"Quiero dejar taxativamente en claro que esto no constituye un aumento de las tarifas", expresó en octubre el ministro de Planificación Julio De Vido cuando anunció el incremento escalonado del servicio de electricidad para aquellos que "más consumían". La medida se concretó con subas de hasta el 357% para consumidores de más de 1000 kilovatios.
De Vido, Massa, y otros funcionarios aseguraron que de esta forma se contribuía a la "redistribución de la riqueza", ya que les harían pagar más a los que más tienen. Esto es rotundamente falso: como aparece en estos días en centenares de denuncias, los sectores de más bajos recursos "gastan más", simplemente porque tienen artefactos más viejos, que consumen el doble o el triple que los de última generación.
Vemos lo que pasó cuando numerosos hogares comenzaron a recibir las boletas de luz del bimestre noviembre-diciembre: 750.000 usuarios fueron afectados por el aumento. La mayoría de ellos, de bajos o medios recursos "pasaron" los más de 1000 kv/h y fueron "penalizados". ¿Los motivos? Como decíamos arriba, artefactos viejos que no pudieron ser renovados, pero no sólo eso. ¿Cuántos son aquellos que viven en áreas donde, en pleno siglo XXI, todavía no llega la red de agua potable y deben extraerla de pozos con motores que gastan muchísima electricidad? A estos usuarios, que en el bimestre anterior pagaron, por ejemplo 145 pesos, las nuevas boletas les llegaron por 609 pesos.
Pero eso no es todo. Estos descomunales aumentos de tarifas luego se trasladan a otros rubros, que vuelven a impactar sobre el bolsillo del trabajador. Quienes viven en edificios, por ejemplo, cuyos consumos generalmente superan los 1000 kv/h por el uso de ascensores, motores, iluminación las 24 horas, etcétera, deberán pagar entre $50 y $99 más por expensas. Algo similar ocurre con la televisión por cable (seis millones de abonados en todo el país), cuyas empresas ya anunciaron otra suba del 10 por ciento, justificándola con el "encarecimiento desmedido de los rubros relacionados con la prestación del servicio".
Tarifazos vs. subsidios
No sólo aumentó la electricidad, sino también los transportes públicos que utilizan millones de trabajadores (50% en un año), el gas (prevén subas de hasta el 260%, con la excusa de subsidiar la "garrafa social" que, como bien sabemos, brilla por su ausencia cuando se la busca), y el agua en la provincia de Buenos Aires a partir de marzo, con 600.000 hogares afectados, por citar sólo los casos más notorios.
Estos brutales aumentos han sido justificados sosteniendo que, en el marco de la crisis y el descenso de la recaudación fiscal, hay que reducir los subsidios a las empresas de servicios públicos privatizados, y, en compensación, ya no se pueden sostener las tarifas en los niveles anteriores.
Supongamos por un instante como cierto que efectivamente se reduzcan los subsidios: ¿es que ese "ahorro" será redistribuido en más hospitales, escuelas, u obras públicas para generar trabajo genuino? No es lo que desprende de la más elemental lectura del presupuesto nacional. Sí aparece, en cambio, una y mil declaraciones donde se asegura, que, como sea e independientemente de la crisis mundial, si hay algo que se honrará a rajatabla son los vencimientos de las obligaciones externas.
Pero vayamos al otro lado del argumento. ¿Es indefectible que una reducción de subsidios conlleve automáticamente un aumento de tarifas? ¿Es que las empresas no pueden absorber esa baja de subsidios? ¿Trabajaban acaso "al límite de su rentabilidad" y ahora, sin el incremento tarifario, pasarían a funcionar a pérdida?
La realidad es que estas firmas han estado, lo que es corroborable simplemente echando una mínima ojeada a sus balances, entre las que más han ganado en los años posteriores a la devaluación de comienzos del 2002. A las superganancias que ya acumulaban desde la convertibilidad, con las tarifas dolarizadas, le han sumado en estos años los millonarios subsidios que recibieron año a año hasta transformar a esta partida en la más importante del presupuesto nacional junto con los pagos de deuda externa. Todo esto sin sumarle las inversiones no realizadas e ineficiencias en la prestación de servicios que hubieran debido generar en más de una ocasión la rescisión de contrato por incumplimiento o multas multimillonarias que nunca se efectivizaron.
Protestas justificadas
Varias localidades de la provincia de Buenos Aires se movilizaron contra el tarifazo en la energía eléctrica. 500 vecinos de Don Torcuato se reunieron en una plaza, juntaron firmas y se dirigieron al edificio municipal a exigirle al intendente que interceda para que no se apliquen los aumentos. Algo similar ocurrió en Escobar y Tigre. Muchos se concentraron frente a la quinta de Olivos. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, presentó un recurso de amparo contra la suba de las tarifas.
Se trata de una exigencia mínima de calidad de vida: contar con servicios públicos básicos, como luz, agua o calefacción, seguros, garantizables y accesibles en sus tarifas. Es elemental pero debemos recordar que se trata de una función básica que es obligación de la autoridad estatal garantizarla. En los '90, la ola privatizadora transformó esos servicios esenciales en mercancías a precios dolarizados. Y ni siquiera pudo garantizar el estándard de calidad mínimo del servicio que tan pomposamente se había prometido. Cuando ese modelo colapsó, a fines del 2001, comenzó a estar planteada la imperiosa necesidad de que esos servicios volvieran al Estado, con un estricto control por parte de los usuarios y la participación concreta en la gestión de esas empresas de sus propios trabajadores, que son los que conocen la realidad técnica de las mismas.
Pasaron los años. Y la mayoría de los servicios públicos sigue en manos de los que se beneficiaron del saqueo de la década pasada. A lo sumo alguno "cayó" en manos del Estado por escándalos manifiestos o "huida del viejo dueño", como fue el caso de Aerolíneas. Se trató de emparchar la situación con subsidios. Ahora llega la hora de la verdad: o pagan los trabajadores, con astronómicos aumentos de tarifas para "garantizar" la rentabilidad de las privatizadas, o avanzamos de una vez por todas en la recuperación estatal de los servicios que siempre debieron ser públicos, y nunca mercancía.
José Castillo (LA ARENA)
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