Se hizo justicia

Mientras el pasado miércoles se realizaba un nuevo corte en la Panamericana, el trabajador despedido de Lear Damián Gonzáles, declaró: “la Gendarmería que nos reprimió con balas de goma y con gendarmes caranchos, hoy se tuvo que retirar por orden de la jueza. Ganamos nuestro derecho a protestar, perdió en esta oportunidad la política represiva de Sergio Berni y el gobierno. Pero lo más importante para nosotros es volver a nuestros puestos de trabajo, para dar de comer a nuestras familias. Lear despidió a 240 trabajadores, se logró la reincorporación de 60 y somos 40 los que seguimos exigiendo nuestra reincorporación. También repudiamos las amenazas de expulsión de nuestros delegados por parte del SMATA en su próximo Congreso del 19 de noviembre”.
La importante acción de los obreros de Lear junto a más de 500 trabajadores y estudiantes terminó con un emotivo acto. Allí los despedidos destacaron el triunfo que significó poder volver a manifestarse en la Panamericana. Destacaron el apoyo de las organizaciones presentes y con la convicción que el conflicto sólo se resuelve con la reincorporación de los despedidos a sus puestos de trabajo, votaron una serie de medidas que cumplirán durante estos días en el km 31 de la Panamericana.
No serán de la partida los gendarmes a cargo de Sergio Berni y el comandante Torales, conocido como “el carancho”. La jueza Arroyo Salgado, tras una presentación del diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT), determinó que se investiguen las denuncias por el accionar de la fuerza, y determinó que la misma no participe de los reclamos que realizan los trabajadores despedidos. El hecho que suscitó la denuncia fue la feroz represión que sufrieron los trabajadores y militantes sindicales y políticos el pasado 23 de octubre. Como señalaron en un comunicado difundido por los delegados Rubén Matu y Silvio Fanti, “la asamblea resolvió esta medida, junto a otras que realizaremos los días posteriores, exigiendo la reincorporación de todos los despedidos, repudiando la represión que sufrimos semanas atrás y denunciando que la patronal, con el anuncio de los turnos rotativos, ha demostrado que el plan de Lear con los despidos era avanzar en flexibilizar las condiciones de trabajo”. Además los trabajadores y distintas organizaciones sindicales y de derechos humanos vienen realizando una campaña en rechazo del intento de expulsión de los delegados de Lear por parte del SMATA, en un congreso que la conducción de Ricardo Pignanelli convoca para el 19 de noviembre. Los trabajadores también votaron medidas para el viernes 14, día en que se concentraron por la mañana frente a los portones de la fábrica.

