La Ley de Medios desde sus protagonistas

La semana pasada entró a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para una nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Durantes 4 días, cientos de actores sociales y comunicacionales desfilaron por la Comisión de Comunicación aportando miradas desde los propios actores, a la vez que sugiriendo o reclamaban cambios en el proyecto. Descontando a los organismos empresariales y patronales, el reclamo más fuerte fue la inclusión de la figura de medios comunitarios y la exclusión de las de empresas de telefonía de la posibilidad de prestar servicios de televisión por cable, posibilidad que fue vetada el lunes por el ejecutivo. A continuación publicamos algunas de las ponencias que llevaron diferentes actores sociales.

La Red propone
Buenos Aires - Argentina- 9 de setiembre de 2009

Ponencia de la Red Nacional de Medios Alterantivos leída en las audiencias públicas por el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizada en el Congreso de la Nación:

La Red Nacional de Medios Alternativos es un espacio integrado por radios, programas de radio, periódicos, revistas, canales de TV, paginas webs, boletines electrónicos, que desarrollan comunicación comunitaria, alternativa y popular en las provincias de : Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Rio Negro, Salta y Jujuy.
La RNMA realizó desde su constitución en octubre de 2004, seis encuentros nacionales en diferentes provincias del país.
Quienes formamos parte de la RNMA hemos luchado durante todos estos años, no sólo para construir espacios de comunicación popular, alternativa y comunitaria, sino para resistir el embate del neoliberalismo que pretendió hacernos desaparecer y que aun hoy nos amenaza.
Los medios comunitarios no estamos contemplados en el decreto ley actual ni con claridad en este proyecto. La ilegalidad en que históricamente nos ha colocado el Estado, fue siempre contrarrestada con la legitimidad de nuestra tarea mediante la que día a día construimos una comunicación solidaria, participativa y plural.
Antes de mencionar nuestros aportes queremos remarcar y solicitar a nuestros representantes la necesidad de correr el debate de la disputa Gobierno/Clarín. Caer en ello es no comprender que esta norma trasciende la coyuntura actual y sus actores, ya que es para todos los argentinos.
La democratización de la comunicación argentina no será posible si se limita el poder de Clarín para imponer a las telefónicas.
El intento de democratizar el debate tuvo sus límites. Los foros fueron lugares de monólogos, lo mismo que estas audiencias. Pero también así serian las reclamadas por otros sectores políticos para que recorran el país. Esto no nos asombra ya que sabemos que son los límites de esta democracia cuya institucionalidad se basa en la “representatividad” y no el ejercicio del poder popular.
Teniendo en claro que estas son las reglas del juego, decidimos desde un primer momento participar con las mismas en el proceso de aportes al anteproyecto y al actual proyecto.
Nosotros, sin ser abogados, ni especialistas en derecho vinculado a la comunicación y en tiempos limitados por nuestros trabajos que están fuera de este ámbito, pudimos en dos semanas leer el extenso proyecto y dar a conocer sus limitaciones y falencias. Nos preguntamos por qué entonces, quienes tienen de la lectura de leyes una práctica cotidiana no podrían hacerlo en un tiempo razonable. Eso es lo que se les reclama.
La Red Nacional de Medios Alternativos, habiendo participado de los foros de debate y viendo que sus propuestas no fueron incorporadas al proyecto o lo han sido de manera incompleta, elaboró MODIFICACIONES que considera deben ser incorporadas para respaldar la actividad comunicacional comunitaria, elemento central de una sociedad democrática.

LAS PROPUESTAS SON :

