La decisión de Axel Kicillof de postergar el pago de capital del bono BP21 (manteniendo el de los intereses) es parte de una estrategia coordinada con Nación, explicó el ministro Martín Guzmán. Ratificó además la decisión de no rescatar a Buenos Aires, en caso de que no prosperara la propuesta. La expectativa del gobierno era comenzar pisando fuerte en lo que los diarios catalogaron como un globo de ensayo en la renegociación de la deuda. Sn embargo, arrancó con un primer traspié.
Evitar la cesación de pagos requiere la aceptación del 75% de los tenedores privados. El comunicado del Comité de Bonistas de la provincia de Buenos Aires, con sede en Nueva York, se limitó a señalar haber "tomado nota de la solicitud” y que "sigue preparado para entablar negociaciones de buena fe sobre la base de un plan económico sólido e integral que dé certidumbre sobre los pagos".
En un lenguaje más prosaico, los bonistas le recuerdan que el Estado tiene que explicitar cómo va a generar el superávit fiscal para garantizar el pago de la deuda. Esto supone un plan económico que, a buen entendedor, deberá pasar por el filtro del FMI. El Fondo es partidario de una quita a los bonistas, quienes, obviamente, están pugnando porque dicho recorte sea el menor posible. Pero, ambos coinciden en la necesidad de un ajuste en regla, de modo de asegurar los recursos necesarios para que el país cumpla con sus compromisos.
Lejos de darse por satisfecho con las medidas adoptadas en la llamada ley de solidaridad votada a fin de año, los acreedores van por más. Por lo pronto al robo a los jubilados con la suspensión de la movilidad jubilatoria se le une ahora el golpe a los salarios con el intento de imponer un techo a las paritarias y la imposición de sumas fijas por debajo de la inflación.
Los condicionamientos se extienden a la política exterior. En ese plano, hay que consignar el reconocimiento de los diplomáticos bolivianos enviados por la golpista Jeanine Áñez, el mantenimiento de Hezbollah en el listado de grupos terroristas y la histórica visita a Israel, el pilar del imperialismo yanqui en Medio Oriente; según trascendió, la gran promotora de este “giro en la política internacional” fue la mismísima Cristina Kirchner.
Escenario convulsivo
Frente a este cuadro, el gobierno provincial resolvió ampliar al plazo para una definición hasta el 31 de enero. El traspié confirma que la renegociación de la deuda es un campo minado. La nueva ley que se está por tratar en el Congreso contempla darle un cheque en blanco al Ejecutivo. El acuerdo al que se llegue no va pasar por el Congreso, en sintonía con los superpoderes que ya se aprobaron en los primeros días del mandato de Alberto Fernández.
El canje, por más que se lo proponga maquillar, implica revalorizar títulos basura mediante un plan de garantías económicas al capital financiero. Es lo que ocurrió con los canjes implementados bajo el kirchnerismo que terminaron siendo una gran negociado: los acreedores obtuvieron, a cambio de bonos absolutamente desvalorizados, nuevos títulos reapreciados a lo que se agregó el premio del cupón PBI, que se cobraba si el crecimiento económico del país superaba el 3 %.
Está en marcha un nuevo rescate de la deuda, aunque eso no despeja el fantasma de la cesación de pagos. La deuda es una hipoteca impagable.
Agreguemos que la situación financiera de las provincias es muy delicada. De conjunto deberán enfrentar vencimientos de capital e intereses con el mercado privado por unos 2.100 millones de dólares (sin contar el endeudamiento en pesos ni con la banca pública ni con organismos multilaterales).
Cualquiera de las alternativas en que concluya este primer round en la provincia de Buenos Aires, todo indica que no va a ser inocuo. Si Kicillof termina reculando y haciéndose cargo del pago, acentuará las pretensiones y exigencias leoninas del gran capital en el marco de la renegociación que se abre. Si no se llegara a un arreglo, los bonistas podrían apelar a las cláusulas de “aceleración” y reclamar el pago del total de la deuda, llevando la tensión a un grado extremo y provocando un salto en la crisis política.
Un default de Buenos Aires tendría un impacto directo en las provincias; en primer lugar sobre Chubut, que ya anunció su intención de postergar el pago de bonos vinculados a las regalías petroleras y lanzó un enorme ajuste que como contraparte ha puesto en marcha una movilización popular que retoma la senda del chubutazo del año pasado.
Pero más de conjunto, podría desatar una fuga de capital, una corrida hacia el dólar, un agigantamiento de la brecha cambiaria y un salto en las presiones devaluatorias y en la inflación.
Estos primeros 50 días de mandato han demostrado que el margen de maniobra de esta nueva experiencia nacionalista es muy estrecho. Alberto Fernández está sometido al fuego y presiones cruzadas del FMI, los acreedores privados, la burguesía y de las propias masas. Es lo que explica que en su corta gestión haya debido dar volantazos y recular con una serie de medidas, como el aumento de las naftas, en las retenciones a la soja o en la ley autorizando el uso de cianuro en la explotación minera.
El gobierno acaba de confirmar la suspensión de la movilidad jubilatoria y que el ajuste de marzo sea por decreto, es decir, que se reserva para sí mismo la facultad de decidir discrecionalmente los aumentos; algunos trascendidos señalan que la masa de recursos totales que se va asignar a los jubilados no va a disminuir, aunque alteraría su distribución, privilegiando los haberes más bajos en la escala. AF preferiría curarse en salud y meter violín en bolsa con el recorte programado por temor a la reacción que esto podría despertar en la población, con más razón luego de la rebelión mendocina.
