I – Las nuevas formas del capitalismo agrario pampeano
II - Claves del conflicto
III – La administración cleptocrática del Estado burgués
IV – Trabajadores del campo y un programa de superación
I – Las nuevas formas del capitalismo agrario pampeano
Preliminar
Si hay algo que ha puesto al desnudo la rebelión política de la burguesía agraria pampeana de importancia analítica mayúscula es la de su transformación social productiva. En medio de tantas voces, de tantas interpretaciones, de tantas posiciones proclamadas a favor o en contra, de tanto artículo, informaciones, etc. que en la mayoría de los casos más que esclarecer parece abrumar y opacar la comprensión del conflicto patronal, se vuelve preciso examinar esa transformación que parece constituir la base social de los intereses y de la conducta política del empresariado agrícola pampeano.
Quizá no este demás señalar claramente que al hablar o referirse a la producción agraria y ganadera pampeana, ésta es de carácter capitalista desde hace muchísimo tiempo, que Argentina en esta región productiva no muestra otras formas productivas atrasadas como todavía pueden encontrarse en otros países o regiones. La penetración del capital en el campo argentino es posible rastrearla ya desde el siglo XIX a través de los propietarios terratenientes que se constituyó como burguesía terrateniente y no como terratenientes feudales y/o semifeudales. Su relación económica complementaria con Inglaterra como rama agrícola de la industria inglesa, apropiándose de la renta diferencial a escala internacional la convirtió en una clase retrógrada en lo social, dictatorial en lo político, fraudulenta en lo institucional y freno objetivo para cualquier proceso o política que se impusiera el cometido de “industrializar” Argentina. La burguesía industrial irrumpiría “groseramente” a lo plebeyo, como en toda historia de desarrollo burgués en cualquier región o país, bajo las condiciones internacionales: primera guerra mundial, depresión de la década de los 30, segunda guerra mundial, cuando el capitalismo mundial del “laissez-faire” se derrumbaba estrepitosamente generando una situación de depresión continuada y surgimiento de conflictos sociales que ponían en jaque la sociedad del capital.
Esta situación nueva para la época ya marcaba también una nueva etapa para las relaciones capitalistas en el agro pampeano. Los expoliados pequeños empresarios (chacareros) arrendatarios por parte de aquella clase burguesa terrateniente (digamos la conocida “oligarquía terrateniente”), había dado ya su grito de rebelión en 1912, conocida como el Grito de Alcorta, e iniciaban otra época que década tras década los iría convirtiendo en pequeños propietarios sufriendo, como no podía ser de otra manera, los avatares de la depresión mundial y los vaivenes políticos (golpes militares, fraudes patrióticos, etc.). La propiedad de la burguesía terrateniente y su capacidad de apropiarse la renta permanecía de todos modos.
- Burguesía agraria “tradicional” y nueva burguesía agraria
Para ir ahora directamente a la situación actual lo que es de enorme importancia y debe destacarse por encima de otra cuestión en el análisis consiste en la aparición de la burguesía financiera (capital financiero) como la nueva clase que ha penetrado en el producción agraria pampeana que introduce formas de producción y de comercialización antes no vistas y que es completamente diferente a la figura “tradicional” del burgués agrario pequeño o medio (chacarero pero no “campesino”) dueño de su “campo” o bien arrendatario que se encuentra al frente del mismo, administra, decide, contrata peones rurales, comercializa, adquiere maquinarias, introduce los plaguicidas, herbicidas, etc. es decir, invierte su capital y lo rentabiliza, pero que también es diferente del burgués terrateniente, ganadero (criadores) y que por ser propietario de enormes extensiones de pampa húmeda es rentista al arrendarlas, para la producción agrícola, a aquella burguesía media. Coexistencia, pues, de grandes extensiones en manos de terratenientes burgueses (y no “oligarquía” en el sentido semifeudal), junto a pequeños y medianos propietarios y arrendatarios. Parecería, entonces, que la relación social de producción en el campo pampeano podría ser la de una dupla: burguesía terrateniente versus pequeña y mediana burguesía, con diferencias en lo que va de una a otra pasando por una burguesía agraria empresarial acomodada hasta llegar a empresarios minifundistas.
