La investigación judicial sobre el hotel de los Kirchner vuelve a poner el foco sobre las sospechas de negocios y enriquecimiento de la familia presidencial. La “corpo” y la oposición hacen campaña pero otras investigaciones apuntan a los negocios de Macri, el “narcosocialismo” en Santa Fe y el paraíso country en el Tigre de Massa. Toda la casta política se enriquece con la función pública y la corrupción es parte de la naturaleza de este sistema.
La investigación judicial sobre el hotel de los Kirchner en Santa Cruz, Hotesur-Alto Calafate, vuelve a poner el foco sobre las sospechas de negocios y enriquecimiento de la familia presidencial. El gobierno acusó el golpe y fue el mismo Jefe de Gabinete quien salió a defender el origen y manejo de los intereses patrimoniales de Cristina Kirchner. Jorge Capitanich pegó duro y acusó de “golpismo activo” a la justicia. El juez Bonadío, protagonista de la denuncia, sería un aliado de Sergio Massa del Frente Renovador. En medio de un panorama donde todos los actores de la política nacional se preparan para las elecciones de 2015 quienes en realidad tomaron la posta fueron el grupo Clarín y el diario La Nación. A falta de una oposición que levante cabeza y donde lo único que sobresale es el escándalo de Elisa Carrió que pegó el portazo de UNEN para irse con Macri, la “corpo” transformó la acusación en un escándalo mediático.
El problema no estaría solo en la falta de presentación de balances contables por parte de Hotesur SA sino en la relación de la familia Kirchner con el clan Báez, denuncia en la que viene insistiendo el periodista estrella de Clarín, Jorge Lanata. Hotesur SA es acusada de formar parte de una operación de lavado de dinero, realizado a partir del alquiler de hoteles a contratistas de obras públicas, organizado por el empresario amigo de los Kirchner, Lázaro Báez. La sociedad que hoy está en la mira de la justicia controla Alto Calafate, el hotel cuyas habitaciones habría alquilado Austral Construcciones durante años a precios que, según denuncian los medios, duplicarían los de mercado.
La “corpo” se ha convertido en una especialista a la hora de denunciar la corrupción de la década kirchnerista. Esta vez, como se entusiasman los editorialistas de La Nación, la acusación parece haber llegado hasta la misma presidenta. El escándalo promete seguir con cruces de uno y otro lado. Pero lo que nadie dice es que esa corrupción es característica de todos los gobiernos que responden a los intereses de los empresarios. Así lo fue bajo la gestión de Carlos Menem, no sólo por su meteórico enriquecimiento personal sino porque entre los innumerables actos de corrupción por los que fue acusado su gobierno figura el de la voladura de Fabricaciones Militares de Río Tercero para ocultar las pruebas que involucraban a su gobierno en el tráfico de armas. Otro tanto podría decirse del gobierno de la Alianza. Durante la presidencia de Fernando De la Rúa de un día para otro quedó desenmascarada la venalidad de los diputados y senadores que a propuesta de Antonio Flamarique (ministro de Trabajo de ese entonces) aceptaron ser coimeados para votar una reforma laboral antiobrera.
La existencia de corrupción y enriquecimiento descarado de los políticos no se debe a un problema “moral” de tal o cual gobierno. La “corpo” y la oposición hoy hacen campaña, pero otras investigaciones apuntan a los eternos negocios del clan Macri, el “narcosocialismo” en Santa Fe o el paraíso en el Tigre de Massa donde, como denunciaron a La Izquierda Diario los pobladores de la zona, los barrios obreros se inundan pero los countries, propiedad de empresas relacionadas con el poder político, son fortalezas sitiadas por muros de concreto.
Toda la casta política se enriquece con la función pública. Los diputados y funcionarios tienen ingresos de entre 50 y 70 mil pesos mensuales (“en blanco” sin contar con los beneficios extras), 10 veces del promedio de ingresos de una familia trabajadora en la Argentina, y muchos acumulan patrimonios descomunales. Como el de la familia Kirchner, que aumentó de $ 7 a $ 82 millones en una década. La corrupción es parte de la naturaleza de un sistema que tiene nombre y apellido, el sistema capitalista, que tiene como fin garantizar la explotación de una minoría sobre las grandes mayorías. Para que esto sea posible no sólo cuenta con el poder armado del Estado sino de un grupo “especial” de personas que garantiza la administración de los intereses de la clase dominante. La casta política, mientras hace sus negocios, trabaja a su vez para mantener el statu quo del poder de las grandes empresas, bancos y terratenientes que se llevan la parte del león de las ganancias extraídas al pueblo trabajador. Ese es el papel de los funcionarios y de los legisladores. La burguesía se asegura la existencia de ese grupo corrompiéndolos a través de puestos bien pagos desde donde estrechan su relación con los empresarios, copiando y compartiendo su forma de vida.
El caso Hotesur no sólo es una muestra de la corrupción de la camarilla kirchnerista al mejor estilo noventista sino también de la continuidad de la casta política y judicial del menemismo en el tablero político. Bonadio fue secretario de Carlos Corach (ministro de Interior de Menem), quien a su vez descubrió las bondades del proyecto “nacional y popular” de la mano del también ex menemista, Daniel Scioli, a quien hoy asesora políticamente. Jorge Lanata, el denunciador de la "corpo" que en los ’90 había sacado a luz la corrupción menemista es hoy un defensor a ultranza de un juez menemista. Las vueltas de la historia nos enfrenta a la casta política que hundió al país en los ‘90 reciclada gracias al kirchnerismo o a la "corpo" que le da cobijo a todos los caídos del redil oficial en su guerra contra Cristina.
Cada vez que surgen este tipo de denuncias desde la oposición surgen medidas como la de conformar una “CONADEP de la corrupción” como propuso la UCR. Difícil que entre “lobos” puedan controlarse. La complicidad de la casta judicial, los empresarios y la casta política se nutre de lazos profundos.
La revocabilidad de los legisladores y los funcionarios por parte de los electores es una medida mínima elemental para minar las bases de esa casta que utiliza la política y los puestos públicos como plataforma de negocios para enriquecerse. Un paso adelante sería, además, el de promover la elección directa de los jueces así como su revocabilidad. Todas las alternativas políticas de la burguesía argentina, se nutren de corruptos y son paraguas de políticos noventistas. El Frente de Izquierda por el contrario levanta este programa y en marzo de este año a través del diputado nacional Nicolás del Caño el FIT presentó un proyecto de ley para que todo legislador y todo funcionario político no pueda percibir más de lo que gana un/a docente. Lo mismo hizo Christian Castillo en la legislatura bonaerense y anteriormente lo había hecho el diputado neuquino del PTS en el FIT, Raúl Godoy.
Ruth Werner
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