por Walter Cifuentes
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Resumen: el concejal del Bloque Socialista
del H. Concejo Deliberante de Caleta Olivia,
propone solicitar a los Poderes Legislativo
y Ejecutivo de Santa Cruz, suspender la adjudicación
de quince áreas petroleras
y abstenerse de extender nuevas prórrogas
de concesiones, hasta realizar una consulta popular
sobre las políticas de exploración y explotación petroleras.:
CONSIDERANDO:
Sr. Presidente:
Como es de público y notorio y tal cual fuera abordado por este Honorable Concejo Deliberante, el gobierno de la Provincia del Chubut, con el acuerdo del Gobierno Nacional, acaba de prorrogar la concesión que el gobierno de Carlos Menem otorgara en 1997 a la firma británica Pan American Energy (PAE) del yacimiento de Cerro Dragón. Con esta decisión se resuelve mantener la entrega petrolera de los años 90, sin consulta de ningún tipo, ni al pueblo de Chubut, ni al de la Nación.
Así, a pesar de las furibundas frases de tribuna, estos gobiernos continúan sosteniendo el modelo de saqueo del subsuelo argentino. En los años 90, cuando reinaba el neoliberalismo y pretendía imponerse como pensamiento único, el Gobierno Nacional negoció con algunas provincias (especialmente Salta, Santa Cruz y Neuquén) junto a las privatizaciones de las grandes empresas públicas, la entrega de acciones de YPF y el reconocimiento de discutidas regalías, a cambio de la reelección de Carlos Menem y la promesa de provincializar el subsuelo.
La historia de las acciones de YPF y el destino del ingreso por su venta no finaliza con el siglo XX, manteniéndose hasta hoy el misterio sobre su origen, la renta financiera obtenida y su actual destino. Además miles de ex agentes de YPF deambulan tras de las autoridades sin encontrar justicia a sus legítimos reclamos por el célebre Programa de Propiedad Participada. En cuanto a la promesa de la Provincialización fue cumplida con la reforma constitucional de 1994, pero ésta provincialización no sirve a los intereses provinciales, ya que se continúa en una carrera de prórrogas -con una anticipación por demás sospechosa y llamativa- de las concesiones anteriores y otorgamiento de nuevas concesiones de exploración en las provincias. Esta carrera por prorrogar, autorizar y conceder, muestra la perversidad de esta política que entrega el petróleo a cambio de no se sabe qué ventajas. La historia nos dirá para qué se eliminó a YPF, una de las principales empresas petroleras del mundo, cuya sigla incluso la multinacional extranjera mantiene hoy, por el prestigio histórico que alcanzara, a pesar de las miles de campañas realizadas para desprestigiarla y justificar su destrucción.
El perfeccionamiento de la política de entrega se consolidó con la promulgación, en enero de 2007, de la Ley 26.197 -conocida por “Ley Corta”- ante la imposibilidad de reformular integralmente la vigente Ley de Hidrocarburos 17.319. Con la “Ley Corta” se reglamentó la norma constitucional de provincialización en forma tal, que bajo el sustento ideológico del federalismo, se habilita a las provincias petroleras a continuar la enajenación de las reservas hidrocarburíferas, iniciada en los años 90, sellando definitivamente la posibilidad de recuperar estos recursos para el conjunto de la Nación. Por ello la Ley 26197 también es reconocida como “LEY DE EMIRATOS”. Cabe destacar que en el Senado de la Nación esta Ley solo tuvo un voto negativo, el del Senador socialista Rubén GIUSTINIANI.
La prórroga, prácticamente hasta el año 2047, de Cerro Dragón, en la provincia del Chubut, se hace sospechosamente cuando aún faltan 10 años para completar el período de la concesión, otorgada ya originalmente con diez años de prórroga, lo que ahora el gobierno provincial repite. No se cumple con la Ley de Hidrocarburos, que aún no han podido abrogar, en su exigencia de que, para prorrogar la concesión, se debe haber cumplido con principios de racionalidad en la extracción y con los intereses hidrocarburíferos de la Nación.
No se puede prorrogar sin haberse definido tales obligaciones. En este modelo concesional, para dar un nuevo período, de conformidad a la Ley, se debió haber llamado a una nueva licitación.