Esa coexistencia se ha visto ahora alterada por la irrupción de estas nuevas formas de producción impuestas por el capital financiero: Grobocopatel, Elsztain, Alvarado, Eurnekian, Romero, Jorge Brito (banquero), Franco Macri, Wertheim, Sigman, pero en especial los fondos de inversión o pool de siembra como se los llama y en los que, por supuesto, intervienen muchos de los apellidos antes mencionados. ¿Han desaparecido los antiguos apellidos “patricios” ¡No! aún continúan: Martínez de Hoz, Blaquier, Rodríguez Larreta, Menéndez Behety, pero ya no conservan ni el capital ni el poder que supieron tener por lo que han quedado más vinculados con lo antiguo y lo tradicional que con lo “nuevo” y “modernizador” que hoy ofrece lo financiero en el campo como sinónimo de “eficiente” y “dinamizador” de la producción agropecuaria.
Esta penetración del capital financiero con su capacidad de inversión de capital, con su capacidad de administración, con las relaciones que mantiene con comercializadoras y exportadoras, con su vinculación con el capital mundial, con su potencia de coacción económica y política, en medio de una situación excepcional de aumento de precios internacionales del trigo, maíz, girasol, y soja, ha planteado al resto de las clases agrarias un desafío: ser más productivo, ya que él practica la siembre directa, utiliza masivamente herbicidas y fertilizantes, reduciendo los trabajos que antes requería muchos obreros agrícolas y además trabajan grandes extensiones en mucho menos tiempo que hace 20 años atrás y, al mismo tiempo genera una amenaza: ponerse a su nivel, transformarse en empresarios de otra rama no agropecuaria o desaparecer agónicamente a lo largo de años, añorando lo que eran ellos y sus ancestros, con la nostalgia por un campo que ya fue y no volverá más. Y esta situación se tornará permanente aun cuando los precios internacionales caigan, si es que ello pudiera suceder, porque los inversores financieros podrán emigrar pero las nuevas modalidades de producción y administración del capital serán necesarias para aquellos empresarios que continúen con la inversión agraria.
Por ahora ¿cuál es el dilema que le ha planteado el capital financiero a los propietarios de la pequeña y median burguesía agraria? En principio debe decirse que la rentabilidad de la inversión agraria, en particular en la producción de soja, aun con las retenciones fijadas, está por encima de cualquier inversión industrial, financiera e incluso del propio sector rural como ganadería o producción frutihortícola. En segundo lugar, que la penetración imparable del capital financiero muestra que puede asumir riesgos que los arrendatarios tradicionales y los pequeños propietarios no pueden hacerlo. Por ejemplo no pagan porcentaje alguno por arrendarles a aquellos sus tierras para ponerlas a producir, sino que pagan una suma fija por hectárea, con lo cual los dueños de aquellos predios productivos ven eliminados el riesgo de ponerse a producir ellos.
La rentabilidad puesta por los elevados precios internacionales, comparada con la inversión financiera, constituye un atracción inexorable para estos capitales lo que, entre otras cosas, produjo una elevación de la renta territorial como también del valor de la tierra como hacía mucho tiempo que no se veía en el campo pampeano.
El capital financiero invertido (fondos de inversión) en el agro permitió que surgiera una especie de cuerno de la abundancia acompañada de buenos negocios. Una franja amplia de pequeños propietarios (50-100 has.) se encontró teniendo que decidir si aceptaba una renta fija anual en dólares ofrecida por los fondos de inversión o seguía al frente de su propiedad con la esperanza de obtener una suma mayor que la ofrecida pero asumiendo el riesgo de la inversión: costos en herbicidas, plaguicidas, roturación, contratistas, peones para siembra y cosecha, etc. etc. Buena parte optó por la “seguridad” de una renta en mano que por una rentabilidad de tasa incierta. Esto ha permitido que el burgués agrario pequeño al mismo tiempo que deja de estar al frente de su campo pueda intentar, y así lo hace, pasarse a otras actividades empresariales (comercial, por ej.) o haga inversiones inmobiliarias (compre propiedades urbanas para alquilar). Que está haciendo el capital financiero en el agro: convertir al pequeño y mediano burgués agrario ¡en rentista! Ya no se esfuerza en la administración de su campo y termina con el riesgo y la incertidumbre. Por supuesto quedan aún quienes se resisten a la alternativa y se esperanzan en obtener altísimas rentas diferenciales.
