COLOMBIA : 17 sindicalistas asesinados en lo que va el 2008.

En tres meses de 2008 han sido asesinados 17 sindicalistas. Con la
intolerancia laboral se pierden vidas valiosas, se sabotea la protección de
los trabajadores y se le cierran puertas al comercio internacional. Informe
especial.
El sindicalismo en Colombia está de luto. Si 2007 terminó con renovadas
esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes e
integrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la
persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero,
cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día,
mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas).
Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido
asesinados . El
caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicato
de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha. Se fue a su casa
temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones
del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia. Entre
enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de
sindicalistas, pero este año los casos van en aumento. De mantenerse esta
tendencia, los logros que se habían conseguido hasta ahora se podrían
reversar.
Ninguno de los sindicalistas asesinados en este año, según dijeron
funcionarios del gobierno a Semana.com, había recibido amenazas, ninguno
estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni
el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el
programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior
que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones de
seguridad a quienes estén en riesgo.
Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo
y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatro
de los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participación
activa y liderazgo en dicha caminata. Las autoridades aún no han confirmado
ni desmentido esta denuncia.
Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional
Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según
la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a
conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo,
las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la
Fiscalía esclarezca los homicidios.
Como sucede a veces en Colombia con personas protegidas especialmente por su
labor en defensa de los derechos ciudadanos -defensores de derechos humanos,
periodistas, jueces, etc., - que algunos pocos resultan asesinados por
razones que nada tienen que ver con su labor, asimismo sucede con los
sindicalistas. Incluso el informe de 2007 del Departamento de Estado de
Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que
asegura que en miembros de los sindicatos continuaron siendo blanco de la
guerrilla de las Farc y el Eln, y de los nuevos grupos armados al margen de
la ley, por razones políticas, también señala que algunos sindicalistas
fueron muertos como consecuencia de casos de robo, riñas domésticas y otras
razones ajenas a la política.
"De acuerdo con la Fiscalía -dice el informe - los motivos en la mayoría de
los casos procesados no tuvieron relación con el hecho de que las víctimas
fueran integrantes de un sindicato".
Sobre las muertes recientes, hay que esperar a que las autoridades
judiciales lleguen a descubrir realmente qué es lo que ha pasado y den con
los responsables. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatos
de sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro
detrás que simples coincidencias de homicidios comunes. Las organizaciones
nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas y
consideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el
ejercicio del sindicalismo en el país.
En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo
pasado, reconocieron que en Colombia se han visto
las garantías para ejercer la actividad sindical. Pero, a su vez,
llamaron la atención por la presiones y amenazas que han recaído últimamente
sobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por parte del
rector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas
de Colombia (Auc)". Le pidió al gobierno que garantice la seguridad de los
dirigentes sindicales amenazados.
Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones
internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes
Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que
han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra
organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan
al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los
organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de esta
caminata estaban las Farc.

*Males nuevos y viejos*

Los conocedores del tema advierten que habrá dificultades el futuro
inmediato. Paradójicamente, en momentos en que se necesita más que nunca que
se respete la vida de sindicalistas y líderes para la aprobación del TLC con
Estados Unidos, se avecina un turbio panorama.
Para empezar, despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los
líderes laborales. Los diálogos con las Auc habían conducido a la reducción
sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado
emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el
comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el "total rearme de
las fuerzas paramilitares".
"Después de ese anuncio, no conozco aún que se haya registrado alguna
violación por parte de ese grupo, pero prende las alarmas", dijo Correa, el
director de Investigaciones de la ENS. Ese ambiente cargado de amenazas y
polarización se suma a viejos males de la sociedad colombiana, que tiene una
visión negativa de los
sindicatos.
En este terreno abonado florece la intolerancia y la agresión contra
miembros y líderes de sindicatos.
Ahora, lo que se avecina para las autoridades es un gran reto, pues los
sindicalistas son un grupo de población vulnerable que requieren especial
protección debido al importante papel que cumplen en una democracia en
representación del trabajo. Es deber del gobierno proteger sus vidas y
habilitar su actividad como miembros activos de organizaciones laborales.
El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que
las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen
planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en
adelante.
Al Programa de Protección
que se viene
desarrollando desde 1997, según explicó Andrés Palacio, viceministro de
Relaciones Laborales, del Ministerio de la Protección Social, a Semana.com,
van a tomar medidas extraordinarias como un programa de recompensas para
aquellos que informen sobre quiénes amenazaron o mataron a algún
sindicalista y que coordinará el director de la Policía, general Óscar
Naranjo.
También garantizarán protección especial a los trabajadores que se
encuentren en procesos de negociación colectiva y que sientan que están en
alto riesgo de muerte.
Fuera de eso, el gobierno hará una campaña en los medios de comunicación que
invite a respetar la vida de los maestros. El viceministro explicó que esta
será dirigida en particular a valorar a los maestros "porque son quienes más
se ven afectados por la violencia, ya que además de su trabajo con el
magisterio algunos maestros son voceros de las comunidades y denuncian
acciones ilegales como la presencia de cultivos ilícitos, narcotraficantes o
grupos armados". El Viceministerio también anunció un cuidado especial a los
trabajadores de los hospitales que están en proceso de reestructuración y
que manejan grandes sumas de dinero.
"Esas determinaciones fueron producto de un acuerdo entre sindicatos y
autoridades después de detectar los focos donde más violencia se está
generando últimamente", dijo el funcionario.
Lo que viene es duro tanto para las autoridades como para los sindicalistas.
A pesar de los esfuerzos de Estado y líderes sindicales por prevertir la ola
de violencia y desactivar la cultura de intolerancia que la alimenta, en
tres meses ya van 17 sindicalistas asesinados. Un costosísimo campanazo de
alerta que está diciendo a gritos que hay que hacer mucho más para acabar
con este despreciable crimen.