Presupuesto, deuda pública, hidrocarburos y telecomunicaciones

Variadas son las informaciones económicas sobre el fin de año, y entre las más destacadas figura:
a) el presupuesto 2015 que asegura los recursos para el funcionamiento de la administración nacional hasta el fin del mandato presidencial;
b) la continuidad de la saga relativa a la deuda y la disputa del gobierno argentino con la justicia de EEUU y los fondos buitres, una cuestión que retrasa el ingreso de capitales; y en sentido contrario,
c) la ejecución del swap con China y la aprobada ley de hidrocarburos junto a la licitación de frecuencias de telecomunicación, iniciativas que intervienen en la búsqueda e ingreso de divisas.

Presupuesto y deuda

Existe una fuerte discusión sobre la realidad explicitada en los guarismos de previsión de ingresos y de egresos, especialmente si se sigue la comparación de lo previsto y lo ejecutado en años anteriores. Hace 7 años que la inflación afecta a los sectores de menores ingresos y el tema se escamotea. El efecto macroeconómico es una mayor recaudación que se afecta a un gasto indiscriminado y según la arbitrariedad del poder ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del parlamento, aun cuando se tiene mayoría para resolver lo que se quiera.
Lo que sobresale en el presupuesto es el gasto destinado a la cancelación de la deuda pública, que más allá de la importancia por la cantidad de recursos involucrados, como por las autorizaciones a emitir mayor endeudamiento, la cuestión de fondo no prevista explícitamente en la Ley de Presupuesto remite a la discusión con los fondos buitres y la Justicia de EEUU. Ahora amplificada en la denuncia a una funcionaria del gobierno de Washington como principal ejecutiva del lobby buitre, enunciado en una carta de protesta que dirige la Presidente de Argentina a su par estadounidense. Es un tema a procesarse en los próximos días en la reunión del G20 en Australia.
El asunto es que los vencimientos de deuda renegociada siguen generando una situación sin salida en la coyuntura, puesto que ahora existen depósitos inmovilizados en la Banca Mellon de Nueva York por vencimientos de Junio, y otros depósitos que se suceden en el Banco Nación de la Argentina desde fines de septiembre.
Los fondos en EEUU no se pueden usar mientras el Juez Griesa no lo permita y en plaza local se requiere que los acreedores realicen un canje de títulos para no cobrar más en Nueva York. Eso hace que el gobierno mantenga su posición de cumplidor de los pagos aun cuando los acreedores no perciben sus cuotas.
Algunos acreedores pueden acudir a la aceleración, lo que supone cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos ante el impago, para lo cual se requiere del 25% de la voluntad de los tenedores de cada serie. Otros prefieren esperar a que termine el 2014 y se finalice la cláusula RUFO, con la expectativa de negociación y pago de la sentencia neoyorkina en el 2015. Ello supondrá afectación de recursos de reservas, fiscales o incluso nuevo y mayor endeudamiento público.
El tema no solo afecta al 1% de los acreedores, los buitres, sino al 7% del monto total en default en el 2001, unos 7.000 millones de dólares, que pueden duplicarse sumando los intereses y multas. Todo ello se resolverá en el próximo ejercicio fiscal. Esa es la especulación mayoritaria y afectará fondos del presupuesto, aun cuando no estén contemplados, o si no, nueva deuda, a costa de futuros presupuestos y compitiendo con otros destinos.
Por donde se verifica el nuevo endeudamiento es con la utilización de una parte del acuerdo suscripto con China para utilizar unos 11.000 millones de dólares, de los cuales se acreditaron esta semana 814 millones de dólares (en moneda china), que aumentan las reservas internacionales a 28.000 millones de dólares. Los recursos facilitados por China servirán para cancelar operaciones comerciales con China, las que tienen un saldo favorable al gigante asiático. En contrapartida, el país depositó el equivalente en pesos en la banca china. El costo de la operación afectará recursos fiscales que limitan usos alternativos.
Se terminó el discurso del desendeudamiento y ahora todo se juego a la búsqueda de nuevos préstamos, renovando la hipoteca y el cáncer del endeudamiento, por lo que se agiganta la demanda de un gran movimiento popular por la suspensión de los pagos y la auditoria de la deuda. Es un tema a desarrollar en el país para generalizarlo como campaña continental y mundial contra el pago de la deuda de nuestros países.

