"Hay una extraña urgencia en pagar, siempre, no importa si se está en fecha o no, un suspenso que la naturaleza más bien sumisa del acto parece contradecir". Alan Pauls. Historia del dinero.
La palabra entra y sale. Rebota en las paredes. Circula con profusión en el lenguaje oficial. Inunda papers, conferencias y hasta proyectos de ley. La sostenibilidad se ha convertido en bandera para la gestión de Alberto Fernández.
Lo llamado a ser “sostenible” son los pagos de la deuda pública. Dicho en criollo, la garantía de los intereses del FMI y los grandes especuladores internacionales. Quienes colaboraron activamente en el desastre macrista pueden sentirse a salvo. Con el tono (excesivamente) calmo que le es propio, el ministro de Economía reitera que sobra “voluntad de pago”.
Sentados sobre una montaña de ganancias, grandes bancos, privatizadas y petroleras -entre otros ganadores de la era Cambiemos- contemplan la demanda de “solidaridad” exigida a jubilados, trabajadores y sectores de las clases medias.
El desencanto empieza a emerger. Se cuela entre las costuras de la coalición oficialista. Periodistas como Víctor Hugo Morales o Roberto Navarro son circunstanciales voceros. Sus críticas -lo saben- confirman aquello que denunció el Frente de Izquierda. Constatan que no hay futuro para las mayorías populares bajo los dictados del FMI como reiteró Nicolás del Caño en campaña electoral.
¿Luna de hiel?
En sus primeros 45 días de gobierno, el Frente de Todos evidenció vocación de “pagador serial”. Su agenda de gestión registra como prioridad el arreglo con los acreedores internacionales y el Fondo. La deuda “fraudulenta e ilegal” -denunciada por meses- quedó enterrada bajo una montaña de palabras.
La falsamente llamada Ley de Solidaridad Social vino a proponer un esquema de ajuste fiscal destinado a dar certezas a ese sector del gran capital. Las jubilaciones de millones se convirtieron en usina de recursos para engrosar la (ya abultada) billetera de fondos como BlackRock o Franklin Templeton.
La deuda pública, por su magnitud, constituye una suerte de guillotina que pende sobre la cabeza de millones [1]. Los usureros internacionales exigen que sus intereses sean respetados. El gobierno suspira resignado y acepta. Pide, ruega, solicita un poco de tiempo para ordenar números.
De la suerte de esa negociación -que empieza a caminar públicamente- dependerá el plan que despliegue en los próximos años. Sin embargo, cualquier postergación de pagos serán futuras encrucijadas. Aquello que hoy se evite abonar conformará una carga futura, aún más odiosa para las grandes mayorías del país.
El problema de la deuda pública golpea también sobre las provincias, que transitan situaciones complejas o críticas. La saga que incluye a Axel Kicillof y los especuladores internacionales tiene ese trasfondo. La provincia debe pagar casi USD 3.000 millones en 2020. El gobernador propone confiar en la “buena fe” de los bonistas. Pero en el mundo de los negocios esa cualidad no existe.
A los pies del imperio
La política internacional del gobierno conduce por los mismos carriles. Apunta a ganar aliados o simpatizantes para la causa de la renegociación de la deuda. El persistente intento de acercamiento a EE.UU. se debe a una razón: el país que administra Trump es el principal accionista en el Directorio del FMI.
En tan solo seis semanas, la “Patria Grande” duerme oculta en un cajón. Arriba se apilan los apretones de mano con Mike Pence y las fotos sonrientes con Netanyahu.
Ese camino ya se sembró de hechos deplorables. Allí hay que contabilizar el lamentable comunicado tras el asesinato de Qasem Soleimani por parte de EE.UU.. Más acá en el tiempo se encuentra el reciente viaje a Israel. Allí, el justo silencio por las víctimas del nazismo permitió ocultar otro silencio: aquel que merecen los miles de asesinados y asesinadas por ese Estado terrorista.
El bolsillo, una víscera sensible y menospreciada
La promesa re-distributiva se agotó apenas atravesado el umbral de la Casa Rosada. El discurso de reparación mutó, raudo, a otro destinado a condenar la “herencia recibida”. El desastre macrista -real por donde se lo mire- se convirtió en fundamento para los límites impuestos a cada iniciativa.
El ajuste del gobierno peronista camina senderos parcialmente distintos a aquellos trazados por Cambiemos. Expresa, en última instancia, la relación de fuerzas existente, nacida de la canalización electoral del rechazo a las políticas macristas. Labor que impidió derrotar en las calles las medidas que hundieron la vida de las mayorías populares.
