La responsabilidad del régimen político en la ausencia de obras contrasta con la organización de la asistencia por parte de vecinos y trabajadores.
Las inundaciones en Buenos Aires han hecho estallar el pus de todo un régimen de especulación inmobiliaria a costa de los bonaerenses. Es el régimen que Scioli heredó de Duhalde, y ahora es disputado por Massa. Los gobiernos provinciales y los municipios de Granados, Mussi, Espinoza, Massa, Posse o el Barba Gutierrez han combinado la falta total de obra pública, vivienda popular y urbanización con el copamiento del suelo y los recursos por las torres y barrios privados. Detrás de la novela de si Scioli juega a la pelota, está claro que la población trabajadora afectada está en gran medida librada a su suerte. Por eso, proliferan los piquetes con reclamos por toda la provincia, que han sido incluso reprimidos como en Plátanos o en el barrio Las Catonas de Moreno. Como en abril de 2013 en La Plata, ya está en marcha un operativo de encubrimiento de la magnitud del desastre. Informaciones oficiales hablan de 5 mil evacuados, cuando sólo en La Matanza se llega a esa cifra.
Ha perdido toda credibilidad la cantinela oficial sobre el carácter "natural" del desastre. El cambio climático modificó la intensidad y frecuencia de las precipitaciones, lo que exige una obra pública que defienda a la población. Como explicaron especialistas en la reciente audiencia convocada a instancias de las Asambleas de Inundados en la Legislatura bonaerense, que el Estado se excuse en la tendencia a precipitaciones mayores, en lugar de disponer las obras necesarias, equivale a hacer construcciones sin preparación sísmica en una zona de terremotos. Las responsabilidades son del Estado y los grupos capitalistas cuyos negocios inmobiliarios defiende.
Esta política de obra cero ha sido refrendada por Scioli en el presupuesto 2015. La obra pública representa un 1,5% de los gastos totales, con un aumento inferior a la inflación de este año. Mientras tanto, los recursos para Granados y la Bonaerense han aumentado un 66%. Las obras anunciadas se arrastran de un año al otro, repitiéndose en el presupuesto sin que nadie explique su falta de ejecución.
La cuenca del Río Luján fue declarada en estado de emergencia por una ley provincial a fines del año pasado. Nada de eso evitó la reiteración de las inundaciones, que llegaron a 5 metros de agua. Hace un mes, el intendente Oscar Luciani dijo que con "las obras realizadas las tremendas inundaciones en el pasado "quedarán en el recuerdo". En contraste, las organizaciones de inundados han denunciado la ineficacia de las obras realizadas por el gobierno provincial. Sumado a esto, está la falta de control sobre los canales clandestinos y la construcción de terraplenes en los emprendimientos inmobiliarios, y de countries o clubes privados sobre humedales, sin ninguna regulación. Todo por supuesto, con la anuencia de los Scioli y Luciani.
En el distrito de La Matanza, las zonas inundables son evacuadas varias veces al año, sin que nadie reponga las pérdidas para miles de vecinos. Las obras de infraestructura e hidráulicas anunciadas en el distrito en campañas electorales sucesivas brillan por su ausencia. Mientras tanto, las obras del primer cordón del distrito desagotan hacia aquí, agravando el impacto de la inundación respecto a años anteriores.
El mismo incumplimiento se evidenció en Lomas de Zamora. Las calles intransitables, las viviendas copadas por el agua, el arroyo del Rey desbordado, los barrios de Fiorito y Budge inundados. Si se hubieran realizado las obras comprometidas en un acta firmada el año pasado entre De Vido, el municipio y las organizaciones que protagonizaron un plan de lucha por las obras hídricas (Sitraic, Polo Obrero, Foro Hídrico), se hubiera evitado este desastre. Como en todos los casos, nadie responde por el destino de fondos que nunca llegaron a las obras comprometidas -y en algunos casos licitadas.
En José C. Paz diversos barrios quedaron totalmente anegados. En los distritos massistas de San Fernando y Tigre, la inundación involucró a barrios que siempre se inundan y a otros que antes no lo hacían. En Las Tunas, los vecinos se autoconvocaron y comenzaron a organizar asambleas exigiendo obras. En Benavídez, se movilizaron a las puertas del barrio privado Nordelta reclamando que abran las compuertas que cierran cada vez que llueve, llevando a que los barrios aledaños queden afectados.
El Estado tampoco asistió a los afectados; cientos de vecinos se han volcado a las calles pidiendo asistencia básica, y también reclamando por los cortes de luz.
Llamamos a todos los sindicatos y centros de estudiantes a organizar la asistencia para los vecinos y trabajadores afectados, tal como lo viene realizando el Suteba Matanza, donde su dirección combativa ha puesto al sindicato a la cabeza de estas tareas solidarias.
Impulsemos las asambleas que se vienen realizando y organicemos nuevas asambleas en cada barrio inundado. Movilicémonos a los municipios para reclamar la asistencia urgente a todos los vecinos afectados.
Reclamamos la realización inmediata de un plan de obras hídricas para la provincia, así como que se organicen verdaderos planes de contingencia, movilizando el conjunto de los recursos estatales frente a los desastres.
Exigimos al Estado, responsable de la no realización de las obras, el resarcimiento por las pérdidas de cada vecino.
Guillermo Kane
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