Se viene batiendo el parche sobre la falta de sustentabilidad del régimen de jubilaciones. El argumento es que el Anses financia con recursos propios apenas el 40 o 50 por ciento de las jubilaciones. Eso fue utilizado por los sucesivos gobiernos de turno para justificar los magros haberes jubilatorios donde el 60% gana la mínima, de 14.000 pesos, y rechazar los pedidos de aumento y recomposición dirigidos a revertir este escenario. Esto no ha sido patrimonio sólo de los gobiernos neoliberales sino de los nacionales y populares. Recordemos que Cristina vetó la ley aprobada por el Congreso que disponía el 82 % -aunque engañosa, pues disponía el 82 % pero del salario mínimo.
Pero la falta de sustentabilidad del sistema ha sido esgrimida para ir más lejos. Es el caballito de batalla para llevar adelante recortes de las jubilaciones y plantear la necesidad de proceder a reformas previsionales. La madre de las batallas para revertir el déficit fiscal, pasa, según esta óptica, por un amplio redimensionamiento del régimen actual.
Alberto Fernández no ha sido la excepción. La suspensión de la movilidad apunta a un nuevo recorte, que representaría según algunas estimaciones un 0,7% del PBI, unos 2.800 millones de dólares, parte del paquete de ajuste en el marco de la renegociación de la deuda.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lejos de vivir los jubilados del Estado, el Estado capitalista ha vivido a costillas de estos. El despojo abarca planos múltiples y variados: desde la rebajas de los aportes patronales y evasión previsional, de la mano del trabajo informal y la precarización, pasando por el quebranto que representó el negociado de la jubilación privada, hasta el vaciamiento de las cajas que fueron utilizadas para otros fines, preferentemente al pago de la deuda.
Si sumáramos todos los conceptos aquí adscriptos, nos llevaríamos la sorpresa que en los últimos 50 años los jubilados han sufrido una exacción de 200.000 millones de dólares y, a lo mejor, nos quedamos cortos. ¡Medio PBI robado a los jubilados! Solamente en los 4 años de gestión macrista, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) perdió 45.000 millones de dólares.
Destrucción de la jubilación
Estamos en presencia de una enorme confiscación, pero no debe sorprender pues el sistema capitalista es un gran sistema de expropiación del trabajo ajeno que se abre paso en todos los poros y aéreas de la organización social. La confiscación comienza en la explotación en la fábrica o empresa pero no termina allí. El trabajador sufre un despojo en su calidad de consumidor, a través de la inflación y el sistema impositivo, y también a través del salario indirecto. La jubilación es uno de sus componentes. La tendencia del capital es a desligarse de la obligación del pago de la jubilación y a transformar a esta en un subsidio de característica asistencial a la vejez y, por lo tanto, sin ningún conexión con el salario. Las reformas previsionales, que se viene promoviendo en todo el mundo apuntan en esa dirección y son una tentativa de reducción histórica de los costos laborales, defender el lucro capitalista en crisis y declinación, y descargar el peso de la bancarrota capitalista en curso sobre la espalda de los explotados.
El sistema original jubilatorio, concebido e impulsado originariamente por las organizaciones y militantes sindicales bajo la influencia de socialistas y anarquistas, concibió la jubilación como un salario diferido, cuyo monto, por lo tanto, debería ser semejante o próximo al que el trabajador venia cobrando en actividad. No tenía nada de fantasioso, pues el aporte de 30 años unido a una capitalización de esos aportes, por más conservadora que fuera, permitían reunir holgadamente los recursos para otorgar el 82 por ciento móvil. Importa señalar que las cajas de jubilaciones, que comenzaron a multiplicarse y ampliarse en los años ‘20, ‘30 y ‘40 del siglo pasado, fueron inicialmente superavitarias pues entrababan los ingresos por aportes pero las primeras jubilaciones se fueron efectivizando recién décadas más tarde.
Lo que se omite decir es que las cajas previsionales fueron vaciadas por el Estado. Estos fondos tenían como propósito y destino financiar las jubilaciones, sin embargo, se fue haciendo costumbre desviarlos para otros destinos, para subsidiar al capital y, crecientemente, para el pago de la deuda.