La suspensión de aumentos en las tarifas; bonos y (magros) aumentos salariales; la implementación de la tarjeta alimentaria. Allí asoman los mecanismos con los que se busca paliar las consecuencias del actual ajuste para los sectores más postergados de la población.
Sin embargo, la espiral inflacionaria está lejos de frenarse. Un relevamiento hecho en las últimas semanas indica aumentos de hasta 40 % por fuera del Plan Precios Cuidados. El problema de la inflación, un martillo que golpea constante sobre la vida de las grandes mayorías, parece un enigma para la gestión fernandista.
A la hora de discutir las causas de la suba de precios, el discurso oficial ofrece un menú alejado del progresismo. Mientras se esquiva tocar los intereses de los grandes formadores de precios, se repite el falso mantra de que salarios y jubilaciones “son inflacionarias” si se aumentan “en exceso”. En la Argentina monopolizada, el problema viene a residir en quienes cobran un poco más o un poco menos de lo que cuesta la canasta familiar.
Bajo el nuevo relato oficial, la aspiración obrera a vivir dignamente genera inflación. El pedido presidencial de “moderación” en las paritarias lo ilustra. Cierto es que esa disposición es lo que ha sobrado en la conducción sindical peronista, que regaló cuatro años de tregua al macrismo.
El gobierno adolece aún del anunciado pacto social. La línea de falla hay que buscarla, tal vez, en los actores convocados. La docilidad de la cúpula sindical contrasta vivamente con la prepotencia burguesa. Las grandes patronales, como ocurre en Siderca o Vaca Muerta, quieren imponer sus propios programas de ajuste y racionalización.
Haciendo cuentas
El nuevo relato oficial tiende a idolatrar al dólar. No aquel en manos de particulares, sino el que engrosa las arcas del Estado nacional, acumulándose con un destino fijo: el pago de la deuda pública.
Ese discurso supone aceptar una realidad permanente de la política nacional: la escasez estructural de divisas, también conocida como restricción externa. Sus causas hay que buscarlas en el atraso nacional y en la dependencia en relación al mercado mundial. Asimismo en la “naturaleza fugadora” del gran capital argentino y extranjero. El ciclo macrista fue prolífico en esa tarea: en cuatro años se acercó a los USD 90.000 millones.
El Estado nacional se enfrenta a la titánica tarea de obtener divisas. Sus preferencias políticas se inclinan hacia quienes pueden producirlas. Allí hay que buscar las razones del explícito aval dado por Alberto Fernández a la minería contaminante en Mendoza. Anunciado entre sonrisas junto a Héctor Magnetto, encontró una masiva respuesta en las calles mendocinas. También eso motoriza las negociaciones con las grandes petroleras, próximas a recibir nuevos beneficios mediante la ley de hidrocarburos que el gobierno se propone enviar en las próximas semanas al Congreso.
Con el mal llamado “campo”, se mantiene una tensa calma. Las recientes lluvias, al habilitar una mejor cosecha, pueden explicar parte del alivio. También podría deberse al temor ante eventuales movilizaciones. Sirve recordar que Alberto Fernández se retiró del gobierno de CFK tras el conflicto de 2008. Que el oficialismo no haya implementado el 3 % adicional en retenciones -permitido por la ley de Emergencia- retrata el momento actual.
Entre el relato y las tensiones reales
Las líneas de falla del nuevo oficialismo se dibujan desde un inicio. Recorren canales y programa de radio. También redes sociales. Confirman el carácter de coalición que configura al gobierno del Frente de Todos. Tensiones y cortocircuitos se abren en abanico: la muerte de Nisman; presos políticos o detenciones arbitrarias; cruces entre Berni y Sabina Frederic por Gendarmería; la aspereza de Grabois ante algunas medidas económicas. La “unidad anti-macrista” parió un entuerto multicolor donde las diferencias, más temprano que tarde, empiezan a delinearse.
Las críticas de periodistas como Víctor Hugo Morales o de Roberto Navarro complementan otra tendencia: la integración de intelectuales y referentes de la izquierda kirchnerista -próximos a posiciones del Frente de Izquierda- en estratos del Poder Ejecutivo. Para ilustrarlo: denunciantes del carácter ilegal de la deuda pública se suman a un gobierno que propone pagar hasta el último dólar. Recorren, a distancia y con especificidades, el camino del ministerialismo desplegado por Unidas-Podemos en el Estado Español. El agrupamiento referenciado con Pablo Iglesias acaba de sumarse al gobierno imperialista del PSOE. Es, por definición, el gobierno de grandes multinacionales como el BBVA, Telefónica o Repsol.