¿Quién se beneficia con esta entrega? Obviamente no el país, ya que una provincia está entregando 40 años de extracción, lo que hará que, en el período más exigente de la necesidad de petróleo en el mundo, los argentinos recibiremos yacimientos agotados tras una exploración de muchas décadas. Es evidente que únicamente la favorecida será la firma británica, con su socia minoritaria y local, Bridas. Recibirán más de 10 mil millones de pesos por el petróleo extraído.
La provincia de Chubut, en este caso, que muestra como un triunfo el aumento –condicionado- de un 3% de la regalía, será la primera perjudicada cuando se agote el petróleo y luego de 40 años una mísera regalía del 15% -que no llegará a los 800 millones de pesos- no haya servido para desarrollar nuevas fuentes de trabajo y producción para la próxima generación de chubutenses y argentinos.
Argentina, con estas medidas alejadas de las que se realizan en toda Sudamérica y en gran parte del mundo, puede quedar con el desprestigio de ser el último y único país que intenta mantener el neoliberalismo energético, que nos impide crecer a más altos niveles que el presente, desarrollar nuestra industria y realizar una política distributiva más justa.
Sr. Presidente: La política energética del país fue desarrollada, durante más de 80 años, por gobiernos de distinto signo. YPF y Gas del Estado eran empresas sociales construidas con la inversión y el ahorro nacional y aquí todos lo sabemos. Allí donde se instalaban hacían caminos, hospitales y escuelas, mientras los gasoductos se trazaban para llevar combustible barato a productores y usuarios. Esos beneficios se perdieron a partir de 1989 con la privatización de Carlos Menem y sus socios gobernadores como el ahora Presidente Néstor Kirchner.
Desde el descubrimiento del petróleo en nuestro país, en 1907, se fue construyendo una inteligente política de Estado que durante más de 80 años fue desarrollada por gobiernos de distinto signos partidarios y que ni siquiera los gobiernos militares se atrevieron a tocar. Esa política definía los combustibles como un servicio público y un bien social.
Esos beneficios se perdieron en 1989 con la privatización de Carlos Menem y sus socios gobernadores como Néstor Kirchner. A pesar de ser grandemente repudiadas, las privatizaciones han sido mantenidas hasta hoy por los sucesivos gobiernos o desgobiernos.
Es en esta línea ideológica de un gobierno que se presenta como “de izquierda” y tal cual lo señalara al principio: Pan American Energy y el Gobierno del Chubut acaban de firman el primer acuerdo de extensión de concesiones de áreas hidrocarburíferas. Pan American Energy (PAE), la segunda productora de hidrocarburos de la Argentina, suscribió con la Provincia del Chubut un compromiso de inversiones y acuerdo para prorrogar el plazo de las concesiones de exploración y producción que la empresa tiene en las áreas hidrocarburíferas conocidas como Cerro Dragón, en la Cuenca del Golfo San Jorge.
El Acuerdo fue suscripto por el Gobernador de la Provincia del Chubut, Mario Das Neves, y por el Dr. Carlos Bulgheroni, Director apoderado de Pan American Energy. Este es el primer acuerdo de extensión del plazo de las concesiones en el marco de la Ley N° 26.197. Esa norma, tal cual lo describiéramos, dio cumplimiento al mandato constitucional de transferir el dominio de los recursos naturales contenidos en el subsuelo desde el ámbito de la Nación a las provincias productoras.
Insólitamente el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, sostuvo ante la prensa que el modelo de renegociación de los contratos petroleros que llevó adelante este distrito con Pan American Energy será aplicado en Santa Cruz, y que igual que en Chubut consistirá en garantizarle a la operadora más tiempo de concesión a cambio de mayores regalías e inversiones directas. Lo curioso del caso es que la definición se tomó en la reunión que mantuvo el presidente Néstor Kirchner con los gobernadores de Santa Cruz, Daniel Peralta y de Chubut, Mario Das Neves tras un acto protocolar en el que firmaron el acuerdo interjurisdiccional de partición de aguas para la futura construcción del dique "Los monos". Muchos funcionarios de Santa Cruz, entre los cuales se encuentran ediles de este Honorable Concejo Deliberante estuvieron en tal acto pero de los acuerdos petroleros ni se enteraron.