En la actualidad hay 11 millones de aportantes en actividad y 8 millones de beneficiarios, o sea una relación de 1,4 entre activos y pasivos. Quienes cuestionan el actual sistema, señalan que esa relación hace inviable su existencia, prescindiendo del saqueo que fueron sufriendo los recursos acumulados en las cajas de los jubilados. ¿Por qué rebanar la torta y tomar como recursos disponibles exclusivamente el flujo de recursos actual, prescindiendo de la masa de recursos del pasado y de los rendimientos que se iban obteniendo con la inversión de los mismos?
Rebaja de los aportes patronales
Incluso, esta ecuación no deja de ser una falacia pues, a su turno, ese flujo de recursos viene siendo podado, empezando por la rebaja de los aportes patronales.
Bajo el menemismo, inspirado en el plan diseñado por Cavallo, las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33 por ciento en 1994, al 17,8 por ciento (promedio) en el 2000. Esto provocó un desfinanciamiento sensible del sistema jubilatorio y en general de las prestaciones sociales.
En el año 90, los aportes y contribuciones previsionales cubrían el 75 por ciento de las jubilaciones. En el 2004, apenas el 30 %. ¡Un derrumbe!
Por la rebaja de las contribuciones patronales implementadas a partir de 1994, el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos. Si se actualiza dicho monto por la inflación (al año 2005), el monto total acumulado no ingresado a la Seguridad Social rondaba los 80.000 millones de pesos (equivalente a 25.000 millones de dólares). De ese total, en 2005, más de la mitad correspondía al sistema jubilatorio, mientras que el resto se repartía entre asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, PAMI y Obras Sociales, según datos de la Secretaría de Seguridad Social.
La experiencia de los noventa demostró que la reducción del costo laboral, contra lo que sostienen los ideólogos de la burguesía, no reactivó la economía ni redundó en un incremento del empleo. De hecho, uno de los picos de la tasa de desocupación tuvo lugar en 1994, con un 19,4 por ciento de desempleados. Vale señalar que entre 1993 y 2001 el PBI de la economía creció en promedio al 1,4 por ciento anual.
El antecedente de las medidas tomadas por Cavallo hay que buscarla en la dictadura miliar, quien dispuso directamente en el año 1980 la supresión del total de las contribuciones patronales. Alfonsín restableció las cargas patronales pero nunca volvió a los niveles anteriores. Es decir, los gobiernos democráticos, sin distinción, mantuvieron una línea de disminución comparada con sus promedios históricos.
El propio kirchnerismo también apeló a recortes de las contribuciones patronales, aunque más acotadas, con reducciones del 50 y 25 % para microempresas y pymes.
El macrismo echó mano al mismo expediente. Se estableció un mínimo no imponible de carácter progresivo que en el año 2019 fue de alrededor de $7.600. Los cálculos que se fueron publicando señalan que los recursos que han embolsado las patronales, y por lo tanto han dejado de entrar a las arcas públicas, ascendieron por lo menos a 2.000 millones de dólares.
Alberto Fernández ha congelado el mínimo no imponible que en 2020 iba a ascender a alrededor de $15.000, continuando con los descuentos actuales pero ha pasado bastante desapercibido el hecho de que se aumenta en $10.000 el beneficio para las empresas de hasta 25 empleados, con lo cual el mínimo no imponible asciende a un poco más de $17.000.
La otra cara del desfinanciamiento
Otra de las caras del desfinanciamiento es la desocupación. En 1990, aportaba el 50 por ciento de los empleados mientras que diez años más tarde apenas llega al 40. Esto se potencia por el aumento del trabajo en negro y la informalidad que llegó a cerca del 40 %, situación que no se revirtió hasta el día de hoy. Los más de 2 millones de personas que no habían podido completar 30 años de aportes y que se jubilaron por medio de un régimen de moratorias no son los responsables del actual desequilibrio del sistema jubilatorio, como denuncian sus detractores, sino unas de sus víctimas. Hay que tener presente que estos beneficiarios apenas reciben la mínima, muy por debajo de los sueldos que cobraban en los puestos que se desempeñaron en su vida activa.
