El 22 de octubre se anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto para sancionar un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que consta de 349 artículos. Algunos de los aspectos centrales del nuevo procedimiento son la separación tajante entre las funciones de jueces y fiscales a través de la adopción de un sistema acusatorio, el fuerte predominio de la oralidad, la realización de investigaciones desformalizadas (es decir, sin que se formen expedientes) a cargo de la fiscalía y la defensa, la implantación (al menos para algunos casos) de juicios por jurados, una mayor participación de las víctimas, la existencia de plazos para la investigación y el juzgamiento, la posibilidad de que los fiscales resuelvan no impulsar determinadas causas (criterio de oportunidad) y un amplio catálogo de medidas restrictivas diferentes de la prisión preventiva.
Ya se han planteado públicamente dos de las cuestiones más criticables del proyecto. Una de ellas es la posibilidad de restringir las excarcelaciones por motivos claramente inconstitucionales, como la llamada “conmoción social”, frase ambigua que legitimaría la presión de los medios de comunicación u otros grupos de poder para privar de libertad a una persona o conjunto de personas (es necesario señalar que, si bien hoy en día la “conmoción social” no es un motivo legalmente válido, hay jueces que la aplican en forma expresa o tácita). El otro aspecto notoriamente contrario a los Derechos Humanos es la posibilidad de expulsar los extranjeros que tuvieran una situación migratoria irregular y solicitaran la suspensión del proceso a prueba por un delito de escasa relevancia (en línea con la política de Menem de expulsar a todo extranjero que resistiera un desalojo forzoso).
Nos sumamos a las voces y las fuerzas de todo tipo que exigen a los legisladores cerrar el paso a tales propuestas inspiradas en la doctrina de la “mano dura” que han fracasado en todo el mundo y que contradicen la voluntad colectiva de ampliar derechos y no cercenarlos. Llamamos expresamente a los legisladores de todos los bloques a tener en cuenta la opinión de los luchadores por los derechos humanos y los juristas de tradición democrática que se han pronunciado en esta dirección.
En aspectos como la actuación de los querellantes, el proyecto adopta posición sobre su participación en casos en los cuales la actual jurisprudencia se encuentra dividida (por ejemplo, aparta totalmente a la querella en caso de que omita realizar determinados actos procesales, mientras que por el contrario le permite impulsar plenamente el proceso en caso de que el fiscal no desee hacerlo).
¿Cómo afectaría el futuro código la lucha por los Derechos Humanos.?
Esta respuesta, difícilmente pueda ser única y absoluta, como para bien o para mal. Por ejemplo, la posibilidad de impulsar la investigación aún en contra de la voluntad del fiscal facilitaría el acceso al juicio oral en los casos de gatillo fácil o torturas. Por el contrario, en materia de lanzamientos en causas por usurpación, el proyecto reproduce la inconstitucional normativa actual, que priva del derecho de defensa a los habitantes del inmueble.
Una importante reforma es la posibilidad de “realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte” (contenida en el artículo 34 del proyecto). Esta norma permitiría solucionar un gran número de conflictos menores y, al igual que el principio de oportunidad, evitaría la criminalización de las personas investigadas.
Hay una serie de reformas de contenido técnico procesal (por ejemplo, el expreso reconocimiento de que la última palabra corresponde siempre a la defensa, la separación entre la decisión judicial acerca de la responsabilidad de una persona y la decisión acerca de la pena aplicable, que se debe desarrollar poco tiempo después, entre otras) que coinciden con las recomendaciones de los juristas especializados.
Será necesario dictar otras leyes para asegurar la implementación del futuro Código Procesal Penal, dado que requiere una profunda reorganización del Poder Judicial de la Nación (en materia penal) y de los Ministerios Públicos que deberían ser reconstruidos de raíz para dotarlos de una fuerte perspectiva democrática dado las nuevas e importantes funciones que se le asignarían. Es que forma concreta y práctica en que se implemente el nuevo procedimiento podrá fortalecer en mucho sus virtudes o potenciar sus defectos. En consecuencia, habrá que examinar estas leyes (imprescindibles para su aplicación real) cuando sus proyectos sean conocidos.
Por otra parte, un análisis profundo del proyecto de código desde el punto de vista de los Derechos Humanos no puede agotarse en la mera letra de las normas, sino que debe analizar las reformas en base a las experiencias de otras jurisdicciones que han adoptado códigos similares. Por ejemplo, la rapidez en la investigación puede disminuir el número de detenidos en prisión preventiva a la espera de un juicio oral, pero también puede multiplicar el número de condenados como ocurrió en la provincia de Buenos Aires.
Por último, no hay que sobreestimar el efecto de las reformas legales en las instituciones ni en sus operadores, ya que frecuentemente las prácticas se imponen sobre las reformas. Aún hoy existen tribunales que, a pesar del expreso mandato del actual Código Procesal Penal de realizar determinadas audiencias, las omiten.
Es por todo ello que llamamos al movimiento de derechos humanos y popular a actuar firme y consecuentemente contra cada una de las injusticias y violaciones de los derechos humanos que hoy se producen en el ámbito del Poder Judicial.
Es imposible conquistar una Justicia digna de su nombre sin la lucha popular que heredamos de los que sostuvieron el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia; y que hoy tiene el rostro de Luciano Arruga como bandera de un reclamo que exige terminar con todas las impunidades de ayer y de hoy para construir un futuro de derechos para todos. Para esta y todas las luchas por todos los derechos para todos, pueden contar con nosotros.
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