Saul Landau
24 de Agosto 2007
En 1953 un hombre que conozco fue arrestado por masturbarse en un urinario público. Un policía se había ocultado en la rejilla del cielo raso “para descubrir a pervertidos”. El abogado, amigo de la familia, le cobró $5 000 dólares. “Le di $500 al policía”, explicó el abogado, “le compré un regalo al juez y pagué $250 por cabeza a dos testigos para que declararan que él usaba un complicado braguero y eso era lo que parecía que tardaba mucho tiempo en ajustárselo después de hacer pis”, explicó el abogado de la defensa a mi padre.
No tengo la menor idea si ese comportamiento era típico de la época o si sigue siendo la norma en la actualidad. El comediante Jenny Bruce comentó: “En los tribunales, donde único hay justicia es en el pasillo”, que es donde ocurrían los sobornos. Ciertamente los pobres, no la clase media y seguramente no los ricos, son los que habitan las cárceles y prisiones de EEUU. La mayoría de los norteamericanos entienden que justicia igual para todos quiere decir que la policía arrestará lo mismo a un rico que a un pobre que encuentre durmiendo bajo un puente o robando un pan.
Los que se pueden dar el lujo de pagar a abogados caros generalmente se salen con la suya. Véanse los casos de Claus von Bulow, quien inyectó a su esposa una sobredosis de insulina. O el de O.J. Simpson, un caso en el que la policía de Los Ángeles tendió una trampa al tipo culpable por la muerte de la esposa y un amigo. Los acusados pagaron millones de dólares a abogados de primera línea, los cuales plantaron con habilidad las semillas de la duda en la mente de los jurados. Los defensores de oficio a menudo carecen de los recursos, el tiempo y el deseo para construir una defensa mínima para sus clientes pobres.
Sin embargo, en algunos casos hasta los mejores defensores no pueden comprar justicia, especialmente cuando el gobierno cita la “seguridad nacional”. Los Cinco de Cuba se convirtieron en víctimas de esa frase que generalmente quiere decir que el gobierno no dice al público lo que está haciendo ni por qué. Huele a arrogancia imperial y a menudo también a venganza.
El FBI arrestó en 1998 a cinco hombres (Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González, and René González) y un jurado de Miami los declaró culpables en 2001 por conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer espionaje y otros delitos graves. El caso ilustró las normas de justicia norteamericana para las naciones del Tercer Mundo que desobedecen sus dictados.
Como Washington no ha podido castigar a Cuba de manera adecuada por su casi medio siglo de desobediencia, la oportunidad que se presentó con los Cinco de Cuba cayó como regalo del cielo en el vengativo terreno de la elite de la seguridad nacional, el grupo que libra la guerra y regularmente infringe los derechos de los ciudadanos a fin de “proteger” al público. La pandilla burocrática dentro de las agencias ejecutivas ven al público como un obstáculo para sus ambiciones imperiales, la noción de responsabilidad como un irritante, el proverbial grano en el trasero de una rata de alcantarilla. La siguiente historia lo demuestra.
En 2004 John Negroponte, por entonces embajador ante la ONU en camino a convertirse en embajador en Irak y luego en el principal espía de EEUU, explicó por qué la elite de la seguridad tendrían que rechazar una oferta proveniente del gobierno iraní (bajo Khatami) de reabrir la embajada de EEUU y normalizar relaciones diplomáticas. “En las últimas décadas Viet Nam, Cuba e Irán han humillado a Estados Unidos”, explicó al diplomático --un amigo mío-- que había entregado el mensaje del gobierno iraní. “Supongo que estamos a mano con Viet Nam (4 millones de muertos y más de 20 años de sanciones), pero no hay forma de que vayamos a tener relaciones con Irán o Cuba antes de que reciban su merecido”. Como la elite no irá a la guerra con Cuba --los cubanos se defenderían--, usaron a los Cinco de Cuba como objetos sustitutos de castigo.
En la década de 1990, estos cubanos se infiltraron en los grupos terroristas anti-Castro con sede en la Florida e informaron a La Habana de las actividades de los terroristas. En 1998, una delegación del FBI viajó a Cuba. Funcionarios cubanos entregaron al FBI unas 1 200 páginas de materiales, junto con cintas de video y de audio que incriminaban a grupos e individuos --sus nombres, armas que llevaban o almacenaban y otros detalles que el Departamento de Justicia podría usar para procesar a los terroristas.
El FBI dijo a su contraparte cubana que responderían en un mes. Los cubanos aún están esperando, pero el FBI sí usó el material. Arrestaron a los Cinco de Cuba. Luego el Departamento de Justicia los acusó de graves delitos.
La ironía acompañó a la injusticia. Los Cinco admitieron que entraron a Estados Unidos para tener acceso a grupos radicados en EEUU que planeaban terrorismo contra Cuba. Es más, la ley norteamericana permite que personas cometan delitos debido a una necesidad, un delito que evitaría uno mayor.
“Es una forma de defensa propia, ampliada a actos que protegen a otras partes”, argumentó Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero, uno de los Cinco. Es más, los abogados de los Cinco presentaron este argumento a la jueza Joan Lenard, pero ella se negó a que el jurado lo considerara.