Es más aún, respecto al tema, Das Neves reveló que "desde Santa Cruz se venía viendo la evolución de los acuerdos que se hacían en Chubut y ante la evidencia de que es una renegociación posible y positiva se copiará el modelo con las variantes propias de cada provincia". Además Das Neves -quien reconoció que por primera vez se encontró con su colega de nuestra provincia en su condición de gobernador- adelantó que "en breve habrá otra reunión con Daniel Peralta para avanzar en el tema petrolero y en muchos que están en la agenda". El mandatario chubutense sostuvo que la comunicación entre ambos distritos por la renegociación hidrocarburífera estuvo siempre pero por "los acontecimientos que son de dominio público" se postergó el tratamiento en conjunto, en obvia alusión a la crisis que vive Santa Cruz.
Sr. Presidente: he aquí que por declaraciones del gobernador de una provincia vecina nos venimos a enterar de lo que estaba pasando en la nuestra y en donde nadie sabía nada y las negociaciones con las operadoras petroleras están avanzadas y se desarrollan en el más misterioso de los secretos.
Y estamos hablando de un negocio asombroso. En las últimas semanas el barril de petróleo llegó a sus máximos históricos nominales y no parece haber encontrado un techo. El clima político internacional hace pensar en que el petróleo caro "llegó para quedarse”. Ya no es ciencia-ficción pensar en el barril de petróleo a 100 dólares en poco tiempo. En esta coyuntura, toma cada vez más relevancia el problema de la renta petrolera y su distribución.
En Argentina en el año 2005 se extrajeron algo más 38,5 millones de metros cúbicos de petróleo crudo (unos 242,5 millones de barriles) lo que representa un 4,6% menos que en 2004. Las cantidades extraídas de petróleo argentino vienen disminuyendo año a año desde 1998. Las empresas sostienen que esta caída es producto de " la falta de incentivos". Como la explotación se realiza en áreas "maduras", las empresas exigen subsidios para hacer las inversiones necesarias, a pesar de los altísimos precios internacionales. ¿Cómo esto es posible? Para tratar de poner algo de luz sobre este tema, es imprescindible comenzar a discutir no solo la renta, sino, especialmente, la distribución de la renta petrolera.
El primer punto sobre el que se debe empezar a trabajar es entender de dónde proviene la renta petrolera. Debemos comprender qué es lo que permite que se venda a 75 dólares una mercancía (en este caso un barril de petróleo) cuyo costo no supera los 6 dólares.
Cuando nos referimos a la renta petrolera nos estamos refiriendo al concepto de la economía política clásica de renta diferencial y renta absoluta de los recursos naturales. Es decir, Sr. Presidente, que estamos hablando de un negocio hipermillonario en dólares de los cuales muy pocos llegan a nuestros habitantes.
Para fundamentar lo antedicho tengo en mis manos un informe del año 2005. Para poder estimar la renta petrolera Argentina se deben conocer los costos de la industria petrolera. El problema es que éstos han sido ocultados deliberadamente por las empresas luego de la desregulación de 1989. Sin embargo, podemos estimarlos utilizando datos oficiales de Repsol (principal empresa extractora de Argentina). Según su Balance, el costo del barril de petróleo en 2004 fue de 5,3 dólares (sumando el "finding cost" y el "lifting cost", que incluyen tanto los costos de la extracción, de la exploración y de desarrollo, así como los sueldos pagados). Suponiendo que los costos se mantuvieron en el 2005 y agregándole un "mark-up" de ganancia del 30% nos da un importe de venta de 6,9 dólares por barril.
Comparando este importe con los 56,5 dólares del precio internacional promedio del año 2005 la renta fue de 49,6 dólares por barril. Esto significa que la renta petrolera argentina llegó en el 2005 a los 12.000 millones de dólares (37.000 millones de pesos). ¿Cómo se distribuyó este importe?
El Estado Nacional recauda retenciones del 45% sobre el petróleo extraído que es exportado (unos 54 millones de barriles) y cobra a las empresas una alícuota del 35% de Impuesto a las Ganancias lo que nos arroja un importe de 3.200 millones de dólares (el 26% de la renta). Las provincias petroleras cobran regalías que, según la ley, debieran ser del 12%. Sin embargo, el importe sobre el que se calcula ese porcentaje sufre una serie de descuentos (principalmente las retenciones, costos de transporte y diferenciales de calidad) por lo que la alícuota real no supera el 9% del valor de venta. Por tanto, las provincias obtienen 763 millones de dólares (el 6% de la renta). Sumando el sector público, apenas se obtiene el 32 % de la renta petrolera.