La modificación del ARTÍCULO 4º que, entre otros términos, define a las EMISORAS COMUNITARIAS. A esa definición hay que agregarle lo sig:
“En ningún caso se entenderá que el Servicio de Radiodifusión Comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión.”
La modificación del ARTICULO 21, que se refiere a quienes son PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Dice el proyecto: Los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de proveedores, a saber: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro.
Nosotros agregamos que, dentro de este último – o sea de las sin fines de lucro- se diferencian dos tipos de prestadores:
a. emisoras comunitarias y
b. otros prestadores sin fines de lucro.
La modificación del ARTÍCULO 29 de APROBACION DE PLIEGOS.
Dice el proyecto: Los pliegos serán elaborados teniendo en cuenta características diferenciadas según se trate de pliegos para la adjudicación de licencias a personas jurídicas según estas con o sin fines de lucro.
Nosotros proponemos que diga: según se trate de pliegos para la adjudicación de licencias a personas físicas o jurídicas y según sean éstas con fines de lucro, emisoras comunitarias, u otros prestadores sin fines de lucro.
La modificación del ARTÍCULO 38 de MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS que en el orden nacional permite tener hasta 10 licencias, nosotros proponemos que ese límite se reduzca a 4.
Agregar un artículo a continuación del ARTICULO 42 referido al Régimen especial para emisoras de baja potencia bajo el titulo REGIMEN ESPECIAL PARA EMISORAS COMUNITARIAS que diga: “Otórguese automáticamente licencias a las emisoras comunitarias que al momento de sanción de la presente ley estén transmitiendo”.
Agregar un artículo a continuación del ARTÍCULO 67 referido a los Avisos oficiales y de interés público bajo el titulo PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL, que diga:
“La distribución de la pauta publicitaria que los Estados nacional, provincial y municipal realicen, debe responder a un criterio de equidad, reconociendo la existencia de todos los prestadores que enuncia esta ley. Debe además contribuir a garantizar los objetivos enunciados en el artículo 3º en cuanto a la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión”
RESPECTO A LA TAN DIFUNDIDA DIVISION DEL ESPECTRO EN “TRES TERCIOS”, PRIMERO ACLARAMOS QUE NO EXISTEN LOS TRES 33% EN LA LEY, NO EXISTEN. POR ESO PROPONEMOS…
La modificación del inciso f) del ARTÍCULO 80 que habla de la reserva del 33 % para personas de existencia ideal sin fines de lucro, por el siguiente texto:
f) El treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro. Dentro de este porcentaje se reservará el cincuenta por ciento (50%) para las emisoras comunitarias y el cincuenta por ciento (50%) restante para otros prestadores sin fines de lucro.
Sin embargo, en aquellas localizaciones donde las frecuencias reservadas por esta ley para el Estado Nacional, cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada Estado Municipal, universidades y pueblos originarios no ocupen un 33% del espectro radioeléctrico, el espectro que, por lo tanto, quede libre deberá ser adjudicado en partes iguales entre los prestatarios privados con fines de lucro y los privados sin fines de lucro.
(El fundamento para diferenciarnos de otros prestadores sin fines de lucro es que las EMISORAS COMUNITARIAS son creadas con el objetivo de ser radiodifusoras cosa que puede o no ocurrir con otras entidades sin fines de lucro)
La modificación del ARTÍCULO 85 que establece GRAVAMENES de la sig.manera:
Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, exceptuando a las emisoras comunitarias, tributarán un gravamen proporcional al monto de la facturación..etc etc etc
La modificación del ARTÍCULO 88 sobre DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS
El proyecto prevé la asignación del 40% de los fondos recaudados por los incisos a) y f) del art 67, al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
La RNMA propone que del 60% restante y el 100% de lo recaudado por el resto de los incisos del artículo 67 sea también distribuido.
En este sentido reformulamos el inciso e) del artículo 88 de la sig.manera:
e) El diez por ciento 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a emisoras comunitarias y de los pueblos originarios con especial atención a la colaboración en lo proyectos de digitalización.
Eliminamos el término “medios de fomento” por no estar definido ni mencionado en ningún otro lado de la ley.
La modificación del ARTÍCULO 107 que habla de la ILEGALIDAD agregando la EXCEPCION para las emisoras comunitarias que al momento de la sanción de la ley estén transmitiendo
La modificación del ARTÍCULO 155 que detalla las normas que se derogan. Allí pedimos se incorpore la DEROGACION DEL DECRETO 527/05 que opera como un cerrojo a la plena democratización del espectro y sostiene el oligopolio mediático actual
La modificación del ARTÍCULO 23 de REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIAS en dos sentidos
1-Del apartado I , inciso h) Eliminado la excepción - de No ser magistrados, funcionario publico, legislador, etc, etc, - excepción que esta establecida para los “meros integrantes de una persona de existencia ideal sin fines de lucro”. No se justifica esta excepción.
2-Poniendo para las personas de existencia visible del apartado I , la misma restricción que está para las personas de existencia ideal del apartado II , en cuanto a no tener vinculación con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras.
Respecto a los artículos referidos a las AUTORIDADES DE APLICACIÓN (TITULO II - Capítulos I, II, III y IV) y a RADIO y TELEVISON ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (TITULO VII- Capítulos II y II referidos a su Consejo Consultivo y su Directorio) decimos que el Poder Ejecutivo no debe designar a sus integrantes, excepto a aquellos que estén en su representación. La designación debe ser de cada uno de los sectores que representen.
ARTICULO 14. – Para la integración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual proponemos:
que el Directorio integrado por siete (7) miembros – en lugar de 5- de los cuales tres (3) son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos (2) designados por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de Comunicación Audiovisual y dos (2) designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
ARTICULO 16 – Para la Integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual proponemos que de los Tres (3) representantes por las entidades que agrupen a las entidades sin fines de lucro, dos sean en representación de las emisoras comunitarias y uno en representación de otros prestadores sin fines de lucro.
ARTICULO 20. - Respecto a la designación del Titular de la Defensoría del Público el artículo debe decir que será designado a través del procedimiento parlamentario con el mismo mecanismo que la designación del Defensor del Pueblo de la Nación.
ARTICULO 122 que reserva al Poder Ejecutivo la designación de los 5 (cinco) integrantes del directorio de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO
Proponemos la sig. Modificación:
Los integrantes del directorio serán designados: TRES (3) por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) por la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y DOS (2) por el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICAION AUDIOVISUAL.
Y además que: El Presidente del Directorio será designado con el voto de la mitad más uno de los 5 integrantes que lo componen.
Mas de 160 firmas de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y culturales; medios, periodistas y comunicadores/as; trabajadores/as y luchadores/as de nuestro pueblo han avalado nuestros reclamos. Somos portadores de legitimidad aunque la legalidad aun no nos ampare.
Si se aprueba la ley sin las mencionadas modificaciones los medios comunitarios, alternativos y populares, estarán condenados a seguir siendo víctimas de los vaivenes de la autoridad de turno. ¿Ese es el destino que el Estado piensa para los que hacen una comunicación distinta?
Finalmente reiteramos lo que decíamos en el primer documento que la RNMA hizo público en abril de este año:
“Creemos que la movilización popular será garantía no solo de que pueda parir una nueva ley sino de que la misma se ponga en práctica y no quede, como en muchos casos, en letra muerta”.