Pero hay que señalar que esta nueva forma capitalista del campo pampeano no produce sólo estas consecuencias sociales y económicas. Su dominio produce, como se ha expuesto, inmigración rural hacia las ciudades más importantes de cada región mientras otros pueblos se empobrecen y languidecen; con relación a la tierra misma los fondos de inversión no reparan ni les interesa hacer rotaciones de cultivos, provocan desertificación, contaminación hídrica pues se ha comprobado excesos de nitratos y de fosfatos, el uso indiscriminado de herbicidas, etc. etc. y hay que adicionarle lo que se llama la monoproducción de soja.
II – Claves del conflicto
Es preciso decir que el nudo del conflicto no pasa porque lo cuestionado sea que el Estado se arroga un derecho ilegítimo cual es el de fijar retenciones a las exportaciones. Este derecho ni es nuevo ni es ilegítimo ni lo practica sólo Estado Argentino. Las retenciones constituyen un impuesto que se pone en práctica actualmente en numerosos países y es un recurso de política económica al que el Estado recurre por distintos motivos. Dado que las aduanas son nacionales (Constitución Nacional) los recursos así obtenidos forman parte de los ingresos del presupuesto nacional desde mediados del siglo XIX.
Este impuesto al comercio de exportación lo que hace es tomar una parte de la renta diferencial de la tierra y, en particular en la actualidad, la renta diferencial extraordinaria que surge como consecuencia de los altos precios internacionales de granos y cereales, que el Estado aplica puntualmente a soja, trigo, maíz y girasol, pero especialmente a la primera. No tiene el mismo fundamento y carácter que los aportes sobre salarios y el correspondiente impuesto a las ganancias, con lo cual lo se pretende decir que no es igual a la situación que se crearía si el Estado decide establecer un impuesto extraordinario al salario, cosa ésta que se hizo en la administración del lamentable radicalismo cuando era Presidente De la Rúa siendo su Ministro de Economía José Luis Machinea rebajando los salarios de los empleados estatales en un 13 % violando toda la legislación vigente sobre tal ingreso (estabilidad e intangibilidad) ¡esta medida era sí confiscatoria!
Retenciones móviles
Debe recordarse que las retenciones ya se venían aplicando y que si bien había despertado resistencias nunca habían llegado al cuestionamiento como el que surgiría luego de anunciadas las dos medidas que actuarían como disparador del conflicto en curso: a) aumento de las retenciones del 35 % al 44 %, y b) dejaban de ser fijas y pasaban a ser móviles. La burguesía agraria se levantó en rebelión y desató una catarata de denuestos y afirmaciones falsas pero de alto impacto político e ideológico difundida en primera plana por la prensa empresarial, y repetidas hasta el hartazgo por la T.V. y las cadenas radiales, siendo la más reiterada que las retenciones móviles eran (son) ¡confiscatorias! Se pudo y aún se puede escuchar expresiones tales como que: a) las retenciones móviles son un impuesto “distorsivo”; b) “el campo” es el sector que más “trabaja para el País”; c) “el campo” realizó el mayor esfuerzo en la reactivación económica desde el 2002; d) “el campo” paga una enormidad en impuestos; si la soja, que casi no se consume en el mercado interno y se exporta en un 95 % tendría que tener menores retenciones y nunca “móviles”; e) para “el campo” es una injusticia el aumento de las retenciones y su carácter móvil una vez que decidió invertir; que en “el campo” la producción mayor está en manos de pequeños y medianos “productores” (chacareros) y no de oligarquía alguna que “ya no existe”, etc.
Todas y cada una de estas afirmaciones son una descabellada mentira de los portavoces de las burguesías agrarias y de los propios empresarios que decidieron resistir por todos los medios a la política impositiva del gobierno. Veamos en detalle cada una de aquellas afirmaciones. a) Que las retenciones sean distorsivas porque, según el argumento de la ortodoxia liberal económica, irrumpen en el mercado y en su funcionamiento “normal” es inexacto. Todos los impuestos tendrían tal característica entonces ya que, a menos que el Estado tenga fuentes propias de financiamiento (empresas productivas públicas por ej.) y que cubra todas sus necesidades con ellas, siempre en todo tiempo y lugar éste toma de quienes producen sus ingresos. Si por el capital privado fuera el Estado ni tendría que existir, en el sentido económico, mucho menos ocuparse de invertir en educación pública, en materia hospitalaria, tampoco en defensa, ni en transportes ni en comunicación y, efectivamente, es lo que está sucediendo en casi todos los países centrales en los cuales estas actividades son desempeñadas por empresas privadas directamente explotadas por ellas o bien mediante el sistema de concesiones pagadas por el Estado. Es claro que el Estado burgués cumple un rol de mantenimiento y reproducción del sistema social del capital subordinando a los sectores del trabajo, para lo cual debe extender su control, por tanto sus gastos se amplían y para ello las clases burguesas deben “pagar” a su Estado tales funciones. El Estado, pues, es el capitalista colectivo. Pero las clases burguesas agrarias no soportan siquiera a su propio Estado en cuanto se trata de la renta y su acaparamiento: exigen su percepción total sin importarles lo que ocurra con la economía capitalista como un todo.
