Cómo el software utilizado por la Gendarmería Nacional es un sistema comercializado por la corporación Microsoft y su instalación, revisión y actualización se hace directamente por personal de la Embajada de EEUU en Argentina.
El Proyecto X 4.1 fue adquirido a los Estados Unidos por la gestión del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, en el año 2005. La estructura y arquitectura privativa de este software impide que personal argentino pueda modificarlo o limitar el acceso. Sin embargo, ese aspecto no ha sido hasta ahora un impedimento para que la propia cúpula oficial de la Gendarmería Nacional celebre la adquisición y le dé el uso a lo que desde fines de 2011 viene siendo denunciado por organismos sociales y un gran arco del mapa político.
El propio Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo la primera noticia de la existencia de esta gran base de datos de militantes y dirigentes sociales varios meses después de su creación como organismo separado del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En marzo de 2011, el Comandante Mayor de la Gendarmería, Édgar Horacio Carrizo informó mediante una nota al entonces director nacional de Inteligencia Criminal, Gustavo Sibila de algunas interioridades del programa y le expuso que próximamente la Embajada de Estados Unidos haría una actualización del sistema.
Información parcial
Tras las primeras denuncias en noviembre y diciembre de 2011 acerca de la existencia de este programa, la ministra de Seguridad, Nilda Garré solicitó informe a la entonces secretaria de Seguridad Operativa, Cristina Camaño y a su segundo, el ex policía cordobés Miguel Robles -en aquel entonces subsecretario de Delitos Complejos- quienes hicieron un simulacro de allanamiento en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la madrugada del 15 al 16 de febrero de 2012.
Por disposición de Robles, fue la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) quien quedó a cargo de hacer una auditoría del programa, donde los informáticos designados a tal fin tuvieron un espacio de apenas tres horas para chequear los miles de registros incorporados a la base del Proyecto X. Por su parte, la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería (UESPROJUD) con sede en Campo de Mayo, se defendió de las acusaciones alegando que todos los registros incorporados al Proyecto X se hacían por disposición judicial, no siendo esta una base de datos autónoma de la propia fuerza, y que además era conocida por los jueces jurisdiccionales que conocían o judicializaban los cortes de ruta.
Sin embargo, nunca se explicó por qué una embajada extranjera tiene necesidad de acceder y conocer los registros de los miles de militantes sociales incorporados a este programa. Lo cierto es que la propia información que la DNIC proporcionó a la ministra Garré fue recortada y editada, exponiéndola ante los medios de comunicación con reportes sobre el asunto que posteriormente serían refutados con el tiempo.
Hugo Mazzesi
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