El gobierno de la “solidaridad” comenzó el año con un incremento súbito de los alimentos de la canasta básica, al no prorrogar la suspensión del IVA dispuesta para los mismos meses atrás.
El esquema acordado con los empresarios prevé que en la mayoría de los productos estos absorban dos tercios del 21% que representa el impuesto, mientras que el restante 7% recaiga sobre los consumidores. En el caso de la leche los empresarios absorberían el total del IVA, mientras que, por el contrario, el aceite y el pan rallado aumentan 9 y 10,5% para los compradores finales. Por lo demás, acorde a Infobae (1/1), tanto el rubro Conserva de frutas como, “dentro de cada categoría, los productos que no son considerados básicos” subirían completo el 21%, entre ellos varios tipos de panificados (salvado, semillas, hamburguesas y panchos) y el azúcar impalpable.
La acción del gobierno trae aumentos sobre productos que no habían dejado de escalar, ya que el “IVA Cero” del macrismo fue más que compensado con las intensas remarcaciones con que los empresarios se han blindado en estos meses por temor a un congelamiento -solo en diciembre la inflación en alimentos y bebidas fue del 3,9%, lo que explica un cuarto de la carestía de ese mes (Clarín, 2/1). Obviamente, tal compensación no fue controlada, en un cuadro en que las organizaciones de defensa del consumidor ya venían denunciando “el desmantelamiento de la estructura de control, fundamentalmente por la falta de inspectores” (Ámbito, 2/1).
Mientras desde el Ministerio de Desarrollo Productivo prometen controles online e inspecciones, todo apunta a que las remarcaciones seguirán sin control, como las declaraciones de fuentes oficiales en las que “descuentan que hay buena predisposición de las empresas” y señalan que “si encontramos cosas raras pediremos explicaciones” (La Nación, 2/1), y los pedidos de Alberto Fernández a los empresarios de “no abusar” y de tener “responsabilidad social”, con los que finge desconocer que para los capitalistas su propia ganancia es la ‘responsabilidad social’ por excelencia. El mecanismo de vigilancia del que habló el gobierno es un registro online (Precios Claros) que por lo demás ya estaba vigente durante el macrismo sin que aflojasen las remarcaciones, y donde computan solo las cadenas de supermercados que representan un 30% del total de la oferta.
Así las cosas, se habilita un curso de aumentos sin techo en los alimentos, que impactan proporcionalmente más sobre "los que menos tienen" -aquellos a los que Fernández había prometido priorizar.
El “acuerdo” alcanzado será continuado con una “mesa de negociación (del gobierno) con el sector productor durante los próximos 30 días”, en la que los empresarios podrán luchar por más concesiones sin la presencia en la mesa de una representación de los consumidores. Al interior de la clase capitalista, vendría a abrirse un toma y daca entre supermercadistas y sus proveedores, a ver quién carga con el 14% que deben absorver. Es preciso recordar que ambos sectores se han visto premiados por la tarjeta alimentaria dispuesta por el gobierno para beneficiarios de planes sociales, con la innecesaria tercerización de la entrega de alimentos en estos comercios.
La resolución del gobierno fue precedida por el reclamo reaccionario de 15 gobernadores, en su mayoría peronistas, contra el decreto de suspensión del IVA en estos productos, ya que afectaba la coparticipación. La Corte Suprema había hecho lugar a la demanda, determinando que el costo fiscal corriera solo a cuenta del Estado nacional. En este cuadro, la eliminación del IVA Cero se manifiesta como un nuevo gesto para con los acreedores de la deuda externa.
En las declaraciones citadas, Fernández pidió por su parte no “hacer pedidos desmedidos” de aumentos salariales, mientras se vienen dando largas a la entrega de un bono que, en el mejor de los casos, sería un adelanto “a cuenta” de futuras negociaciones. Lo reconocieron tanto desde el gobierno como desde la CGT, con Carlos Acuña declarando que el aumento a los trabajadores privados “será de acuerdo a las posibilidades de cada sector”.
La definición, como han sido todos los repiqueteos sobre el pacto social, es el anticipo de una entregada, ya que el criterio elemental es que el salario debe tener como piso una recuperación de lo perdido y blindar el salario ante la inflación que continúa, y que se prevé de no menos de 40% para el 2020. Por lo pronto, el gobierno celebró año nuevo aportando a esa cifra.
La apertura de los libros de supermercados y proveedores, el establecimiento de un control popular independiente del curso de los precios con capacidad de decisión, la eliminación definitiva de los impuestos al consumo a costa de los capitalistas, son medidas con que la clase obrera podría acompañar una campaña en defensa del salario, encabezada por el reclamo de inmediata reapertura de paritarias, sin techo y por sueldos equivalentes a la canasta familiar.
Tomás Eps
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