La mayor de las pulseadas

Verona Demaestri, comunicadora social.
“Revistas por la Inclusión Social en la Argentina”, (RISA)

Tuvimos que pellizcarnos ese 18 de marzo en el Teatro Argentino de nuestra ciudad de diagonales sin atajos. En la sala Astor Piazzola, desbordante, lo que sonaba era música para nuestros lastimados oídos: se presentaba, más que un proyecto de ley, una respuesta a las cientos de organizaciones que trabajosamente, humildemente, sabiamente, generosamente habían logrado la mayor articulación y aglutinamiento en torno a un tema, hilvanado en torno a 21 puntos, que lograron incidir para que por primera vez en la historia se ganara la agenda pública y sucediera lo impensable: que los medios hablaran de los medios, que no les quedara otra que mostrarse como actores interesados y se subieran al escenario.
En ese teatro incendiado, desaparecido, y vuelto negocio y mole tras la última dictadura. En ese teatro nos pellizcamos con colegas, compañeros, amigos, padres y madres de la profesión, orfebres del periodismo, militantes y artesanos del oficio que hacen magia con un grabador y una PC, una lapicera y un papel; que pelean bien chiquito dentro de un “gran medio” o bien aislados desde la periferia comunicacional.
En ese teatro se estaba presentando más que un proyecto de ley, se evidenciaba una correlación de fuerzas. Nos habíamos hecho escuchar. Habíamos logrado que Goliat al menos nos cediera el beneficio de la pelea.
No estábamos locos. Con esa certeza salimos emocionados al leer y leernos en los 21 puntos incluidos minuciosamente, con artículos prolijos que nos citaban. No es menor: nos citaban. No era el proyecto de ley de un gobierno, era el de un pueblo organizado progresivamente a lo largo del último cuarto de siglo, y 21 puntos.
Ya no éramos tan marginales, ya no estábamos tan locos pretendiendo que en las empresas dueñas de los medios -y tantas otras cosas- hablasen de esos puntos.
“Una locura, es una locura”, también nos habían dicho muchos colegas platenses desde su buena leche a fines de 2001 cuando desde el Hogar de Carlos Cajade (que llevaba ya más de dos décadas de trabajo social en la ciudad) se nos ocurrió la desorbitada idea de fundar una revista.
Eso nos dijeron en épocas de balas en Plaza de Mayo, y Caballería sobre la Madres, de confusionismo de presidentes, de la posterior devaluación de la moneda y la suba exponencial de la tinta y el papel… épocas en que se nos ocurría sacar una revista.
Pero el Hogar tenía su imprenta manejada por pibes que antes vivieron en la calle. Y los periodistas que soñaban sueños realizables tenían ganas, y banca de un cura al que no le importó que fuéramos ateos, judíos o evangelistas.
Y la llamamos La Pulseada, por la distribución de la riqueza pero también de la palabra. Porque “cuando le damos de comer a los pibes, tiramos salvavidas. Con la revista tenemos que cambiar las cabezas y ser muchos para parar la inundación”, decía Carlos Cajade.

Un salto a la red

Pasaron siete años del nacimiento de La Pulseada y sus integrantes fuimos creando centros culturales, radios y cooperativas. Pasaron cinco años de la presentación de los 21 puntos que ayudamos a gestar y a la que asistimos; y casi cuatro de la muerte de Carlos Cajade. Pasaron ya tres años de un descubrimiento superador, no estábamos solos en esto de ser una revista de doble rol: periodístico y social.
Junto con La Pulseada -que es vendida por trabajadores desocupados que obtienen a través de la revista una fuente de ingresos; pero también se vende en kioscos, donde parte de lo recaudado es destinado a hogares y comedores- crecían en otros puntos del país otras iniciativas periodístico- sociales.
Como botón de muestra otras tres revistas padecían la misma concentración del mapa mediático en sus localidades, el mismo silencio de radio frente a los temas abordados desde la perspectiva de los que menos tienen, la misma impotencia.
Así se sentían La Búsqueda, una revista nacida en 2004 en la ciudad de Santa Fe, que venden adolescentes, jóvenes y adultos para quienes no sólo es una herramienta de trabajo y una fuente de ingreso, sino y principalmente una forma de ser escuchados.
También la revista de la Asociación Civil Barriletes que nació en Paraná en 2001 y es vendida por jóvenes y adultos en situación de extrema pobreza como una alternativa a la mendicidad.
O Panza Verde que tiene casi 23 años de existencia en Concordia, como publicación de humor político, y que a partir de la vinculación con Barriletes se empezó a plantear como “revista de calle”.
Todas decidimos agruparnos como “Revistas por la Inclusión Social en Argentina”, RISA, por ser emprendimientos editoriales sin fines de lucro, con trabajo autogestionado y autosustentable en defensa de sectores en situación de vulnerabilidad y por la promoción de los derechos de los niños y jóvenes. Por apostar a la distribución de la palabra, a que se escuchen las voces que los medios comerciales silencian. Y tener formas de circulación no convencionales, más allá de la lógica del gran mercado editorial.
