Han transcurrido solamente dos semanas desde la asunción de Mauricio Macri. Pero el movimiento obrero ya libró sus primeras luchas y ha cosechado sus primeras e importantes lecciones políticas.
El conflicto de Cresta Roja se colocó en el primer lugar de la tensión política entre la clase obrera y el gobierno. Desde su primer día, el macrismo apostó a un desangre del conflicto, que dejara a sus trabajadores librados al curso de una reconversión de carácter capitalista -con buena parte del plantel obrero afuera, o con el cierre liso y llano de la planta. En función de ese propósito, Macri no vaciló en poner en marcha el primer episodio de su “emergencia en seguridad”, no contra el delito organizado sino contra los trabajadores de la avícola. La lucha tenaz de esos trabajadores, que se sobrepusieron incluso a la represión, obligó al gobierno a recibir a los delegados. La suma de dinero entregada a los trabajadores como paliativo, por un lado, y el anuncio de la quiebra, por el otro, buscaron descomprimir el conflicto sin que el gobierno renunciara ni por un momento a una salida antiobrera. Entre los principales acreedores de la quiebra, figuran la Afip, Rentas de Buenos Aires y varios bancos estatales. En esas circunstancias, la ejecución de estas deudas impondría la expropiación de la planta por parte del Estado y su funcionamiento con todos los trabajadores adentro. En cambio, los “cráneos” oficiales que pergeñan la venta a un grupo privado no sólo quieren hacerlo contra el derecho al trabajo de la mitad de los obreros, sino planteando, además, que “la deuda con los organismos del Estado y bancos debería ser refinanciable a muy largo plazo para (…) que la firma sea viable” (La Nación, 24/12). O sea que después del subsidio del Estado K a los vaciadores de Rasic, vendría el subsidio del Estado PRO a sus eventuales compradores (la licuación de la deuda con el Estado). Como se ve, la “austeridad fiscal” que pregona el gobierno sólo vale para los trabajadores o los gastos sociales, nunca para los capitalistas.
Cresta Roja es el país
A la luz de esta “salida”, es claro que Cresta Roja constituye un retrato del país. Argentina es un gran concurso de acreedores, después del tendal que dejó el kirchnerismo en beneficio de los tenedores de la deuda usuraria, privatizadores y otros sectores capitalistas. Pero en la fila de acreedores, la gestión macrista ha colocado en primer lugar a los monopolios agrarios e industriales y al capital financiero. Los nuevos estigmatizadores de piquetes ocultan cuidadosamente al mayor de los piquetes organizados contra el país en estos meses -a saber, el acaparamiento de la cosecha por parte de las cerealeras y los pooles de siembra. Esa extorsión, que los “nacionales populares” también toleraron sin chistar, duró hasta arrancar el dólar a 14 pesos y la reducción o eliminación de los impuestos a la exportación. Pero quienes liquiden dólares en las nuevas condiciones podrán colocarlos a los intereses astronómicos que el propio gobierno les ha asegurado. Esta nueva y redituable bicicleta financiera será pagada con mayor carestía y mayor recesión. De paso, es el camino que el propio gobierno se traza para enfrentar las futuras paritarias -o sea, que la mayor desocupación actúe como disciplinador social.
En cambio, quienes organizaron esta verdadera sangría contra el país consideraron “inviable” el pago de un bono de fin de año para todos los trabajadores. El gobierno dejó librada esta cuestión a las negociaciones por gremio e incluso por empresa, pero jurando que el “Estado no podía” (pagar el bono). El Tesoro, sin embargo, es un beneficiario de la carestía promovida por la propia política oficial, pues recauda más en todos los impuestos que se calculan sobre los precios de venta. Con la negativa al bono, el gobierno se sirve de esa mayor recaudación para afrontar la deuda pública o resarcir a la “patria contratista”. Como en Cresta Roja, los responsables y beneficiarios de la quiebra nacional vuelven a ser premiados -a costa del conjunto de los trabajadores.
La clase obrera, la burocracia sindical, el kirchnerismo
La burocracia ha mirado pasar la lucha de Cresta Roja y estos grandes ataques al salario. Los Moyano o Caló dejaron librada la cuestión del bono a las negociaciones por gremio -lo que quería Macri. La burocracia ha postergado hasta sus propias tratativas de unificación, con tal de no agitar las aguas en medio del ajuste. El gobierno ha anunciado que “no habrá índices de precios” por algunos meses -o sea, que también ha declarado una suerte de “estado de excepción” o “emergencia” en materia inflacionaria, y nada menos que en los meses signados por la devaluación y los anunciados tarifazos (el nuevo Indec arranca haciendo “la gran Moreno”).
Para después, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quiere paritarias en base a “la inflación esperada”; o sea, con borrón y cuenta nueva respecto de los actuales aumentazos. Con su pasividad, la burocracia sigue a la clase capitalista que se ha alineado en masa con el nuevo gabinete, detrás del objetivo de un rescate financiero internacional. Pero esto vale también para la flamante oposición kirchnerista. En estos días, La Cámpora, el sabbatellismo y otros han “ganado la calle” en defensa de sus prebendas en el aparato estatal -por caso, la defensa del ente de Medios que amparaba a los capitalistas de los canales “amigos”. En cambio, no se los ha visto pelear por Cresta Roja o por la agenda acuciante del salario. El episodio más agudo de este ninguneo ha sido la deserción en la marcha del pasado 22 -por el bono de fin de año y por Cresta Roja- por parte de algunas organizaciones kirchneristas que habían anunciado su concurrencia. No sólo se bajaron del barco cuando el gobierno anunció ¡400 pesos! para los jubilados y las asignaciones, sino que se llevaron consigo al primer convocante de la marcha -la CTA de Pablo Micheli. En este cuadro, la movilización del 22 quedó en manos de la izquierda y el activismo clasista, que aseguraron una concurrencia con delegaciones obreras destacadas. Toda una lección para lo que viene: la oposición al ajuste y al gobierno PRO van a estar unidas a la lucha por la expulsión de la burocracia y la recuperación de los sindicatos, pero también a una demarcación implacable del kirchnerismo. El seguidismo a los K sólo puede servir de pulmotor para el nacionalismo en descomposición, sin aportar un gramo a las necesidades de lucha contra el ajuste oficial. La emergencia de un gobierno de “centroderecha” o “neoliberal” debe ser un factor de mayor separación política entre el clasismo y la izquierda revolucionaria, de un lado, y el nacionalismo del otro. Ello, porque debe desnudar las tendencias al compromiso y a la capitulación política de los antiguos socios de Cristóbal López y Chevron. Con esta comprensión, ingresamos a un 2016 de luchas y, más que nunca, por la independencia política de los trabajadores.
Marcelo Ramal
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