Fuera OMC - Alternativas en Marcha”, apelando a la denuncia y a la construcción de alternativas de comercio para y en manos de los pueblos.
A partir del 11 de diciembre iniciará en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la Cumbre de los Pueblos con una propuesta de Foros y Talleres organizados bajo diferentes ejes tales como Bienes comunes, justicia climática y soberanía energética; Soberanía alimentaria, Soberanía sanitaria, Feminismo frente al Libre Comercio, Soberanía educativa; Derechos laborales, y Migración, entre otros.
En forma paralela a los Foros y Talleres funcionará además la Feria del Libro Independiente y Alternativo (FLIA) y estarán presentes diversxs productorxs de la Economía Social y Solidaria, vendiendo sus productos en una feria con el título "Fuera OMC - las Alternativas existen".
La Confluencia Fuera OMC, conformada por decenas de organizaciones políticas, sociales, sindicales, de mujeres, de educación, ambientales, culturales, de asambleas autoconvocadas e investigadores del país y de la región preparan desde hace meses las actividades de denuncia, resistencia y construcción de alternativas populares ante el desarrollo de la Reunión Ministerial. Esta reunión será, según lxs organizadorxs, una instancia para avanzar en las diferentes agendas de liberalización y apertura, siendo el objetivo del gobierno argentino mostrar que el país es capaz de respetar la seguridad jurídica que exigen las corporaciones. Por esta razón las organizaciones, redes y movimientos de la Confluencia se han declarado “en alerta y resistencia y han expresado la necesidad de denunciar el comercio del capitalismo en tanto falsa propuesta de desarrollo, desnudando su carácter expoliador que aniquila la soberanía y los derechos de los pueblos, y a pensar un comercio y formas de desarrollo soberanas para y en manos de los pueblos.” La versión preliminar del Programa puede consultarse en https://fueraomc.org/programa/, y será actualizado en la versión definitiva en esos días. Más información: https://fueraomc.org/ y https://www.facebook.com/ConfluenciaFueraOMC/. Twitter: (@fueraomc2017).
Mario Hernandez
La Semana dará inicio con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo el jueves 7 de diciembre a las 15hs. en la histórica ronda de las Madres. Le seguirán dos días de reuniones de plataformas internacionales contra el Libre Comercio.
La agenda continúa el domingo 10 de diciembre a partir de las 16hs. con una caravana de la Plaza de los Congreso al Obelisco, donde se realizará el Festival “Fuera OMC - Alternativas en Marcha”, apelando a la denuncia y a la construcción de alternativas de comercio para y en manos de los pueblos.
A partir del 11 de diciembre iniciará en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la Cumbre de los Pueblos con una propuesta de Foros y Talleres organizados bajo diferentes ejes tales como Bienes comunes, justicia climática y soberanía energética; Soberanía alimentaria, Soberanía sanitaria, Feminismo frente al Libre Comercio, Soberanía educativa; Derechos laborales, y Migración, entre otros.
En forma paralela a los Foros y Talleres funcionará además la Feria del Libro Independiente y Alternativo (FLIA) y estarán presentes diversxs productorxs de la Economía Social y Solidaria, vendiendo sus productos en una feria con el título "Fuera OMC - las Alternativas existen".
La Confluencia Fuera OMC, conformada por decenas de organizaciones políticas, sociales, sindicales, de mujeres, de educación, ambientales, culturales, de asambleas autoconvocadas e investigadores del país y de la región preparan desde hace meses las actividades de denuncia, resistencia y construcción de alternativas populares ante el desarrollo de la Reunión Ministerial. Esta reunión será, según lxs organizadorxs, una instancia para avanzar en las diferentes agendas de liberalización y apertura, siendo el objetivo del gobierno argentino mostrar que el país es capaz de respetar la seguridad jurídica que exigen las corporaciones. Por esta razón las organizaciones, redes y movimientos de la Confluencia se han declarado “en alerta y resistencia y han expresado la necesidad de denunciar el comercio del capitalismo en tanto falsa propuesta de desarrollo, desnudando su carácter expoliador que aniquila la soberanía y los derechos de los pueblos, y a pensar un comercio y formas de desarrollo soberanas para y en manos de los pueblos.” La versión preliminar del Programa puede consultarse en https://fueraomc.org/programa/, y será actualizado en la versión definitiva en esos días. Más información: https://fueraomc.org/ y https://www.facebook.com/ConfluenciaFueraOMC/. Twitter: (@fueraomc2017).
Mario Hernandez
Un balazo por la espalda totalmente justificado
El Gobierno salió a respaldar el operativo del grupo Albatros contra los mapuches que terminó con la muerte de Nahuel
La vicepresidenta Michetti y los ministros Bullrich y Garavano dieron como “verdad” la versión de las fuerzas de seguridad acerca de que habían sido atacados con armas de grueso calibre. La oposición pidió la remoción de Bullrich.
El Gobierno nacional conjugó de todas las formas posibles el verbo “justificar”. Los funcionarios de Mauricio Macri salieron a defender el accionar de la Prefectura, que culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, a menos de tres meses de la muerte violenta de Santiago Maldonado en otro operativo de fuerzas federales. En una conferencia de prensa, que encabezaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano, avalaron todo lo actuado por el Grupo Albatros, dijeron que no habrá diálogo con los mapuches y lanzaron advertencias para quienes “violen la ley”. La ministra dijo que los uniformados fueron atacados con armas de fuego y, cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió que no eran necesarias. “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”, sentenció Bullrich. Antes de esa conferencia, la vicepresidenta Gabriela Michetti sentó una nueva doctrina: “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”.
Pese a sus diferencias internas sobre cómo abordar el caso (ver aparte), Bullrich y Garavano se sentaron junto a los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman a ofrecer una conferencia de prensa en la que siguieron en la línea del primer comunicado oficial del Gobierno, que alertó sobre un rebrote de la “violencia armada”.
Reiteraron la versión de los prefectos, que sostienen que fueron atacados por los mapuches con “armas de grueso calibre” y con tácticas militares. Cuando le pidieron pruebas, Bullrich primero dijo que no las necesitaba y luego afirmó: “Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada”. También sostuvo que apedrearon a un grupo policial.
La funcionaria, bajo cuyo mando se encuentran las fuerzas de seguridad, no dio explicaciones sobre los niños que fueron esposados con precintos en la represión del jueves ni sobre el hecho de que Nahuel fue baleado por la espalda. En lugar de eso, se dedicó a agrandar la figura de “el grupo RAM”, al que consideró no una organización concreta, sino “un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”. “Hubo más de 70 acciones violentas o atentados”, sostuvo Bullrich, en plan de construir esta amenaza armada de mapuches que “no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a su bandera”. Remarcó que no habrá ninguna instancia de diálogo con ellos.
“No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, remarcó la ministra, quien defendió la posibilidad de las fuerzas de seguridad de actuar sin orden judicial con la doctrina de la flagrancia. “Hay un Gobierno que los va a defender y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Se acabó el mundo del revés”, aseveró la ministra.
Presión al juez
Tanto el comunicado de prensa como la Bullrich de carne y hueso le indicaron al juez Gustavo Villanueva cómo investigar y en qué sentido debe hacerlo. El comunicado del domingo decía que el Gobierno “deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”. En tanto, en la conferencia de prensa, tras señalar que ella no necesitaba pruebas para saber que los prefectos decían la verdad, afirmó: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”.
De paso, Bullrich lo apuró al magistrado: “El juez podrá buscar las pruebas que quiera pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar”, remarcó.
“Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos”, le señaló al juez. La funcionaria PRO cuestionó a los mapuches del lago Mascardi dado que, según ella, “le mintieron al juez porque le dijeron que ayer se entregaban y no se entregaron”.
Con el gesto duro, Garavano, sentado a su lado, aseguró que “la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias”. Y destacó “la importancia de la investigación de la Justicia respecto a los grupos que no reconocen al Estado y no respetan la ley”. Nada dijeron de la investigación del asesinato de Nahuel, del que los principales sospechosos son los prefectos.
A las diatribas en la conferencia de prensa se había sumado previamente Michetti, que sentó una tesis a favor de las policías en los casos en los que se sospecha que cometieron crímenes. “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta.
Como adelantó este diario, el diagnóstico del Gobierno tras dos muertes en protestas de los mapuches no apunta a frenar el accionar violento de las fuerzas de seguridad, sino que lo alienta a partir de los discursos que buscan atacar a un enemigo terrorista que –según los funcionarios– es el único problema que hay en la Patagonia, cada vez más trágica.