Por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para la Democracia
En RISA nos agrupamos revistas hechas por comunicadores y militantes sociales que apostamos por la diversidad de la palabra, en consecuencia por otro mapa de medios, por su desmonopolización.
Y en esta pelea estamos todos, menos cuatro. Los cuatro grupos económicos que concentran el 80 por ciento de la propiedad de los medios en Argentina.
Si bien esta ley no legisla sobre los medios gráficos, ellos no están fuera de la suerte que corren los audiovisuales. La famosa “convergencia” no tiene que ver sólo con los grandes capitales que juegan a gran escala.
Si entendemos que medios chicos, cuyo contenido es generado por las organizaciones del pueblo, no tienen por qué ser sinónimo de precariedad sino todo lo contrario; debemos entender que no es indistinta la realidad mediática no gráfica. Debemos entender en qué mapa nos movemos y tener una cartografía adecuada.
“Desde el año 2000 a 2004 se ha consolidado la tendencia de cada vez menos actores en condiciones más dominantes”, define una próxima publicación de dos prestigiosos investigadores en política económica de la comunicación. Martín Becerra y Guillermo Mastrini, a ellos nos referimos, hablan de un concepto abarcativo para hablar de comunicación, mensajes, medios… Hablan de industrias infocomunicacionales pues la convergencia nos llega a todos porque es un espacio tecnológico, económico y reglamentario. En ese sentido, la concentración de la industria que va configurando ese escenario “tiende a la unificación de la línea editorial”.
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recupera los 21 puntos no habla - y está bien que así sea- de contenidos. Pero la diversidad de contenidos está garantizada con las cláusulas antimonopolio que plantea.
Desde los medios gráficos que se nutren y nutren a los audiovisuales, o deberían; desde las organizaciones sociales que los han parido y quieren salir de la marginalidad comunicacional y seguir creciendo; desde los comunicadores que inventamos los medios para poder distribuir la palabra, creemos que sólo dentro de muchos años seremos concientes del momento histórico que está viviendo el país de promulgarse una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para la democracia.
Tomará su dimensión real, como todo, mucho después de haber sucedido. Pero antes, debe suceder. Y para ello el Congreso, los diputados y senadores, deberán estar a la altura de la Historia y votar por esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recoge por primera vez, la propuesta del más amplio colectivo nucleado en torno a un tema estratégico como es la comunicación.
Y deben estar a la altura representando a la ciudadanía y no a los monopolios. Porque una ley antimonopólica no es una ley de nadie, sino de todos. Porque los gobiernos pasan pero las leyes quedan y lo que está en juego es más grande que un “a favor o en contra”. Están en juego las condiciones de posibilidad para construir el sentido de los acontecimientos en las próximas décadas, de lo que se discutirá o no, de cómo se discutirá y con qué niveles de información.
El 33 por ciento del espectro radioeléctrico reservado para las organizaciones sin fines de lucro es garantía de esta diversidad y federalidad en la información necesaria para que nunca más nos privaticen la manera de ver el mundo. El momento es ahora, fue hace 25 años, siempre.
Por eso desde RISA y la Coalición por una Radiodifusión Democrática celebramos el debate en la Cámara de Diputados y pedimos un rápido tratamiento porque llevamos medio siglo de debate a lo largo y ancho del país en miles de encuentros, foros, seminarios, mesas redondas que alimentaron esta propuesta. Además reivindicamos el proceso de construcción del texto, inédito en el mundo para la elaboración de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Volviendo a las diagonales sin atajos recuerdo que cuando pensamos el nombre de nuestra revista platense nos decidimos por La Pulseada, por las tantas que veníamos dando en torno a la distribución de la riqueza pero también de la palabra… Hoy sabemos que no pueden saltearse pasos, ni pulseadas. Carlitos Cajade no estará para festejar un paso más hacia ganar la gran pulseada, la definitiva en un país que vuelva a tener a sus niños como únicos privilegiados. O quizás esté desde algún lugar en el auditorio, riéndose de nuestras incredulidades. Porque él sabía que es cuestión de tener paciencia, decisión y perseverancia, y de sostener la fe. Ingredientes que se han ido alineando en 25 años para comenzar a parar la inundación y sembrar por fin, nuevas realidades nombradas con nuevas palabras.

