Una crisis evidente es la de los aparatos descompuestos de la “seguridad” que crujen con la mágica “fuga”. La otra es política: un hecho grave que golpea al centro de gravedad del relato macrista.
“La palabra sottogoverno designa este hecho. Significa tanto como ‘el gobierno detrás del gobierno’; o sea, un gobierno contra el pueblo, un gobierno invisible, una especie de Mafia legalizada, una parodia macabra del Estado que solo es órgano ejecutivo de gentes que se esconden en la penumbra. De aquí la hostilidad apenas velada existente entre el pueblo y el poder público, el profundo malestar, la desconfianza, el odio incluso, que aguarda sólo un pretexto apenas para inflamarse” (Hans Magnus Enzensberger, Política y delito, 1964)
Rancho aparte
El escritor irlandés de novela negra, John Connolly, afirmó en un reportaje reciente que "la ficción no tiene ninguna obligación con la realidad". En la Argentina parece que la realidad tampoco tiene ninguna obligación con la ficción, por eso se empeña en superarla permanentemente sin pedir permiso a la literatura.
La mayoría de los hechos son conocidos: una triple fuga que no fue magia, la huida con una persecución tan espectacular como aparentemente inútil (o cómplice). Un momento de alta tensión, el último día del año, cuando supuestamente los condenados por el triple crimen de General Rodríguez estaban “cercados” en la localidad bonaerense de Ranchos. Esto sucedía mientras fuentes policiales dejaban filtrar un difuso y artesanal video de un tiroteo que presuntamente fue de los prófugos con la Policía. Allí efectivamente hubo dos efectivos heridos, pero en el video no se puede comprobar que los protagonistas sean los fugados (el material audiovisual fue dado como válido por casi la totalidad del periodismo nacional, a excepción de La Izquierda Diario que lo puso en duda hasta en el título).
En esas mismas horas, según los voceros de las máximas autoridades, se estaba discutiendo la letra chica de una pronta entrega.
Luego sobrevino la multiplicación infinita de rumores que son recurrentes en hechos de esta naturaleza. Lo sorprendente en este caso, fue que el gobierno de Cambiemos en la provincia los haya convertido, no en secreto, sino en versión pública de Estado.
Pasaban las horas y se reducían las certezas en relación directamente proporcional al crecimiento del papelón. La confirmación de que en el mismo momento en que estaban “acorralados” en Ranchos, Cristian Lanatta hizo una visita express al “rancho” de su suegra en el partido de Berazategui, muy lejos de donde estaban los cerca de mil uniformados apostados. Las dudas sobre la filmación donde los prófugos logran superar un presunto retén y se detienen a disparar sólo por instinto asesino. O las contradicciones en las versiones oficiales, tales como que los tres fugados no tienen un peso partido al medio para sobrevivir pero cuentan con un arsenal de armas largas.
El perseguidor perseguido
El escándalo provocó que el “hombre fuerte” puesto al frente del operativo, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, reconociera que “yo fui transmitiendo lo que me iban pasando los policías, quizás fue un error mío transmitir que estábamos a punto de agarrarlos”.
Con el crecimiento exponencial del bochorno aumentaron las purgas. Ritondo resolvió relevar a la cúpula de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes y directamente la disolvió por presunta colaboración.
Pocas horas después, Néstor Larrauri, Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, fue desplazado de la investigación porque sería uno de los responsables de liberar la zona para impedir la recaptura de los condenados. En criollo: no habría cumplido el protocolo de fugas que era controlar a los que podían ser visitados, por ejemplo la suegra, a cuya puerta uno de los Lanatta llamó dos veces.
El hasta ahora fácil escape y el tour conurbano de los tres fugados, deja en evidencia la trama de complicidades que tienen los condenados no sólo dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), sino también en la Policía provincial.
En paralelo, en estos días se realizaron medio centenar de allanamientos en el sur del Conurbano y hasta un rastrillaje sin éxito en el Parque Pereyra Iraola por parte de unas decenas de efectivos policiales.
El último dato de relevancia fue la detención del presidente de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, luego de un allanamiento en su casa donde fueron encontradas armas y una picana.
