Rosarios para los genocidas

El Papa va por el “punto final”

El papa Francisco, a través del vicario castrense Santiago Olivera, envió 50 rosarios bendecidos a militares presos (ya sea en Campo de Mayo, Ezeiza o en sus casas) por crímenes de lesa humanidad.
La acción de Bergoglio ha sido presentada como un acto de inclusión, ya que según el Vicario su feligresía (los militares) se preguntaba por qué el Papa les había enviado rosarios a Milagro Sala, Boudou, el Pato Fontanet y otros presos y a ellos no.
El acto de Francisco no se limitó a los rosarios bendecidos, les envió además un audio y manifestó “la posibilidad de que familiares de militares presos o que han sido víctimas de la subversión puedan ser recibidos por él, que se manifestó dispuesto a oír y acompañar esta problemática", según el Vicario.
Olivera, en octubre del año pasado en un seminario sobre “Detenciones y Derechos Humanos” en Roma, ya había adelantado el tema: “´¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva?´, se lamentó allí Olivera, que no da un paso sin una señal para Bergoglio” (Clarín, 13/1).
Atrás de la “compensación” de los rosarios, según el vicario castrense, el Papa aspira a que siga “trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos" (Perfil, 11/1).
El reclamo por las prisiones sin sentencia definitiva de los militares presentándolo como una violación a los derechos humanos es una perfidia. Esconde la impunidad, ya que la inmensa mayoría de los represores no llegó a juicio, además: “los datos muestran que se redujo significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018. Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad (65% del total). Esa tendencia es definitiva, y se profundiza aún más al analizar el universo de personas mayores de 70 años, para las cuales se eleva al 77% de los casos, y al 82% si consideramos entre ellas a quienes fueron condenadas pero aún no tienen su sentencia firme” (Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado en fiscales.gob.ar).
La impunidad ha sido común a todos los gobiernos desde el retorno al régimen constitucional en 1983: desde la obediencia debida y el punto final de Alfonsín pasando por el indulto de Menem a los juicios restringidos y tardíos de la era K (más de 600 fallecieron sin llegar a los estrados judiciales a pesar de estar imputados por la elevada edad).
Por otro lado plantear la “injusticia” de las prisiones preventivas para los acusados de crímenes de lesa humanidad busca establecer condiciones de igualdad con el resto de los detenidos y por lo tanto convertir al genocidio en un delito común.
La “reconciliación” a la que aspiraron todos los gobiernos busca sumar a las fuerzas armadas de lleno a las tareas de represión y establece una mayor garantía en la renegociación de los pagos de la deuda con el FMI y los acreedores. Por eso Olivera en la reunión con el Papa repasó su agenda de debate con el gobierno e informó que “´ya tuve una entrevista muy buena con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, con quien quedamos que en febrero vamos a vernos con el presidente Fernández, que es mi primer feligrés como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas´… incluso contó que, tras un pedido, está llevando una foto del Papa que el Presidente quiere poner en la capilla de la Quinta de Olivos“ (Clarín, 13/1).
Si bien el Gobierno no ha abierto la boca, toda su política está signada por un compromiso con el Vaticano. En principio aceptó la exigencia de Francisco y propuso “como nuevo embajador en la Santa Sede a un profesional sin perfil político: Luis Bellando, que ha estado en Angola y a quien no se le reconocen militancias” (ídem). Además como jefe de sus asesores colocó a Juan Manuel Olmos un hombre ligado al Papa, quien junto a Gustavo Béliz (otro hombre ligado a la Iglesia) tendrán como tarea central la reforma judicial. Por último Alberto Fernández incluiría al Vaticano en su próxima gira europea.
En el altar del pago de la deuda usuraria se apura el punto final definitivo.

Eduardo Salas