Son $5000 millones mensuales
Alberto Fernández cuestionó los datos que fueron publicados por los medios (incluida Prensa Obrera) donde se destaca el robo de aproximadamente $5000 millones mensuales que supone el decretazo jubilatorio con respecto al porcentaje de aumento en los haberes previsionales que hubiera correspondido con la movilidad anterior. El presidente argumentó que sumando el dinero desembolsado con los bonos de diciembre y enero, el monto pagado por el Anses sería equivalente al que hubieran recibido los jubilados si se aplicaba el índice de movilidad derogado y que, por lo tanto, no pierden nada con la aplicación del decretazo.
La farsa de la “solidaridad”
En primer lugar, el funcionario da por sentada la obligada “solidaridad” por la cual una masa de jubilados -los que ganan más de $ 16.195, es decir menos de la mitad de lo que cuesta la canasta de los adultos mayores-, deben renunciar a una parte del aumento que les corresponde por la disparada inflacionaria del tercer trimestre del año pasado, en función de abonarle un porcentaje mayor a los que cobran la mínima.
Es que el 11,56% que debía cobrarse en marzo y el 13% en junio, compensarían (aunque no totalmente y con un retraso de seis meses), la disparada inflacionaria de los dos últimos trimestres del 2019 que afectó a todos los jubilados. Al respecto, Fernández declaró, sin dejar dudas, que esta compensación era “impagable” y que, por lo tanto, el gobierno pretendía quedarse con una parte del dinero del aumento a los jubilados, que es lo que sucede.
El achatamiento de la escala salarial, impulsado y festejado por el gobierno con el verso “solidario”, mientras que las patronales realizan menos aportes por las reducciones aprobadas durante el gobierno macrista y mantenidas por el actual, se orientan a convertir las jubilaciones en un mínimo subsidio a la vejez.
Es tan poco cierto este argumento de la “compensación solidaria”, que los jubilados que cobran la mínima recibirán apenas $197 mensuales más que si se hubiera mantenido para todos los beneficiarios la actualización derogada por el gobierno, mientras que centenares de miles que cobran jubilaciones que no alcanzan a cubrir la canasta perderán entre 1200 y 2200 pesos mensuales. Y, de allí para arriba, el descuento va creciendo hasta llegar a más de $7000 en el caso de las jubilaciones mayores.
Los números del “ahorro” a costa de los jubilados
La diferencia entre el plus de $197 y los descuentos a todo el resto de la escala es lo que lleva a un recorte de unos $5100 millones mensuales (o $56.100 millones hasta diciembre, incluidos los dos medio aguinaldos), según el cálculo realizado por el pro kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el mismo que el presidente mencionó como “desvirtuado” por los medios.
Al respecto no queda la más mínima duda. El informe dice textualmente: “considerando la estructura de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $ 5.500 millones (mensuales)” y, ante una requisitoria de Clarín (16/2) el titular de la consultora explicó que los aumentos del decreto suponen “aproximadamente 400 millones más que si se aplicaba la fórmula anterior”. La diferencia son los $5100 millones mensuales que se les quita del bolsillo a los jubilados.
En lo que respecta a los bonos, estos se cobran por única vez, no se suman a los haberes y, en febrero, los jubilados que los cobraron, vuelven a tener los mismos ingresos que en noviembre. Un retroceso respecto del aumento de los precios se puede morigerar temporalmente pero no se recompone con bonos sino con un aumento que lo compense y que quede incluido en el haber.
Es decir que todos los jubilados, incluidos los de la mínima –más allá de los bonos y el aumento del 13%- mantienen lo perdido en los haberes durante el gobierno de Macri que orilla el 20% de los haberes. Solo que en el caso de los que cobran por encima de los $16.195 profundizarán esa pérdida.
Para mostrar que, de conjunto, a los jubilados no se les quita una parte importante del dinero que les corresponde, el CEPA –y Fernández adhiere- estima que el bono otorgado en diciembre y enero sumaría unos $45.000 millones.
Pero no solo se trata de que, aun así, habría una reducción de $11.100 millones, sino que, de aplicarse un criterio similar al del decretazo actual en el ajuste de junio, el robo a los jubilados sumaría este año otros $60.000 millones.
Este es el camino que reclaman el FMI y los bonistas. El robo a los jubilados es para cubrir el desbalance fiscal. Y es el que lleva a liquidar definitivamente a la jubilación como salario diferido y, por lo tanto, a suponer un porcentaje del que el trabajador cobraba en actividad.
Nelson Marinelli
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