No se puede sustraer del estado actual del sistema jubilatorio el descalabro provocado por la jubilación privada. Se llega a la paradoja de que el déficit estatal fue financiado con los propios recursos administrados por las AFJP. En promedio entre 1995 y 2006, el 57,5 por ciento de esos fondos de las AFJP se utilizó para la compra de la deuda pública. De esta forma, el Estado en la necesidad de utilizar los recursos que había transferido hacia la administradoras privadas de 1994, tuvo que recurrir a ellos pero los mismos volvían “desguazados” por las comisiones cobradas por las AFJP e implicaban un incremento de la deuda acrecentada por los intereses.
En un estudio realizado se señala que el déficit previsional en el año 2000, estimado en 3,3 % del PBI, se origina el 50 por ciento en los aportes raspados a la jubilación privada y un 40 por ciento a la rebaja de los partes patronales. Aquí tenemos un radiografía de las cusas de la crisis previsional. Estamos en presencia de una gran expropiación de los jubilados al servicio de la clase capitalista, un transferencia despótica y compulsiva de los recursos previsionales para sostener y rescatar al capital y alimentar sus negocios.
A esto hay que agregar el uso de esos recursos para el pago de la deuda. Ya señalamos que más de la mitad de los fondos administrados por las AFJP eran invertidos en títulos públicos. Eso no cambió bajo el kirchnerismo, que siguió con la misma práctica una vez consumada la estatización del sistema jubilatorio. Los fondos recuperados fueron destinados al pago de la deuda. El "desendeudamiento" con los privados tuvo como contrapartida el endeudamiento con los organismos públicos, incluido el Anses, que fue acumulando en sus activos títulos de deuda que se iban depreciando y candidatos a un default como terminó de estallar finalmente bajo el macrismo. El patrimonio del Anses, que no es otra cosa que plata de los jubilados, fue esquilmado, proceso que tuvo su punto culminate bajo el macrismo. El gobierno saliente devastó la caja de respaldo de las jubilaciones. Recibió el FGS con activos por unos 67 mil millones de dólares y hoy apenas llegan a 22 mil millones. En casi cuatro años bajó 70 por ciento en dólares.
Conclusión
El 82 % móvil es perfectamente sustentable, pero para eso hay que poner fin a este verdadero robo y depredación capitalista. Es necesario restablecer las contribuciones patronales a su nivel original, previo a las rebajas de Cavallo en el ‘90. Hay que devolver los fondos saqueados al ANSES, reconociendo los títulos hoy basura y al borde de default al 100 % de su valor nominal y rescatarlos, entregando los fondos correspondientes al tipo de cambio vigente, de modo de reconstruir su patrimonio. Otro punto central es terminar con el trabajo en negro. La jubilación mínima debe superar la canasta básica, calculado en $ 40.000. Esto obviamente implica invertir la fórmula pues, en lugar de renegociar la deuda con los bonistas, la primacía debería tenerla la deuda social, entre ella, la deuda con los jubilados, a quienes deberían asignarles la categoría de “acreedores privilegiados”.
Una recapitalización del Anses permitiría utilizar sus recursos en función de un plan de industrialización y de infraestructura del país y convertirse en una palanca virtuosa al servicio de un desarrollo independiente y satisfacción de las necesidades sociales (en momentos que tanto se agita la cuestión del “crecimiento”, en este caso sí se estarían poniendo los cimientos para un desarrollo genuino de las fuerzas productivas). Un manejo responsable y racional de los recursos inspirado en esta perspectiva, permitirá al mismo tiempo que crear un fondo de inversiones productivas, ir sacando de su rendimiento los recursos necesarios para atender la cobertura del 82% móvil.
Naturalmente, para este propósito la administración del Anses debería quedar bajo el control de los propios jubilados y en esa medida, integrarse a una reorganización y transformación integral del país, sobre nuevas bases sociales dirigida por los trabajadores.
Pablo Heller
Tablas
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