Como las petroleras venden a las refinerías el petróleo al precio internacional descontando las retenciones, parte de la renta petrolera es transferida a las naftas y otros subproductos. Esta diferencia representa unos 4.775 millones de dólares (el 40% de la renta). Pero ¿quién se apropia de esta renta? ¿Los consumidores o las refinerías? Este tema merece una investigación en particular, pero podemos " aventurarnos" a adelantar que esta renta se distribuye entre ambos, quedándose las empresas con la parte del león. Esto es así, ya que si bien las naftas no se venden en Argentina a precios internacionales, claramente los precios internos no se corresponden con los costos. Estamos pagando las naftas mucho más caras que el resto de los países no-importadores (0,63 dólares el litro contra 0,06 en Venezuela ó 0,48 en Bolivia, por ejemplo). Además, las refinerías exportan a precios internacionales el 50% de las naftas obtenidas.
El resto, nada menos 3.312 millones de dólares (el 28% de la renta) es apropiado por las empresas petroleras extranjeras que manejan nuestro petróleo desde 1989. Este es el importe que obtienen las empresas que, como parte de la renta, corresponde legítimamente a los argentinos. Por sus "inversiones" de capital, las empresas ya obtienen la "ganancia normal”. Sumando ambos importes las petroleras obtienen las ganancias del 287% sobre sus costos. Cuesta creer que las empresas necesiten subsidios para poder extraer petróleo de manera rentable. Además, a este importe se le debe sumar la parte de la renta apropiada por refinadoras y distribuidoras (que en su mayoría son las mismas empresas petroleras).
A pesar de que los representantes de las empresas declaren que la distribución equitativa y correcta debe ser de 1/3 para las empresas, 1/3 el Estado y 1/3 los consumidores, esto es una falacia. Para empezar, los consumidores no obtienen toda la renta que les corresponde ya que los costos internos no se condicen con los precios. Pero, por sobre todo, se está negando el hecho de que la renta corresponde íntegramente al propietario y no a las empresas.
Este pequeño ejercicio, que buscó estimar la renta petrolera, nos indica que es imprescindible su recuperación para el beneficio de la Nación y de la Provincia mediante el manejo directo o mediante el cobro de regalías (el 50% cobra Bolivia, en vez de nuestra ridícula tasa de regalía del 9%). Tanto en Venezuela como en Bolivia, donde sus Estados participan respectivamente con el 86% y el 82% de la renta petrolífera, las petroleras privadas continúan extrayendo petróleo en ambos países, ya que igualmente obtienen ganancias.
Mientras pensaba cómo empezar este proyecto me acordaba del Uruguay. Y no por las papeleras, precisamente. Recordaba un plebiscito convocado años atrás para decidir sobre la privatización de la petrolera estatal Ancap. El resultado fue mayoritario en el rechazo.
Sirve el dato para comparar, por contraste, la experiencia Argentina iniciada en los 90 por MENEM y sostenida por KIRCHNER en la actualidad. Uruguay, un país pequeño, sin petróleo, que importa todo el crudo que consume, defiende su compañía dedicada a la refinación y comercialización de un recurso energético estratégico. Nosotros, en cambio, tenemos en casa insaciables empresas como Repsol, Petrobrás, Panamerican Energy y Chevron, entre otras.
Sr. Presidente: La falta de información de los actos Públicos llevados a cabo por el Gobierno Provincial tampoco esta ausente en este tema tan trascendental como la Privatización de áreas Petroleras, y lamentablemente los ciudadanos de Santa Cruz obtenemos información de medios gráficos, y televisivos Nacionales, y en este sentido podemos observar que en los procesos licitatorios encarados por nuestra provincia también se cuecen habas y sus preadjudicaciones desatan un verdadero escándalo ya que todas las áreas licitadas fueron entregadas a empresas amigas del poder cuyos titulares tienen relación personal y comercial con el presidente KIRCHNER.
