El 5 de febrero de 1975, el gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón firmó un decreto que instaba al Ejército al “aniquilamiento” del “accionar subversivo” en Tucumán. El decreto dio origen al denominado “Operativo Independencia” que se concretará el 9 de febrero [1]. En ese domingo de carnaval, Tucumán fue ocupada militarmente por el Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y la Policía provincial. Al frente de este despliegue estaba el comandante de la V Brigada, el general Acdel Vilas. En diciembre quedará a cargo el general Domingo Antonio Bussi.
¿Por qué Tucumán?
Tucumán no fue ajena al ascenso revolucionario iniciado en 1969 [2], período en el cual se desarrollaron diversas luchas reivindicativas en el movimiento obrero y estudiantil; muchas de ellas terminaban con enfrentamientos callejeros con la Policía y el Ejército. Las razones de la brutalidad de la avanzada represiva tienen que buscarse, en parte, en el estado de movilización y radicalización de estos sectores de masas.
Por la estructura económica de la provincia, los obreros azucareros marcaban el pulso de la movilización social. Organizados en la FOTIA, venían de una rica tradición de luchas que incluía una huelga de 49 días al gobierno de Perón en 1949, ser parte de la resistencia peronista y pelear contra el cierre de los ingenios en 1966, durante la dictadura de Onganía. Al calor de estas últimas luchas, el movimiento estudiantil confluyó con los azucareros.
En 1974 será el proletariado azucarero el protagonista de la última gran huelga en el período, un desafío abierto al “Pacto Social” implementado por Perón. Tras meses de malestar, las bases obreras superaron a la conducción peronista de Atilio Santillán y el 14 de septiembre lanzaron el llamado a huelga por un aumento salarial, por el rechazo a las máquinas de cosecha integral que significarían miles de despidos, entre otras demandas.
La oligarquía azucarera contó con el fuerte respaldo del gobierno de Isabel Perón y Amado Juri. El ministro de Trabajo Ricardo Otero (hombre de la UOM) actuó abiertamente contra los trabajadores, llegándole a quitar la personería gremial a la FOTIA. La burocracia sindical, comenzando por la CGT, se unió en el boicot fogoneando un discurso macartista.
A pesar de estos ataques, los obreros llevaron con tesón y determinación la huelga. Organizando ollas populares, derrotando las maniobras de la burocracia en cada ingenio, moviéndose en la semiclandestinidad, eludiendo grandes operativos represivos para reunir al Consejo de Delegados Seccionales y, llegado el caso, enfrentando las balas y los gases lacrimógenos.
Finalmente el 28 de septiembre la huelga fue levantada con la promesa de que se restablecería la personería de la FOTIA, línea defendida por Santillán. Recién en noviembre se firmará un acuerdo por un aumento salarial, que resultó la mitad de lo exigido.
Para la burguesía local la huelga azucarera del ‘74 fue más que una pelea por salarios. Por eso la derrota en el plano sindical no era suficiente. Resultaba notable que un dirigente del peronismo combativo como Atilio Santillán no haya podido contener a las bases, contagiándose el ejemplo a otras provincias. En los ingenios Ledesma (Jujuy), El Tabacal y San Isidro (Salta) se realizaron paros en solidaridad, y existía el peligro de una coordinación entre los sectores combativos, azucareros pero también mineros de Jujuy, rurales de Salta, docentes de Jujuy y Tucumán, citrus y textiles, es decir, los principales resortes económicos de todo el NOA, por nombrar sólo algunos de los sectores de la región donde tenían peso o dirigían sindicatos corrientes enfrentadas al Pacto Social y a la CGT. Sobre estas bases se podría haber avanzado en un plan de lucha de conjunto que podría no solo haber cuestionado con mayor fuerza al Pacto Social sino también presentar resistencia con un frente único obrero a la embestida reaccionaria.
Junto con este proceso huelguístico que tendía a superar a las conducciones peronistas, desde marzo de 1974, una veintena de militantes del PRT-ERP se instalaron en los montes tucumanos para iniciar las tareas de preparación de lo que se conocerá como Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. El 30 de mayo la Compañía tomó estado público con la toma del pueblo de Acheral.