Weinglass y los otros abogados argumentaron sus apelaciones este mes asegurando que la jueza había errado al no presentar la “’defensa de necesidad’ al jurado, porque los Cinco vinieron a Estados Unidos a evitar violencia, heridas y daños adicionales a otros”.
El gobierno de EEUU sabía todo acerca de los “logros” terroristas de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, por ejemplo. Ambos habían alardeado ante reporteros de su papel en actos terroristas, incluyendo el sabotaje en 1976 de un avión comercial cubano --lo hicieron conjuntamente-- en el que murieron los 73 pasajeros y miembros de la tripulación. En 1998, Posada alardeó de haber saboteado instalaciones turísticas cubanas el año anterior. En uno de ellos realizado por su agente contratado, murió un turista italiano.
“No queríamos hacer daño a nadie”, dijo a los reporteros Larry Rohter y Anne Bardach. “Solo queríamos hacer un gran escándalo para que los turistas no vayan más. No queremos más inversiones extranjeras”. Posada dijo que él quería que los turistas potenciales pensaran que Cuba era inestable “y alentar a la oposición interna”.
Posada tuvo éxito. Menos turistas fueron a Cuba después de que el italiano muriera en el sabotaje. Los reporteros del Times escriben que Posada “declaró que él tenía la conciencia tranquila al decir: ‘Duermo como un bebé’.” Luego dijo: “Ese italiano estaba sentado en el lugar equivocado a la hora equivocada”. (NY Times 13 de julio de 1998.)
Los Cinco vinieron aquí precisamente para impedir tales actividades, dice Weinglass. “Las actividades de los Cinco estaban justificadas y eran necesarias a fin de salvar vidas”. Weinglass había usado este mismo argumento para defender a Amy Carter cuando la hija del Presidente “ocupó un edificio junto con otros estudiantes en la Universidad de Massachusetts, en oposición a los agentes de la CIA que fueron al campus a reclutar estudiantes para la Agencia. Ella reconoció que la ocupación del edificio era un delito, pero argumentó que estaba justificado por la doctrina de necesidad, porque la CIA por entonces estaba implicada en una guerra ilegal en Nicaragua”. El jurado declaró inocentes a Amy y a los otros acusados.
Weinglass argumentó de igual manera ante dos jueces de un tribunal de apelaciones. En agosto de 2005, ese tribunal vio el caso inicialmente y decidió que los Cinco no habían tenido un juicio justo. El panel completo de 12 jueces del Onceno Circuito revocó la decisión a pesar de la enorme evidencia que demostraba que los jurados de Miami se habían sentido intimidados. Desde la ventana de la sala de deliberación, veían a personas que tomaban fotos de las placas de sus automóviles. Los jurados tenían razón para temer graves represalias si absolvían a los Cinco.
Los abogados también apelaron la condena de Gerardo Hernández por “conspirar” para cometer asesinato. Esta acusación surgió a partir del derribo en febrero de 1996 por MIG cubanos de dos aviones de Hermanos al Rescate que habían violado el espacio aéreo de Cuba y habían sido advertidos repetidamente de “graves consecuencias” si entraban a territorio cubano sin permiso. En el juicio el fiscal federal reconoció que no tendía evidencia sólida para respaldar esa acusación.
Weinglass señaló que la condena a Gerardo significó “la primera vez en la historia que a un individuo se le hace responsable de la acción de un estado soberano en defensa de su espacio aéreo”. Ciertamente Cuba tenía toda la razón y el derecho a mantener la soberanía de su espacio aéreo. El fiscal hizo aseveraciones escandalosas al jurado sin citar evidencia, y la jueza se lo permitió. Argumentó sin hechos que Cuba había enviado a los hombres a atacar a Estados Unidos. Por primera vez en la historia judicial de EEUU, la oficina del discal federal procesó un caso sin siquiera referirse a un solo documento clasificado.
Los Cinco no robaron ningún secreto, a diferencia del Agente Especial del FBI Robert Hansen, o Aldrich Ames de la CIA, quien entregó decenas de miles de documentos “altamente secretos” al enemig0o soviético; pero dos de ellos, al igual que los espías verdaderos, fueron condenados a cadena perpetua.
¿Fue la justicia norteamericana más justa cuando un abogado pudo sobornar a un policía en un caso sin importancia y gente rica pudo comprar su inocencia ante acusaciones de asesinato —como siguen haciendo? No si se recuerdan las falsas acusaciones por motivo de “seguridad nacional” a Sacco y Vanzetti en los años de 1920 y la ejecución en 1953 de Julius y Ethel Rosenberg, a pesar de que tanto el Jefe del FBI J. Edgar Hoover como el Presidente Dwight Eisenhower sabían que ellos no habían entregado secretos atómicos a los soviéticos. El gobierno había invocado la “seguridad nacional” bajo la cual no hay justicia, ni siquiera en los pasillos.
Saul Landau es miembro del Instituto para Estudios de Política. Su nuevo libro es Un mundo de Bush y de Botox.
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