En cuanto al punto b) que el campo es el que más trabaja para el país, es completamente falso ya que el valor de la producción agropecuaria (incluyendo caza y silvicultura) como sector, de acuerdo con cálculos para el año 2007, sólo representa un 5,3 % del PBI. De modo que si se piensa en términos comunes esto quiere decir que de cada $ 100 de PBI, solamente $ 5,3 se originan en el sector agropecuario. Examinada la estructura sectorial de Argentina es posible advertir que “el campo”, en orden a su contribución al valor del PBI ocupa ¡el octavo lugar! Antes que él están: la industria manufacturera (16,5 %); Comercio (12,9 %); bienes inmuebles y scios. empresariales (12,8 %); Transporte y Comunicaciones (10,5 %); Servicios salud y educación (7,5 %); Construcción (6,4 %); Servicio doméstico, comunales y sociales (5,6 %). Respecto de c) el mayor esfuerzo en la reactivación por el sector agropecuario no se condice con los números aportados a las Cuentas Nacionales: hasta el año pasado desde el 2002, el sector aportó al crecimiento del PBI ¡el 3,76 %! Y en este sentido ocupa el séptimo lugar, lo cual no es como para jactarse precisamente.
En cuanto a la afirmación d) que “el campo” paga una enormidad de impuestos, no resiste el menor análisis serio. El pago del impuesto a las ganancias del sector agropecuario en el 2007 fue el 4 % del total en tanto que la industria por el mismo concepto pagó el 35 %. Comparando este dato con el 5,3 % que representa en el PBI, que emplea menos trabajadores, que les paga en promedio salario más bajos que la industria y que además sólo tiene registrados un 25 % de la fuerza laboral que ocupa la conclusión es que el conjunto de las burguesías agrarias es el sector social que más evade el pago de impuestos y se comporta como el típico patrón “negrero” al más rancio estilo de los explotadores estancieros decimonónico.
El punto e) referido a que no habría que fijar retenciones a la exportación de soja dado que se exporta en su mayor volumen y no incide en la dieta alimentaria interna, lo cierto es que el avance descontrolado de la producción de soja tiene efectos colaterales que se vuelven inevitables en términos de producción de los otros productos que sí impactan en la canasta familiar: trigo, maíz, arroz, ganado, etc. dado que quita extensiones para tales cultivos y ha hecho incrementar en U$D la ha. a altísimos niveles que será muy bueno para el capital propio de las burguesías agrarias pero que hace elevar los precios internos por el “efecto arrastre” que tiene. No menos falso es el argumento que se trata de un “injusticia” establecer tales retenciones y en tal porcentaje de inicio (44 %). Hoy el precio dólar de la soja está alrededor de los U$D 500 la tn. a este precio de venta y descontadas las retenciones los empresarios obtendrían un ingreso aproximado a los U$D 300 por tn. muy superior a los 200 U$D la tn. del año anterior con retenciones de 35 %, la diferencia se dio sólo por el aumento del precio dólar en el mercado internacional.
