Un caso criminal que involucra al Ministerio de Salud nacional y al de la provincia de Buenos Aires; a las obras sociales y, con ellas, al aparato digestivo de la burocracia sindical; y al comité de campaña de la Presidenta y del Vicepresidente de la República, deja de ser un caso criminal para transformarse en una crisis política de profundidad por ahora impredecible.
Este asunto, como ningún otro, ha dejado al descubierto un entretejido mafioso en el sentido más estricto del término: la asociación criminal del Estado con burócratas sindicales oficialistas y corporaciones delictivas, que incluyen narcotráfico y lavado de dinero, además de la adulteración de medicamentos. Por bastante menos podría caer un gobierno, si su destino no estuviera atado a la incertidumbre que generaría ese desenlace.
La ex ministra Graciela Ocaña, despedida de la cartera de Salud precisamente por sus conflictos con la burocracia en torno del manejo de los subsidios a las obras sociales, dice en su blog que personajes como Néstor Lorenzo, Néstor Vázquez y Sebastián Forza, entre otros, eran “los yabranes” de la mafia de los medicamentos. No es una comparación menor: el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas puso fin a la posibilidad de que Eduardo Duhalde llegara a la Presidencia por la vía electoral. “Esta gente está muy protegida”, añadió una fuente judicial (La Nación, 8/9). En principio, todos los involucrados son aportantes de la campaña electoral de Cristina K y Julio Cobos, y aparecen asociados en sus actividades con quien fuera “recaudador” de esa campaña y ex superintendente de Seguros de Salud, Héctor Capaccioli, hombre de Alberto Fernández. Pero hay más, mucho más.
Todos mienten
La droguería San Javier, propiedad de Lorenzo, recibía el 45 por ciento de los fondos acumulados en un fideicomiso entre la Asociación Bancaria y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ese fideicomiso fue proclamado con bombos y platillos el 13 de agosto de 2008 –el mismo día en que aparecieron en un descampado de General Rodríguez los cadáveres masacrados de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina–, en un acto público al que asistió Néstor Kirchner.
Por tanto, Zanola miente cuando dice que cortó todo vínculo con Lorenzo en 2007. Aunque en septiembre de 2008, por el tembladeral que generó el triple crimen, Lorenzo fue formalmente desplazado de los beneficios del fideicomiso, el negocio se mantuvo con testaferros y empresas vinculadas con él (“cambian los beneficiarios pero siguen siendo los mismos, con esas sociedades de fantasía”, dice el blog de Ocaña). Además, se registran pagos a San Javier, que mantiene una oficina en el Policlínico Bancario, hasta bien entrado este año.
También miente el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando sostiene que Lorenzo nunca hizo aportes a la campaña del Frente para la Victoria “ni directamente ni indirectamente” (La Nación, 8/9). En los allanamientos efectuados al domicilio de ese empresario se encontraron recibos de aportes a la campaña Cristina-Cobos por casi un millón de pesos.
Al mismo tiempo, el caso “estalló en el gabinete de (Daniel) Scioli” (Crítica, 8/9). Entre los funcionarios de la gobernación de Buenos Aires despedidos por el affaire de los medicamentos está Alberto Acosta, a quien el ministro provincial de Salud, Carlos Zin, había puesto a cargo de la compra de remedios en todo el territorio bonaerense: “...en las charlas (de Acosta con Lorenzo) se hablaba sin disimulo de dinero relacionado con la venta de remedios oncológicos” (ídem).
Bajo el gobierno Kirchner, Lorenzo manejó la Superintendencia de Seguros de Salud cuando ese organismo estaba a cargo de Capaccioli, cuyo segundo era Néstor Vázquez, socio de Lorenzo y actual director de Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la UBA. Los manejos de esa gente con los dineros de las obras sociales vienen de los tiempos del menemismo (“soy un soldado de Menem”, declaró muchas veces Zanola antes de convertirse en soldado de los Kirchner), manejos que fueron mejorados y aumentados durante la administración K.
