El miércoles 26 de febrero comenzó formalmente la campaña hacia el plebiscito emanado del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que se realizará el 26 de abril. En la votación se definirá si se procede o no a una reforma constitucional, y si los representantes a la Constituyente serán electos por el voto popular o si esta será mixta -es decir que la mitad de sus miembros sean los actuales parlamentarios.
El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución fue la estrategia contrarrevolucionaria montada por el gobierno de Piñera y el conjunto de los partidos del régimen en noviembre pasado, con el objetivo de desviar el proceso abierto por la rebelión popular iniciada el 18 de octubre.
Jaqueado por esta rebelión, y especialmente por la gran huelga general del 12 de noviembre, el gobierno debió echar lastre y habilitó la realización de una Convención Constituyente, tutelada por el propio presidente Sebastián Piñera.
El carácter amañado de esa Constituyente está dado por el hecho de que se garantiza el derecho de veto a la derecha en el poder, porque establece un piso de dos tercios en la Convención para aprobar una reforma. Además es un intento de dilatarla en el tiempo, ya que los parlamentarios se elegirían recién en octubre y el proceso constituyente se extendería de 9 a 12 meses, tras los cuales las modificaciones que surjan a la constitución deberán ser ratificadas en un nuevo plebiscito.
Aferrados a la agenda emanada del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, todos los partidos del régimen (la coalición oficial Chile Vamos, la “oposición” de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio e incluso el Partido Comunista) se han lanzado a la campaña por el plebiscito. Con la excepción del ala derecha de la coalición oficialista -que se ha dividido entre el “rechazo” y el “apruebo”- el resto del arco político se pronunció en favor de una nueva constitución. Buscan cierta relegitimación entre las masas, luego de haber jugado un papel fundamental en el sostenimiento en el poder del asesino Piñera.
Pero antes de que el plebiscito sea la noticia excluyente, Chile deberá atravesar el mes de marzo, en el que se prevé la emergencia de “un nuevo estallido social”. Sucede que, desde el 18 de octubre a esta parte, el gobierno ha sido incapaz de satisfacer las reivindicaciones motoras de la rebelión popular: la recomposición de salarios y pensiones, terminar con el régimen de las AFP (jubilación privada), garantizar el derecho a la vivienda, al agua, a la salud y educación gratuitas. Por el contrario, el gobierno -con el apoyo de todo el arco político tradicional- sólo ha reforzado su política represiva.
Es por eso que para el primer día hábil del mes se prepara un “súper lunes” por parte del movimiento de mujeres, que realizará acciones en todo el país y concentraciones masivas por la tarde. El 4 de marzo retornarán los secundarios a las escuelas y se prevé la toma generalizada de los establecimientos, y es probable que la onda se expanda a las universidades. El 7 y 8 serán días de lucha protagonizados por las mujeres y, para el 9, la Coordinadora Feminista 8M llama a una huelga laboral a la que se sumarán los estudiantes y la Mesa de Unidad Social (CUT, Colegio de Profesores, Confusam y No+AFP). Entre muchas otras, las organizaciones sindicales convocan a una movilización a la Casa de la Moneda para el 11, cuando se cumple un nuevo aniversario de la asunción de Sebastián Piñera como presidente de Chile. También está citada una “marcha de las marchas” para el 22 y otra por “NO + AFP” para el 31.
Las consignas “Fuera Piñera, por una Asamblea Constituyente libre y soberana” seguirán presidiendo todas y cada una de las movilizaciones y protestas. Como se ve, en Chile, el otoño arrancará más que caliente.
Las grandes jornadas que se vienen en marzo ponen en el orden del día la necesidad de impulsar un Encuentro Nacional de asambleas y organizaciones populares para centralizar y potenciar el movimiento de lucha. Al mismo tiempo, plantean la pelea por un congreso de delegados de base de todos los sindicatos, para superar el rol colaboracionista de la burocracia de la CUT y la Mesa de la Unidad Social, y sumar a la lucha al conjunto del movimiento obrero impulsando la huelga general.
Pablo Giachello
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