“Revistas por la Inclusión Social en la Argentina” (RISA) -Red de emprendimientos sociales y editoriales de calle- http://www.revistasporlainclusion.blogspot.com/

La integran:
*Revista “La Pulseada” del Hogar de Carlos Cajade (La Plata, provincia de Buenos Aires) http//www.lapulseada.com, http://lapulseada.blogspot.com/
*Revista de la Asociación Civil “Barriletes” (Paraná, provincia de Entre Ríos)
http://asociacioncivilbarriletes.blogspot.com/
*Revista “La Búsqueda” (Santa Fe, provincia de Santa Fe)
http://revistalabusqueda.blogspot.com/
*Revista “Panza Verde” (Concordia, provincia de Entre Ríos)
http://yalosgurises.blogspot.com/

Ponencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO)

Néstor Busso, Presidente de FARCO, Vicepresidente de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De la Coalición por una Radiodifusión democrática.

Estamos muy felices de poder aportar nuevamente al debate sobre el Proyecto de Ley de servicios de Comunicación audiovisual.
Quiero manifestar con toda claridad nuestro apoyo a este proyecto que consideramos nuestro proyecto. Esta propuesta surge de los 21 puntos que elaboramos hace algo más de 5 años en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y con los que en este tiempo hemos recorrido el país.
Esta es la propuesta de trabajadores de la comunicación, de estudiantes, docentes y autoridades de nuestras Universidades, de los organismos de defensa de Derechos Humanos, de las Madres, de las Abuelas, de las radios comunitarias y también de las pequeñas y medianas emisoras comerciales…
Este proyecto surge de las propuestas de la Coalición por una Radiodifusión democrática que nos enorgullecemos haber convocado y en la que continuamos en una construcción conjunta seguramente inédita de unidad del campo popular formulando una propuesta.
Es el proyecto de los que queremos un país para todas y todos, sin exclusiones. De los que queremos una democracia en serio, con pluralidad y diversidad.
Hay quienes dicen que este proyecto necesita más debate. Llevamos 26 años de debates siempre postergados por la presión de quienes siguen avanzando en la concentración y control de la comunicación.
Hay más de 70 proyectos que tuvieron estado parlamentario y numerosos antecedentes de debates en ésta Cámara.
El Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es producto de un amplio debate. Primero en numerosos seminarios, foros, mesas redondas, paneles, conferencias organizadas por organizaciones de la Sociedad Civil a lo largo y ancho del país, durante cinco años. A partir de la presentación de la Presidenta de la Nación de una propuesta en marzo de éste año, 23 Foros en los que participamos y realizamos aportes.
Lamentamos que un sector de la oposición siga diciendo que hace falta más debate. Con todo respeto les decimos que ese argumento está gastado; por ingenuidad o con expresa intención están defendiendo la vigencia de la Ley de la Dictadura y faltan el respeto a quienes desde hace mucho trabajamos por la democratización de las comunicaciones.
Me pregunto ¿Cómo es posible que una ley de la dictadura haya sobrevivido a este tiempo democrático? Han pasado más de 25 años y varios gobiernos elegidos por el pueblo. ¿Nadie tiene nada de qué arrepentirse por estos años de inacción donde mayormente las modificaciones introducidas no han hecho más que incrementar la concentración de los medios y limitando que la voz de muchos pudiera ser oída? El argumento de que ha habido en estos años más de 70 proyectos de ley que no han sido tratados refuerza la sensación de que la voluntad política ha estado sometida a la voluntad de los poderes empresariales que, desde hace muchos años, quieren seguir marcando el paso del país.
Desde FARCO, desde ALER, apoyamos este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y creemos que hoy es el momento de su debate y que es necesario su rápido tratamiento en el Congreso.
El momento es hoy desde hace más de 25 años. Era el momento cuando fue incluido en las plataformas electorales de Alfonsín y Luder, cuando recuperábamos la democracia. Era el momento cuando el Presidente Alfonsín encomendó la redacción de un proyecto al Consejo de Consolidación de la Democracia. Era el momento cuando allá por 1989 Osvaldo Álvarez Guerrero y Enrique Quique Paz consensuaban y daban despacho favorable de la Comisión de Comunicaciones a un proyecto de Ley de Radiodifusión. Ese texto nunca llegó al plenario de la Cámara, y fue cajoneado hasta que perdió estado parlamentaria. Era el momento del debate cuando Menem por Decreto y sin debate modificó sustancialmente la Ley de la dictadura genocida convirtiéndola en la ley de la dictadura del mercado en beneficio de unos pocos grupos económicos. En aquel momento los grupos de poder no reclamaron debate. Era el momento cuando De la Rua presentó solemnemente en el Salón Blanco un proyecto de Ley que llegó con un Capítulo menos al Congreso. Era el momento cuando se realizaron las seis audiencias públicas que quedaron archivadas cuando el país explotó en 2001. Hubiera sido el momento cuando en 2005, entre gallos y media noche, se dictó el Decreto 527 que suspendio los plazos, prorrogando de hecho las licencias por 10 años y consolidando la concentración en la propiedad de los medios. También era el momento cada vez que se presentaron los 73 proyectos que llegaron al Congreso, también cuando Margarita Stolbizer presentó su proyecto… HOY es el momento. Hace 25 años que nos hacen el cuento de que no es el momento. Son unos pocos los que nos hacen esos cuentos mentirosos en los que se usa mucha tinta, mucho papel y mucho tiempo de radio y televisión. HOY es el momento. Diputados y Senadores deben buscar estos 25 años de debate para acelerar los tiempos y aprobar rápidamente el proyecto.
