El gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que dispone un aumento graudal de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, un aumento de los aportes previsionales de los magistrados y un cambio en la forma de cálculo de la jubilación –en vez del haber percibido el último año, se lo establecerá sobre el promedio de los últimos diez. Seguirán ‘gozando’ de jubilaciones privilegiadas. En medio de una ola creciente de criticas al poder judicial, incluido el reclamo de una reforma constitucional, desde el propio oficialismo, para poner fin al carácter vitalicio de los jueces y proceder a la elección popular periódica, este proyecto hace las veces de un salvoconducto al sistema y una ratificación de su carácter anti-democrático. Porcentajes de jubilación aparte, los jueces continuarán siendo designados por medio de una componenda en el Senado y en el Consejo de la Magistratura. Los jueces seguirán cobrando jubilaciones de privilegio un poco inferiores y la Corte seguirá manejando el presupuesto del poder judicial.
El propósito pomposo de eliminar ‘regímenes especiales’ y de privilegio está ligada obviamente a dar apoyo a la liquidación de la movilidad jubilatoria para los trabajadores, y el avance que representa en convertir al sistema previsional en un régimen de cuidado a la vejez. Basta esta caracterización para plantear un repudio político al intento de los Fernández.
La corporación judicial bate el parche en contra con un viejo argumento, a saber, que cualquier disposición de los otros poderes que afecte el poder judicial, ataca su “independencia”. Esa independencia escasea como el agua en el desierto, y cuando aparece un oasis es para preservar los grandes intereses capitalistas y la tutela de los grandes estudios de abogados. Mediante apelaciones sucesivas, una decisión que haga realmente justicia en un litigio, queda en manos de la Corte. En un número de casos, los gobiernos han desconocido en la práctica incluso estos fallos, sin que la Corte haga nada para imponerlos. Los legisladores que se aprestan a votar el proyecto oficial, tienen ellos mismos dietas y jubilaciones monumentales. Lo que no les falta es la vergüenza de votar en contra de la movilidad de las jubilaciones que corresponden a los trabajadores, ni de tolerar el vaciamiento del FGS de Anses, para pagar la deuda externa.
De entrada, los llamados ‘medios hegemónicos’ advirtieron que la intención del gobierno era promover renuncias masivas de jueces, que buscarían jubilarse de inmediato con el objetivo de cobrar de acuerdo al régimen actual. El oficialismo llenaría esas vacantes con personeros adictos. El macrismo se subió, al menos en su mayoría, a la denuncia ‘hegemónica'. En su afán de ‘cerrar la grieta’, para que el acuerdo sobre la deuda externa sea aprobado sin fisuras por el parlamento, el gobierno estaría dispuesto a modificar el proyecto, para preservar para los actuales jueces las condiciones presentes, y aplicar la ley a quienes sean nombrados después de la sanción del proyecto de marras.. Una solución jurídica que data de la época de Salomón, hace tres mil años, y que dejaría todo como está.
El sindicato de judiciales se ha opuesto en principio al proyecto, porque su régimen jubilatorio se encuentra vinculado al presupuesto del poder judicial. La burocracia del sindicato judicial ha ofrecido aumentar el porcentaje de aporte jubilatorio de los trabajadores y la edad de retiro, a cambio de mantenerse dentro de régimen presente. El proyecto también apunta contra los ‘privilegios’ del personal administrativo y tareas generales.
Hay otros regímene llamados ´régimenes especiales(docentes universitarios, insalubridad), también cuestionados en nombre determinar con privilegios`. Los Fernández-Kristalina van por ellos.
Los socialistas planteamos la elección y revocabilidad popular de jueces y fiscales y un salario que no supere el nivel medio de un trabajador calificado. Esto no es lo que votará ningún Congreso patronal sino que será impuesto por un gobierno de trabajadores.
Marcelo Ramal
26/02/2020
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