El festejo de los kirchneristas y demás funcionarios del gobierno ante el comunicado emitido por el FMI no ha cuidado siquiera la elegancia. Los que hasta hace horas solamente bramaban por los medios de comunicación marcando la responsabilidad del Fondo en la crisis nacional, y hasta lo denunciaban por haber financiado una fuga de capitales contradiciendo lo que expresamente prohíbe su estatuto, ahora presentan a los tecnócratas del organismo como personas comprensivas por la difícil situación que atraviesa la Argentina y hasta como aliados para la renegociación que se avecina con los bonistas privados.
Entre tanta algarabía, sin embargo, se pretende disimular el recule del gobierno en un punto que había agitado en los últimos días: el pedido al FMI de una quita de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por Macri en sus últimos dos años de mandato. El reclamo, que había sido realizado primero por Cristina Kirchner desde Cuba y luego apoyado por Alberto Fernández en varios reportajes, parece haber quedado en el olvido. La respuesta a este pedido vino de la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, que rechazó categóricamente cualquier reducción de la deuda. El comunicado emitido ahora por el Fondo reafirma esa posición cuando plantea que la reestructuración de la deuda debe alcanzar solo a los bonistas privados. Salva así también la deuda con el Club de París, que resta pagar aun una cuota de 1.900 millones de dólares a una tasa de interés del 9%.
El saludo del gobierno y hasta del propio presidente al comunicado del FMI anticipa que el reclamo de quita ha sido dejado de lado. Se trata de una gran noticia para Macri y sus funcionarios, que así zafan de toda denuncia penal por haber ejecutado un endeudamiento colosal que sirvió, entre otras cosas, para financiar una fuga de capitales. Pero la exclusión del FMI no es para nada menor. El monto de la deuda con el organismo representa casi el 50% de la deuda emitida en divisas bajo jurisdicción extranjera que ahora se buscará reestructurar. Aunque es muy probable que los plazos de devolución se posterguen, lo cierto que el capital seguirá intacto y deberán ser enfrentados en un plazo relativamente breve.
Ahora bien, el reclamo de que el gobierno alcance un acuerdo con el Fondo Monetario antes de comenzar la reestructuración de la deuda privada había sido realizado por los bonistas y los grandes fondos de inversión. El motivo es muy simple: solo el FMI puede coordinar un determinado plan económico con el gobierno que asegure las condiciones del repago de la deuda, ya sea mediante superávits fiscales o comerciales. Esa tarea, por su propia naturaleza, no puede ser emprendida por los BlackRock ni por Templeton, que son de los grandes tenedores de la deuda argentina. Estos velarán por cobrar lo más posible y de no llegar a un acuerdo que entiendan como satisfactorio se reservarán el derecho de mandar a la Argentina al default y accionar judicialmente para cobrar el 100% de la deuda. El acuerdo de Alberto Fernández con el FMI no asegura que estos fondos de inversión acepten la propuesta del gobierno. Argentina ha sido reducida a una colonia financiera, donde pugnan intereses encontrados del capital financiero internacional. Pero estos choques son para resolver quién se beneficia con el saqueo, no para detenerlo. En el comunicado se anticipa esta cuestión cuando el Fondo emplaza al gobierno a seguir “un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”. Qué es un “proceso colaborativo” queda reservado a la propia interpretación del FMI. Por esa vía puede haber una presión adicional para una propuesta que contemple parte sustancial de los reclamos de los acreedores. Y de no ser así, culpar al gobierno por el fracaso de la negociación y del default. Meter al FMI en la negociación es hacer entrar al zorro en el gallinero.
Pese a que los funcionarios del gobierno destacaron del comunicado del FMI que no reclama un nuevo ajuste, lo cierto es que este ya está en marcha en el sentido más clásico. La eliminación de la movilidad previsional llevó a un ahorro fiscal de aproximadamente 50.000 millones de pesos, que podría duplicarse si el gobierna replican a mitad de año la misma disposición. La mayoría de las paritarias serían reemplazadas por sumas fijas, empezando por las que tienen al Estado como parte patronal –incluidas la de docentes. Y en la misma línea el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que los congelamientos de tarifas terminan en los próximos meses. Mientras tanto, el ajuste se consuma por la vía de los hechos, porque el gobierno utiliza como parámetro las partidas del Presupuesto 2019, completamente desvalorizadas por una inflación superior al 50% en el período.
El acuerdo con el FMI alcanzado por el gobierno alinea al kirchnerismo-pejotismo con el capital financiero internacional, sin asegurarle sin embargo una negociación exitosa con los bonistas. La crisis recién empieza.
Gabriel Solano
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