Desde las Radios Comunitarias, organizadas en FARCO, objetamos y desafiamos el decreto-ley de la dictadura desde hace muchos años. Ejercimos nuestro Derecho a la Libertad de Expresión e instalamos y operamos radios con protección de la Justicia, a través de numerosos amparos y posteriormente con la declaración de inconstitucionalidad del art 45, confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2003. También con una impugnación paralizamos la aprobación de pliegos para concursos durante casi dos años, hasta que por ley se modificó el art 45.
No hace falta decir más sobre la nefasta Ley vigente y la necesidad de reemplazarla. Ya hemos explicado muchas veces la fuerte concentración en la propiedad y al mismo tiempo el caos que es hoy el uso del espectro. La vigencia del decreto–ley impuesto por la Dictadura y modificado por Decreto para adecuarlo a la dictadura de mercado es una flagrante violación a la Libertad de Expresión.
Hablemos del proyecto presentado. Nosotros apoyamos esta propuesta que recoge los 21 puntos. La Ley que se propone parte de considerar la comunicación como un derecho y no una simple actividad comercial. La Ley pone límites a la concentración de la propiedad y exige producción local y propia a las emisoras. Reserva el 33 % de las frecuencias al sector social y crea organismos de aplicación de la Ley con participación plural.
Verificamos con agrado que se han realizado muchas modificaciones tomando los aportes realizados en los Foros. Pero también creemos que todavía son convenientes algunas modificaciones puntuales que señalo a continuación
ARTÍCULO 80.- Reservas en la administración del espectro radioeléctrico.
…..
f) El TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro.
La Autoridad de Aplicación pertinente podrá disponer de las reservas para su adjudicación a otros interesados por motivos de mejor administración del espectro”
Entendemos que debe eliminarse el párrafo que dice: “La Autoridad de Aplicación pertinente podrá disponer de las reservas para su adjudicación a otros interesados por motivos de mejor administración del espectro…”
Artículo 24. Agregar: “Si ese Estado hiciera reserva - en el tratado de inversión reciproca de inversiones en los instrumentos jurídicos de mercados comunes o de cualquier otra naturaleza – para la explotación por parte de los nacionales argentinos de los servicios de radiodifusión, se deberá establecer como reciprocas dichas reservas, de pleno derecho”.
Cuando la Argentina firma un Tratado de Reciprocidad, lo que se espera que esa “reciprocidad” sea efectiva. Existen tratados vigentes donde la otra parte formuló reservas en “radiodifusión” y nuestro país no lo hizo; esto no es justo ni razonable. Esto es válido para los tratados a firmarse en el futuro por lo que proponemos modificar también el artículo 113; de la siguiente manera: “la Autoridad de aplicación, deberá realizar todos los actos administrativos necesarios y pertinentes a fin de adecuar los tratados actualmente vigentes”.
Artículo 60. Incluir: Prohibición de emisión de publicidad dirigida a menores de 13 años.
Niñas y niños menores de 13 años no tienen capacidad de discernimiento frente a mensajes publicitarios. La legislación Sueca incluye esta prohibición que se discute en varios países.
En la Unión Europea la Directiva Televisión sin Fronteras adoptada el 3 de octubre de 1989 y modificada el 30 de junio de 1997, fue concebida para armonizar el marco jurídico de las actividades de las cadenas de televisión en la Unión Europea.
Según una de sus disposiciones, la publicidad por televisión no debe incitar directamente a los menores a comprar “explotando su inexperiencia y su credulidad”. Fuera de ese marco, cada país miembro es libre de aplicar sus propias reglas. En Suecia, la publicidad por televisión dirigida a los niños está absolutamente prohibida. En Luxemburgo y en Bélgica, está vedada cinco minutos antes y después de los programas para niños. En Italia, los dibujos animados no pueden ser interrumpidos con anuncios publicitarios. Y en Dinamarca, existe un acuerdo entre el Estado y TV2 sobre las restricciones a la publicidad destinada a los niños.
Artículo 64 Inc d) En la “carpeta de Acceso público” exigida a cada medio, se debe incluir la forma y fuentes de financiamiento con la nómina de donantes o anunciantes incluyendo el monto facturado a cada anunciante en los meses anteriores. Similar a lo exigido en EEUU.
Es una forma de transparentar los intereses económicos que operan en cada medio y de hacer público los montos de la publicidad estatal y privada que recibe cada medio.
Estas son las modificaciones que proponemos.
En lo fundamental, reitero, estamos de acuerdo con el proyecto, lo apoyamos y defendemos.
Queremos resaltar que una Ley, por mejor que sea, no modifica la realidad de un día para otro. Tendremos que ser capaces de hacer efectivamente una comunicación participativa y democrática que nos permita un país democrático, con participación, plena inclusión y justicia.
En ese sentido será de gran importancia la reglamentación de ésta Ley y por supuesto su implementación. Seguramente no será fácil. Estamos dispuestos a trabajar y colaborar en esa reglamentación.
Descuento que con el consenso logrado en torno a este proyecto, la fuerza social que lo sostiene, la decisión política manifestada por la Presidenta de la Nación y la voluntad mayoritaria de Diputados y Senadores, en poco tiempo se saldará esta vieja deuda de la democracia y tendremos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que merecemos.

