Organismos de derechos humanos de la región rechazan el fallo de la Corte que anula los juicios a los represores

Las organizaciones de derechos humanos de la región abajo firmantes expresan su repudio frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar la inconstitucionalidad de la Ley n° 18.831 que anuló la Ley de Caducidad en noviembre de 2011 al declarar los delitos cometidos durante la última dictadura militar como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Como organizaciones comprometidas con la búsqueda de memoria, verdad y justicia por estos delitos, cometidos contra los pueblos de toda la región entre las décadas de 1970 y 1990, entendemos que el fallo conocido el viernes pasado constituye un enorme retroceso en términos políticos y jurídicos.
Existe vasta jurisprudencia y doctrina que contradice todos los argumentos esgrimidos por la Corte en el fallo. En el marco del proceso de memoria, verdad y justicia, la lucha política también ha incluido la disputa en el terreno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se ha avanzado en acuerdos que la Suprema Corte desconoce al utilizar argumentos ya refutados en el plano jurídico. Adjuntamos un breve informe acerca de estos argumentos.
De acuerdo a datos del Observatorio Luz Ibarburu, los actores locales del proceso de justicia uruguayo han diagnosticado la inexistencia de voluntad estatal para la implementación de estrategias serias y unificadas de investigación y persecución penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a pesar de la sanción de la Ley Interpretativa y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gelman vs Uruguay”. El Estado uruguayo en su conjunto tiene la obligación de investigar estos hechos, por lo que el Poder Judicial no puede desconocer este deber, esgrimiendo presunta independencia o neutralidad respecto de los compromisos internacionales asumidos.
La decisión de la Suprema Corte constituye un retroceso en materia de justicia transicional en la región. La resolución, sumada al apartamiento de la jueza Mariana Mota de estas investigaciones la semana pasada, es un gravísimo precedente que compromete la continuidad del proceso de justicia. Es imprescindible que el Estado uruguayo tome las medidas necesarias para garantizar la investigación de estos delitos y de esta manera obtener finalmente justicia para las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Uruguay
Crysol - Asociación de ex Pres@s Polític@s de Uruguay
Fundación Mario Benedetti
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
PIT- CNT

Argentina
Abuelas de Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y Sociales
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
HIJOS - Capital
Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas

Perú
Asociación Pro-Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos