Distintas organizaciones sociales porteñas dieron a conocer un documento que denuncia el vaciamiento de las políticas de minoridad por parte del gobierno de Mauricio Macri, así como la violación sistemática de las leyes que rigen en la materia.
Luciana Pandulo, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) en el Consejo para los Niños, Niñas y Adolescentes trazó un panorama donde en materia de minoridad, la represión parece lentamente estar tomando el lugar de la necesaria prevención.
A continuación se reproduce parte del diálogo mantenido con ACTA:
¿Qué hace que los niños de hogares humildes permanezcan internados en instituciones psiquiátricas porque no hay donde derivarlos?
Esta gestión, primero desalienta a los cuadros que ya estaban cuando ellos asumieron, y segundo, demuestra que no tiene como reponerlos. Como consecuencia de esto, el área padece un vaciamiento total. Desde el viernes estamos movilizados por el pedido de renuncia a la directora de la Defensoría, Dra. Silvia Sosa. La pérdida de la autonomía del Consejo es grotezca.
¿Cuál es la situación de los trabajadores del Consejo?
El setenta por ciento está precarizado y no ha formado los contratos de este año. Los salarios son bajos, rondan los 1.400 pesos. No tenemos elementos de trabajo mínimos. Tenemos una sola computadora. Debemos turnarnos para usarla.
¿De qué manera se maneja el área?
Se priorizan los equipos de emergencia, mientras se descuida todo lo que tiene que ver con prevención. No hay que esperar que el chico vaya al psiquiátrico, hay que darle contención en su hogar. Por ejemplo se invierte mucho en la tercerización del alojamiento de los niños, lo que dificulta el control y hace que no se cuenten con vacantes con la celeridad requerida al tiempo que se desfinancian los planes de fortalecimiento familiar. Además estos hogares suelen rechazar a los pibes que demandan más atención, los más conflictivos.
Entonces, ¿cómo sigue esta historia?
Nosotros deberíamos velar porque se dejen de vulnerar los derechos de los niños a través de este vaciamiento de las políticas dirigidas a los menores, pero hemos perdido autonomía para controlar, exigir el cumplimiento de la ley. Esta situación hace que en algunos casos termine actuando la Justicia como pasó en el caso de los chicos internados en el Tobar García, atendidos como una emergencia psiaquiátrica cuando en realidad su problema, es la pobreza.
Una vergüenza.
Así es. Es una vergüenza provocada por quien llegó al gobierno para decir que "va a estar bueno Buenos Aires".
El documento
Lo que sigue es la declaración textual difundida anoche por la Junta Interna de ATE-CTA en esa repartición del Estado y la Delegación Gremial SUTECBA:
"La Ciudad de Buenos Aires, fue pionera en la implementación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este sistema, que se desarrolló no sin dificultades desde el año 1998, ha iniciado un franco retroceso desde el mes de Diciembre de 2007, fecha en que asume el actual jefe de gobierno.
A partir de allí, comenzó un proceso sistemático de destrucción de las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia y, particularmente, del organismo creado por la Ley 114 para la promoción y protección de los derechos de esa población: el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En primer lugar, se ha visto jaqueado el conjunto de las políticas públicas debido a las acciones y omisiones del GCBA, ligadas a la restricción más que a la ampliación de los derechos de los niños. El reflejo de las decisiones políticas es el presupuesto y, en ese sentido, es notable la subejecución presupuestaría que afecta directamente a la población más pobre. En 6 meses el rubro veredas y asfalto alcanzó el 49% mientras que, otros rubros, como Desarrollo Social muestran un alarmante nivel de ejecución de 8,5% y los de Salud y educación no llegan al 30%. El Programa Ciudadanía Porteña, que otorga subsidios a los sectores más pobres, alcanzó un 39% y además tiene cerrado el acceso.
En el área de Vivienda se ha producido una fuerte baja presupuestaria que redujo de 500 a 120 millones el presupuesto del IVC, de los cuales 80 millones recaen en salarios y se desmanteló el Programa de Emergencia Habitacional. Consecuentemente desde que asumió este gobierno la cantidad de personas en situación de calle se elevó de 1000 a 2000 y se dio inicio a una violenta política de desalojos de la mano de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP).