Juicio político
Los funcionarios recibieron una andanada de críticas por su justificación del asesinato de Nahuel y varios bloques impulsan nuevamente la remoción de Bullrich. “Vamos a impulsar el pedido de juicio político a Patricia Bullrich desde la Cámara de Diputados”, afirmó el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso. “Se ve con mucha crudeza que la única respuesta que tiene el Estado es la represión y el asesinato”, indicó Grosso. “Basta de encubrir y justificar el accionar de un Estado represivo. La ministra de Seguridad defiende peligrosamente actos propios del peor totalitarismo. Es realmente preocupante que la responsable de cuidar y garantizar los derechos de todas y todos los argentinos se limite a defender a las fuerzas de seguridad a su cargo, que acaban de matar a una persona, sin ni siquiera iniciar una investigación seria”, indicó el kirchnerista Martín Sabbatella.
En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, advirtió que “es preocupante que insistan con el argumento del enemigo terrorista que amenaza a la Nación. Los que estuvimos en la zona, sabemos que no existe ningún informe serio, ni una investigación judicial que describa o sitúe una amenaza real de grupos armados terroristas en la Patagonia”. “La construcción de grupos armados mapuches es una actitud canalla y cobarde por parte del Estado”, consideró Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Werner Pertot
Página/12
La vicepresidenta Michetti y los ministros Bullrich y Garavano dieron como “verdad” la versión de las fuerzas de seguridad acerca de que habían sido atacados con armas de grueso calibre. La oposición pidió la remoción de Bullrich.
El Gobierno nacional conjugó de todas las formas posibles el verbo “justificar”. Los funcionarios de Mauricio Macri salieron a defender el accionar de la Prefectura, que culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, a menos de tres meses de la muerte violenta de Santiago Maldonado en otro operativo de fuerzas federales. En una conferencia de prensa, que encabezaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano, avalaron todo lo actuado por el Grupo Albatros, dijeron que no habrá diálogo con los mapuches y lanzaron advertencias para quienes “violen la ley”. La ministra dijo que los uniformados fueron atacados con armas de fuego y, cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió que no eran necesarias. “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”, sentenció Bullrich. Antes de esa conferencia, la vicepresidenta Gabriela Michetti sentó una nueva doctrina: “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”.
Pese a sus diferencias internas sobre cómo abordar el caso (ver aparte), Bullrich y Garavano se sentaron junto a los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman a ofrecer una conferencia de prensa en la que siguieron en la línea del primer comunicado oficial del Gobierno, que alertó sobre un rebrote de la “violencia armada”.
Reiteraron la versión de los prefectos, que sostienen que fueron atacados por los mapuches con “armas de grueso calibre” y con tácticas militares. Cuando le pidieron pruebas, Bullrich primero dijo que no las necesitaba y luego afirmó: “Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada”. También sostuvo que apedrearon a un grupo policial.
La funcionaria, bajo cuyo mando se encuentran las fuerzas de seguridad, no dio explicaciones sobre los niños que fueron esposados con precintos en la represión del jueves ni sobre el hecho de que Nahuel fue baleado por la espalda. En lugar de eso, se dedicó a agrandar la figura de “el grupo RAM”, al que consideró no una organización concreta, sino “un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”. “Hubo más de 70 acciones violentas o atentados”, sostuvo Bullrich, en plan de construir esta amenaza armada de mapuches que “no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a su bandera”. Remarcó que no habrá ninguna instancia de diálogo con ellos.
“No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, remarcó la ministra, quien defendió la posibilidad de las fuerzas de seguridad de actuar sin orden judicial con la doctrina de la flagrancia. “Hay un Gobierno que los va a defender y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Se acabó el mundo del revés”, aseveró la ministra.
Presión al juez
Tanto el comunicado de prensa como la Bullrich de carne y hueso le indicaron al juez Gustavo Villanueva cómo investigar y en qué sentido debe hacerlo. El comunicado del domingo decía que el Gobierno “deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”. En tanto, en la conferencia de prensa, tras señalar que ella no necesitaba pruebas para saber que los prefectos decían la verdad, afirmó: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”.
De paso, Bullrich lo apuró al magistrado: “El juez podrá buscar las pruebas que quiera pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar”, remarcó.
“Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos”, le señaló al juez. La funcionaria PRO cuestionó a los mapuches del lago Mascardi dado que, según ella, “le mintieron al juez porque le dijeron que ayer se entregaban y no se entregaron”.
