El Bono Par entró en cesación de pagos a pesar de la Ley de Pago Soberano. Fondos de inversión suman nuevas presiones especulando con una “aceleración”. Se agrava la crisis de deuda. Los caminos del gobierno se van cerrando y todo conduce hacia un arreglo con los “buitres”. El default del relato de “patria o buitres” está más cerca.
Durante el día jueves entró en cesación de pago el Bono Par que opera bajo ley de Nueva York. Esto ocurrió tras pasar 30 días desde el 30 de septiembre, que era el día establecido para la cancelación de los intereses.
Siguiendo lo determinado por la Ley de Pago Soberano, las autoridades económicas ordenaron el depósito del dinero en una cuenta especial en Nación Fideicomiso. Esta institución puso los fondos a disposición de los acreedores.
Pero el mecanismo establecido por el gobierno no resultó convincente. Ninguno acreedor se presentó a cobrar los bonos en Buenos Aires. El puente que tendió el gobierno para saltear el fallo Griesa no funcionó.
El vencimiento operado del Bono Par es por u$s170 millones. De ese total, sólo u$s16 millones correspondían a títulos con legislación argentina que fueron pagados en el país, lo cual ya estaba previsto, incluso sin Ley de Pago Soberano.
Este viernes la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación del Bono Par a la categoría “D” (default). Según informó: “La economía argentina ya está en recesión y probablemente empeore mientras el default afecta la confianza”. Hacen terrorismo financiero para presionar por un arreglo.
El Bono Par que entró en default está cotizando estos días alrededor de u$s55 mientras su valor nominal es de u$s100. Esto es un gran estímulo para que los especuladores compren barato e intenten “acelerar” cobrando el valor íntegro del papel.
El Bono Par es el segundo tipo de título de deuda que el gobierno no logra cancelar a pesar de su voluntad de hacerlo. El 30 de julio se había producido el vencimiento de u$s 539 millones de título Discount.
Ese dinero el gobierno lo depositó en cuentas de los bancos que actúan de intermediarios, principalmente el Bank of New York Mellon. A causa de la acción del juez Thomas Griesa ese monto quedó en un limbo, en tanto que su fallo no permite efectuar la cancelación, pero tampoco retornarlo a las arcas de nuestro país.
A ese fallo de Griesa que beneficia al NML, Aurelius Capital y Blue Angel, la semana pasada se sumó el fondo EM Limited de Kenneth Dart, que le solicitó al juez una sentencia similar amparado en lo que dentro de la legislación de Estados Unidos se conoce como "me too" ("a mí también"). La expectativa es que el gobierno abra una negociación en enero.
Mientras tanto, según informó la agencia Bloomberg el día jueves 30, el fondo Owl Creek junto con la firma de abogados Kirkland & Ellis busca reunir los bonos necesarios para exigir la “aceleración” de los títulos que cayeron en default en julio pasado.
Por otro lado, de acuerdo a BAE hay tres fondos de inversión que tendrían el mínimo de bonos necesarios para pedir la aceleración del Bono Par, pero habrían informado al equipo económico que esperarían hasta enero para tomar esa decisión.
La “aceleración” es un mecanismo que permite a los acreedores que reúnen el 25% de los títulos de una serie de bonos reclamar su pago anticipado cuando no se hagan efectivos los intereses, como está ocurriendo con las series que cayeron en default.
En este caso, los reclamos de “aceleración” se centrarían en una parte de la emisión del Bono Par en dólares, que está regida por ley de Nueva York. La suma total que podrían reclamar los especuladores es de u$s5.400 millones, que en situación regular se terminarían de pagar recién en el año 2038.
Si se pide la “aceleración” el gobierno la puede frenarla reuniendo el 50% de los bonistas que poseen la serie. Pero podría ocurrir el caso en el que los bonistas ya tengan el porcentaje suficiente, no sólo para “acelerar” el pago, sino para impedir la “desaceleración” que buscaría el gobierno.
La banca de inversión Barclays dio a conocer que considera difícil llevar adelante la “aceleración” porque se requiere de una ingeniería compleja y reunir acreedores atomizados.
La amenaza de “aceleramiento” no necesariamente es un mal dato para el gobierno porque implicaría pagos imposibles de abordar con los recursos disponibles y por lo tanto abrir el panorama de una reestructuración de todos los bonos actualmente en cesación.
Sería como mezclar y dar de nuevo. Por lo cual, se podría licuar el efecto del fallo Griesa y complicar la situación de los “buitres” que litigan en Nueva York, que perderían en alguna medida el privilegio que les otorga la extorsión que hace el juez neoyorquino congelando fondos del país.
Pero a nadie le conviene ir tan al extremo. Los “buitres” perderían la posibilidad de hacer grandes negocios. Para el gobierno significaría que la acción de los especuladores le volteó los canjes de 2005 y 2010.
Frente a una recesión que avanza y donde la escasez de dólares tiene un rol central, todo indica que en enero el gobierno buscará salir de la encrucijada en que cayó por la acción de los “buitres” con un arreglo con ellos. La ilusión es que eso abra el grifo de nueva deuda.
Hay una especulación general montada sobre los bonos argentinos. El final está abierto, pero cualquier resultado dejará expuesto que jugando con las reglas de los especuladores siempre terminan ganando ellos. “Patria o buitres” se mostrará como lo que es, una farsa para encubrir el cipayismo de los “pagadores seriales”. La única manera de salir de las encrucijadas que proponen los especuladores es dejando de pagar la deuda, una tarea que queda en manos de los trabajadores.
Pablo Anino
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