La detención del dirigente y barra brava quilmeño que integraba el agrupamiento “Compromiso K”, reabrió las heridas de la interna del peronismo bonaerense. Aníbal Fernández reconoció que Mallo, allá lejos y hace tiempo, trabajó políticamente para él, pero aseveró que desde hace cinco años presta servicios para Julián Domínguez, su ex rival en las primarias.
Desde el entorno de Julián Domínguez, sólo aclararon que "Mallo no trabajó nunca ni en el Ministerio de Agricultura ni en la Cámara de Diputados", según publicó el diario La Nación.
El abogado defensor afirmó que Mallo tenía una picana en su casa “solo por hobby”. Sin comentarios.
Triple fuga, triple hipótesis: una realidad
El abogado de los hermanos Lanatta, Humberto Próspero, manifestó preocupación por la integridad de sus clientes y advirtió: "Toda persona de bien querría que aparezcan con vida, pero no me sorprendería que aparecieran muertos".
Próspero explicó: "Para mí, los prófugos no tenían intenciones de fugarse. Nos quieren hacer creer a todos que se fugaron de un modo que nadie puede creer."
Por su parte, Daniel Mazzocchini, otro abogado de los prófugos, sostuvo en Radio América que “en algún momento se va a abrir una negociación para que vuelvan a estar a derecho”. Luego de asegurar que no entabló ninguna negociación con las autoridades, remató: “No creo que Cristian haya ido a cara descubierta a la casa de la suegra”.
Por último, la defensora de Víctor Schillaci, Elizabeth Gasaro, le aseguró a radio Vorterix que su cliente tenía permiso para asistir al nacimiento de su bebé: "El juez de garantías le había otorgado la autorización para el nacimiento de su hija y la inscripción de su apellido, estamos muy consternados, tanto la defensa como los familiares por esta situación".
Al respecto, agregó: "Sé que ellos tenían mucha información y siempre quisieron colaborar con la Justicia y, de hecho, quizás esto era una forma de hacerlos callar porque ellos querían continuar aclarando la situación de toda esta mafia que no solamente rodea al poder judicial sino también a un sector de la política".
La hipótesis de los abogados (o la estrategia) apunta a asegurar que los “fugados” fueron obligados a escaparse, porque eran hombres que sabían demasiado.
La otra hipótesis sugiere que tuvieron facilitadores que van desde las autoridades del SPB, hasta sectores del poder político, entre los que se encontrarían fracciones policiales y políticas relacionadas con Aníbal Fernández y el peronismo bonaerense.
Finalmente, la última hipótesis insinúa que la “fuga” con ayuda fue una devolución de favores por el gran servicio prestado a Cambiemos en la campaña electoral, por las declaraciones de Martin Lanatta contra el ex jefe de Gabinete y candidato a gobernador por el FpV.
El desenlace de los hechos (donde la posibilidad de que aparezcan vivos se aleja del horizonte), algo dirá del entramado.
Sin embargo, cualquiera sea la “resolución” (si es que se llega a alguna), ya está confirmado el grado de descomposición de las fuerzas de seguridad que crecieron al amparo del poder político y judicial, tanto bajo el kirchnerismo y especialmente en tierras de su candidato, Daniel Scioli, como ahora bajo Cambiemos. Hasta la “fuga”, María Eugenia Vidal había ratificado la continuidad del personal y los métodos de los uniformados, y en los casos donde hubo “cambios”, los reemplazos eran más (y peor) de lo mismo.
El cambio a lo Gatopardo
Como denunció La Izquierda Diario, Vidal había confirmado a César Albarracín para administrar el Servicio Penitenciario. Albarracín era parte del riñón íntimo de Ricardo Casal, el ministro de Justicia de Scioli.
El reemplazante del jefe de la Policía, Hugo Matzkin, fue Pablo Bressi y el ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, acordó nada menos que con Alejandro Granados, su antecesor, la continuidad del resto de la jefatura de la maldita Bonaerense.