Con el gesto duro, Garavano, sentado a su lado, aseguró que “la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias”. Y destacó “la importancia de la investigación de la Justicia respecto a los grupos que no reconocen al Estado y no respetan la ley”. Nada dijeron de la investigación del asesinato de Nahuel, del que los principales sospechosos son los prefectos.
A las diatribas en la conferencia de prensa se había sumado previamente Michetti, que sentó una tesis a favor de las policías en los casos en los que se sospecha que cometieron crímenes. “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta.
Como adelantó este diario, el diagnóstico del Gobierno tras dos muertes en protestas de los mapuches no apunta a frenar el accionar violento de las fuerzas de seguridad, sino que lo alienta a partir de los discursos que buscan atacar a un enemigo terrorista que –según los funcionarios– es el único problema que hay en la Patagonia, cada vez más trágica.
Juicio político
Los funcionarios recibieron una andanada de críticas por su justificación del asesinato de Nahuel y varios bloques impulsan nuevamente la remoción de Bullrich. “Vamos a impulsar el pedido de juicio político a Patricia Bullrich desde la Cámara de Diputados”, afirmó el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso. “Se ve con mucha crudeza que la única respuesta que tiene el Estado es la represión y el asesinato”, indicó Grosso. “Basta de encubrir y justificar el accionar de un Estado represivo. La ministra de Seguridad defiende peligrosamente actos propios del peor totalitarismo. Es realmente preocupante que la responsable de cuidar y garantizar los derechos de todas y todos los argentinos se limite a defender a las fuerzas de seguridad a su cargo, que acaban de matar a una persona, sin ni siquiera iniciar una investigación seria”, indicó el kirchnerista Martín Sabbatella.
En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, advirtió que “es preocupante que insistan con el argumento del enemigo terrorista que amenaza a la Nación. Los que estuvimos en la zona, sabemos que no existe ningún informe serio, ni una investigación judicial que describa o sitúe una amenaza real de grupos armados terroristas en la Patagonia”. “La construcción de grupos armados mapuches es una actitud canalla y cobarde por parte del Estado”, consideró Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Werner Pertot
Página/12
lunes, 27 de noviembre de 2017
Weretilneck avaló la represión
En la mañana de hoy, el gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck, en una entrevista telefónica que mantuvo con el canal Todo Noticias, dejó en claro su posición ante la represión a los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu en Lago Mascardi, que derivó en el asesinato de Rafael Nahuel, otros heridos con balas de plomo y detenidos.
El gobernador señaló que “el hecho de que un grupo de personas ponga en discusión toda la estructura jurídica de todo el Estado argentino, es el límite (…) El Estado tienen que responder con la legalidad, con la constitución, pero también con la firmeza que una situación de esta características tiene”. Se trata, claramente, de la justificación y reivindicación del accionar represivo y criminal de las fuerzas federales contra el pueblo mapuche. El gobernador rionegrino está en clara connivencia con la avanzada represiva del gobierno de Macri en la región.
En estos momentos, hay un escenario de militarización de toda la zona cordillerana de Río Negro y del sur de Neuquén.
La ‘indignación’ gubernamental, ante la lucha del pueblo mapuche por el acceso a la tierra responde a los intereses de los monopolios capitalistas que operan en la región. El Estado protege muy bien el acaparamiento, de parte de Lewis, del Lago Escondido. Como así también los centenares de miles de hectáreas acaparadas por Benetton en toda la Patagonia o por las petroleras especialmente en Neuquén.
Fue en defensa de esos mismos intereses sociales que la gendarmería reprimió ilegalmente a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) el 1 de agosto pasado, derivando en la desaparición, en primera instancia, de Santiago Maldonado y luego en su aparición sin vida.
Esta brutal avanzada represiva, que hoy tiene como principal blanco al pueblo mapuche, es parte de una política represiva que el gobierno impulsa contra el conjunto del pueblo que ose luchar en defensa de sus derechos y reivindicaciones.
En el día de hoy, el Partido Obrero se movilizará enérgicamente en las provincias de Río Negro y Neuquén y en todo el país, junto a numerosas organizaciones, reclamando el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de Rafael Nahuel, la liberación inmediata de todos los compañeros detenidos, el fin de la represión y la criminalización del pueblo mapuche y el cese de la militarización de la zona cordillerana.
Juicio y castigo a los responsables del asesinato de Rafael Nahuel, abajo la represión y la militarización de la zona cordillerana.
