Rosario de asesinatos: Estado y narcotráfico

Norma Bustos, que había denunciado el asesinato de su hijo en manos de narcotraficantes, fue fusilada por la espalda en su casa de la populosa zona sur de la ciudad de Rosario. Un nuevo asesinato, responsabilidad de bandas que operan como verdaderos grupos paraestatales. ¿Por qué avanza el narcotráfico?

Como publicamos en la edición del jueves, el asesinato de la madre de Lucas Espina agrega una cuenta más al rosario de asesinatos narcos en el sur de la provincia de Santa Fe. La mujer, que había denunciado que a su hijo lo habían ultimado los hermanos Damario, sicarios a los que se les atribuye vinculaciones con la banca de la familia Bassi de Villa Gobernador Gálvez, y a los que se relaciona con el asesinato del líder de la banda de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero. Bustos había denunciado a viva voz el accionar de sus bandas de narcotraficantes en la zona sur de la ciudad de Rosario y particularmente en el barrio Tablada. Pagó con su vida la impunidad narco-policial.
Los medios de prensa nacionales, previsiblemente, se indignaron ante este hecho y pusieron una vez más los ojos sobre Rosario. Lejos de toda sorpresa hipócrita, el fusilamiento de Norma Bustos es una postal ya casi arquetípica del entramado social luego de 30 años de gobiernos socialistas y peronistas. Un barrio que fue dormitorio obrero y donde ahora la vida del pueblo trabajador se desarrolla simultáneamente al crecimiento de la pobreza, de la descomposición social y del fortalecimiento de un Estado organizador del crimen, a través de la Policía.
Con ese telón de fondo, el asesinato de Norma, que traerá las cámaras y móviles de televisión a Rosario por unos pocos días, es el último (por ahora) episodio de toda una larga serie de brutalidades que tiene al pueblo trabajador como víctima y al Estado como responsable directo, a pesar de que (se) busca culpabilizarse a los pobres por la “criminalidad”.

Algunos episodios de una trama brutal

Para ser gráficos, algunos ejemplos en este último mes: hace una semana, el periodista de La Nación, Germán de los Santos, fue amenazado de muerte por sus investigaciones sobre el hampa regional. Semanas antes, Franco Casco, un humilde albañil que estaba de visita en Rosario, fue asesinado en la Comisaría 7ma, que controla el narcotráfico en la zona de la terminal de Rosario, allí mismo donde fue asesinada Sandra Cabrera, secretaria general del gremio AMMAR (meretrices). Esos mismos días, Luis Bassi, padre del narcotraficante de Villa Gobernador Gálvez protegido por el intendente municipal kirchnerista de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, fue asesinado en una de las páginas de asesinatos y vendettas entre esta banda y la de Los Monos.
Estas pujas entre bandas, no solamente llevaron a la muerte de traficantes con fluidos vínculos con el gobierno rosarino y santafesino como Luis Medina, sino que además se cobró la vida de los tres jóvenes militantes del FPDS, Mono, Patóm y Jere, crimen brutal que se juzga en este mismo momento. Como le pasa a muchos chicos de los barrios más populares, estos tres militantes quedaron en medio de una balacera y de una realidad que no solamente les era ajena, sino que combatían diariamente.

Disparen contra los pobres

Surfeando sobre el crecimiento del narcotráfico (y de sus crímenes) se monta una operación ideológica reaccionaria y distractiva: se busca culpabilizar sistemáticamente a los pobres, y particularmente a los más jóvenes, militarizando los barrios obreros y populares. Tal es el nivel de esta campaña hipócrita y derechista, que el propio exgobernador Hermes Binner ligó villas a los “disvalores” que “provocan” la trata y el negocio de las drogas.
Esta operación es de largo alcance y para ella contribuyen de manera excepcional los medios de comunicación. Se trata de poner siempre un indeleble manto de sospecha sobre las víctimas predilectas de la violencia estatal. Por esa vía, Franco Casco en lugar de ser presentado como un pibe asesinado, fue convertido en un monstruoso delincuente con tendencias suicidas; los jóvenes del triple crimen de Villa Moreno, ya en la misma noche en que liquidaron sus vidas, fueron transformados en narcos con frondosos prontuarios, víctimas de un “ajuste de cuentas”. El joven David Moreira fue una de las más terribles víctimas de esta campaña de estigmatización, siendo linchado por más de 70 personas que le causaron la muerte. El Estado dice “preparen”; los medios de prensa dictaron “apunten”; y sectores fascistas de la clase media echaron fuego.
Mientras se culpabiliza a los jóvenes y se estigmatiza a los pobres y a los barrios de trabajadores, el Estado afila sus colmillos y bayonetas, claro. Así se le da mayor poder de fuego y presupuesto a la Policía, que es la que controla diariamente el tráfico de drogas y otros rubros del crimen organizado, y se le suma también la presencia de la Gendarmería, todo bajo el mando político de un funcionario con experiencia en ocupaciones militares. Para el Gobierno santafesino el pueblo trabajador merece ser tratado como un país ocupado por la violencia. Y la Policía es la garante del “orden”.