Antecedentes de la represión
La presencia de la Compañía de Monte motivó la puesta en marcha en 1974 de los primeros operativos represivos con el objetivo de aniquilar la guerrilla. Desde el punto de vista del ERP, el hecho de que estos operativos no hayan logrado avanzar sobre sus campamentos constituyó un triunfo táctico. Sin embargo, estos operativos sirvieron para avanzar en golpear sobre la vanguardia obrera con detenciones y apremios ilegales en la Capital y en los pueblos del interior, un elemento estratégico desde el punto de vista de la burguesía. Políticamente, el Ejército utilizó también estos operativos para demostrar que Isabel Perón les daba vía libre en la represión de la guerrilla.
El 19 de mayo de 1974 se inició el primer operativo a cargo de la Policía Federal, con participación la Policía provincial y un importante apoyo logístico por parte del Ejército. Quien encabezó este operativo fue Alberto Villar, comisario inspector de la Policía Federal y uno de los jefes de la Triple A. El resultado fue un centenar de detenciones, la gran mayoría sin ligazón con la guerrilla rural.
El segundo operativo, comandado esta vez por Luciano Benjamín Menéndez, se inició el 13 de agosto y se desarrolló en paralelo con la huelga de la FOTIA. Los rastrillajes realizados en la zona del monte fueron acompañados por múltiples detenciones y maltratos a numerosos peones y jornaleros. La denuncia fue realizada por la FOTIA: “En estos días se han producido arbitrarios procedimientos en hogares de obreros del surco, inclusive dirigentes de esta Federación, sin orden de allanamiento y en abierta violación al fuero sindical”. Entre los detenidos se contaba el secretario adjunto del Sindicato del Ingenio San Pablo, Gregorio Pantaleón González. También se denunció el secuestro y asesinato de Pedro Guzmán (19 años) y Benito Acosta (50 años), encontrados con signos de torturas.
A estos operativos represivos que contaban con el respaldo legal del peronismo se sumaban los realizados por grupos parapoliciales. Desde los primeros meses actuará en Tucumán el “Comando Nacionalista del Norte” [3], cuyo jefe era el comisario Roberto Heriberto Albornoz. “El Tuerto” Albornoz actuaba bajo el control y la dirección del Comando de la V Brigada de Infantería, y posteriormente se incorporará a la estructura de la Triple A.
Con la declaración del estado de sitio en noviembre comenzarán también las detenciones a activistas obreros, estudiantiles y de izquierda. Las detenciones eran encuadradas en la Ley 20840, sancionada en septiembre, que establecía “penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”.
Aislar a la vanguardia y aniquilar el ascenso
Si el Cordobazo había dado lugar al comienzo de un ascenso obrero y popular, las luchas contra el Pacto Social impulsado por el mismísimo Perón abrían la posibilidad de una radicalización aún mayor del movimiento obrero y de la juventud en ruptura con el peronismo, expresión de la conciliación de clases, antes de avanzar a posiciones revolucionarias.
Para enfrentar esta posibilidad la burguesía puso en marcha diversos mecanismos políticos y represivos para limitar, aislar y eliminar a los sectores de vanguardia del movimiento obrero, estudiantil y a las organizaciones revolucionarias. En particular las medidas apuntaron a evitar que las experiencias más combativas y radicalizadas del movimiento obrero se extendiesen nacionalmente y principalmente en el Gran Buenos Aires, donde se concentraba la mayor fuerza social del país.
Algunas de estas medidas fueron iniciadas por el propio Perón (el inicio de la Triple A, la “purga” del PJ, el Narravazo en Córdoba, el golpe en provincia de Buenos Aires) y otras, luego de su muerte, por Isabel Perón (la intervención en Salta, el estado de sitio en noviembre de 1974 y el Operativo Independencia, entre otros). Estas políticas, además, permitieron la injerencia cada vez mayor del “partido militar”, a quien el conjunto del régimen político, en particular el peronismo, se encargó de poner nuevamente en el primero plano de la política nacional.
Este conjunto de medidas no fueron suficientes para frenar el estado de movilización como se expresó en las jornadas de junio y julio de 1975, durante el Rodrigazo. Por esos días la clase obrera de las principales fábricas del Buenos Aires puso en pie las coordinadoras interfabriles que amenazaban superar a la conducción de la CGT, que se vió obligada a llamar al primer paro nacional contra un gobierno peronista. No casualmente en octubre de 1975, el entonces presidente interino Ítalo Luder amplió a nivel nacional lo iniciado con el Operativo Independencia, habilitando la participación de las tres Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Área.