Bressi, de 49 años y oriundo de Ramos Mejía, fue jefe de tres comisarías en el Conurbano (Ramos Mejía, La Matanza y Morón) y durante varios años prestó servicio en el Grupo Halcón y la División Antisecuestros.
En 1999 tuvo un papel clave en la recordada toma de rehenes en el Banco Nación de Villa Ramallo: fue el hombre que negoció la “entrega” de los delincuentes. La toma terminó en una masacre aquel 17 de septiembre. En Ramallo tres ladrones, con la complicidad de la Policía –tal cual se demostró luego en el juicio–, quisieron robarse 300 mil pesos de la sucursal. Cuando llegaron las fuerzas de la Bonaerense, el episodio terminó con centenares de uniformados abriendo fuego sobre un auto que intentó salir del lugar. El saldo fue el asesinato a sangre fría de dos de los ladrones y dos rehenes: el gerente y un contador. Nunca quedó claro con quién y sobre todo a quien Bressi iba a “entregar” a los delincuentes y rehenes.
En marzo del año pasado, Granados como ministro de Seguridad, lo designó superintendente de la división más importante de narcotráfico de la fuerza.
Para Marcelo Saín y para el periodista Ricardo Ragendorfer, Bressi es un tipo puesto por la embajada norteamericana y tiene el visto bueno de la DEA. “Como lo tuvo en su momento Rafael Sosa, el jefe antidroga de la Policía cordobesa, que hoy está preso por vinculación con el narcotráfico”, aseguró el autor del libro “La Bonaerense”.
El mismo Ritondo, tiene idéntica cuna que Aníbal Fernández. Y “sus relaciones con personajes oscuros de la política no terminan ahí. Quien lo inició en la política fue Carlos Grosso – intendente de la por entonces llamada Capital Federal entre los años 1989 y 1992 -, que lo nombró secretario de Juventud de su gobierno. Ahí conoce a (Miguel Ángel) Toma, quien lo adopta y lo lleva a la SIDE. Fue viceministro del Interior en el gobierno de Eduardo Duhalde (2001- 2003) y luego, ya enrolado en las filas del PRO, diputado nacional (2006-2007)”.
Discurso y realidad
En el discurso de asunción Macri fijó tres objetivos para su Gobierno: pobreza cero, derrotar al narcotráfico y el cualunquismo de “unir a los argentinos”.
El triunfo de María Eugenia Vidal se basó más en el rechazo que generó la denuncia del dúo Lanata/Lanatta contra las responsabilidades y el amparo político al delito organizado desde las fuerzas de seguridad, fue un mandato contra “las Morsas” (“La Morsa” era el apodo que usaban los traficantes de efedrina para referirse a quienes los respaldaban políticamente. Cristian Lanatta denunció que “La Morsa” era Aníbal Fernández).
Cuando se produjo la denuncia contra Fernández, afirmamos: “Nadie pudo probar fehacientemente que ‘La Morsa’ (…) sea el mismo Aníbal Fernández. Pero lo que es indiscutible es que para que tengan lugar estos hechos, tiene que haber muchas Morsas dando vueltas”.
Política y delito
La cita del epígrafe del clásico libro del escritor y poeta alemán, rescatada en su momento por el periodista Alejandro Guerrero para explicar el caso Nisman y el rol de los servicios de inteligencia, es aplicable a la inmundicia que sale a la luz en las fuerzas de seguridad bonaerenses.
El gobierno invisible de las mafias detrás el Estado es la expresión de un régimen social putrefacto que descompone a su representación política. Las “morsas” son inherentes a la suciedad incorregible de la política burguesa.
Los flamantes gobiernos de Macri/Vidal no pueden ser la solución, simplemente porque son parte del problema. A lo sumo pueden intentar que esa justificada hostilidad, desconfianza y hasta odio instintivo entre el pueblo y el poder retorne a un estado coyunturalmente velado, hasta que alguna otra fracción del sottogoverno la haga inflamar de nuevo.
Si no es que esta temprana chispa no provocó ya el fuego lento donde comenzaron a quemarse los pliegues del nuevo relato del “cambio”.
Fernando Rosso
@RossoFer
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