Pero este hecho pondría en crisis el ajuste. Las contradicciones que enfrenta el gobierno se hacen sentir en todo los planos y socavan y ponen en cuestión su capacidad de arbitraje.
El conflicto petrolero es un ejemplo ilustrativo. Con epicentro en Vaca Muerta, arrancó con el congelamiento impuesto por Macri, que las operadoras “objetaron” paralizando equipos, suspendiendo y despidiendo. La presión sobre los gremios y la amenaza de "terminar con la paz social" forzó el compromiso gubernamental de acelerar la aprobación de una ley hidrocarburífera.
Si bien ni las provincias ni las empresas ni los sindicatos tuvieron acceso al borrador, el diputado Darío Martínez (quien, junto a Matías Kulfas y Guillermo Nielsen, está encargado de elaborar la normativa) adelantó que “el acuerdo con las empresas debe habilitar que una parte de la producción sea colocada a precio internacional; hoy la diferencia es de 52 a 65 dólares. Se necesitan reglas claras a 30 años y acordar qué posibilidades les das para llevar las utilidades al exterior".
A tal fin se crearía un fideicomiso bajo legislación extranjera que permita a los inversores girar las divisas libremente a tipo de cambio oficial retener las divisas que reciban, sin necesidades de liquidarlas en el país. O sea que el Gobierno no dispondría de esas divisas para pagar la deuda externa. Naturalmente, eso entra en choque con las pretensiones del FMI y los bonistas; del mismo modo, que el otorgamiento de subsidios a las petroleras que se estaría barajando en la nueva ley que conspiran contra el superávit fiscal que reclaman los acreedores. Ni hablar de las consecuencias inflacionarias explosivas que tendría la liberación de precios de los combustibles.
Otro frente conflictivo es el agrario, principal rubro de exportación. El Gobierno no solo no ha utilizado la facultad que le otorga la Ley para aumentar un 3% las retenciones sino que terminó concediendo a las patronales del campo una rebaja gradual del impuesto. La asamblea de productores agrupados en varias entidades, que se realizó en Pergamino, estableció como fecha límite para el cumplimiento de esa promesa el 31 de enero. De no cumplir comenzará un freno al envío de hacienda y la comercialización de granos.
El freno a las importaciones para aliviar las presiones al tipo de cambio oficial está en marcha con el cambio de régimen de licencias no automáticas: un recurso que, por el alto grado de dependencia de la industria argentina, conduce a una mayor parálisis de la producción, que sigue agravándose como lo revelan los anuncios de suspensiones y despidos en Bagley, Siderca, Dulcor, la tabacalera Alliance One en Salta, la minera Cerro Negro en Santa Cruz, etc.
La batalla por delante
En medio de este cuadro, la batalla en defensa del salario, las paritarias y las jubilaciones, cobra especial vigencia.
Mientras algunas cámaras empresarias -como la de estaciones de servicio o empresas de salud privadas– advierten que no pagarán el bono miserable de 3.320 pesos de bolsillo y en cuotas acordado en diciembre, el Ministerio de Trabajo sigue cosechando respaldos (Daer, Acuña, Yasky y Baradel se pronunciaron) para reemplazar -transitoria o parcialmente- las paritarias por un esquema de actualización por medio de sumas fijas por decreto, similar al utilizado para las jubilaciones.
Otros gremios poderosos, como Camioneros o Petroleros, rechazan los montos fijos. En el caso de Camioneros el 33 por ciento para los próximos seis meses viene chocando con la negativa cerrada de las patronales. En Comodoro Rivadavia, el gremio resolvió bloquear por tiempo indeterminado la planta de tanques de combustibles de YPF exigiendo que se complete el pago del bono de 20 mil pesos y denunciando un plan de despidos en la petrolera estatal.
La rebelión mendocina contra el pacto megaminero del PJ y la UCR; las movilizaciones en Chubut contra el nuevo ajuste de Arcioni; luchas como las del Inti o de Kimberly son expresión de tendencias que anidan en el movimiento de masas. En esas tendencias hay que apoyarse para impulsar la acción independiente, por las reivindicaciones más vitales; por el salario y las jubilaciones; por paritarias libres para luchar por un salario equivalente a la canasta familiar; por la prohibición de los despidos; por la ruptura con el FMI y el repudio a la deuda usuraria; por la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores.
La rebelión mendocina es tremendamente aleccionadora porque puso de relieve el enorme potencial que existe en el movimiento popular que logró propinar un enorme golpe a la política de reunir los dólares para pagar la deuda.
En ese caso no fue suficiente la cooptación de toda la burocracia sindical, incluso piquetera, mientras históricos abanderados de la causa ambiental como Pino Solanas y Cía. hoy integrados al gobierno, se borraban de escena.
Contra el Pacto Social y el chaleco de fuerza que impone la burocracia, levantamos la consigna de un Congreso de Bases de los trabajadores ocupados y desocupados para debatir un programa de reivindicaciones y de salida de la crisis nacional y un plan de lucha para imponerlo.
Miguel Bravetti y Pablo Heller
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