De todas maneras, la realización del Operativo Independencia junto al resto de las medidas represivas, cumplió con objetivos parciales. En primer lugar, logró imponerle a la vanguardia obrera y estudiantil una importante derrota. Entre febrero y el Rodrigazo, el gobierno peronista junto al Ejército golpearon duramente a los principales bastiones obreros y estudiantiles de todo el país.
En Tucumán los delegados azucareros que habían desafiado a la conducción, junto a los centros de estudiantes combativos, fueron blancos de los ataques. En Ledesma ya habían detenido durante el estado de sitio de 1974 a los dirigentes Jorge Weisz y Carlos Patrignani e intervenido a principios de 1975 el sindicato, y su secretario general Melitón Vázquez fue forzado al exilio. En simultáneo, Villa Constitución fue ocupada por Gendarmería para ponerle fin de a la seccional de la UOM recuperada, otra gran conquista del movimiento obrero combativo. En Salta también habían podido dar cortar la experiencia de la denominada “CGT clasista” y encarcelado a Armando Jaime, uno de sus principales referentes. En Córdoba, además de sufrir la muerte del dirigente histórico Agustín Tosco, el Navarrazo también significó un duro embate a la vanguardia obrera del SMATA.
Es decir, si bien las jornadas de junio y julio de 1975 significaron un salto en la relación de fuerzas generales en favor de la clase obrera, no es menos cierto que los embriones de coordinación obrera quedaron fuertemente debilitados al no contar con el apoyo de los bastiones que habían conquistado los sectores combativos desde el Cordobazo en adelante, principalmente en el interior del país.
Asimismo, el Operativo Independencia, desde el punto de vista militar, obtuvo un triunfo sobre el intento del PRT-ERP de establecer una zona liberada en los montes tucumanos [4]. Y, ligado a este punto, le permitió legitimar su intervención represiva en los “asuntos internos”, con apoyo de la prensa y el conjunto del régimen político. Este represtigio luego de la última fallida experiencia entre 1966-1973, le permitió al partido militar poder ser nuevamente una carta política con cierta base social.
Finalmente, meses después, la Junta Militar con el apoyo del gran empresariado e impulsado por el imperialismo, decide dar un salto en la escala represiva. Los métodos usados por las fuerzas represivas en el Operativo Independencia fueron un ensayo general de los métodos que se extenderán nacionalmente a partir del 24 de marzo de 1976.
Maximiliano Olivera
Juan Rovere
Notas
[1] En el Diario de Campaña escrito durante enero y diciembre de 1975, Vilas sostiene que el verdadero punto de inicio del Operativo Independencia fue en septiembre de 1974 cuando el Gobierno de Isabelita envío al Congreso un proyecto de ley para reprimir “los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. El proyecto fue aprobado en 48 horas por ambas cámaras y promulgado como “ley N.° 20840 de Seguridad Nacional” el 28 de septiembre.
[2] Para una reconstrucción y un análisis del período ver Aguirre, Facundo y Werner, Ruth, Insurgencia Obrera en la Argentina (1969-1976). Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, Bs. As., Ediciones IPS, 2016.
[3] Marcos Taire ha identificado al grupo parapolicial como “Comando Restaurador del Norte” y precisaba que junto a otros grupos “habían sido creados por instancia de Menéndez y estaban integrados por policías provinciales y federales, elementos del Servicio Penitenciario provincial, oficiales del destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, civiles de grupos ultraderechistas de Tucumán y patotas de la burocracia sindical”. Ver Taire, Marcos, El último grito. 1974: crónica de la huelga de los obreros tucumanos de la FOTIA, Bs. As., Lumiere, 2008, p. 90.
[4] Luego el PRT-ERP sufrirá una trágica derrota en el intento de copamiento del regimiento de Monte Chingolo en diciembre de 1975. Ver Sánchez, Ana, “PRT-ERP: la derrota de Monte Chingolo y la estrategia guerrillera”, La Izquierda Diario.
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