Nuevos triunfos frente a ataques a la libertad sindical

La Sala 8 de la Cámara Nacional del Trabajo ha resuelto la reinstalación a sus puestos de trabajo de los periodistas Leonardo Nicosia, Pablo Senarega, Luis Vigo, Lorena Tapia Garzón, Ayelén Pujol y Cristian Scotellaro, despedidos por Editorial Perfil el 7 de enero pasado. El fallo ordena la reinstalación inmediata de estos trabajadores de prensa. Los compañeros fueron despedidos junto a integrantes de la Junta Electoral en el marco del paro de actividades desplegado en defensa de otros compañeros represaliados.
La decisión judicial llega días después de otro fallo de Cámara que dejó firme la reincorporación de todos los integrantes de la Junta Electoral. Ambas medidas fueron solicitadas en sede judicial por León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Estas sentencias implican un golpe a la persecución sindical desarrollada por Editorial Perfil, cuya máxima expresión ha sido el intento de criminalizar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, con la causa penal iniciada contra los delegados de los trabajadores. Este nuevo triunfo en sede judicial pone al descubierto la campaña de mentiras desplegadas por la editorial contra la organización gremial y confirma la denuncia de la Comisión Gremial Interna de la existencia de un ataque a la libertad sindical.
En la mañana del miércoles 12 de noviembre, la petrolera Shell debió reincorporar en su puesto de trabajo a Fernando Luna, un activista despedido el 30 de abril pasado. Había sido desvinculado de la multinacional junto a otros impulsores de la agrupación Naranja opositora a la conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Avellaneda, liderado por el diputado Alberto Roberti del Frente Renovador.
Luna obtuvo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo una medida cautelar de reinstalación impulsada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), la que se hizo efectiva tras la intervención de oficiales de Justicia luego de meses de incumplimiento por parte de la compañía anglo-holandesa. Una resolución similar tuvo el caso de la trabajadora Analía Portillo, despedida junto a Luna y reinstalada en sus tareas luego del apercibimiento de inicio de causa penal que pesara sobre Juan José Aranguren, CEO de la empresa.
Hace casi tres años y medio, un vigilador privado de la empresa ARPA, que terceriza los servicios de seguridad en la planta de FATE de San Fernando, acusó a un grupo de delegados, de los que identificó a tres con nombre y apellido, de amenazarlo de muerte a él y su familia, y de lesionarlo gravemente. Asistido por un abogado de la empresa de neumáticos, hizo la denuncia penal y se constituyó como querellante. El fiscal de San Fernando, Oscar Núñez Barreto, tomó los dichos del vigilador a libro cerrado y convocó a indagatoria a los tres delegados: Ariel Godoy, Alejandro Crespo y Víctor Ottoboni.
Obtenido el sobreseimiento de Godoy y Crespo, la patronal centró su ataque en el compañero Ottoboni y sumó a la causa penal un pedido de desafuero.
En las tres jornadas del juicio oral, que empezó el 3 de noviembre, quedó al descubierto la maniobra. Frente a las contradicciones y vacilaciones del acusador y de sus testigos, se alzaron las voces de los trabajadores y delegados de FATE y la seccional San Fernando del SUTNA.
Finalmente el lunes 10, la jueza Andrea Pagliani, tuvo que absolver al compañero, después de admitir que ni el fiscal ni el denunciante habían probado una sola letra de su versión.
Aún más importante, la sentencia reconoce que la causa se inició en el marco de un conflicto gremial, al punto que se hizo lugar a tres reclamos de la defensa: el fallo deberá ser notificado al juzgado que tramita el pedido de desafuero de Víctor, al ministerio de Trabajo de la Nación para a su vez informarlo a la OIT y al Ministerio de Seguridad provincial, ya que la ley que regula el ámbito de actuación de las agencias de seguridad privada prohíbe su intervención en conflictos sindicales.
La absolución del compañero es un nuevo triunfo popular que no hubiera sido posible sin la larga campaña por su defensa, que cada trabajador asumió como propia, conscientes que el camino obligado es el de la lucha colectiva, la movilización y la solidaridad incondicional.

Mariano Skliar y Humberto Rodríguez absueltos por la justicia porteña

Mariano Skliar (delegado general de la Junta Interna de ATE Promoción Social) y Humberto Rodríguez (secretario adjunto de ATE Capital) habían sido enviados a juicio por ser los referentes sindicales de una lucha contra la precarización laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves 13 de noviembre, la justicia porteña absolvió definitivamente a los dos referentes de un conflicto que se inició a fines de 2012. Fue en el marco de un reclamo por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios, que conforman actualmente el 35% de los empleados de la CABA. Ante la falta de respuestas, se resolvió llevar adelante un paro de 24 horas, que incluía una movilización a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Finalmente, se logró un avance en cuanto al incremento de los salarios, pero a los dos delegados de mayor visibilidad durante esos días de conflicto se les inició una causa. El juicio finalmente comenzó el jueves 6 de noviembre y la acusación contra los trabajadores se enmarcó en el artículo 68 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que se refiere a interrumpir u obstaculizar el tránsito. En la audiencia del jueves pasado, la justicia resolvió absolver a los dos delegados, dando por tierra con un nuevo intento por parte del poder político porteño de armar una causa y judicializar a trabajadores que reclaman por sus derechos.

Mario Hernandez