El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el FMI, la base para el intento de reestructuración tutelada de la deuda. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos de 21 a 23 h. por Radio Con Vos, 89.9.
Los dos hechos más relevantes de la semana fueron, por un lado la declaración de la misión del Fondo Monetario Internacional en nuestro país sobre el carácter “insostenible” del pago de la deuda. Por el otro, el acuerdo que alcanzaron en Arabia Saudita el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva para la confección -“oportunamente”- de un nuevo programa. La declaración del Fondo dice que se necesita “una contribución apreciable de los acreedores privados” y, bien leído, significa un apriete a los fondos de inversión para que acepten una quita. El FMI puede llegar a alargar los plazos de cobro, pero sin sufrir ninguna quita como había exigido Cristina Fernández cuando presentó su libro en Cuba.
El nuevo pacto con el Fondo daría por muerto el firmado con el gobierno de Mauricio Macri y se establecería en el marco de la revisión que ordena el artículo 4 del estatuto del organismo: anualmente se realiza un exhaustivo escrutinio de las variables fiscales, monetarias y estructurales de la economía.
Algunas voces entusiastas aseguraron que esto confirma la existencia de un “nuevo Fondo” y se basan en que el texto de la declaración no pone condiciones de manera explícita o no contiene la palabra “ajuste”. Estas interpretaciones obvian afirmaciones tales como que el país deberá realizar “esfuerzos adicionales que serán necesarios para reducir aún más -la inflación- desde sus altos niveles actuales”. Es verdad que el diablo está en los detalles o en lo que el comunicado sugiere antes que en lo que afirma de manera explícita.
Las medidas que el mismo Gobierno tomó, digámoslo así, “soberanamente” son festejadas por el Fondo, aunque no las ordene: el “ahorro” fiscal que se logró con la suspensión de la anterior fórmula para el cálculo de los haberes jubilatorios y las AUH, con recorte a los jubilados o jubiladas que ganan más de 20.000 pesos; la anulación de hecho las paritarias libres y su reemplazo gradual por sumas fijas que planchan el salario o la aceptación de que el Fondo no tenga ninguna quita pese a que realizó un empréstito ilegal que violó hasta su propio estatuto.
En ese contexto hay que entender el “si pasa, pasa” que operó estos días entre los dichos de ministros como Santiago Cafiero (jefe de Gabinete) o Claudio Moroni (Trabajo) y las desautorizaciones del presidente en relación a cuestiones tales como el aumento de la edad jubilatoria o una nueva liberación de las tarifas.
Para entender -o hasta para justificar- estas idas y vueltas muchos observadores recurrieron a un cliché bastante tradicional: “problemas de comunicación” (también al gobierno de Mauricio Macri acusaban de lo mismo cuando comenzó a tener serios problemas políticos). Tengo una mejor consideración del personal que integra el Gobierno como para pensar que es un problema de “coordinación” o de “comunicación” cuando se tiran a rodar versiones de posibles medidas que -justo- coinciden con las que siempre reclama el Fondo y que están implícitas detrás del apoyo moral. Para graficarlo mejor: siempre renguean o se equivocan para el mismo lado, en torno a medidas de mayor ajuste; nunca le pifian en la “comunicación” diciendo que se van a aumentar los salarios por arriba de la inflación o que se van a rebajar las tarifas, para decir algo.
En ese marco hay que entender el rol de la dirigencia sindical: Hugo Yasky, secretario general de la CTA, salió a agitar una consigna de la más conservadora ortodoxia económica, precisamente cuando se están por abrir las paritarias: "La cláusula gatillo genera esa dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo de atrás", dijo Yasky para “culpar” a los salarios de la inflación. Según cuenta Francisco Olivera en su columna semanal de La Nación, la cúpula de la UIA salió esta semana conforme de la Casa Rosada, donde se había reunido con sus pares de la CGT y varios ministros: “los reproches de los sindicalistas fueron hacia ellos por los aumentos de precios, pero quedó claro que no complicarían al Gobierno reclamando mejoras por encima de la inflación”. Por lo tanto, lo de Yasky fue una exageración burda, pero dentro de una conducta general.
Como la situación es muy delicada nadie levanta la voz, el ajuste “silencioso” o tácito parece que consiste en ser obediente sin que nadie lo pida, cumplir con las exigencias sin que sean formuladas, ir “soberanamente” en auxilio del ajustador. Pero, parafraseando el viejo refrán: “Aunque el nuevo viejo Fondo se vista de seda…”, todo indica que siguen siendo los sospechosos de siempre.
Fernando Rosso
@RossoFer
Lunes 24 de febrero | 00:03
No hay comentarios:
Publicar un comentario