Ponencia del consejo de caciques de la nación Mbya
Guaraní
Posadas, Misiones, 8 de septiembre de 2009.

El consejo de caciques de la Nación Mbya Guaraní, con asiento territorial en la provincia de misiones como parte del parlamento de naciones originarias en argentina (24 naciones), nos presentamos para solicitar un espacio de participación en el inicio de los debates del citado proyecto (10 de septiembre), en la Cámara de Diputados de la Nación, a donde acudimos en apoyo al proyecto y el reclamo de inclusión de nuestros derechos en el sistema de comunicación audiovisual.
1.- Posición de los pueblos indígenas.
2.- Bases para el reconocimiento del derecho indígena a la comunicación.
3.- Propuesta indígena de incorporación de un nuevo titulo.
4.- observaciones y propuestas de inclusión y modificaciones

Fundamentación:
1.- Nuestros pueblos tienen la cultura de la comunicación colectiva desde siempre como base del desarrollo de nuestras cosmovisiones. Esta rica manifestación propia, fue interrumpida por la invasión con el objetivo de apoderarse de nuestros territorios, someternos a la esclavitud y el genocidio. La imposición de la monocultura occidental y la religiosidad cristiana, posibilito la extinción de nuestros idiomas, cantos, cuentos, relatos técnicos y científicos. Este silenciamiento y represión de nuestras costumbres comunicativas se hizo eficaz a partir de la lógica xenófoba de que eramos poco menos que humanos.
La republica, desde los albores de la independencia, tuvo que enfrentar dos proyectos de Nación: una continuista del colonialismo, con Mitre, Funes, Saavedra y los terratenientes, herederos de los encomenderos y otro de soberanía de los pueblos libres, enarbolado por los herederos del pensamiento del gran libertario inca, Tupac Amaru. Cuyos mas ilustres héroes son: Juan José Castelli, Mariano Moreno, José de San Martín, José Artigas, Juana Azurduy, el gran comandante Andrés Guacurari, entre otros.
Lamentablemente, los vasallos del imperialismo y sus testaferros triunfaron y continuaron con el saqueo a nuestros territorios, el genocidio, el etnocidio y el ecocidio, continuo con mayor prepotencia y totalitarismo en la Patagonia (campaña del desierto), matanzas de napalpi y la bomba en el Chaco y Formosa, mas recientemente, la “fiscalizacion” de nuestros territorios y la entrega a los terratenientes para el mono cultivo de la soja. Todas estas acciones criminales alentadas por los medios de comunicación en manos del poder, de las pocas familias que se adueñaron de la argentina y aun pretenden gobernar desde las rutas, con prepotencia y totalitarismo. No es casual que a una recuperación territorial de nuestra parte, en primera plana publiquen: “los indios usurpan nuestras tierras”. Que ironía, los usurpadores nos acusan de usurpar.
Esta es la” libertad de prensa” que dicen defender.
Los dueños del poder, los que construyeron relaciones carnales con los imperios, los que manejan los medios de comunicación, se ven alarmados por la inminente aprobación de una nueva ley de servicios audiovisuales, porque afecta no solamente a sus grandes ganancias, sino; fundamentalmente al poder que ejercen en la imposición de conductas y subculturas banales y frívolas, donde el egoismo, el individualismo y el consumismo importados de los centros decandentes del imperio la presentan como la panacea de la cultura y sociedad.
Sociedad artificial, cuya violencia trasladada por los medios de comunicación, distorcionan las culturas ancestrales de profunda raigambre solidaria y sociedad comunitaria. La violencia que es trasladada a los jóvenes y adolescentes, es un programa del imperio aplaudida por la oligarquía mediática para, a través de la imitación, destruir nuestros pueblos. Todos nos podemos dar cuenta que la fabula del zorro se repite: “allá va el ladrón”.
De que libertad de expresión nos pueden hablar los opresores de la libertad? De que independencia de opinión nos pueden hablar, los que alentaron el terrorismo de estado? Los que le negaron la libre expresión y lo entregaron a la dictadura a Rodolfo Walsh? Con que moral nos hablan de libre expresión cuando silenciaron a los pueblos originarios en todos sus reclamos o nos folklorizaron para burlarse de nuestra resistencia y lucha? Moralmente tienen autoridad para hablar de democracia, cuando siempre fueron, son y serán la espada ideológica de esta caduca sociedad occidental? En verdad, decimos que no tienen ni moral, ni ética, solo defienden sus intereses mezquinos de libertad de empresa.
Por todas estas razones, como acreedores de una inconmensurable deuda social, política, cultural, económica y ecológica, los pueblos originarios exigimos el acceso a la libre información y expresión, como derechos humanos fundamentales, reconocidos en la Constitución Nacional en el art. 75, inc. 17, convenio 169 de la OIT, declaración universal de los derechos humanos de los pueblos indígenas y otros instrumentos legales. No puede ser, que en pleno ejercicio democrático popular, se nos siga negando participación en los medios audiovisuales, por mandato de un decreto ley de la dictadura militar.
Los estados, tienen el deber de cumplir con este derecho y consideramos que felizmente, se va ha lograr con la nueva ley que se pone en debate y con el cual se reparara el silenciamiento al cual fuimos condenados.
En la votación a la ley, el pueblo argentino vera con claridad, que diputados y senadores están al lado de las empresas monopólicas y vasallas del imperio y quienes, están al lado del pueblo, sentando las bases de una nueva democracia popular de participación plena.
Esta ley, indudablemente dividirá las aguas, aquellas por donde transcurre limpiamente la historia de una sociedad equitativa y justa que el mundo entero espera o aquellas aguas contaminadas por la avaricia y el etnocidio.
Señor presidente de la Comisión de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sirvase hacer llegar los señores legisladores, nuestros planteamientos que a continuación enumeramos:
1.- Es importante que se incluya a la ley, un titulo que se refiera a los "medios de comunicación audiovisual de gestión autónoma indígena".
2.- La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores y gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro, de gestión privada (ONGs, universidades, cooperativas, etc.), sin fines de lucro y de gestión indígena, como reparación histórica. Esto es importante, porque en la actualidad, el 33 % para ONGs, que contempla el proyecto, practicamente ya esta ocupado por ONGs, universidades, cooperativas que pertenecen a organizaciones religiosas, que siempre vieron a los indígenas como sujetos a "civilizar y cristianizar".
3.- Cuatro serán los segmentos de distribución de licencias para el funcionamiento de la comunicación integral audiovisual:
A) 30 por ciento para el estado.
30 por ciento para el sector privado con fines de lucro.
C) 30 por ciento para las ONGs.
D) 10 por ciento para los pueblos originarios y sus organizaciones.
4.- L os medios de comunicación de gestión indígena, serán de carácter autónomo, en la cual el estado garantizara su funcionamiento con capacitación, financiamiento de infraestructura y logística, para la promoción y difusión y conocimiento de nuestras culturas. Los medios, serán radio y televisión.
5- Los pueblos indígenas, estarán representados en el consejo federal de comunicación audio- visual, con 5 representantes (cuyo, sur, centro, noa y nea) de los 24 pueblos, elegidos en congreso nacional, a fin de garantizar mecanismos de licencia, fidelidad de la información de acuerdo a nuestra cosmovisión, y otros como la expresión correcta de nuestros idiomas.
6.- Los medios de comunicación audiovisual de gestión estatal, privado con fines de lucro y privado sin fines de lucro, deberán emitir programas producidos por medios de comunicación o comunicadores indígenas, en un 10 % de su programación, a fin de fortalecer la pluriculturalidad y defensa de las raíces culturales de la Nación.
7.- Las empresas de telecomunicaciones (telefonía, internet y otros), deberán aportar un canon de 5 % de sus utilidades, como reparación histórica a nuestros pueblos, que serán destinados al sostenimiento de un instituto universitario de comunicación intercultural, que tendrá su sede en una provincia con pueblos originarios.
8.- Creace la comunidad de telecomunicaciones, para los trabajadores del sector y que gozara del 15 por ciento de accionariado total de las empresas, con un director en el directorio, a fin de beneficiarse de las utilidades anuales.
Esta es nuestra voz, esta es nuestra palabra.

Una deuda pendiente con el Pueblo y la democracia
La Plata, 9 de septiembre de 2009.
Ponencia presentada por la Asociación Judicial Bonaerense.

