Es completamente natural que se haya desatado el debate acerca de los “presos políticos”. Una pieza fundamental del acuerdo para lanzar la candidatura del binomio presidencial de los Fernández consistió en el compromiso de revertir los procesos judiciales contra el kirchnerismo, especialmente los que afectaban a la expresidenta y a su familia. Alberto Fernández se tomó el trabajo de viajar a Curitiba, para solidarizarse con Lula, quien se consideraba un preso político, aunque estaba preso como consecuencia de dos condenas judiciales sucesivas. El abrazo al expresidente de Brasil desató una crisis política con Bolsonaro. AF no fue a Brasil para condenar una “arbitrariedad” del Tribunal Superior de ese país, sino para repudiar una condena política. Lo mismo hizo con Milagro Sala, quien acumula más condenas que Lula. El argumento de que los presos políticos sólo existen bajo dictaduras desluce los pergaminos académicos de AF e incluso constituyen un antecedente peligroso para su gestión de gobierno: hay miles de procesados por participación en luchas sociales y sindicales y la Constitución admite detenciones bajo el estado de sitio, o sea políticas. La judicialización de las luchas y las protestas constituyen una máscara de la penalización de la lucha política. En este momento, un preso político de altura internacional, Julián Assange, enfrenta la amenaza de una extradición a Estados Unidos, donde Trump le ha prometido entre la perpetua y la pena de muerte.
Lo que sorprende en el debate es la especie de que un reo por corrupción no pueda ser, al mismo tiempo, una suerte de preso político. Nadie ignora que la mayoría de los altos funcionarios acusados por corrupción resultan absueltos por prescripción de la causa o por chicanas judiciales. Por ejemplo, el expresidente Menem, o Cavallo y tantísimos otros. Cuando eso no ocurre, se encuentran rápidamente alternativas para atenuar la pena. Por eso, cuando un corrupto manifiesto es condenado, se supone que existe atrás una intención política. La cruzada contra la corrupción kirchnerista adquirió después del conflicto rural y más claramente a partir de 2013, un carácter político – en función de una ofensiva de la derecha contra el ‘populismo’ en toda América Latina. Quienes, como el Partido Obrero, combatimos la corrupción kirchnerista en los ferrocarriles, la secretaría de Transporte y la de Obras Públicas, y el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra; precisamente nosotros, no hemos dudado en caracterizar la ofensiva mediática y judicial de los Lanata, Carrió y Macri como parte de una intentona política de la derecha. Una mayoría de golpes de estado, en los 60 y 70, en América Latina, fueron justificados para “poner fin a la corrupción”. El pretexto, no importa el grado de veracidad, podía ser motivo para acompañar la liquidación de las libertades democráticas.
La judicialización política de la corrupción se manifiesta en la prisión preventiva dictada contra Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. La sentencia acaba de ser derogada por el más inverosímil de los pretextos: de que no tiene condiciones de obstruir a la justicia, justo ahora que es nada menos que vicepresidenta de Argentina. Se le adjudicó más poder de interferencia antes, cuando era una opositora que perdía elecciones, que ahora cuando comparte el poder político. Otro caso, más agravante aún, es el de D’Elia, que atacó una comisaría en la Boca, de donde partió el asesinato de un activista del barrio. En Chile, esos asaltos son generalizados, en respuesta a la represión criminal de Carabineros; en Argentina absuelven a las autoridades de la comisaría. Lo mismo ocurre con el asesinato de Kosteki y Santillán, cuyos responsables políticos, nunca acusados, integran o apoyan el gobierno de los Fernández. Milagro Sala ha sido condenada por varios delitos, pero su prisión sigue siendo preventiva, dado que las sentencias han sido apeladas. El motivo, lo dice el mismo fallo judicial, ha sido político desde el principio: privarla de la capacidad de movilizar gente contra el gobierno provincial y contra el poder judicial.
El método de utilizar el poder judicial para organizar conspiraciones políticas ha surgido de EEUU, cuyo departamento de Justicia ha reconocido, en forma reiterada, su propósito de combatir la corrupción afuera del país, en especial en América Latina. De allí nace la “operación Odebrecht” y probablemente la de los Cuadernos, cuyos datos verosímiles o verídicos han cobrado estado público en el momento adecuado u oportuno, para resolver encrucijadas políticas a favor de la derecha. Este método ha dado un resultado excelente en Brasil, donde el gobierno corrupto de Lula pudo ser liquidado a favor del gobierno criminal de Bolsonaro. El departamento de Justicia norteamericano es el mismo que encubre los delitos personales y familiares de Donald Trump. El nuevo escenario de esta conspiración es ahora Bolivia, donde se pondrán en acción todas las denuncias que sirvan para proscribir la candidatura de Evo Morales e impedir un gobierno del MAS. El establecimiento, en Argentina, de una Justicia Federal, es decir especial, para tratar la corrupción estatal, es el reconocimiento más contundente de la judicialización de la política y de la creación de un poder de supervisión ajeno a la representación parlamentaria y a sus atributos de juicio político. El poder judicial es una representación de las trenzas de poder que determinan su conformación. La prisión preventiva, por un lado, y el prevaricato y la prescripción de delitos, por el otro, son los métodos alternativos que usa la clase dominante para liquidar funcionarios o absolverlos para resolver los conflictos de intereses en juego.
La pelea por la denominación “presos políticos” confunde la naturaleza del asunto: si son corruptos, no son presos por motivos políticos; y si lo son, por esto último, no son corruptos. Esa separación no existe –son casos de corrupción que no atienden a un interés público sino a la fracción de poder adversa que se vale de aquella para obtener un resultado político. Los acusadores son tan corruptos y deberían tener causas abiertas por corrupción como los mismos reos. Es de lo que se encargará un gobierno de trabajadores, a través de los órganos de justicia por elección popular.
El debate no quiere explicitar que se trata de una lucha por el poder judicial, en especial porque penden sobre CFK numerosos procesos. Un ala del kirchnerismo impulsa, por esa razón, una Corte de doce miembros, en donde los siete a designar sean de ese palo. Se trata de una propuesta extrema para un gobierno condicionado por una negociación de deuda y por el afán de atraer inversiones mineras y petroleras, o sea que debe respetar contratos. Si prospera una justicia K, la justicia de Nueva York pasaría a ser la jurisdicción de los contratos que hasta ahora remitían a Buenos Aires. Es posible que una cláusula no escrita de la negociación de deuda, que vaya a imponer por ejemplo Trump, es que no se toque el poder judicial. La discusión por los ‘presos políticos’ termina entroncando con el problema central de Argentina, que es su condición de colonia financiera del capital internacional. Argentina necesita una limpieza radical, de cabo a rabo, de la que se encargará la clase obrera.
Nuestro planteo:
Desprocesamiento de todos los trabajadores por luchar; libertad de los detenidos; cese de las persecuciones contra ellos.
Cese de las prisiones preventivas por corrupción y aceleración de los juicios.
Liberación de todos los presos sin condena y tres años de procesamiento.
Por condiciones de prisión adecuadas.
Plenos derechos políticos para el MAS en las elecciones bolivianas.
En oposición a cambios arbitrarios y camarillescos en el poder judicial; que una Asamblea Constituyente soberana determine la elección popular de jueces y fiscales.
Jorge Altamira
11/02/2020
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