Pablo Giachello
Quién era “Rafita” Nahuel, víctima de la represión
Algunas aclaraciones tristemente necesarias
Rafita NO tenía 27 años, tenía 22 recién cumplidos, nació el 15/8/96. Es más fácil construir la imagen de "enfrentamiento" con un adulto de casi 30 armado, que con un pibe de 22 que tira piedras.Tampoco era un "delincuente", o un "mapuche violento", o "un indio que se la merecía" como dicen en comentarios en las redes sociales los que hace rato perdieron su última gota de dignidad.
A Rafita lo conocí hace más de 5 años cuando se largó la experiencia Alto Construcciones (la foto es de esa época) en la que pibes desescolarizados de los barrios (en su caso del Nahuel Hue) se integraron a una escuela de Don Bosco en Frutillar, a contraturno, para aprender un oficio y hacer una práctica laboral. Mi compañero Javi Silva venía acompañanado a un grupo de pibitos en la capilla del Nahuel Hue entre los que estaba Rafita, ...flaquito, chiquito, siempre vestido de Boca, tratando de sobreponerse a una realidad familiar muy difícil, y a un barrio que se come a los pibes.
Rápidamente se integró, aprendió a soldar, hacía cualquier trabajo pero de entrada vio que lo que le gustaba era la herrería, siempre estaba cerca de su amigo Facundo Arias (que también perdimos), gran bromista siempre imitando a un payador, también de Coqui y Kevin Painefil, sus otros hermanos de la vida.
Venía todos los días, no faltaba, contento se puso el mameluco cuando los pudimos comprar, dentro de nuestro trabajo de ir integrando a los pibes en grupos con el eje puesto en la cultura del trabajo, Rafita era uno de nuestros referentes, era uno de esos que poníamos con otro al que le costaba más, que tenía menos ganas, Rafita tenía granas dobles y traccionaba.
Por diferencias con la escuela el Alto Construcciones se mudo transformándose en el San José Obrero del Barrio Malvinas, hubo que empezar de nuevo, con muy pocos recursos y herramientas, Rafita la entendió rápido, todos los día caía al taller con algún hierro que rescataba de la basura y lo transformaba en un chulengo, una parrilla, o cualquier cosa que pudiera vender.
Por esa época nos trajo un día a su hermano mayor Ale, que tanto queremos, lo trajo tímido al principio, pero decía sin decir que quería que le diéramos una mano.
Ale tan bueno como complicado cuando se intoxicaba, y ahí jugaba Rafa, se iba antes de pelearse, renunciaba a su espacio por su hermano, así era Rafita.
Dice Javi Silva "Tuve la suerte de acompañarlo. A mí me enseñó mucho. Fuimos de viaje, campamentos y muchas andanzas más. A veces no enojábamos el uno con el otro (pero siempre nos arreglábamos) por decisiones.
Recuerdo cuando fuimos a ver a su hermano a bs as nos convocaron para dar una charla del San José en la Universidad de Madres, el se puso la 10, habló de lo que significaba el poder ver la vida de otro lado, el poder pensar en el otro y en sí mismo.
Si un pibe con toda una vida llena de dolores pero con más valores de vida que muchos de nosotros."
Cuando el San José se transformó en el Programa PAIS de Sedronar le dijimos, con Omar Omar, Yanina Llancaqueo, y Javi Silva, a un grupo de pibes que ya eran mayores, que debían empezar a transitar su propio camino, uno de los que lo entendió rápidamente fue Rafa, igual venía seguido, empezó a noviar con una operadora, siempre nos saludaba con cariño, a veces agradecía por su hermano, alegre, con ganas dobles, se la rebuscaba con la herrería.
Después de eso se vinculó con otras organizaciones, últimamente su participación en la causa Mapuche era otro importante proceso de crecimiento, porque a nuestros pibes de los barrios empiezan por quitarles las oportunidades, y después les quitan la capacidad de ser actores de la realidad, dejar todo lo que les hace mal, rebuscarse el trabajo y comprometerse con alguna causa que encima defienda sus raíces, es todo lo que podemos soñar los que trabajamos en los barrios, con los pibes,... Rafita era todo lo que podíamos soñar. Ayer lo asesinaron por la espalda.