El último argumento es muy importante. Decir que la parte mayor de la producción agropecuario está en manos de esforzados chacareros y no de oligarquía alguna esto es en verdad un mito. Del total de las empresas agropecuarias, las que tienen menos de 1000 ha en el campo pampeano constituyen el 90 % pero produciendo sólo en el 22 % de la superficie cultivable, en tanto que las empresas grandes y los pool que representan sólo 10 % del total explotando extensiones de más de 1000 ha. producen en el 78 % de la superficie. Más aún, desagregando la relación empresas-extensiones encontramos que las explotaciones de hasta 100 ha. son el 58 % del total de las empresas dedicadas a la producción agropecuaria. Se advierte pues que hay una realidad: el gran capital dedicado al campo es el que ocupa más ha. y produce más que la pequeña y mediana burguesía agraria. Y es posible que la “oligarquía” sea un mito, si por ella se entiende la “oligarquía” semifeudal del siglo XIX y comienzos del XX, pero lo que no es un mito es el capital concentrado financiero que si bien no es una oligarquía al viejo estilo no por ello es menos decisivo y expoliador que aquella de antaño; es lo que dice el Presidente de la FAA, Eduardo Buzzi cuando al responder la pregunta: ¿Existe la oligarquía? Dice: Sí, pero hay vieja oligarquía y nueva oligarquía. La vieja sobrevive. Según el Censo 2002, unas 5.000 familias tienen más del 50 % de la tierra” (Fuente: Clarín 6-04-2008) lo que no dice el Censo 2002 es que muchas de tales “familias” son socios cuando no directamente cabezas de fondos de inversión y pooles que explotan al “nuevo” estilo sus campos y otros que arriendan a muchos pequeños propietarios. ¡He ahí pues la concentración en la apropiación de la renta! Lo más beneficiados serían estas empresas que además forman parte de conglomerados con las exportadoras ¡a ellas les interesa la eliminación de las retenciones, son ellas el factor decisivo en el embuste ideológico que acabamos de exponer y quienes sostuvieron la rebelión de todo el sector!
La rebelión de las burguesías agrarias
Cuando un movimiento social se origina en cualquier clase de la sociedad exigiendo a las autoridades locales, provinciales y/o nacionales la resolución de un problema que se considera una injusticia, de un derecho vulnerado o no reconocido, etc. y toma dimensiones amplias, se transforma de pedido, reivindicación, o reconocimiento, en un movimiento político que toma modalidades y objetivos que superan los originarios y a sus generadores. Esto es lo que ha pasado con el lock-out patronal del campo pampeano. Sus propios iniciadores veían como el movimiento se les escapaba de su conducción y tomaba un giro impensado. El reclamo contra las retenciones móviles se transformó en una rebelión política que entraba en un plano objetivo de deslegitimación del gobierno y enfilaba hacia la creación de una situación de inestabilidad institucional que todavía puede darse. La ultraderecha recibía en bandeja un hecho político mayúsculo sin proponérselo y del cual está dispuesto a obtener no sólo resultados favorables en lo impositivo sino también en lo político. Se planta ante el conjunto social como líder del antiautoritarismo y de la lucha contra la “injusticia” que el gobierno comete al embestir contra los “productores” del campo. Es uno de los mejores regalos políticos que esta administración podría hacerles a la anémica oposición política de derecha para próximas elecciones: que sus políticas liberal-financieras vuelvan a entronizarse como “legítimas” por medio de las convocatorias eleccionarias y los Menem y Cavallo sean reinstalados en la conducción del Estado con otros apellidos.
III - La administración cleptocrática del Estado burgués.
Encaremos, en principio, la caracterización del Estado Argentino como cleptocrático.
El golpe militar de 1976 y la consiguiente dictadura terrorista de Estado que implantó durante más de 7 años, no sólo dejó las secuelas monstruosas de su genocidio masivo, sino otra que no se suele destacar de carácter político institucional: estableció al Estado como un ámbito de saqueo de los caudales públicos y de utilización de sus propiedades como bienes personales y privados para cada comandante en Jefe de las FF.AA. Así se instaló una práctica de administración gubernamental de asalto y reparto de lo público como botín, por tanto de la actividad política como un hábito de estafas, robos, confiscaciones, sobornos, negociados, fraudes, etc. (recordar el negociado de la empresa de electricidad Ítalo, la confiscación de la empresas de los Hnos. Greco y su puesta en prisión), que quedó como un legado para los elencos de gobierno posteriores. El más emblemático de todos (no el único) fue el del Menem, pero continuó con el de De la Rúa y hoy es inocultable en la administración Kirchner. Hay, pues, un Estado burgués administrado por elencos políticos, que se renuevan en cada elección, de corruptos, ladrones, tahúres, delincuentes, acompañados por mantenidos, punteros y “clientes” que rozan con las franjas sociales en las que se mueve el “lumpen” y quienes viven del delito permanente.
