A 37 años del golpe militar, seguimos luchando.

Mientras exista una sociedad en la que algunos pocos poseen y otros muchos no, será necesario un estado que garantice esa desigualdad. La represión, que adquiere distintas formas según la coyuntura, es una de las herramientas para perpetuar la explotación. El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una etapa en la que era necesario agudizar la represión, debido al nivel de organización y lucha que el pueblo había alcanzado. Por aquel entonces, con el objetivo de insertar el modelo económico neoliberal en nuestro país y ante la amenaza que presentaba toda una generación convencida y comprometida con un cambio social que revirtiera el orden vigente, se recurrió al franco terrorismo de estado, con un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinatos que dejó como saldo 30.000 compañeros desaparecidos, una clase trabajadora desarticulada y una sociedad disciplinada.
Con el objetivo de derrotar la organización popular cumplido, siete años después volvió la democracia. La presión popular no era ya una amenaza para la hegemonía de los poderosos. Con las leyes de obediencia debida y punto fi­nal de los radicales, y el indulto de los peronistas, los genocidas podían descansar tranquilos. Ante este escenario, tomaron protagonismo otras formas represivas dirigidas a ejercer el control social sobre los más pobres, para asegurarse que "nunca más" se pusiera en disputa el sistema. Herramientas de esta represión preventiva, como el gatillo fácil, la tortura en cárceles y
comisarías y el constante hostigamiento a los pibes en los barrios, resultan eficaces para mantener al pueblo callado y evitan la indispensable organización popular. Pero como el pueblo trabajador siempre resiste, se organiza y pelea, cuando fue necesario se empezó a profundizar, también, la persecución a los trabajadores organizados con herramientas de represión selectiva, desde la represión directa a las movilizaciones y otras medidas de lucha, hasta la criminalización de la protesta, que incluye iniciativas como las leyes antiterroristas y el Proyecto X. Los trabajadores del Garrahan, los de la línea 60, los presos de Bariloche, Las Heras y Corral de Bustos, son sólo algunos ejemplos de la sistematicidad que ha tomado la criminalización de la protesta en este gobierno, que dice luchar por los DDHH.
Por otro lado, la tercerización de la represión a través de patotas, también ha sido un mecanismo rescatado por el kirchnerismo para reprimir con menor costo político. El asesinato de Mariano Ferreyra es un claro ejemplo de esta dinámica que se pone en evidencia bajo una de las formas más efectivas a la hora de denunciar las injusticias de este sistema: la movilización popular.
A 30 años de la vuelta de la democracia, la represión del estado argentino tiene más de 3.800 muertos en su haber, de los cuales, 210 están desaparecidos y 68 fueron asesinados por luchar. Los procesados por luchar ya son más de 5.000.
Durante el gobierno kirchnerista, los asesinados fueron 2.224; 19 en la represión a la protesta; 79 desaparecidos. Éstas son cifras objetivas que desmienten la farsa discursiva del autoproclamado gobierno "de los DDHH".
Por eso, a 37 años del golpe militar, sostenemos que la única forma de reivindicar a los compañeros caídos es continuando su lucha.
¡BASTA DE CRIMINALIZAR Y ASESINAR A LOS QUE LUCHAN!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS, Y DETENCIONES ARBITRARIAS!
¡30.210 DESAPARECIDOS PRESENTES!
FRENTE A LA REPRESIÓN, ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
en el
ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo