En el gobierno se habían apresurado a calificar como un rotundo éxito la gira europea realizada por Alberto Fernández. Al mejor estilo macrista, presentaron las entrevistas con Merkel y Macron como una señal inconfundible de una vuelta al mundo, y las reuniones en el Vaticano con el FMI como la prueba irrefutable de que ahora sí el Fondo era distinto al del pasado. Para sumar al entusiasmo, difundieron por todos los medios la reunión de ocho minutos de Donald Trump con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, en la que el magnate yanqui se habría comprometido a colaborar activamente con la Argentina. Según los planes oficiales, el apoyo internacional sería coronado con la llegada al país de la misión del FMI que, según el relato oficial, venía a respaldar a la Argentina contra los fondos buitre y comprometerse a respaldar un plan de crecimiento económico.
Se suponía que con un apoyo de este volumen los bonistas deberían abandonar su intención de cobrar los vencimientos inmediatos de deuda y avenirse a las propuestas reestructuradoras elaboradas por el gobierno. Nada de eso ocurrió, sin embargo. El fracaso en la licitación impulsada por el Ministerio de Economía para rescatar el llamado Bono Dual puso de manifiesto que estos supuestos apoyos no sirvieron para torcer la decisión de los grandes fondos de inversión de insistir en querer cobrar la totalidad del capital involucrado en los vencimientos de deuda. El fracaso causó sorpresa incluso en la prensa especializada, que preveía una alta aceptación. El cálculo partía de que considerar que el gobierno había realizado una propuesta muy generosa, que mejoraba hasta en un 54% la que había realizado durante la semana anterior. Además, habilitaba el ingreso de otros capitales, sin restringirlos a quienes tenían en su poder los bonos. De acuerdo con la información que circuló, la tasa que reclamaban los grandes fondos de inversión era de niveles usurarios. De haberla aceptado, el gobierno hubiese ingresado a esta fase de la reestructuración de la deuda absolutamente entregado, ya que hubiese sido un segundo recule luego de la decisión de Kicillof de pagar 277 millones de dólares de los vencimientos de la deuda de la provincia de Buenos Aires.
Ni dólares ni pesos
La decisión de reperfilar el pago del Bono Dual expresa un fracaso de la política del gobierno. Le fue impuesta por las circunstancias, pues pagar requería echar mano a una emisión de 100.000 millones de pesos. En el contexto actual, el impacto de una emisión de estas proporciones se habría sentido de modo directo en los tipos de cambio alternativos al oficial, empujando hacia arriba a la inflación. Una solución de este tipo no podría extenderse en el tiempo, dado que los vencimientos en pesos en el primer semestre rondan los 500.000 millones de pesos, que equivalen aproximadamente a un tercio de la base monetaria. Una emisión de este tipo, dada su magnitud, abriría la puerta a una hiperinflación.
La medida dispuesta implica para el gobierno apartarse de la hoja de ruta que se había fijado. Los funcionarios consideraban que la reestructuración del Bono Dual era importante para armar un sendero de sustentabilidad de la deuda en pesos. Cerrado el acceso al mercado internacional y, por lo tanto, a tomar deuda en divisas, el gobierno consideraba que podía al menos financiarse y renovar los vencimientos en moneda local. El fracaso del canje implica que no tendrá acceso a ningún tipo de deuda: ni en dólares ni en pesos.
El derrumbe del precio de los bonos y la suba del riesgo país abren la posibilidad de que los fondos buitre metan la nariz comprando a precios de remate los bonos de la deuda argentina. Aunque hay información de que esto ya viene ocurriendo desde agosto del año pasado, lo cierto es que una adquisición importante por estos fondos de los bonos argentinos representará un mayor obstáculo para la reestructuración que se debe discutir de aquí al 31 de marzo. El modus operandi de los buitres es rechazar las propuestas de quita y litigar para cobrar el 100% del capital comprometido. De todas formas, sin que sean caratulados como “buitres”, esta actitud es la que han adoptado al menos hasta el momento Templeton, BlackRock y Fidelity, que hicieron fracasar los canjes de Kicillof y Guzmán.
De acuerdo con la composición de los acreedores que tiene la Argentina, si esta posición continúa, el fracaso de la reestructuración de la deuda emitida bajo jurisdicción extranjera será un hecho. Por la cantidad de bonos en circulación podríamos estar ante un default total o parcial, que incluso en esta variante abriría la posibilidad de un reclamo de pedido de aceleración del pago de la totalidad de la deuda. Queda claro que la reestructuración de la deuda no será un paseo, sino un campo minado, dominado por el capital financiero internacional.
Una pulseada con los trabajadores
Lo cierto es que el fracaso del gobierno en relación con la deuda representa un golpe económico y también político. Es que toda la política oficial ha quedado supeditada a la renegociación de la deuda. El Presupuesto 2020, que el gobierno debe presentar ante el Congreso, también ha quedado postergado hasta un futuro incierto. Alberto Fernández y Guzmán dijeron que solo sería elaborado una vez que la deuda quede resuelta, lo cual es una confesión de entreguismo, ya que la determinación de los ingresos y egresos del Estado nacional quedan condicionados por los acreedores internacionales. La falta de una ley de Presupuesto le permite al gobierno manejarse en la total arbitrariedad, ocultando las características ajustadoras de su política.
Sin embargo, solo queda esperar que el gobierno insista en su política, buscando que el FMI le salve las papas con los bonistas. De esta búsqueda, con seguridad infructuosa, solo queda esperar un mayor sometimiento en todos los terrenos. Si en el terreno de la política internacional esto llevó a su apoyo a Netanyahu y al sionismo, o a identificarse de modo directo con Macron cuando este enfrenta un proceso de huelga general de la clase obrera francesa contra su intento de golpear al régimen previsional, en el terreno interno debemos esperar mayores ajustes contra el pueblo. Alberto Fernández está a punto de anunciar un nuevo golpe a los jubilados, imponiendo una actualización por debajo del 11,56% que disponía la ley de movilidad. El ahorro, o sea el robo a los jubilados, alcanzaría los 100.000 millones de pesos anuales, lo que podría duplicarse si en junio se dispusiese una medida similar. La otra gran prueba que tiene el gobierno es la paritaria docente, donde ya anunció su intención de eliminar la cláusula gatillo, para reducir el salario de los trabajadores de la educación. Una suma fija en la paritaria nacional docente sería luego replicada por todos los gobernadores, tanto los pejotistas como los macristas.
El gobierno buscará valerse de los golpes dados por los acreedores para justificar el ajuste contra el pueblo. Pedirá una unidad nacional para negociar con los fondos de inversión, pidiéndoles a los trabajadores que posterguen sus reclamos para superar la crisis. De este operativo participa la burocracia sindical, que ha declarado, al igual que los piqueteros oficiales, que su función es apoyar al gobierno. Estamos ante un camino de derrota, que conduce a capitular ante un gobierno que capitula ante el FMI y compañía.
En oposición a esta orientación, el Frente de Izquierda ha realizado una movilización a Plaza de Mayo para rechazar el pacto para pagar la deuda, levantando un programa de ruptura con el imperialismo y de ataque al capital nacional e internacional. El no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, van de la mano de la defensa de las reivindicaciones más apremiantes, empezando por el salario y las jubilaciones. Sobre la base de esta lucha se procesará la experiencia de los trabajadores con Alberto Fernández y permitirá ir forjando una oposición obrera y popular al gobierno pejotista-kirchnerista.
Gabriel Solano
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