La medida judicial que ordena el retiro de la Gendarmería de la Panamericana como expresión de las contradicciones políticas del gobierno frente al conflicto social.
“Las resoluciones judiciales son una manifestación de la relación de fuerzas”, afirmaba un atento lector de La Izquierda Diario en uno de los primeros comentarios a la noticia que publicamos de manera exclusiva, donde informamos sobre la resolución que ordena el apartamiento de la Gendarmería Nacional (GNA) de posibles manifestaciones en la Panamericana.
La definición es acertada, porque la resolución tomada este martes por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, interviene en un conflicto que se convirtió en un agudo problema político para el Gobierno, y que pone al rojo vivo las contradicciones que lo cruzan. Contradicciones que no son más que la manifestación de una relación de fuerzas histórica, en la que se inscribe el conflicto específico de la autopartista norteamericana y de la cual el “relato” kirchnerista fue una expresión distorsionada.
En un apartado de la sentencia, la jueza deja asentado este carácter del conflicto de los despedidos de Lear: “no debe perderse de vista que la actuación de la justicia penal, de última ratio, se da en un contexto de conflictividad laboral que hace ya meses se encuentra vigente entre la empresa LEAR CORPORATION y los trabajadores despedidos, cuya resolución compete a la justicia laboral y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación”.
Más adelante, el escrito judicial agrega: “A ello se suma la reiteración y permanencia en el tiempo de las medidas de fuerza implementadas con eventual relevancia jurídico penal no obstante amparo constitucional -no absoluto- a la libre expresión y protesta, con más la ausencia de resolución del conflicto por los canales institucionalmente previstos a tal fin, provocaron que el malestar social se profundice hasta alcanzar un punto de inflexión que impone la urgente adopción de medidas concretas para su abordaje”.
Traducido: la persistencia tenaz de un grupo de despedidos en la lucha por su reincorporación, apuntalados moral y políticamente por la izquierda clasista, y la anulación e impotencia que manifestó hasta ahora el Ministerio de Trabajo en su presunto rol de árbitro, llevaron a la intervención judicial en un conflicto que había tomado un claro carácter político. No en el sentido vulgar e interesado que el gobierno pretendió darle a esta definición, poniendo un signo igual entre “político” y partidista en el sentido estrecho. El conflicto de Lear es político porque enfrentó dos orientaciones generales para resolver la cuestión de los despidos masivos en una multinacional imperialista.
El Gobierno debió ceder el “arbitraje” de la Panamericana, simplemente porque desde el momento en que avaló los despidos e hizo propios los intereses de las corporaciones (léase Lear y SMATA) se convirtió en parte. Algunas versiones periodísticas dejaron trascender la versión de que los intentos del Gobierno de buscar una negociación con la multinacional y el sindicato encontraron una negativa tajante de estos últimos, que dinamitaron cualquier posible acuerdo.
Desprovisto hasta ahora de la voluntad política de imponer a la empresa y al sindicato alguna condición que abra una posibilidad de salida, la alternativa fue Berni, la Gendarmería y la represión. Impotentes ante la persistencia de los despedidos, la situación se desarrolló hacia una de sus posibles consecuencias lógicas: un salto en la represión que tuvo repercusiones políticas hasta llegar al Congreso Nacional y abrir contradicciones en el mismo bloque kirchnerista.
El conflicto de Lear y sobre todo la resistencia de los trabajadores despedidos -que es un producto no solo de la disposición de lucha de quienes siguen en la pelea, sino también de la fusión orgánica en la lucha de clases con una izquierda clasista-, puso al desnudo dos puntos caros al relato kirchnerista (más allá de la valoración que se tenga de su cumplimiento práctico): la bandera de la defensa del empleo y la no represión a la protesta social.
Este intento de solución arbitral de la justicia devela la ineficacia del “bonapartismo” del Gobierno. Los reveses que viene sufriendo el inefable Sergio Berni (todos los bloques en Diputados rechazaron la represión y se solidarizaron con Del Caño por la agresión sufrida, el bloque oficialista pidió una investigación y ahora una jueza le ordena que se aparte de la arena caliente de la Panamericana) no son más que la expresión de este fracaso. Mención aparte merece la ceguera de quienes todavía califican de “sindical” a una pelea que tomó esta tremenda trascendencia política.
La resolución de Arroyo Salgado, imprime una nueva derrota a Berni y a sus “gendarmes caranchos” y efectivamente expresa la relación de fuerzas general que la lucha de Lear aporta a sostener (incluso más allá de los avatares de su propio conflicto). Una relación de fuerzas que encuentra un límite en la represión (sobre todo contra trabajadores) y en el ataque a los puestos de trabajo. Dos banderas que evidencian una contradicción entre el discurso del pasado y la política presente del kirchnerismo. Y que a la vez acelera la pérdida de su base social y está en la base de la desorientación que muestra frente al conflicto social en el ocaso de su ciclo.
Fernando Rosso
La Izquierda Diario
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