Los amnistiadores echan lastre para salvar a la Corte
La supuesta “unanimidad nacional” contra el fallo amnistiador de la Corte, que tuvo expresión en la ley que apresuradamente sancionó el Congreso, es un resultado -engañoso- de la crisis política desatada por la sanción del 2x1. Apenas algunos días y semanas atrás, los mismos diputados y voceros macristas que hoy ‘deploran’ el fallo de la Corte se prodigaban en todo tipo de ‘señales’ en favor de amnistiar al cuerpo de oficiales de la dictadura. Esas expresiones, que minimizaban la represión videliana, estuvieron acompañadas del pronunciamiento del Episcopado en favor de la “reconciliación” con los genocidas. El paso de la Corte también estuvo precedido de un proyecto legislativo oficial para penar con la cárcel a diferentes modalidades de la protesta social.
Es claro que la reinstalación de las Fuerzas Armadas en la represión interior se ha transformado en una cuestión de Estado. La Corte actuó bajo este mandato oficial: para encaminar esa orientación, era necesaria una rehabilitación política de los aparatos de represión -ése fue el mensaje de fondo del “2x1”. En las primeras horas del fallo, los voceros oficiales se repartían entre la justificación de la Corte o el respeto de la ‘división de poderes’. Las ‘condenas’ posteriores de Vidal, Marcos Peña y otros funcionarios sólo expresaron un recule impuesto por el fenomenal repudio popular. Pero la crisis política involucra al fallo y también a sus autores -o sea, a la propia Corte. Por eso, los personeros del régimen se empeñaron en urdir una retirada ‘ordenada’ y salvar al máximo tribunal del escándalo político. La ley votada en el Congreso excluye del beneficio de la reducción de penas a los autores de crímenes de lesa humanidad y limita esa reducción a quienes hubieran estado detenidos cuando rigió la ley del 2x1. Es un evidente recule de los amnistiadores y, al mismo tiempo, un rescate de la Corte. Carrió expresó claramente ese salvavidas, cuando señaló que, al sancionarse esta ley, quedaba demostrado que la Corte no había actuado en forma tendenciosa o ilegal al fallar el 2x1 sino porque le faltaba una ‘interpretación clara’ de la reducción de penas, que ahora sí proveía el Congreso. Para otorgarle el salvoconducto a la Corte, el régimen pagó el precio de una ley restrictiva para con los genocidas. De todos modos, su aplicación quedará en manos del mismo tribunal que falló por el 2x1; que desautorizó a la CIDH de la OEA para revisar fallos locales (2016), que revocó un fallo favorable a la vigencia de las reparaciones económicas a víctimas de la dictadura (marzo 2017) y que restringió el derecho de huelga a una atribución de los aparatos sindicales formales. En manos de esa Corte, la ley votada incluso podría ser dejada de lado, una vez más, en nombre de la aplicación de la ley más benigna. Por eso, los diputados del PO-FIT, además de denunciar las brutales limitaciones de la ley de “consenso”, insistieron con el juicio político a los tres jueces amnistiadores.
Un régimen…
La reacción popular contra el 2x1 no sólo interpela al PRO. Desenmascara también al pejota-kirchnerismo, que dio en el Senado los votos necesarios para que los jueces Rosenkrantz y Rosatti -fogoneros del 2x1- llegaran a la Corte. El aval a estos jueces también se extendió a los senadores de Stolbizer y Massa. Pero los límites del kirchnerismo para llevar adelante una escalada en regla contra el operativo amnistiador son más profundos: la recuperación de un protagonismo político de las Fuerzas Armadas tuvo como precursora a Cristina Kirchner, cuando nombró al oficial de inteligencia y ex represor César Milani al frente del Ejército. Los futuros ejecutores del protocolo antipiquetes tendrán al Proyecto X de Berni-Garré-Kirchner como antecedente de sus actuales intrigas contra el movimiento popular. El propio kirchnerismo, como gobierno provincial de Santa Cruz, se ha servido de las tropas federales para vérselas con la pueblada que encabezan los estatales y maestros del sur. Bien mirada, la indignación masiva contra el perdón a los represores se da de cabezas con quienes gobiernan o han gobernado contra la mayoría trabajadora.
…y sus límites políticos
Pero la crisis del fallo amnistiador tiene un significado más vasto, que tiene que ser visto con atención por todos los trabajadores. El gobierno necesita de un reforzamiento represivo para llevar adelante su ajuste, esto es cierto. Pero ese reforzamiento choca visceralmente con la tradición de lucha que durante décadas exigió en las calles el juicio a los genocidas. Y, más cercanamente, con la tendencia a expresar en la movilización y en la acción directa los más diversos agravios contra el pueblo, algo que desde el Argentinazo hasta hoy ningún gobierno pudo revocar. Los popes del gran capital le exigen al gobierno Cambiemos una drástica reorganización social a costa de la clase obrera. El gobierno aspira a reunir en las elecciones el mandato para llevar adelante esa escalada, que incluye, entre otras medidas, un nuevo desfalco de la Anses a costa de los jubilados, golpes brutales a los convenios colectivos de trabajo y la completa libertad para “reestructurar” empresas a costa de despidos. Los Massa, Stolbizer, Lousteau o el pejotakirchnerismo no cuestionan esta agenda, con la cual han colaborado desde el Congreso. Al presentar sus propias listas, pelearán para que el ajuste se siga llevando adelante a través de un sistema de acuerdos parlamentarios.
Por cierto, el principal instrumento del gobierno para esta escalada no es el aparato de represión, sino la burocracia sindical y sus jefes políticos, todos los cuales se preparan para la demagogia electoral, pero no quieren poner piedras en el traslado de la crisis a los trabajadores. Sin embargo, la magnitud de los choques sociales que depara el ajuste oficial excederá al cepo de la burocracia y de los partidos capitalistas. Ahí están para demostrarlo las enormes luchas de este período, como la ocupación de AGR, las huelgas docentes impulsadas por las secciones antiburocráticas, la pueblada santacruceña y las verdaderas rebeliones obreras que están desatando algunas negociaciones paritarias -petroleros, cítricolas tucumanos, azucareros del Tabacal.
Pero la posibilidad de responderle a la acción obrera y popular con todo el peso del Estado ha recibido, en esta crisis política y en la Plaza de Mayo del miércoles 10, una fenomenal desautorización. En Estados Unidos, Trump ungió a Macri como el jefe de los gobiernos continentales de ofensiva directa contra las masas. Pero de vuelta al país, el ´Trump’ argentino volvió a verificar que no ha reunido las condiciones políticas para infringirle una derrota duradera a los trabajadores.
La izquierda debe trabajar activamente sobre la herida que ha abierto esta crisis al interior de los ajustadores. Mientras la oposición que ha sido cómplice de los jueces amnistiadores se dará por satisfecha con el 10M, nosotros, en cambio, plantearemos un plan de lucha para enjuiciar a esos jueces, contra el protocolo represivo y todas las medidas de limitación al derecho a luchar. El próximo paso de este plan es la movilización convocada, con estas banderas, por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para el próximo 23 de mayo. Como ya ocurrió varias veces, la lucha democrática vuelve a ser un fantástico terreno de delimitación política entre el gran capital y sus partidos, de un lado -todos ellos colaboradores del genocidio y de su posterior impunidad- y los que defendemos las libertades democráticas para luchar por una transformación social dirigida por los trabajadores.
Marcelo Ramal
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