Una bomba contenida

La inflación se redujo pero la canasta alimentaria volvió a dispararse casi el 5 por ciento.

El alza general de los precios durante el mes de enero, informada hoy por el Indec y que llegó al 2,3%, es la segunda más baja del último año. Esto, producto de la estabilización relativa del dólar y la postergación en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles decidida por el gobierno para evitar que un salto inflacionario mayor le dificultara seguir adelante con el plan de ajuste y de aplastamiento de los salarios y las jubilaciones, en el más que complicado marco de la renegociación de la deuda.
Desde el oficialismo se insiste con el argumento de que la baja respecto del 3,7% de diciembre, también está vinculada a la puesta en marcha del listado de “precios cuidados”. Sin embargo, el alza de precios en el rubro de alimentos y bebidas -central en el “listado”- trepó un 4,7%, es decir más del doble que el índice general, lo que muestra la escasa incidencia de la medida.
Esto no solo porque los empresarios han seguido con las remarcaciones sino, además, porque se le suma la reposición del IVA en una cantidad de productos de primera necesidad, que dio lugar a los aumentos de precios correspondientes.
También muestra que la inflación sigue golpeando con fuerza sobre los sectores obreros y populares (trabajadores y jubilados) cuyos ingresos, que se destinan en un alto porcentaje a ese tipo de consumo, han sido “reperfilados”, con la quita de las cláusulas de indexación y la aplicación de aumentos o bonos impuestos de manera arbitraria por decreto y que están por detrás de la inflación.
Además, el listado de precios fue acordado por el gobierno con las grandes cadenas de supermercados que vehiculizan solo el 38% de las ventas de productos de la canasta básica, mientras que los comercios minoristas concentran el restante 62 por ciento donde se proveen los sectores de menores ingresos, en muchos casos no bancarizados y que allí acceden al crédito informal del fiado.
Desde el gobierno seguramente intentarán mostrar el módico retroceso en el alza de los precios para justificar aumentos mínimos a otorgar vía los decretos salariales y la liquidación, vastamente anunciada, de todo tipo de cláusula de actualización de los sueldos.
Otro tanto sucederá con las jubilaciones. En el anuncio, a realizarse mañana, seguramente se confirmará el adelanto repetido de que el gobierno pretende quedarse con $100 mil millones (como mínimo) de los haberes previsionales, en un nuevo zarpazo que aplastará las prestaciones.
Con el verso de la “solidaridad”, se le quitará parte del aumento que le corresponde a todos los que ganen por encima de los $20 mil.
Pero no solo los bolsillos obreros y populares siguen sintiendo con fuerza los aumentos con ingresos congelados o semicongelados, sino que la menor suba de los precios de este mes es insostenible en el tiempo. El gobierno gana justamente tiempo para hacer pasar el ajuste con el que pretende alcanzar el acuerdo por la deuda.
Las tarifas de los servicios públicos y los combustibles están detenidos de momento y se volverán a disparar cuando se termine la “tregua”.
Alberto Fernández negocia con la burocracia sindical una “paz social” sin ninguna concesión. Es que el cuadro es de tal nivel de ajuste que incluso se han producido resquemores en algunos sectores de la burocracia.
De todas maneras, el compromiso de esta con el gobierno es muy profundo y los trabajadores no pueden esperar de ella una respuesta a la crisis que se agrava todos los días.

Nelson Marinelli