Fernando Fernández H
Crece la presión por derecha
El consenso electoral logrado en las elecciones de medio turno el pasado 22/10 animó al gobierno de Mauricio Macri para la aceleración de algunos cambios estructurales que suponen un fuerte ajuste, tal como se visibilizó con las propuestas de reformas laborales, previsionales, tributarias y fiscales, ratificadas por la inmensa mayoría de los gobernadores e incluso la cúpula del sindicalismo tradicional.
Sin embargo, sectores ideológicamente ortodoxos, que se posicionan a la derecha del propio gobierno, demandan mayor premura en esos y otros cambios, al tiempo que reclaman por el tiempo perdido desde diciembre del 2015. Desde el oficialismo les responden que se trata de adecuar las reaccionarias modificaciones a lo que la política permite. La respuesta de Miguel Ángel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del peronismo, frenando la iniciativa legislativa de modificaciones en el régimen laboral, parece darle la razón al gobierno. El Senador peronista se ampara en el debate hacia el interior de la CGT y el movimiento sindical y popular, caso de las CTA y más allá, dando cuenta que no alcanza con los avales de la cúpula sindical y política de los gobiernos de provincia.
La realidad, como sostuvimos en varias ocasiones, es que existe la iniciativa política del gobierno y del poder, demandando mayor radicalización en las transformaciones a favor de la ganancia y la acumulación, pero también existe iniciativa popular que interviene en la gestación de poder popular. Esta iniciativa incide también en la “relativa” moderación gubernamental, el “gradualismo” según los políticos afines a Macri; pero además, en la sensibilidad de la oposición política sistémica, la que aspira a discutir un lugar de visibilidad como alternancia futura en el gobierno del capitalismo local. Variadas reuniones, asambleas, encuentros de organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas que pretenden frenar la ofensiva gubernamental pueblan el horizonte de las protestas en curso.
Es cierto que algunos quisieran ya la convocatoria a un Paro Nacional, lo que requiere de una articulación social y política por ahora ausente. La urgencia de la demanda se asocia al intento de frenar los cambios en proceso de discusión legislativa en un cuadro de mantenimiento del alza de precios y tarifas que afectan los ingresos de la mayoría de la población. De hecho, ya existen convocatorias a movilizaciones multisectoriales contra las iniciativas legislativas, las que impactan negativamente en la vida cotidiana de la mayoría de la población, sean trabajadores activos o pasivos, ocupados, regulares o irregularizados, tanto como a los beneficiarios de planes sociales. Estas medidas son reclamadas por el poder económico mundial, a activarse en la próxima cumbre de la OMC en diciembre y en la agenda del G20 presidido por el gobierno Macri en el 2018.
El avance de esta agenda legislativa de reformas estructurales constituye una situación que agravará la coyuntura de alza de precios, la inflación, que afecta a la mayoría social de menores ingresos y que se potencia con la agenda liberalizadora de la OMC y el G20.
Política económica y monetaria
Adicionemos, que la situación inflacionaria está crudamente asociada a la política económica y monetaria del Gobierno. No es casual que la proyección inflacionaria para el 2017 se imagine entre el 23 o 24%, muy lejos de la pauta gubernamental prevista. Las autoridades económicas estimulan el alza de precios con sus actualizaciones tarifarias y desde el BCRA se aplican políticas ortodoxas de contracción del circulante para combatir la inflación, con elevación de la tasa de interés.
En materia económica existe la voluntad expresada desde el inicio del Gobierno Macri para actualizar las tarifas de servicios públicos, solo frenadas por la protesta popular durante el 2016. Por eso, el interés del gobierno se concentra en un proceso recurrente de actualización tarifaria hasta la eliminación total de los subsidios públicos. La convergencia de los precios de los servicios públicos con el costo más la ganancia empresaria es lo único que satisfará la lógica de mercado del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el objetivo de hacer converger los precios internacionales del petróleo con los combustibles, en una coyuntura de recuperación del precio internacional del petróleo, que augura recurrentes aumentos de combustibles.
A contracorriente, solo se puede acudir a que se sostenga la protesta desplegada en los últimos intentos por actualizar las tarifas y aunque no alcance, intentar discutir la lógica mercantil impuesta para la prestación de servicios públicos. Necesitamos dar una batalla para concebirlos como derechos y no como mercancías.
