El Tarifazo es una consecuencia más del fracaso del modelo energético en la Argentina, que está basado en la privatización y la extranjerización. El aumento de tarifas es el traslado de mayores costos a cargo del usuario final.
Esto significa una medida que perjudica al usuario en toda su extensión y beneficia a las cajas de rentabilidad de las distintas empresas multinacionales.
El Tarifazo tiene como objetivo que el Estado se desentienda de las políticas de subsidios, absolutamente fracasadas, trasladando mayores costos y acumulando injustos e innecesarios aumentos de tarifas que durante todo este tiempo se disfrazaron de manera diversa a través de fideicomisos, energía plus, PUREE y otras iniciativas que finalmente terminan haciendo que el incremento sea exponencial y que no tenga nada que ver ni con la crisis, ni con los indicadores oficiales o no oficiales del aumento del costo de vida en la Argentina.
Por lo tanto, la única iniciativa que tiene sentido, es que estos aumentos se deroguen; no solo por lo que significan económicamente para cada uno de los usuarios, sino porque además:
* Está fuera de toda norma legal, en la media en que son retroactivos y no pueden serlo por ley;
* En la medida que no ha habido audiencias públicas para que el usuario tuviera la oportunidad de opinar;
* En la medida en que se ha violado la reglamentación del mercado eléctrico mayorista, cuando establece con absoluta claridad que en este periodo solamente se puede incrementar entre el 1º de noviembre y el 30 de abril y no retroactivamente al 1º de octubre;
y sobre todo porque:
* En la dirección del tarifazo, no hay cambio de política;
* Ni siquiera el compromiso de cumplimiento de las exigencias de las concesiones;
* Y menos aún, la decisión de brindar un servicio eficiente;
* Un servicio seguro y equitativo que responda a lo que se entiende como servicio público de calidad.
Finalmente, esta decisión política del Gobierno Nacional, basada en algunas iniciativas políticas del 2003-2004 como el PUREE, que se implantó para generar comprensión y conciencia de la importancia del ahorro y del uso eficiente de la energía, se ha convertido en un instrumento de castigo; y además, no puede haber eficiencia, ahorro, ni uso racional de la energía mientras las multinacionales sean dueñas del 95% de nuestros recursos energéticos.
La única salida seria es la recuperación del patrimonio energético y de los recursos naturales a manos del pueblo, y eso significa, una clara decisión política de recuperar lo que nos pertenece; lamentablemente, lo que se hace sólo sirve para mantener las estructuras de la década del 90, que mientras se niegan y se critican, en el tema de la energía se siguen sosteniendo y manteniendo.
José Rigane (ACTA)
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