En efecto: el 17 de noviembre de 2006 el gobierno de Santa Cruz llamó a licitación nacional e internacional de quince áreas petroleras dentro de su territorio provincial:
Área Río Guenguel ,Área Sierra España, Área Mata Amarilla, Área Laguna Grande, Área Piedrabuena, Área Gran Bajo Oriental, Área Meseta Cerón Chico, Área Sur Río Deseado, Área Lago Cardiel, Área Guanaco Muerto, Área El Tranquilo – Desierta, Área El Turbio, Área El Turbio Este, Área Tapi Aike y Área Paso Fhur
La apertura de los sobres con las ofertas se realizó apenas veintitrés días hábiles más tarde (tanto la ley como la práctica indican un promedio que oscila entre los sesenta y noventa días para elaborar las ofertas, de hecho Repsol y Petrobras pidieron una prórroga que no les fue concedida) y se analizaron allí las curiosas exigencias del llamado:
-El ganador debería tener un mínimo de treinta por ciento de capital regional (entendiendo por “regional” estar instalado en Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego) lo que torna absurda el llamado a Licitación Internacional.
-En la fórmula de preadjudicación, si la empresa tiene el ciento por ciento de capital regional, sus puntos suben de manera extravagante tornando irremontable para cualquier competidor, aunque ofrezca una altísima inversión o altas regalías.
-No se demandó ningún parámetro objetivo de valoración técnica; para decirlo de una manera más comprensible: no importaba que el ganador alguna vez hubiera extraído petróleo, cargado nafta, vendido zapatos o regenteado un cabaret de Río Gallegos.
Lo que comúnmente se conoce como una “Licitación Dirigida”. De las quince áreas, catorce quedaron en manos de Lázaro Báez y Cristóbal López, como dijéramos dos empresarios de íntima vinculación personal con el presidente KIRCHNER.
Se trata de un negocio de ciento treinta millones de dólares de inversión para un retorno garantizado durante 25 años, ya que en la mayoría de las áreas está probada la existencia de petróleo. De este modo, Sr. Presidente, ¿Qué lejos estamos de constituir en Santa Cruz el EMIRATO K?
Sr. Presidente: es hora de escuchar a nuestra gente. Como representantes directos de una comunidad que se cimentó como ciudad con el impulso de las actividades hidrocarburíferas no nos podemos hacer los distraídos. Se está gestando un negocio formidable que se sustancia casi en la clandestinidad entre funcionarios del gobierno de la Provincia a instancias de un mandamiento del propio gobierno nacional con personeros de las multinacionales que se llevan nuestra riqueza y solo recibimos migajas.
El gobierno y las empresas pretenden mantener el status quo. Las áreas concesionadas a las multinacionales extranjeras a cambio de exiguas regalías y el manejo de un negocio formidable en las condiciones descriptas precedentemente. No podemos dejar semejante responsabilidad a funcionarios políticos circunstanciales.
En tal sentido debemos tener políticas de Estado y su instrumentación ha de venir del pronunciamiento popular a través de los mecanismos de consultas establecidos por la Constitución Provincial y las leyes dictadas en su consecuencia.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CALETA OLIVIA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) SOLICITAR al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias se abstengan de celebrar o de aprobar acuerdos de extensión o prórroga de concesiones de áreas hidrocarburíferas hasta tanto se tuvieran los resultados de la Consulta Popular que se requiere por la presente.
ARTÍCULO 2º) SOLICITAR al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias suspendan el proceso de adjudicación de quince áreas petroleras que el gobierno de la provincia de Santa Cruz licitara nacional e internacionalmente el pasado 17 de Noviembre de 2006 hasta tanto se tuvieran los resultados de la Consulta Popular que se requiere por la presente.
ARTÍCULO 3º) SOLICITAR al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias sometan a Consulta Popular en los términos y condiciones establecidos por la Ley Provincial 2437, las políticas a seguir en materia de exploración y explotación hidrocarburíferas, en un todo de acuerdo a la Ley Nacional 26197 en la que se establece que pertenecen a los Estados Provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley No 23.968.
ARTÍCULO 4º) La consulta popular se realizará simultáneamente con las próximas elecciones generales y la ciudadanía será consultada para que expresen su respuesta afirmativa o negativa respecto a la extensión o prórroga de concesiones de áreas hidrocarburíferas ubicadas en la provincia de Santa Cruz.
ARTÍCULO 5º) REMITIR copia de la presente Resolución a los Honorables Concejos Deliberantes de la provincia de Santa Cruz solicitando pronunciamiento.
ARTÍCULO 6º) DE FORMA.-
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