Las movilizaciones contra el proyecto del presidente Emmanuel Macron de destrucción del sistema de jubilaciones por reparto reúnen cada vez menos manifestantes y el gobierno está cada vez más en dificultades. Esta aparente paradoja resume la situación actual en Francia.
La combatividad de la población y de la clase obrera en defensa de las jubilaciones es notoria pero no encuentra un nuevo eje de centralización -luego del levantamiento de la huelga histórica de los obreros del transporte de 50 días- y el proyecto de ley está empantanado. La crisis política emerge y el interrogante es si va a estallar con una intervención independiente de las masas.
Un régimen político cuestionado
El tratamiento del proyecto de ley comenzó en la Asamblea Nacional el lunes 17 y recién siete días después se aprobó el artículo primero -de 65. La obstrucción parlamentaria de la oposición -con la presentación de decenas de miles de enmiendas y de mociones de procedimiento- ha logrado paralizar el proceso legislativo. Este retroceso del Ejecutivo se explica simplemente porque la población rechaza el proyecto y los diputados mayoritarios están desmoralizados, se dividen y algunos comienzan a criticarlo públicamente.
El gobierno quería terminar el trámite en la Asamblea hacia el 6 de marzo, una semana antes de las elecciones municipales, que serán una nueva cachetada para Macron. Es materialmente imposible. Al ritmo actual, duraría un par de meses.
La única salida es la aplicación del artículo 49-3 de la Constitución, que permite la “aprobación” de un proyecto de ley sin debate parlamentario, salvo si una moción de censura derriba al gobierno. Este procedimiento supone un nuevo escalón muy ancho en la degradación política del presidente y del primer ministro.
Se sabe que el gobierno sustrajo al debate parlamentario una serie de puntos clave del nuevo sistema -que serían aprobados por decreto- y el tema candente del financiamiento, para llegar a un déficit cero. La CGT y FO (Fuerza Obrera) resolvieron participar en la “conferencia sobre el financiamiento” a pesar de que es una parodia de negociación. El gobierno es el único que decide y está claro y anunciado que impondrá un aumento progresivo de la edad de jubilación. Esta conferencia también se empantanó. El gobierno puso sobre la mesa un déficit de 113.000 millones de euros entre 2018 y 2030; y el presidente del Medef, la central patronal, indicó que “al menos 90% de esa cifra tiene que ser compensada por un aumento de la edad”.
El financiamiento del nuevo sistema es una de sus claves. El proyecto prevé que el déficit deberá ser de cero en un horizonte de cinco años. Si no fuera el caso, deberá alargarse la edad de jubilación (llegar rápidamente a los 65 años e ir más allá, ¿por qué no?) y/o disminuir las prestaciones. La participación del monto total de las jubilaciones en el producto bruto anual no puede exceder el 13%, por más que aumente el número de jubilados. Las decisiones serían tomadas en forma paritaria y en caso de falta de acuerdo la decisión está a cargo del gobierno. Se estatiza un sistema basado en las cotizaciones y se asegura que la jubilación va a bajar y, en el caso más que probable de una crisis, se va a derribar. El régimen capitalista legaliza así su política reaccionaria en este período en lo que concierne a las jubilaciones.
Los tropiezos del gobierno son tan evidentes que el Medef se inquieta a su vez y su presidente declara: “nosotros no queríamos una reforma tan profunda (… ) espero que el primer ministro tenga la capacidad de respondernos. No podemos abordar el nuevo sistema sin una certeza sobre su financiamiento. El calendario impuesto no es posible”. En otros términos: dudamos de la capacidad política del gobierno y tenemos que rediscutir su forma bonapartista de ejercicio del poder.
La reorganización del movimiento obrero
La CGT anunció que se retiraba de la conferencia sobre el financiamiento y luego rectificó el tiro: tomará una decisión en unos días. El secretario general de FO declaró que “el barco hace agua en todos lados” pero tampoco se retira. Las confederaciones anuncian, en cambio, “su propia conferencia sobre el sistema de jubilaciones” y prevén que la próxima jornada de movilización será el 31 de marzo y que el 8 de Marzo habrá una fuerte movilización de las mujeres (comunicado del 20 de febrero). El rol de las direcciones burocráticas queda claro: impedir el avance de la huelga en primera instancia, dilatar luego las movilizaciones.
Como todo movimiento profundo de la clase obrera, de la juventud y de la población oprimida, este largo período de huelga política de masas -que empezó con el paro masivo del subte parisino del 13 de septiembre- da lugar a cambios cualitativos en las formas y en los contenidos de la intervención popular. Hay una afirmación progresiva de la capacidad de intervención de los cuadros de vanguardia, hay nuevas estructuras de lucha que aparecen, nuevas formas de enfrentar al régimen político. Se sacude el conservadurismo y la rutina, mucho más después del año de presencia callejera y combativa de los "chalecos amarillos". Todo esto está pasando en Francia, incluso con el retroceso que implicó el levantamiento de la huelga de transporte y los obstáculos que encontró para generalizarse al sector privado. Los abogados, el personal de los hospitales, los docentes, los universitarios, no dejan de intervenir.
La “coordinación nacional de Asambleas Generales, comités y coordinaciones de huelguistas” tomó la iniciativa de organizar una nueva reunión de huelguistas para el domingo 23. El llamado indica correctamente que “se trata ahora de reagrupar todas las fuerzas que quieren luchar por el retiro del proyecto de ley sobre jubilaciones y contra Macron”. La convocatoria reunió unas 40 estructuras de lucha y decidió un plan de lucha cuya primera instancia es el 5 de marzo, cuando debe comenzar una huelga universitaria y continuar el 8 con la movilización de las mujeres y el 14 con la manifestación de los "chalecos amarillos". Se llama a una nueva reunión de coordinación nacional el 7 de marzo.
Esta iniciativa es valiosa. Hay dificultades para reunir en forma unitaria a las corrientes y estructuras combativas y para que se sucedan las iniciativas locales. La “Coordinación RATP-SNCF Región parisina”, que se expresa en el sitio Revolución Permanente, hizo su propio llamado a “un encuentro nacional por la huelga general”, junto a dos sindicatos de la CGT opuestos a la conducción, sin fecha. Participó en parte y firma el llamado del encuentro del domingo 23. Otras corrientes se concentran en este momento en el movimiento estudiantil y de los docentes, contra la destrucción de la educación nacional.
El 24 de febrero, las Uniones Departamentales CGT, FO, Solidaires, FSU y Unef de París llamaron a una nueva manifestación frente a la Asamblea Nacional para el día 26, si el gobierno concretaba la aplicación del 49-3. Aparentemente, quedó postergado para la semana próxima.
Las iniciativas diversas e incluso divergentes de los sectores combativos no deberían ser un obstáculo a un trabajo común para reforzar su capacidad de intervención. Se puede poner en pie un cuadro unitario de discusión y acción. Es una de las herramientas esenciales para lanzar nuevamente el movimiento de la huelga.
Roberto Gramar
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