Las amenazas de las entidades ruralistas de no comercializar la cosecha parecen buscar la devaluación. Ante este nuevo pico de tensión, la recreación de una Junta Nacional de Granos puede ser la solución.
La renta agraria ha regresado al centro de la escena. Así como en el año 2008 lo hizo cuando la disputa por las retenciones móviles a la soja, ahora lo hace buscando forzar una devaluación con la amenaza de la Mesa de Enlace de retacear la comercialización de la cosecha. Las tensiones no desaparecerán y la recreación de la Junta Nacional de Granos aparece como una necesidad inmediata.
Coyuntura y estructura.
Como sabemos, en determinadas circunstancias las crisis coyunturales pasan del plano económico al político, es entonces cuando emergen con mayor nitidez y se hacen visibles los cambios en las bases materiales de las sociedades y las relaciones de fuerza que se fueron gestando al compás de esos cambios.
Es lo que sucedió con el conflicto agrario que sacudió a la sociedad argentina en el 2008, que mostró la fuerza de lo que Karl Marx llamaba "esa potencia oculta", que no es otra cosa que la renta agraria. En la superficie apareció bajo la forma de puja por una porción de renta extraordinaria y así fue, pero es un fenómeno mucho más complejo y profundo, que responde a tendencias mundiales de larga duración.
El tipo de cambio.
El contundente triunfo electoral del gobierno en las elecciones de octubre de 2011 y el posterior realineamiento de las cámaras empresariales cerró la crisis política abierta por el conflicto con las entidades rurales en 2008, pero no se eliminaron las tensiones del sector agropecuario con la administración de la presidenta Cristina Fernández. Las retenciones están presentes pero no son hoy el núcleo de los reclamos. Los argumentos de los ruralistas van desde la pérdida de competitividad por el retrazo de la cotización del dólar -sin tener en cuenta el alto nivel de los precios internacionales- y el incremento del costo de los insumos, hasta la supuesta expropiación del predio de la Rural de Palermo o el cierre de numerosas escuelas rurales, según los dichos del titular de la Sociedad Rural Argentina, que el gobierno ha desmentido.
La Mesa y sus amenazas.
Estas tensiones vuelven ahora pero en un contexto diferente. La restricción externa ha regresado y la situación fiscal se ha deteriorado. El modelo económico gestado por el kirchnerismo es dependiente del ingreso de divisas generado por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones.
La Mesa de Enlace conoce bien estas debilidades del "modelo" y opera sobre ellas, amenazando con demorar la venta de la cosecha de soja. Si como se supone alcanzará los 52 millones de toneladas, el aporte en divisas llegará a los 25.000 millones de dólares, mientras que ingresarán a las arcas del tesoro Nacional el equivalente en pesos de unos 9.000 millones de la misma divisa. Se comprende entonces la fuerza de presión de los productores en la coyuntura, ya que tienen la capacidad de agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado.
Los dirigentes rurales buscan una devaluación que mejore sus ingresos e incremente sus ya abultadas ganancias. El gobierno resiste esas presiones porque sabe que deteriorará los salarios e implicará, como siempre, una transferencia de ingresos de los sectores populares al capital más concentrado, en un año en que electoralmente se juega mucho.
La medida será discutida en asambleas de productores, pero más allá de la factibilidad y efectividad que pueda tener la medida -los silo-bolsa son una gran ventaja pero los compromisos previos de los productores son una limitación- si finalmente se alcanza alguna solución o acuerdo, será siempre transitorio.
Transformaciones.
Esto es así porque la presión demandante de las economías de China y el sudeste asiático, también la India, han provocado cambios en los términos del intercambio del mercado mundial, mientras que con la mundialización del capital, bajo hegemonía financiera, se ha agudizado la subsunción de la agricultura al capital a escala mundial. Dicho de otra manera, aceleró la penetración histórica del capital en la agricultura liquidando la producción campesina dando lugar a una "nueva agricultura", capital intensiva, sin agricultores y con elevadas productividades, que han convertido a la explotación agraria en una nueva quimera del oro.
Todas estas tendencias se expresan en nuestro país jerarquizando la renta agraria. Se han incorporando al proceso millones de hectáreas de tierras fértiles hasta no hace mucho improductivas, desplazando cultivos y producciones y expandiendo la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció así notablemente en los últimos diez años y la producción de granos pasó de 45 a 95 millones de toneladas. El "campo" argentino es hoy una muestra acaba de esta nueva forma de explotación industrializada. Junto con las modificaciones genéticas en las semillas, las innovaciones en las maquinarias y los paquetes tecnológicos, cambiaron también los criterios de siembra, riego, cosecha y almacenaje, se impusieron objetivos de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas junto con nuevas formas de organización y gerenciamiento del negocio agrícola. Así Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y, junto con Brasil, el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites y un proveedor importante de biocombustibles.
Nacionalizar el comercio de granos.
El sector de los granos es el más dinámico y competitivo de la economía nacional y el poder de la renta que de allí surge regresó para quedarse. Por eso, es y será, de mantenerse las condiciones actuales, una fuente de tensiones permanentes en el plano político. No hay forma de solucionar estas presiones si no se busca una solución de fondo. Y esta medida no es otra que una versión aggiornada de la nacionalización del comercio de granos y oleaginosas, de la recuperación de una Junta Nacional de Granos renovada y eficiente que defienda la producción nacional y controle los precios -poniendo término así a la especulación que hacen los productores con el tipo de cambio y los precios internacionales- y saque el negocio central de las manos de los monopolios exportadores. Una rémora del neoliberalismo que desde hace diez años el gobierno nacional no hace más que observar como controla el mercado de granos y se apropia de buena parte de la renta.
Este es el momento para una decisión así. Argentina tiene una larga experiencia en este tipo de intervención estatal, la impusieron por primera vez los conservadores cuando la crisis de los años 30, y funcionó muy bien durante décadas. Recuperarla será una acción de soberanía nacional. Generará sin dudas fuertes tensiones políticas, pero en el marco de la crisis mundial y del agotamiento de ciertas variables internas es tiempo de audacia e imaginación.
Eduardo Lucita - Integrante de EDI - Economistas de Izquierda
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