Esta situación parece plantear una cuestión teórica nueva en la relación jurídica-política entre clases burguesas, Estado y su administración ante el resto de la sociedad: una escisión entre el poder de una clase para ejercer directamente el gobierno mediante sus líderes y/o partidos al Estado, que llamaríamos poder de clase del Estado, y administración del Estado por individuos grupos y/o partidos fuera de aquella clase, pero objetivamente al servicio de ella, que sería algo así como una administración advenediza del Estado solo que, diciendo que “representa” al pueblo y sus anhelos de democratización, igualdad, justicia, etc. estos grupos y partidos se constituyen, a partir de la masa de pequeños, medianos propietarios, trabajadores asalariados, sectores medios, etc. en verdad en representación de las clases dominantes ante el pueblo, accediendo a un Estado cuyas clases propietarias no pueden aceptar que tales intereses sean materializados en políticas de transformación y cambio de las relaciones burguesas de producción puesto que llevarían a un cambio en las relaciones jurídico-políticas en el Estado. Pero tampoco pueden evitar su acceso porque en el juego de la democracia republicana electoral carecen de mediación política que los lleve a “recuperar” su Estado para dirigirlo hacia sus objetivos e intereses inmediatos. Aparece de este modo una contradicción entre el Estado burgués fundado en las relaciones básicas de producción, de cambio, de negocios, finanzas etc. y la administración política del mismo mediante individuos, grupos que no provienen de las clases burguesas que supuestamente debieran dirigirlo.
El Estado en estas condiciones ya no es un simple comité de la burguesía para resolver entre sí sus asuntos económicos y políticos. Se ha transformado mediante la institucionalidad democrática y la estructura electoral que la sustenta, incorporando a todas las clases sociales, aun con las trampas y artimañas habituales, poniendo una nueva situación de “ingobernabilidad crudamente burguesa” del conjunto social por medio del Estado. Este fenómeno se está dando en A.L. desde no hace mucho más de 25 años en cada uno de sus países. La burguesía no alcanza a administrar su Estado y quienes lo administran no son estrictamente burgueses propietarios. Aquella, hoy sin el partido militar ya para zanjar la disputa de clase, apela a su poderío económico-financiero la solidaridad de clase internacional y oponen barreras de ese tipo para impedir que éstos puedan poner en práctica políticas siquiera tibiamente reformistas. Por esto los movimientos políticos que surgen y se desarrollan como amplias alianzas populares llegados a la administración estatal se encuentran con que no pueden implementar sus promesas y terminan convertidos en “gestionadores”, “intermediarios” y “representando” a aquellas clases e intereses que decían combatir. Y los “poderosos” sienten la incomodidad y el “desgaste” de lidiar con burócratas advenedizos que “no entienden lo que es gobernar con eficiencia, pulcritud y austeridad los recursos del Estado y de la Nación toda”. Se sienten “robados” e incómodos, sin seguridad jurídica, sin credibilidad en las “instituciones”, sin previsibilidad paras inversiones y los negocios, en tanto que aquellos se saben en medio de un festín cometiendo todo tipo de latrocinio.
Así es como naufragan todos los proyectos “populares” que aun sin proponerse ir más allá de las relaciones burguesas de producción intenten implementar políticas que sean al menos tibiamente reformistas, pero también hacen agua, más tarde o más temprano, todos los intentos por parte de los empresarios capitalistas para retrotraer a épocas y situaciones perimidas la realidad socio-política: es el conflicto de clases que no se detiene y que seguirá, lamentablemente, costando enormes esfuerzos, luchas y sangre. El advenimiento, el parto, de una nueva sociedad nunca ha sido indoloro y este no lo está siendo por cierto y es cierto que no es ésta la situación planteada en la sociedad argentina actual ni tampoco por medio de la administración kirchnerista, pero los dolores y la violencia, como se puede ver, se dan incluso en una etapa de recuperación económica que incluye formas también de moderada recuperación distribucionista. ¡Qué no habrá que esperar si se tratara de poner efectivamente en marcha un cambio en las relaciones de producción! Para muestra ya tenemos los ejemplos de Venezuela y de Bolivia.