Desde lo monetario, resulta evidente la política del BCRA de establecer metas de inflación contenidas, al 17% para 2017 y del 10% para el 2018, objetivo a sostener con elevadas tasas de interés, aún a costa de obturar cualquier proceso de recuperación de la actividad económica, más aún con un horizonte sin elecciones en el mediano plazo. Las tasas del 28,75% que pagan las LEBAC, que se negocian al 30% en el mercado secundario suponen un freno a la cotización del dólar y anima demandas de exportadores por devaluaciones próximas, las que afectarán los ingresos fijos de los sectores populares. Esas tasas de interés suponen un encarecimiento del crédito y el estímulo a inversiones especulativas que compiten contra cualquier estrategia de aliento al desarrollo productivo.
Tarifas y tasas de interés en alza inducen un proceso de actualización de precios de los sectores hegemónicos y de especulación financiera que actúan como mecanismos de redistribución regresiva del ingreso. El Gobierno busca achicar el déficit fiscal con incrementos de tarifas e inducir una restricción a la circulación monetaria con tasas elevadas para disciplinar la escalada de precios. Todo apunta a consolidar la ecuación de una mayoría perjudicada por las actualizaciones tarifarias del transporte, los combustibles, la luz, el agua, el gas y además, un aliento a la especulación.
Al mismo tiempo se intenta establecer un techo en la discusión por la actualización salarial del 2018, contenida en la meta de inflación del 10% y así, el precio de la fuerza de trabajo intenta contenerse, lo que requiere del disciplinamiento social y sindical. La represión es un requisito asociado al control de la protesta sindical y social.
El tema es que iniciativa pesará más
La discusión es si pesa más la iniciativa por derecha, sea la del gobierno y los sectores hegemónicos e incluso de aquellos extremistas que exigen mayor celeridad en los cambios reaccionarios, o la que proviene, fragmentada por ahora, desde la izquierda diversa, partidaria o social, convergente con las demandas de los de abajo.
Convengamos también que muchos de los perjudicados económicamente son parte del consenso electoral logrado por el Gobierno de Macri y por ende, no alcanza con el análisis socioeconómico. Por ello es que se necesita también de la batalla en el plano cultural, el de las ideas. El consenso gubernamental se disputó ganando el sentido común con argumentos que requieren ser confrontados por otras explicaciones que generen nuevos sentidos para construir otro modelo productivo y de desarrollo favorable a la mayoría social. Estos argumentos y explicaciones suponen la discusión de proyectos adecuados para nuevas expresiones políticas del poder popular.
Julio C. Gambina
Sin embargo, sectores ideológicamente ortodoxos, que se posicionan a la derecha del propio gobierno, demandan mayor premura en esos y otros cambios, al tiempo que reclaman por el tiempo perdido desde diciembre del 2015. Desde el oficialismo les responden que se trata de adecuar las reaccionarias modificaciones a lo que la política permite. La respuesta de Miguel Ángel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del peronismo, frenando la iniciativa legislativa de modificaciones en el régimen laboral, parece darle la razón al gobierno. El Senador peronista se ampara en el debate hacia el interior de la CGT y el movimiento sindical y popular, caso de las CTA y más allá, dando cuenta que no alcanza con los avales de la cúpula sindical y política de los gobiernos de provincia.
La realidad, como sostuvimos en varias ocasiones, es que existe la iniciativa política del gobierno y del poder, demandando mayor radicalización en las transformaciones a favor de la ganancia y la acumulación, pero también existe iniciativa popular que interviene en la gestación de poder popular. Esta iniciativa incide también en la “relativa” moderación gubernamental, el “gradualismo” según los políticos afines a Macri; pero además, en la sensibilidad de la oposición política sistémica, la que aspira a discutir un lugar de visibilidad como alternancia futura en el gobierno del capitalismo local. Variadas reuniones, asambleas, encuentros de organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas que pretenden frenar la ofensiva gubernamental pueblan el horizonte de las protestas en curso.
Es cierto que algunos quisieran ya la convocatoria a un Paro Nacional, lo que requiere de una articulación social y política por ahora ausente. La urgencia de la demanda se asocia al intento de frenar los cambios en proceso de discusión legislativa en un cuadro de mantenimiento del alza de precios y tarifas que afectan los ingresos de la mayoría de la población. De hecho, ya existen convocatorias a movilizaciones multisectoriales contra las iniciativas legislativas, las que impactan negativamente en la vida cotidiana de la mayoría de la población, sean trabajadores activos o pasivos, ocupados, regulares o irregularizados, tanto como a los beneficiarios de planes sociales. Estas medidas son reclamadas por el poder económico mundial, a activarse en la próxima cumbre de la OMC en diciembre y en la agenda del G20 presidido por el gobierno Macri en el 2018.