El narcotráfico como gran negocio capitalista. El Estado es responsable

La operación ideológica racista y clasista que liga narcotráfico a pobreza o exclusión, como si fuera una regla de tres simple, es lisa y llanamente una mentira. El tráfico de drogas no es un flagelo que emerge de tendencias oscuras de sectores sociales marginales, sino que es un formidable negocio capitalista, rentable como pocos y con inocultables sostenes estatales. La utilización de mano de obra de jóvenes de los sectores populares (los llamados soldaditos) no es el origen de este ovillo, sino el eslabón final de una cadena que es aceitada desde las fuerzas de seguridad y los despachos de ministros y funcionarios.

Santa Fe Breaking Bad: “Better call Saul”. Lavado y abogados

El tráfico de drogas se vincula al lavado de dinero proveniente de negocios legales, bien vistos, ponderados por la sociedad. Soja, construcción, pases de futbolistas, son algunos de los negocios oficiales desde los que provienen miles de millones de peso de ganancias que necesitan ser reinventados, puestos en otra circulación, estableciéndose una alimentación recíproca entre negocios legales y una trama ilegal del dinero. Los estudios de abogados y contadores, que “trabajan” en oficinas en los edificios paquetes de Rosario, sirven para perfeccionar este mecanismo.
Tal es este manejo por parte de estudios jurídicos (a los que Bonfatti se acordó de atacar esta semana), que el abogado de narcotraficantes, Carlos Varela, “dio cátedra” en una jornada organizada por la Universidad Nacional de Rosario sobre la “Chicago Argentina”. Hasta aquí llega el nivel de la impunidad y de la legalidad de estos personajes. Escenas que hacen recordar al abogado de la serie de televisión Breaking Bad, que decía que “Mejor llama a Saúl” (“Better call Saul”) para solucionar todo tipo de problemas y para hacer todo tipo de negocios.
Pero esta es apenas una punta del iceberg de jueces, fiscales, funcionarios, que ligan el narcotráfico a todas las esferas y todos los poderes del Estado, desde las menos relevantes hasta los vértices del poder. Por eso más allá de la victimización que hace el gobernador Bonfatti luego de la inédita balacera que recibió en su casa, preferimos sostener que ese hecho brutal no es una consecuencia de que actúan contra el narco, como pretenden decir los funcionarios socialistas, sino que es una prueba del nivel de involucramiento estatal con el capitalismo mafioso.

Policía, lucha antirrepresiva y un programa frente a la prohibición de las drogas

Pero sin duda donde las pruebas del involucramiento estatal es indisimulable, es en las fuerzas policiales. Desde la caída del jefe provincial de la Policía, Hugo Tognoli, al desplazamiento de comisarios y oficiales regionales, del robo de grabaciones que involucran a policías, a la detención de “agentes del orden” en causa de bandas narco (como los 13 policías detenidos por su vinculación con Los Monos: ahí se ve el nivel de imbricación entre la Policía y el crimen organizado.
Frente a este panorama, surgen las voces que hablan de depuración de los elementos “podridos” de las fuerzas policiales, o una reforma. Sin embargo no existe un solo ejemplo donde se haya reformado estas fuerzas represivas y podridas para que se vuelvan en beneficio del pueblo trabajador. La Policía de Santa Fe no muestra una desviación sino el resultado inevitable de la degradación y descomposición creciente del Estado y su penetración estructural con el capitalismo y sus “avatares” ilegales, como es el narcotráfico. En este panorama, el muy importante movimiento de familiares de víctimas del gatillo fácil en Córdoba, la llamada Marcha de la Gorra en la misma provincia, o la lucha de los familiares de Franco Casco en exigencia de Justicia, son auspiciosos movimientos preparatorios de sectores populares frente a la brutalidad creciente del Estado Capitalista.
No solamente en la proliferación del narcotráfico se puede ver el aun lejano horizonte de México. También en estas importantes formas preventivas de luchas antiestatales. Frente a un Estado que prohíbe el consumo de drogas y militariza los barrios por derecha, mientras organiza el narcotráfico por izquierda, hay que lograr la legalización de la producción, distribución, comercialización y consumo de todas las drogas que estén a la venta, bajo el control de calidad de organismos especializados, y con contención y rehabilitación genuinas y de calidad para los consumidores que lo necesitaran.

Octavio Crivaro