La actual administración kirchnerista pareciera cortada como ejemplo de lo antes expuesto. Habría que agregarle además de todas aquellas características generales especialmente las referidas al papel del Peronismo. De fuerza popular reformadora a partido conservador del statu-quo con su colorido propio y sus recordatorios de otra etapa, ya no es lo que antes fuera. ¿De dónde le viene a esta administración ese “aire popular y reformista” que se le asigna en unos casos y en otros de “montonerismo comunista” por parte de otros? Pues precisamente de lo que antes expusimos. Pero en particular por la notable reactivación económica que destruyó los argumentos de la ortodoxia económica ultraliberal autóctona y de la “sabiduría” de los organismos de crédito internacionales. Después de los acontecimientos del 2001 las clases propietarias pedían a gritos una salida de la crisis puesto que se orillaba peligrosamente la desobediencia civil y la rebelión de la población que podía seguir por rumbos muy peligrosos. La profundidad del desastre económico era tal que proseguir en tal camino era suicida para Argentina y sus clases propietarias. Se requería de una instancia política que apaciguara: asi llegó Kirchner y Cia. A lo anterior habría que agregarle su política de derechos humanos; sus relaciones diplomáticas y de negocios con Chavez y lo que más confundió su posición de autonomía respecto del FMI. Ahora bien pasados los momentos más peligrosos y pasadas las “veleidades” autonómicas, la ultraderecha recuperada su tranquilidad es la que la señala con la última expresión como una característica despreciativa y hasta delictiva ¿Por qué? porque en sus “años mozos” muchos de los que están en el gobierno eran alegres estudiantes bullangueros que creían y querían “transformar al mundo burgués”, y cierta franja social “progresista” se empeña en mantener la primera dado que a la izquierda política del gobierno no hay nada, entonces, el liberalismo kirchnerista aparece metamorfoseado como “la” izquierda ante la ultraderecha. Ni unos ni otros parecen advertir que aquellos “chicos” ya no son estos “adultos”. No sólo ya no quieren ni pueden transformar al mundo burgués sino que, cruda ironía de la historia, ese mismo mundo burgués lo transformó a ellos y ahora aspiran como máximo ¡a enriquecerse ya que llegaron al Estado!
Pero señalemos algo que no carece de importancia histórica y política respecto de Estado, clases, administración y cleptocracia. El protagonista y responsable principal que oficia de corruptor y abastecedor constante de esta situación encuentra es el capital financiero mundial. Miles de millones de u$s en inversiones, negocios, tráfico de armas, tráfico de drogas, un liberación de los flujos mundiales del capital de los gigantescos conglomerados monopolistas y de los Bancos de de los países centrales, han convertido a países, Estados, administradores, economías de los países periféricos en campo de rivalidades pero además de un enorme derroche de divisas en “comprar”, “domesticar” y volver “razonables” a todos ellos con sus sobornos, extorsiones, cohechos, etc. que van desde un Presidente hasta un desconocido concejal municipal de un oscura localidad del interior más lejano del país. Si los conflictos de clases internos y la evolución política de los mismos llevaron a la aparición de esta situación, el mantenimiento de la misma y la difusión cleptocrática reconoce en aquél su sostén mayúsculo.
IV – Trabajadores del campo y un programa de superación.
Pero veamos cuál es la situación del verdadero ausente de este conflicto que es ignorado por todas las partes ya que, por ejemplo, no participa para nada en las negociaciones entre gobierno-burguesías agrarias: los trabajadores rurales ¡ni siquiera son el convidado de piedra!
De acuerdo con cálculos del Indec para el 2007 en el sector agropecuario hay más de 1.000.000 de trabajadores rurales (la estimación es de 1.300.000, el Censo Agropecuario de 2002 registraba 1.200.000), de los cuales, en base a declaraciones juradas de las propias empresas agropecuarias, están registrados sólo 319.000 (318.996) y perciben los salarios más bajos de la totalidad de los trabajadores. Tomando solo promedios aritméticos, los 5.500.000 trabajadores privados cobra $ 1904, mientras que los trabajadores agrarios reciben $ 1.100. En el sector agrario las burguesías tiene un 75 % no registrado, “en negro” como se dice comúnmente, lo que significa salarios aún más bajos que los promedios antes mencionados ($ 20 diarios en promedio).
Veamos la desagregación de los trabajadores registrados:
a) 50.000 (49.747) trabajadores ocupados en cultivos industriales cobran en promedio
$ 868, son quienes tienen los salarios más bajos.
b) 41.500 (41.456) trabajadores de “servicios agrícola-ganaderos”: $ 872.
c) 20.000 (19.942) trabajadores empleados en el cultivo de hortalizas y legumbres:
$ 904.
d) 34.300 trabajadores dedicados al cultivo de frutas percibieron: $ 971.
e) 3.500 (3.498) trabajadores en la producción de semillas: $ 1.948
En el campo pampeano es difícil establecer hasta un promedio aritmético porque es la región en la cual la evasión impositiva, la contabilidad fraguada, y el trabajo no registrado alcanza niveles escandalosos. He aquí este botón de muestra de quienes dicen que “hacen Patria” y de quienes acusando a los grandes concentraciones de capital en el campo pampeano llegaron a creer “…que la pequeña y mediana burguesía agraria fuera el sujeto de la etapa” (E. Buzzi, Clarín 6-04-08) pero ante pedidos de Reforma Agraria por parte de algunos afiliados en el sector norte Buzzi y la FAA no sólo se desentienden sino que no quieren saber nada.
