El megacuerdo del gobierno argentino de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscrito en 2018 fue impugnado a comienzos de diciembre en la Justicia a través de dos denuncias, una en foro penal, y otra en el contencioso administrativo, basadas en decisiones inconstitucionales e ilegales, entre ellas la falta de acuerdo del Congreso de la Nación.
La última demanda, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), acaba de avanzar en la justicia. La causa se sustenta en que el Estado no realizó los trámites anteriores a la toma de deuda a los que está obligado por ley.
El tema adquiere vital importancia dado que no se puede tener un plan de gobierno, ni el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional 2020, mientras no se tenga en firme el acuerdo con los acreedores. El ministro de economía, Martín Guzmán, señaló que busca una suspensión del pago con reestructuración de la deuda que le permita crecer al país.
“Se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existe del lado argentino o la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan”, señala el economista Horacio Rovelli .
Defender lo público
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó a la Procuración del Tesoro que ejerza la defensa del Ministerio de Hacienda y del Banco Central en la causa que impulsa la nulidad del crédito que la administración neoliberal de la coalición Cambiemos pidió al FMI en 2018, así como su posterior ampliación.
La denuncia de que el acuerdo con el Fondo debe declararse nulo se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron: ni el de factibilidad, ni el económico -que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda-, ni el jurídico previo a la situación del acuerdo.
Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país. Desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina 44.490 millones dólares que sólo se utilizaron para pagos de deuda por 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país 36.380 millones de dólares.
En paralelo avanza la denuncia penal que Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizaron contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del megapréstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.
Ese mes, los entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y titular del Banco Central, Guido Sandleris, remitieron a quien oficiaba por esas fechas de directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dos memorandos: uno de Políticas Económicas y Financieras y otro de Entendimiento Técnico. Este segundo acuerdo, según los denunciantes es inconstitucional.
“Durante toda su gestión, Macri tomó deuda por un monto superior a los 100 mil millones y de esos, 86 mil millones de dólares de deuda se fugaron. Entonces, su acuerdo con el Fondo, que es una parte de ese endeudamiento, está flojo de papeles, hay argumentos para que el nuevo gobierno tenga como tarea investigar y auditar el acuerdo”, afirmó Lozano.
Resarcir al Estado con patrimonio propio
La abogada Betina Stein, hoy miembro del directorio del Banco Central, advirtió hace ya casi dos años que el Poder Ejecutivo carece de facultades a la luz de la letra de la Constitución Nacional y es al Congreso de la Nación, a quien se acuerda la facultad de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.
Si hablamos de ilegitimidad, vale la pena recordar que el almirante Emilio Massera debió responder con su patrimonio por las atrocidades cometidas en ocasión y en ejercicio de su cargo público. Y debió hacerlo por la iniciativa de un ciudadano en particular, y no por el reclamo de la Nación, como debió haber sido, recordaba Stein.
En 1996 la justicia condenó al almirante Massera a indemnizar a Daniel Tarnopolsky por el secuestro y desaparición forzosa de sus padres y hermanos durante la última dictadura militar, fallo éste luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de agosto de 1999. Y Massera tuvo que responder con su patrimonio.
Stein sostuvo que el Estado debe investigar las circunstancias que rodearon a la toma de la deuda en dólares de mayor envergadura en la historia del país y si hubo irregularidades en el proceso de decisión, y que el Estado Argentino, víctima de los perjuicios patrimoniales ocasionados por tales irregularidades debería demandar judicialmente a los funcionarios responsables de haber generado ilegítimamente esa deuda, para que se los condene a reparar esos perjuicios con su propio patrimonio.
Debería, podría… mucha conjugación en condicional. Para que ello suceda hace falta decisión política del gobierno y/o presión ciudfadana, popular, en las calles.
Claudio della Croce. Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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