Del mismo modo se desmantelan los centros culturales y se desactivan programas destinados a la inclusión como ZAP, Puentes escolares y se privilegia la dotación de la Policía Metropolitana en detrimento de programas sociales como Puerto Pibes.
Ahora, si se analizan las políticas focalizadas destinadas a la población más vulnerable de la Ciudad, se observa que el modelo que pretende llevar a cabo la actual gestión GCBA se basa en un fuerte control social que privilegia la institucionalización de los niños pobres por sobre el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios.
En este sentido y con respecto a los niños en situación de calle, a pesar de los 4 conteos realizados, no se han generado respuestas integrales ni se han fortalecido los escasos y debilitados programas existentes.
Particularmente, aquella población afectada por la problemática del consumo del “PACO” se encuentra en situación de absoluto desamparo por la inacción del gobierno, que se traduce en la inexistencia de programas para la prevención, tratamiento e inclusión. El único documento que alude a un programa tiene como única y exclusiva respuesta la internación, sin que existan las instituciones para tal fin y, de esa forma, el plan que se denomina “integral” resulta ser más una burla a quienes padecen esta situación que una política de Estado.
El derogado paradigma del patronato que se caracteriza por la separación de los niños en situación de vulnerabilidad social de sus familias para su internación en institutos o en hogares ha sido retomado por el actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido y en franca contradicción con el mandato legal, el 50% del presupuesto de la Dirección General de Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se destina al Programa de Atención de Niñez y Adolescencia en Situación de Vulneración Social que consiste mayoritariamente en políticas de internación de niños en hogares. Solo el 5% del presupuesto de esa Dirección se asigna al Programa de Fortalecimiento de los Vínculos Familiares y Comunitarios que resulta ser casi el único programa creado al efecto de evitar las institucionalizaciones. En este aspecto, corresponde agregar que tampoco se ha reglamentada la Ley 2213 de Acogimiento Familiar, que se ha sancionado en el año 2006 y que permitiría evitar la institucionalización de niños que por alguna razón deban ser separados de sus familias.
Esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que las organizaciones contratadas por la Dirección General de Niñez para el albergue de las personas menores de edad, incumplen con las obligaciones previstas en la Ley 114. La mayoría de ellos se encuentran fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y esa circunstancia obstaculiza en forma notoria la posibilidad de vincular a los niños con sus familias de origen. Por otra parte, entre el año 2008 y 2009 tuvieron que cerrarse tres de esos hogares por denuncias de falta de personal especializado, malos tratos y negligencia y muchos otros fueron denunciados por circunstancias similares.
La intención del Gobierno de Mauricio Macri de desentenderse de la responsabilidad que la ley le impone en la provisión y la calidad de los hogares, se observa con marcada claridad en el hecho de que de los 50 hogares (de diferentes modalidades) con los que cuenta la Dirección General de Niñez solo uno es propio, el resto son contratos con organizaciones no gubernamentales que, salvo algunas excepciones, mantienen practicas institucionales que no respetan la normativa vigente y que tampoco están preparadas para abordar la complejidad de las problemáticas.
En materia de tercerización de servicios públicos el control del Estado adquiere una particular relevancia. Sin embargo, la Dirección General de Niñez ha designado como Coordinadora General del programa que tiene a cargo el monitoreo de las ONGs, a la esposa del propietario de varias de esas instituciones conveniadas, circunstancia que pone seriamente en duda el sistema de control que debe implementarse con el fin de garantizar la prestación y calidad del servicio.
Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con dispositivos adecuados para la atención de niños y adolescentes que, con alta médica, siguen sometidos al encierro que significa la internación en una institución psiquiátrica. Tampoco existen respuestas que no impliquen el encierro para aquellas personas que aun con prescripción médica requieran de un tratamiento psiquiátrico. Los hogares con los que convenía la Dirección General de Niñez, rechazan a los niños que cuentan con alta médica de los hospitales psiquiátricos con el argumento de que “no cumplen con el perfil institucional” a pesar de que sus patologías se encuentran descriptas en la población objetivo que dicen atender. Está claro que el “derecho de admisión” que ejercen esas instituciones, solo es posible con un Estado que ha decidido abandonar sus funciones de garantizador de derechos. De esta manera, la población mas vulnerable queda al arbitrio de las instituciones privadas.
La permanencia en instituciones psiquiátricas con alta médica, que equivale a la privación ilegitima de la libertad por normativa nacional e internacional, en esta gestión se ha visto incrementada y han podido constatarse casos de niños que llegan hasta los 10 meses de encierro en hospitales psiquiátricos.
De esta forma, además de la Ley 114 se incumple también con la Ley de Salud Mental que prevé la existencia de casas de medio camino, centro de día, acompañantes terapéuticos, responsabilidad que la ley le asigna al Ministerio de Desarrollo Social para aquellos que carecen de familia o red social.
Como parte de la misma lógica del deterioro del sistema de protección integral, también se afectan los derechos de los trabajadores y se desconoce la ideoneidad técnica y la vasta experiencia laboral que la mayoría de ellos presenta.
El desprecio absoluto por los trabajadores de la infancia se evidencia en el descredito permanente de los aportes técnicos, en los bajos salarios, en las condiciones cada vez más precarias de contratación y en las condiciones indignas en las que son obligados a llevar a cabo sus tareas. En un 70 %, aún los trabajadores que tienen entre 5 y 10 años de antigüedad, son precarizados por medio de contratos fraudulentos de locación de servicios y de empleo público que prevén un salario que ronda los $ 1500.
Además, en contra del sistema de protección de la infancia se ocupan los cargos ejecutivos de los organismos con incumbencia específica en las políticas destinadas a esta población, con funcionarios sin experiencia, incompetentes y autoritarios, que privilegian su carrera personal por encima de los deberes de funcionario público y se desplazan técnicos de reconocida trayectoria en la materia.
A lo dicho hasta aquí, se suma el hecho de que la Dirección Ejecutiva del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes ha renunciado a cumplir con su mandato legal de velar por el cumplimiento de las políticas destinadas a la niñez y adolescencia y ha demostrado una absoluta sumisión al Ministerio de Desarrollo Social. De esa forma, se vulnera la autonomía prevista en la ley 114 con el claro fin de evitar el control de las políticas públicas.
Con la misma finalidad, las autoridades del Consejo de los Derechos restan importancia al Plenario del organismo, instancia creada por la Ley 114 para la articulación y la participación intersectorial, y a la que deben concurrir —por mandato legal—los subsecretarios de todas las ares, representantes de ongs, de la legislatura y de las defensorías zonales. A pesar de las exigencias de varios de los consejeros, las gestiones realizadas por las autoridades del Consejo no han servido para garantizar la concurrencia de los funcionarios, quienes en forma injustificada evaden sus obligaciones legales de formar parte del Plenario.
Violar la autonomía y la autarquía del Consejo de los Derechos, como organismo de control, implica habilitar la discrecionalidad y la ilegalidad y coloca al Estado como vulnerador de derechos y no como su garante, con la consecuente responsabilidad internacional que esto conlleva.
Por todo ello venimos a denunciar que el Sistema de Protección Integral está en peligro y a exigir el respeto por la institucionalidad creada por la ley 114 y el cumplimiento de dar prioridad en la asignación de los recursos a las políticas públicas de infancia, tal como prevé la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Asimismo y ante el hecho puntual de un nuevo intento de desplazamiento de personal técnico, en este caso la Directora de la Red de Defensorías, la asamblea de trabajadores del Consejo de derechos resuelve:
√ Iniciar un cese general de actividades y declararse en estado de alerta y movilización con modalidad de guardia.
√ Exigir el mantenimiento en el cargo de esa Directora.
√ Exigir el pase a planta permanente y la equiparación salarial dispuesta por la Resolucion Nº 745/CDNNyA/07".
Carlos Saglul (ACTA)
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