BUENOS AIRES BAJO EL HUMO.

Cuando escribo esto, Buenos Aires está rodeada desde hace una semana por una densa humareda originada en la quema de pastizales del Delta del Paraná y que ha alterado la vida cotidiana de millones de personas.
La mayor parte de los responsables son propietarios de campos que adoptaron un método drástico para eliminar la vegetación y acelerar su puesta en producción.
El evento ha provocado el cierre de varias rutas, dejó sin operar a tres puertos, dos aeropuertos y la terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires. Ha habido importantes accidentes en las rutas, con varios muertos y heridos.
Es claramente el peor caso de contaminación del aire en toda su historia.
Quiero expresarles mi desconcierto ante la falta de prevención y respuesta por parte de quienes deberían haberle hecho frente con responsabilidad y que, en vez de eso, basaron su estrategia en la esperanza de un cambio en la dirección del viento.
Veamos los hechos:
Los incendios hay que apagarlos apenas aparecen
Al mediodía del 17 de abril, uno de los directivos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) informó al canal de televisión TN que había campos que se estaban quemando “desde hace 21 días”. Cuando habló, ya había 300 focos de incendio y se estaban quemando 70 mil hectáreas.
En una recorrida por cualquier Parque Nacional podemos ver carteles que indican el riesgo de incendio según la humedad y el estado de la vegetación. ¿Aquí no había nadie pensando que cuando hay una sequía prolongada algo se puede quemar?
En ese momento, la noticia era que los aviones hidrantes no podían actuar para apagar el fuego, debido a la densa humareda.
Sucede que tenemos un Plan Nacional de Manejo del Fuego, debido a los incendios de bosques y de campos de años anteriores y que está diseñado para responder en cuestión de horas. ¿Por qué no actuaron los hidrantes 21 días atrás? ¿No estaban en condiciones de actuar o alguien consideró que no era necesario movilizarlos? Cualquier persona sabe que a los incendios hay que agarrarlos de chiquitos y que si nos tomamos 21 días para decidir apagarlos, se van a volver inmanejables. Que fue precisamente lo que ocurrió.
Está claro que cuando se produce un incendio, hay que apagarlo cuanto antes. Si el propietario del campo lo hizo deliberadamente, habrá que cobrarle los gastos de apagarlo y llevarlo a juicio.
¿Lo que hicieron es un delito?
Sugiero ver el Código Penal de la República Argentina, donde hay una figura delictiva llamada “estrago culposo”. Es decir, cuando alguien produce un desastre sin querer, por impericia o por negligencia.
¿Va actuar la justicia, o lo trataremos como un simple fenómeno meteorológico, que no fue culpa de nadie?
En las rutas, la seguridad es más importante que el cobro del peaje
También cualquier persona sabe que si no hay visibilidad en las rutas, se producen accidentes. Sin embargo, fue necesario un espectacular choque en cadena, en el que siniestraron más de 40 vehículos, con varios muertos, para que se decidiera cortar la ruta 9. En los días subsiguientes, cada vez que alguien decidía reabrir la ruta, morían algunas personas y se la volvía a cerrar.
El humo actuó sobre una atmósfera ya saturada.
La contaminación afectó duramente el Área Metropolitana de Buenos Aires, porque allí ya hay tantos contaminantes en suspensión, que la atmósfera no puede diluirlos.
En Santiago de Chile o Ciudad de México, ante una situación equivalente, las autoridades declaran la emergencia ambiental. En esa situación, se prohíbe la circulación de los automóviles particulares para que no agreguen más gases a la atmósfera y sólo se puede circular en transporte colectivo.
Una emergencia de contaminación es una emergencia sanitaria.
Ante un evento así, hay que redoblar las guardias que atienden enfermedades respiratorias en hospitales y clínicas privadas. Y, por supuesto, el informe que después se haga (¿se hará? ¿se publicará?) tendrá que consignar si hubo un aumento de la cantidad de enfermedades y muertes en estos días por dolencias respiratorias.
Una situación así tendría que reforzar las estrategias de prevención.
Sin embargo, parece ocurrir lo contrario. En plena crisis, la Secretaría de Energía decidió suspender la aplicación de las normas ambientales para el fuel oil que se usa en las usinas térmicas. Esta decisión tiene nombre y apellido: se trata de facilitar el uso de un combustible de origen venezolano, de baja calidad y que por eso es difícil colocarlo en otros mercados. Viene con un alto contenido de azufre, y las normas prohíben que se use.
Si se quema fuel oil con azufre, después llueve ácido sulfúrico. Es decir, lluvia ácida, un fenómeno históricamente desconocido en Buenos Aires.
Sería bueno que la experiencia sirviera para algo. Si hemos provocado la humareda, sería bueno que aprendiéramos a no causar la lluvia ácida.


Antonio Elio Brailovsky