Ahora, la intervención a la obra social de los bancarios es tan fraudulenta como los medicamentos adulterados. Han puesto ahí a Pedro Ferrara, ex funcionario de la obra social intervenida y médico personal de Zanola. Esto es: esa obra social sigue en manos del por ahora mandamás de La Bancaria. No es de extrañar: el gobierno, el Estado, es parte principal de la asociación ilícita que ha salido a la luz.
A tal extremo llega la participación estatal en estos crímenes, y el encubrimiento de sus socios, que sólo ahora la Superintendencia de Seguros de Salud ha pedido las historias clínicas de 20 mil enfermos para investigar el tipo de tratamiento que recibieron en las obras sociales, aunque las primeras denuncias sobre la adulteración de medicamentos se presentaron en 2004.
Pero, además, el comercio ilegal de medicamentos sólo daría cobertura “a una gran red de lavado de dinero de diverso origen” (La Nación, 13/9). Lorenzo, por ejemplo, es dueño de la cooperativa de créditos Vernet, allanada en estos días, en la calle 25 de Mayo 293. En ese domicilio, Lorenzo tiene registradas otras empresas: ahí, por ejemplo, funcionaba la “cueva” financiera que operaba como consulado de Guinea-Bissau y ahí se cambiaban cheques de Sebastián Forza. En ese punto se cruzan la mafia de los medicamentos, el triple crimen de General Rodríguez, el lavado de dinero y el narcotráfico. Por ahora, el fiscal Juan Bidonde, a cargo de la empantanada investigación por el asesinato de Forza, Ferrón y Bina, se ha visto obligado a citar a Lorenzo para preguntarle por la cuestión.
Como se ve, si la investigación va “hasta el hueso”, como propone Aníbal Fernández, terminan presos hasta los investigadores.
Que se vayan todos
Según fuentes judiciales citadas por Página/12 (13/9), el juez Norberto Oyarbide se propone detener a Zanola en los próximos días, lo cual produciría un tembladeral en toda la burocracia sindical. De todos modos, corresponde desconfiar de Oyarbide: con sus declaraciones periodísticas cotidianas parece buscar ex profeso que lo recusen. La decisión última sobre esta cuestión no será judicial sino política y dependerá del desenvolvimiento de la crisis y del punto hasta el cual estén dispuestos a llegar los enemigos del oficialismo para derribar al gobierno.
Las mismas fuentes indicaron que el principal de los negocios criminales con los medicamentos no radica tanto en la adulteración –complicada y operacionalmente difícil– como en las estafas al Estado por parte de la burocracia, con la complicidad activa del gobierno. Por ejemplo, mediante la producción masiva de recetas falsas para enfermos inexistentes. Luego, el medicamento recetado se “compra” a droguerías fraudulentas, como la de Lorenzo, que no entrega remedios sino sólo troqueles, el cuadradito de cartón con el código de barras. Después, la obra social le cobra esas drogas inexistentes a la Administración de Programas Especiales (APE) del ministerio de Salud. “El paso final es el reparto de la plata entre la droguería trucha y los directivos de la obra social, que se quedan con la mayor parte” (Página/12, 13/9).
Nada de eso podría funcionar sin un Estado mafioso, corrompido hasta la médula.
Por ejemplo, Seacamp, la droguería de Forza, fue proveedora del Hospital Francés cuando su interventor era el patotero kirchnerista José Luis Salvatierra, aquel que mandó una banda de facinerosos a apalear a los trabajadores del hospital. Más tarde, Forza fue presidente del comité de acreedores del Francés, al que había vendido medicamentos con sobreprecios escandalosos por más de 5 millones de pesos.
Además, en los procedimientos recientes, Oyarbide debió apartar a la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal, sospechada de cobrar coimas por toda esa operatoria. Por el momento, sólo está imputado por eso un “che pibe”: el sargento Juan Carlos “Chipi” Mondragón, un recaudador.
En definitiva, se está en presencia de la podredumbre terminal de todo un régimen político, el de los Kirchner y el de los Cobos y el de los burócratas descompuestos.
Que se vayan todos. Por un gobierno de los trabajadores.
Alejandro Guerrero
Foto: Argentina, Sindicatos - Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria (AB). / Autor: Nacho Gaffuri - MDZOL
No hay comentarios:
Publicar un comentario