La Iglesia, cómplice de la dictadura, postula la reconciliación

La asamblea plenaria del Episcopado recibiría esta semana a familiares tanto de desaparecidos como de represores.

La Conferencia Episcopal Argentina anunció que esta semana, durante su asamblea plenaria, los obispos recibirían a familiares tanto de desaparecidos como de militares partícipes en la dictadura militar. La acción constituiría un primer paso en un proceso orientado a la “reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” (Infobae, 2/5), una tentativa que apunta contra el histórico reclamo de "memoria, verdad y justicia" de las organizaciones populares.
Que la orientación eclesiástica de “reconciliación” se dirige a garantizar la impunidad de los represores lo han puesto de manifiesto las gestiones del obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, quien preside una comisión especial para la reducción de penas de los genocidas –fin para el cual en estos días recorre las cárceles visitando a los (pocos) militares condenados.
La movida también sirve a los fines de enterrar la complicidad de la curia con el genocidio. Como han señalado numerosos testimonios, la jerarquía eclesiástica estuvo directamente involucrada en la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos y asesinados, persiguió a los curas villeros y estimuló activamente la eclosión de la dictadura: en sus últimos días, Jorge Rafael Videla calificaba como “un santo” al monseñor Adolfo Servando Tortolo, titular del episcopado en marzo del ‘76, “un entusiasta impulsor del golpe de Estado, como un capítulo inevitable de una ‘guerra santa y purificadora’ contra las guerrillas y el marxismo” (Infobae, 29/10/16). Es conocido también que los jerarcas eclesiásticos visitaban los centros de exterminio de la dictadura genocida.
El episcopado sale nuevamente con la promesa de abrir sus archivos sobre el período de la dictadura, “unas 3.000 cartas y documentos (…) sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces” (ídem, 2/5), anunciando la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares de desaparecidos puedan acceder a los mismos. Los límites del asunto saltan a la vista tanto por su contenido –solamente se hacen públicas cartas que las y los familiares conocen, por haberlas escrito– como por su destino, ya que no podrán acceder a los documentos investigadores ni organismos de Derechos Humanos –es decir que no aportarán al esclarecimiento histórico ni al desarrollo de los juicios contra los genocidas.
La operación de la Iglesia entronca con la tentativa gubernamental de “reconciliar” a los militares con la sociedad, reinstaurando la teoría de los dos demonios y allanando el camino a la impunidad de los genocidas. De fondo, el macrismo trabaja en el re-involucramiento de los militares en la represión interna –un derrotero iniciado por el gobierno de CFK con la designación de César Milani al frente del ejército y del que forma parte la participación de los militares en asistencia social y “lucha contra el narcotráfico”. Una avanzada repudiada por la movilización popular decenas de miles de manifestantes el pasado 24 de marzo.

Tomas Eps @tomaseps