También en esas tensiones hay que buscar las ambivalencias del relato fernandista. Obligado a escalar posiciones en diversas capas de la sociedad, ensaya un discurso de tintes institucionalistas, proponiendo una (aún) genérica reforma de la Justicia y los servicios de Inteligencia. Apuesta a sostener el vínculo con el núcleo duro del kirchnerismo revisitando una agenda ligada a los derechos humanos. Repite, ante cada micrófono, un discurso anti-grieta, destinado a los extraños más que a los propios.
La debilidad mayor de su relato se localiza en el terreno de la economía. Habiendo elegido una política de ajuste, propone un planteo “solidario” que no afecta los intereses del gran capital. La “redistribución” tiene techo: son los sectores de la clase trabajadora los que deben resignar algo para ayudar a quienes menos tienen. A futuro, esa construcción resulta débil, endeble. Quienes votaron “con el bolsillo” -apostando a recuperar lo perdido con Macri- pueden empezar a mirar con desconfianza la nueva gestión. La relativa prudencia del moyanismo tal vez esté ilustrando ese malestar.
La apuesta de la izquierda
Las seis semanas transcurridas desde aquel caluroso 10 de diciembre definen tendencias. Permiten avistar parte del futuro: honrar la deuda ilegal y fraudulenta define un marco estructural para los tiempos por venir.
En términos de ciclos políticos, los días transcurridos son apenas la nada. Sin embargo, en ese lapso de tiempo ha quedado en evidencia la importancia del lugar que ocupa el Frente de Izquierda. La última quincena de 2019 mostró el enorme alcance de una oposición política anclada en la independencia de clase, ajena a los intereses del gran capital. La oposición por izquierda al ajuste a los jubilados se conjugó con el destacado papel jugado por los parlamentarios y la militancia del PTS-FIT en la lucha contra la minería contaminante en Mendoza.
Esta fuerza es la que se hace preciso desplegar y potenciar en el período por venir. Apostar a fortalecer una perspectiva independiente, que contribuya a vigorizar las inevitables resistencias que llegarán, tarde o temprano, ante la política de ajuste en curso. Resistencias que ocurrirán en un mundo que empieza a ser convulsionado por la creciente lucha de clases, desde Plaza Dignidad hasta los Campos Elíseos, pasando por las calles de Hong-Kong y Teherán.
La construcción de un nuevo proyecto, como el que nos proponemos desarrollar a través de LID Multimedia apuesta en esa perspectiva. Ese objetivo se vuelve esencial en el mapa mediático que se construye bajo el nuevo tiempo político. La semana que acaba de culminar presenta un ejemplo tajante. El ataque de una patota contra los trabajadores despedidos del Ferrocarril Roca fue presentado por los medios -de manera casi unánime- como un “enfrentamiento entre pasajeros y manifestantes”. Nada más alejado de la realidad, como evidenciaron testimonios e imágenes posteriores. El acompañamiento militante a la lucha -traicionada por la conducción sindical e ignorada por el gobierno- resultó fundamental en esa tarea.
El gobierno de Alberto Fernández tan solo acaba de iniciar. Lejos del discurso de campaña, el día a día se presenta agrisado. Millones aún esperan recuperar lo perdido en los años de CEOcracia. El camino elegido por el Frente de Todos empuja en la dirección contraria. Anuncia nuevas decepciones. Prepara las condiciones para una nueva experiencia política de las mayorías populares con el peronismo.
Para la izquierda es fundamental trabajar en la preparación activa y consciente para las batallas políticas que se avecinarán cuando el desencanto empiece a dar paso -lenta o velozmente- a la decepción. Una decepción que, en la turbulenta historia nacional, tiende a tomar su lugar en las calles.
Eduardo Castilla
Notas
[1] Como estima la investigadora Noemí Brenta en el último número de El Dipló los intereses y cargos de la deuda “representan alrededor de un quinto del gasto público. Esto es muchísimo: supera, por ejemplo, la suma del presupuesto nacional en salud, educación y ciencia y tecnología. Y como alrededor de la mitad de esos pagos va al extranjero, ni siquiera se gasta o ahorra en el país”. El Dipló. Enero 2020. N° 247
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