En representación de la Asociación Judicial Bonaerense y de los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires venimos a solicitar al Congreso Nacional el inmediato tratamiento y aprobación de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ponga fin al oprobio que significa la legislación vigente: la ley de radiodifusión impuesta por la última dictadura militar y reformada durante la década del noventa.
Hacemos esta exhortación desde la autonomía que nos da ser una organización independiente del Estado, los grupos económicos y los partidos políticos. Autonomía que nos llevó a oponernos tanto a las reformas operadas en los noventa como al Decreto 527 de 2005 que renovó las licencias.
Nos expresamos, también, desde la coherencia que supone reclamar la democratización de la comunicación desde hace 26 años e integrar, a través de la Central de Trabajadores de la Argentina, la Coalición por una Radiodifusión Democrática junto a cientos de radios comunitarias, trabajadores de la comunicación, cooperativas, estudiantes y organizaciones sociales y de derechos humanos.
No venimos a defender el proyecto de un gobierno ni de un partido político, sino a reclamar el derecho humano a una comunicación democrática, a recibir información desde distintas perspectivas sociales, culturales, políticas e ideológicas. También, el derecho a emitirla. Pretendemos dejar de ser actores pasivos del proceso comunicacional para convertirnos en sujetos activos. Sabemos que para ello es imprescindible redistribuir la palabra y el ingreso.
Entendemos que la actual ley 22285, impuesta por la última dictadura militar, está en las antípodas de la democracia real. Concebida desde la matriz autoritaria de la Doctrina de la Seguridad Nacional y por el liberalismo económico, colocó a los medios de comunicación bajo la égida de las Fuerzas Armadas, negó el derecho a la radiodifusión a las entidades sin fines de lucro y relegó al Estado a un rol subsidiario del sector privado.
Estas líneas filosóficas fueron profundizadas durante la década del noventa. A través de decretos y normas, que en ningún caso contaron con el proceso de discusión pública que tanto molesta a las corporaciones de la comunicación, se alentó la creación de los grupos multimedia que hoy controlan buena parte de la producción, circulación y emisión de contenidos en nuestro país.
La conformación de oligopolios, de grupos comunicacionales que controlan diarios y revistas, canales de televisión y radios, cables y portales de Internet, terminó por restringir el derecho a la información, cercenar la multiplicidad de voces y limitar el derecho a expresarnos. Las prácticas monopólicas son una forma apenas disimulada de censura.
Vivimos esta realidad en carne propia. En el escenario comunicacional actual, dominado por la concentración, la voz de los trabajadores y de sus organizaciones suele ser inaudible. Nuestros reclamos sectoriales y opiniones son silenciados, desvirtuados o condenados a la marginalidad, cosa que no ocurre con las cámaras patronales del campo, la industria, el comercio o de los propios medios, quienes obtienen una generosa cobertura.
Vemos con claridad que detrás del legítimo derecho de esos actores sociales a difundir sus posiciones e ideas, e incluso a defender sus beneficios, aparece la confluencia de intereses económicos y comerciales entre el capital concentrado y los grupos multimedia.
Idéntica indiferencia de los multimedios observamos cuando, en tanto trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y actores fundamentales del mismo, nos expresamos respecto a cuestiones que afectan al conjunto de nuestros conciudadanos y exceden el interés de nuestro sector: la democratización del sistema de selección de los jueces, la criminalización de la pobreza, las reformas de leyes y códigos, la política criminal, la situación carcelaria, etc.
En cambio, observamos una creciente espectacularización de los temas referidos a la Justicia, dónde predomina el estrado televisivo y la condena express, la permanente estigmatización de jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley, las simplificaciones manoduristas y, en algunos casos, la promoción directa de la pena de muerte. En los medios concentrados la información se manifiesta como mercancía. Nosotros la entendemos como un derecho social.
A través estos ejemplos, basados en nuestra especificidad, buscamos señalar que faltan voces y que estas sólo pueden hacerse escuchar desconcentrando los medios comerciales, otorgándole un lugar de relevancia (33 % de las frecuencias) a los medios comunitarios y no comerciales a través de entidades sin fines de lucro y fortaleciendo los medios públicos para que se expresen los ciudadanos de a pie.
La nueva norma debe garantizar, entre otros aspectos, la libertad de expresión y de prensa, sin que esta última se distorsione como libertad de empresa; la producción nacional, local e independiente de contenidos; cuotas de pantalla para el cine nacional; que en la autoridad de aplicación se exprese la sociedad civil; que se regule la participación de las empresas prestadoras de servicios públicos evitando la conformación de nuevos monopolios y estableciendo límites al capital transnacional; contenidos educativos e infantiles; limitar la cantidad de licencias por cada prestador de servicios audiovisuales abiertos y pagos para impedir posiciones dominantes; que se transparente y publicite la titularidad de las licencias.
Estas propuestas, junto a las restantes que están contenidas en “Los 21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión democrática”, deben contemplarse tanto en la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual como en su posterior reglamentación. Sólo así, entendemos, la democracia puede sobrevivir al avance de las corporaciones y el ser humano conservar autonomía y libertad en un mundo mediatizado.
Queremos una nueva ley. Y ahora. El proyecto actual, aún perfectible, tiene su germen en la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. En la lucha del movimiento obrero con el retorno de la democracia. En el nacimiento y la historia de lucha de la CTA. En la pelea de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, de los organismos de derechos humanos, de las cooperativas y las pymes, de los trabajadores de la comunicación, de los estudiantes, de las universidades y casas de estudio de todo el país y de los partidos políticos populares.
Pocas veces un proyecto de ley se debatió tanto. Se nutrió de los aportes realizados en los 23 foros que se celebraron, entre marzo y agosto de este año, en distintos puntos del país y en el que alrededor de 10000 personas realizaron más de 1200 aportes. Se discutió en cientos de charlas organizadas por distintas organizaciones populares. Se enriquece a través de estas audiencias públicas. Crecerá, seguramente, con los aportes y modificaciones que harán los legisladores de las distintas fuerzas políticas.
Lo único que, entendemos, no debe suceder, es dejar pasar la oportunidad histórica de saldar esta deuda pendiente que la democracia tiene con el Pueblo argentino y consigo misma.