Como es posible observar el conflicto no opone a gobierno versus campo sino a tres clases sociales: capitalistas financieros dedicados a la soja, burguesías agrarias propietarias y arrendatarias, y la mayoría de los trabajadores rurales explotados, maltratados y esclavizados por todas ellas de consuno. El gobierno aquí hace el papel del villano y aquellas de víctimas, y no son ni una cosa ni la otra. En razón de la política económica antiinflacionaria que se ha propuesto adoptó el camino de las retenciones móviles y que consiguen, efectivamente, despegar los precios internos de la producción exportable de sus precios mundiales, objetivo irrenunciable y hasta de sentido común económico si no se quiere volver a una política claramente ortodoxa y agresora del mercado interno que castigaría de un modo directo y sin contemplaciones a todos los trabajadores y al resto de las actividades industriales.
Por tal razón es imperioso establecer criterios políticos claros y demarcatorios por parte de las agrupaciones, y/o partidos que no están de acuerdo en tomar una posición pro-gubernamental ni una posición “pro-campo”, mostrando sin embargo que el mantenimiento de la institucionalidad democrática actual constituye la mejor condición para el desarrollo de las actividades del pueblo y de sus luchas económicas, políticas y sociales, para acceder a etapas en las que quepa plantearse transformaciones más profundas. Pero señalando que son las burguesías agrarias y en el gobierno a los responsables principales del conflicto, y de su posible tránsito hacia vías de “deslegitimización” y de “inestabilidad”. Por ello la actual administración debe hacer uso de los mecanismos del Estado para evitarle a la sociedad toda una vuelta a situaciones de dominio de la reacción que intenta cuestionar a esta gestión y volver a entronizar sus políticas recesivas, concentradoras y disciplinadoras al estilo ya conocido con los elencos anteriores:
1) El Estado tiene la responsabilidad y la obligación de ¡frenar el desborde empresarial agrario! Con los órganos de seguridad interna que le confiere la Constitución.
2) El Estado está obligado a que sus Ministerios y/o Secretarías de Administración hagan aplicación estricta de la ley respecto de los trabajadores rurales y el control de las empresas de las burguesías agrarias cualesquiera fuera su tamaño.
3) El Estado tiene la obligación de registrar a todos los trabajadores rurales dentro de la ley de Contrato de Trabajo de la cual están excluidos desde la dictadura militar 1976/83.
4) Los trabajadores ¡ellos no la farsa del Sindicato Uatre! deben participar también en las negociaciones entre gobierno y burguesías. ¡De esto no se habla! Se da por descontado por ambas partes la inexistencia del mismo apareciendo sólo para esgrimir en las negociaciones como herramienta de presión por el Gobierno.
5) Quitar el reconocimiento legal de la Uatre o bien permitir que los trabajadores rurales conformen otro sindicato que verdaderamente sea su representación por la libre elección por ellos de sus dirigentes.
6) El Estado esta obligado a oponer un freno y desarticular todo intento de desabastecimiento de la población por cuanto hacerlo configura lisa y llanamente una resistencia política de las burguesías agrarias y es un delito que debe ser castigado con toda la fuerza que legalmente tiene el gobierno.
7) El Estado está en condiciones de oponer un freno a la voracidad rapaz de los grandes capitales exportadores y establecer leyes que dinamicen el mercado interno cuidando los ingresos de las clases trabajadoras para lo cual se ha vuelto imperioso establecer con carácter estatal una Junta Reguladora de la producción agraria exportable que fije normas sobre precios, calidad, volúmenes, etc. a ser cumplidas por las empresas del sector.
Pero la responsabilidad política en este momento es dejar de crearle condiciones sociales y económicas a la derecha para que en las próximas elecciones accedan a la administración del Estado y vuelvan a diseñar políticas ultraliberales pero ahora con la legitimación electoral. Hay que salir definitivamente del péndulo liberal-popular versus reacción ultraliberal.
Fernando H. Azcurra
Abril 2008
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