El avance de esta agenda legislativa de reformas estructurales constituye una situación que agravará la coyuntura de alza de precios, la inflación, que afecta a la mayoría social de menores ingresos y que se potencia con la agenda liberalizadora de la OMC y el G20.
Política económica y monetaria
Adicionemos, que la situación inflacionaria está crudamente asociada a la política económica y monetaria del Gobierno. No es casual que la proyección inflacionaria para el 2017 se imagine entre el 23 o 24%, muy lejos de la pauta gubernamental prevista. Las autoridades económicas estimulan el alza de precios con sus actualizaciones tarifarias y desde el BCRA se aplican políticas ortodoxas de contracción del circulante para combatir la inflación, con elevación de la tasa de interés.
En materia económica existe la voluntad expresada desde el inicio del Gobierno Macri para actualizar las tarifas de servicios públicos, solo frenadas por la protesta popular durante el 2016. Por eso, el interés del gobierno se concentra en un proceso recurrente de actualización tarifaria hasta la eliminación total de los subsidios públicos. La convergencia de los precios de los servicios públicos con el costo más la ganancia empresaria es lo único que satisfará la lógica de mercado del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el objetivo de hacer converger los precios internacionales del petróleo con los combustibles, en una coyuntura de recuperación del precio internacional del petróleo, que augura recurrentes aumentos de combustibles.
A contracorriente, solo se puede acudir a que se sostenga la protesta desplegada en los últimos intentos por actualizar las tarifas y aunque no alcance, intentar discutir la lógica mercantil impuesta para la prestación de servicios públicos. Necesitamos dar una batalla para concebirlos como derechos y no como mercancías.
Desde lo monetario, resulta evidente la política del BCRA de establecer metas de inflación contenidas, al 17% para 2017 y del 10% para el 2018, objetivo a sostener con elevadas tasas de interés, aún a costa de obturar cualquier proceso de recuperación de la actividad económica, más aún con un horizonte sin elecciones en el mediano plazo. Las tasas del 28,75% que pagan las LEBAC, que se negocian al 30% en el mercado secundario suponen un freno a la cotización del dólar y anima demandas de exportadores por devaluaciones próximas, las que afectarán los ingresos fijos de los sectores populares. Esas tasas de interés suponen un encarecimiento del crédito y el estímulo a inversiones especulativas que compiten contra cualquier estrategia de aliento al desarrollo productivo.
Tarifas y tasas de interés en alza inducen un proceso de actualización de precios de los sectores hegemónicos y de especulación financiera que actúan como mecanismos de redistribución regresiva del ingreso. El Gobierno busca achicar el déficit fiscal con incrementos de tarifas e inducir una restricción a la circulación monetaria con tasas elevadas para disciplinar la escalada de precios. Todo apunta a consolidar la ecuación de una mayoría perjudicada por las actualizaciones tarifarias del transporte, los combustibles, la luz, el agua, el gas y además, un aliento a la especulación.
Al mismo tiempo se intenta establecer un techo en la discusión por la actualización salarial del 2018, contenida en la meta de inflación del 10% y así, el precio de la fuerza de trabajo intenta contenerse, lo que requiere del disciplinamiento social y sindical. La represión es un requisito asociado al control de la protesta sindical y social.
El tema es que iniciativa pesará más
La discusión es si pesa más la iniciativa por derecha, sea la del gobierno y los sectores hegemónicos e incluso de aquellos extremistas que exigen mayor celeridad en los cambios reaccionarios, o la que proviene, fragmentada por ahora, desde la izquierda diversa, partidaria o social, convergente con las demandas de los de abajo.
Convengamos también que muchos de los perjudicados económicamente son parte del consenso electoral logrado por el Gobierno de Macri y por ende, no alcanza con el análisis socioeconómico. Por ello es que se necesita también de la batalla en el plano cultural, el de las ideas. El consenso gubernamental se disputó ganando el sentido común con argumentos que requieren ser confrontados por otras explicaciones que generen nuevos sentidos para construir otro modelo productivo y de desarrollo favorable a la mayoría social. Estos argumentos y explicaciones suponen la discusión de proyectos adecuados para nuevas expresiones políticas del poder popular.
Julio C. Gambina
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