Hidrocarburos y telecomunicaciones

El proyecto estratégico aprobado esta semana remite a la nueva ley de hidrocarburos, solamente sostenida desde el oficialismo y aliados cercanos, con fuertes críticas del resto de la oposición, claro que con posiciones diferentes entre la oposición sistémica y la de izquierda.
Los primeros, sistémicos pro desarrollo capitalista e inserción subordinada, comparten el criterio de explotar los yacimientos convencionales y no convencionales y solo discuten las formas y procedimientos contenidos en la legislación. Los segundos discuten la cuestión de fondo, desde la crítica a la privatización histórica de los 90´, la política energética desde entonces y la nueva entrega que supone la extranjerización y privatización que consolida el mecanismo de gestión legalizado.
El agravante proviene del uso de la tecnología de la fractura hidráulica para extraer los no convencionales, altamente agresiva con los recursos naturales y fuerte consumidora de agua.
Lo cierto es que en la mayoría política de la Argentina existe coincidencia en la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y la asociación con petroleras extranjeras y su tecnología depredadora. Solo se discuten los modos y formas del proceso que subordina la producción de petróleo y gas a la dominación del lobby petrolero mundial. La discusión por la soberanía energética continuará aun con la nueva legislación. La cuestión de fondo es la soberanía energética y el derecho a la energía, lo que supone discutir la mercantilización creciente de la energía y por ende la des-mercantilización.
Otra novedad provino de las telecomunicaciones. Que los teléfonos no funcionan es sabido y ya no se puede decir como antes que la solución es la privatización. Es más, las privadas ganaron enormes sumas desde la privatización y ahora se disponen a ampliar sus negocios.
La telefonía supone un negocio fabuloso que involucra a grandes grupos económicos y empresas transnacionales. Esta semana cerró la licitación para la ampliación de frecuencias 3G y 4G y el Estado obtuvo propuestas por 2.223 millones de dólares que ingresarán al fisco antes de fin de año, a las que se sumará una cifra similar en inversiones en infraestructura.
Las empresas que participaron de la licitación son Movistar (Telefónica), Personal (Telecom), Claro (del magnate Carlos Slim) y Arlink (Grupo Vila-Manzano). Se consolida la dominación monopolista y transnacionales en el negocio de las telecomunicaciones. Ello supone considerar a las comunicaciones como mercancía, contra el derecho a la comunicación que parte de la des-mercantilización de las comunicaciones.
Para el gobierno, las expectativas son grandes en materia de ingresos de divisas y de inversiones, que subsanen el pésimo servicio de telefonía celular en un mercado altamente saturado de consumo, con más unidades de teléfonos celulares que población.
En este marco y a un mes del recambio de autoridades en el BCRA la brecha cambiaria entre el precio oficial del dólar y el paralelo se reduce sin que se pueda afirmar que ello constituye tendencia irreversible. El tema de fondo y que trasciende el momento es el modelo productivo dependiente del ingreso de divisas que también demandan los acreedores de la deuda, con la única salida de nuevo y mayor endeudamiento que agrava la hipoteca sobre generaciones futuras. Es parte de la razón por lo que hasta ahora se rechaza la idea de un bono de fin de año para los trabajadores, que pueda compensar la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales. Es un tema de conflicto que se suma a la agenda económica en el cierre del año.
La cuestión a resolver es la alternativa política, ya que lo que hegemoniza el debate económico y político en la Argentina es quien asume la administración del capitalismo local. Se necesitan otros objetivos, más allá del capitalismo y no solo en contra del capitalismo, sino por el socialismo. Ello requiere de sujetos conscientes que luchen contra el capitalismo y que construyan en la coyuntura el anticipo de la sociedad sin clases del futuro, no solo en el ámbito de las relaciones cotidianas de familia, amistad o cercanía, sino en el campo de las relaciones económicas, de producción y circulación. Ese es el marco, en la lucha y organización cotidiana, que se construye el programa de las transformaciones sociales y económicas necesarias para el proceso de liberación, y al mismo tiempo, el instrumento político para resolver democráticamente el rumbo desde hoy por la revolución.
Vale la pena reconocer que en la Argentina se discute la renovación del turno presidencial hacia octubre del 2015 y que la izquierda y el campo popular necesitan agrupar esfuerzos de construcción militante para disputar el consenso social contra el orden capitalista.

Julio C. Gambina