Mañana concluye la semana de auditoria del organismo sobre la economía argentina
La llegada de la misión del FMI parece estar haciendo efecto. A 48 horas de llegada la delegación, Alberto Fernández anunciaba el aumento segmentado de las jubilaciones, tras la suspensión de la aplicación de la movilidad jubilatoria, que redundaría en un ahorro fiscal calculado en $5.000 millones por mes.
La fugaz visita por la cartera de Trabajo arrancó nuevas declaraciones de amenaza sobre el régimen previsional, esta vez de la mano del ministro Claudio Moroni, quien puso de relieve la necesidad de una reforma que eleve la edad jubilatoria: “La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando”. Se trata de una de las medidas más recurrentes en la agenda de ajuste del FMI.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productiva, Matías Kulfas, de cuyo “programa de desarrollo productivo” poco se conoce, si se animó a dar precisiones respecto al congelamiento de las tarifas de servicios públicos, destacando que "no habrá un congelamiento permanente" y que el gobierno se apresta a revisar el cuadro tarifario. Efectivamente, una de las demandas del FMI es el saneamiento del gasto público para lograr equilibrar la balanza fiscal y obtener así los fondos para que el gobierno pague a los bonistas.
La reunión con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, tuvo por objeto conocer los programas asistenciales del gobierno, principalmente lo respectivo a la Tarjeta Alimentaria y los índices de pobreza. Este es otro de los puntos vitales para el Fondo, conscientes de las consecuencias políticas y sociales de sus recetas en todo el mundo y en Latinoamérica en particular, donde se han protagonizado movimientos populares contra los planes de ajuste aplicados por los distintos gobiernos.
Un dato que ya ha trascendida en los medios es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, aún no ha logrado ofrecer certezas de cómo alcanzaría el tan mentado equilibrio fiscal en el corto plazo, dejando entrever que necesitarían entre 2 o 3 años de margen para ajustar los números.
Un choque para la tribuna
Quienes protagonizaron un intercambio de características cuasi teatrales fueron los principales ausentes en las gestiones de la misión. Desde Cuba, la vicepresidenta Cristina Kirchner señaló que el FMI debería analizar la posibilidad de otorgar una quita de la deuda con el organismo –se trata de la deuda adquirida por el gobierno de Macri, que asciende a unos 44.867 millones de dólares. La titular del FMI, Kristalina Giorgieva salió al cruce diciendo que eso no era posible debido a lo que establecen los propios estatutos del Fondo. El presidente Fernández tuvo que sumarse a la partida saliendo a respaldar a Cristina para no dejar en offside a su coequiper. Lo cierto es que todo este intercambio no tuvo la menor incidencia en el itinerario de la misión y solo sirvió a los fines de dramatizar una contienda que solo existe en el imaginario de parte de la tropa oficial. Los hechos concretos contrastan con la tesis de un “enfrentamiento” entre el FMI y el gobierno. Kicillof, marcado como un delegado político de la vicepresidente,agachó la cabeza y pagó dólar por dólar a los bonistas privados, dejando al borde de la quiebra a la provincia de Buenos Aires para evitar entorpecer las gestiones con el FMI.
Un gobierno bajo jurisdicción extranjera
Lo cierto es que la recorrida de la misión del FMI sirvió para recabar un informe preciso del plan del gobierno que el 100% de los trabajadores argentinos desconoce. Tal es así que incluso el FMI se privará de ofrecer un informe público de la “auditoría” a la que sometió al país, por cuenta del gobierno. Más aun, ahora Guzmán viajará a la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, donde en la próxima semana tendrá lugar la cumbre de ministros de Economía y directores de Bancos Centrales del G-20, donde se estima que le bajarán la línea oficial del FMI luego de haber analizado los datos recaudados durante los últimos días.
Los discursos sobre la soberanía nacional no pueden disimular el nivel de rastrerismo que maneja el gobierno, y sus funcionarios, para obtener el visto bueno del Fondo. Según el Instituto de Finanzas Internacionales la Argentina deberá enfrentar este año vencimientos por 10.000 millones de dólares, de bono sujetos a ley extranjera, el Club de París y otras instituciones internacionales donde Giorgieva es influyente.
El gobierno ha depositado todas sus expectativas en que el FMI le sirva de palanca para negociar la reestructuración de la deuda con los principales fondos de inversión, entre los que se apuntan los carroñeros grupos como Templeton y Blackrock. A estas alturas está claro que el presupuesto 2020 y el plan del gobierno de Alberto Fernández, como los bonos de deuda externa, estarán sometidos a jurisdicción extranjera. Esta es la receta de ajuste que viene escalando desde el gobierno de Fernández y que amenaza con liquidad las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Marcelo Mache
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