Ascensión Mendieta, víctima de la dictadura, en una rueda de prensa de Ceaqua sobre los crímenes del franquismo.
La jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constityen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".
La jueza federal argentina María Servini de Cubría dispuso que Interpol concrete su "arresto preventivo" para fines de extradición a ese país con miras a tomarles declaración indagatoria.
La magistrada hizo lugar a un pedido hecho la semana pasada por el fiscal de la causa, Ramiro González, luego de que ambos viajaron a España para tomar declaración a sobrevivientes, familiares de víctimas y recopilar documentación.
Según la resolución de 286 carillas, la jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constityen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".
De esta forma, Servini ratificó lo sostenido al ordenar las cuatro primeras detenciones en la causa el año pasado en lo referido a los argumentos para sostener "la jurisdicción" de Argentina "para juzgar los hechos que motivaran" la querella criminal por homicidios, secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura franquista en España.
La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suarez Gonzalez, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.
Además, se pidió la detención de Licino de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio Garcia, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey Gonzalez. Jesús Gonzalez Reglero, Ricardo Algar Barrón, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martinez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.
En la resolución se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo.
En varios casos la jueza imputó a los buscados por homicidio agravado, que prevé penas de reclusión o prisión perpetua.
En su viaje a España, en el mes de junio, Servini de Cubría logró interrogar a las "víctimas y querellantes en el proceso argentino, que por su edad o condiciones no pueden viajar a Buenos Aires a prestar declaración ni trasladarse a cualquiera de los consulados argentinos".
Con el motivo de recabar "pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española" y "tiene previstas reuniones con representantes de diversas instituciones del Estado español".
Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua).
Por lo que también se presentaron como querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Legales(CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción Jurídica.
Argentina ordena detener a Martín Villa y al suegro de Gallardón por la causa contra el franquismo
La jueza María Servini ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores de la dictadura franquista. Entre ellos, los exministros Martín Villa y Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón
Alejandro Torrús
Se anunciaban nubes negras desde Argentina para los franquistas que continúan con vida y sus peores temores se han cumplido en la noche de este viernes. La jueza María Servini de Cubría, que instruye la causa contra la dictadura franquista abierta en Argentina, ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores del franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo, que no han cesado de luchar nunca por sus derechos y con sus propios recursos, que son muy limitados. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos porque no estamos ante crímenes contra la humanidad", ha señalado a Público el abogado Carlos Slepoy nada más conocer la noticia.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo", ha señalado el abogado de las víctimasLos veinte franquistas sobre los que han recaído órdenes de detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por una parte, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Es decir: José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José María Sánchez-Ventura Pascual.
Por otro lado, los acusados de ser corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, Rodolfo Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, como ministro de Presidencia y Jesús Quintaba Saracibar. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados donde estarían nombres conocidos como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.
La relación completa de imputados es la siguiente: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés,Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.
Pasos a seguir
La resolución dictada por la jueza argentina será cursada por la Cancillería argentina (el Ministerio de Asuntos Exteriores) y será enviada al Ministerio de Justicia español. Si el Ministerio no resuelve qué hacer con la resolución, será el Consejo de Ministros quien decida si permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional o lo rechaza directamente. Si admite este trámite dará comienzo un proceso idéntico al que vivieron el Guardia Civil Jesús Muñecas y el presunto torturador Juan Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño' hace apenas unos meses y donde el primer paso sería tomar medidas preventivas y después declarar ante la Justicia.
La Audiencia Nacional resolvió entonces negar la extradición de los dos franquistas al considerar que los delitos cometidos ya estarían prescritos al no apreciar indicios de crímenes de lesa humanidad. Ahora son veinte órdenes. Los hechos imputados son aún más graves si cabe. La pelota vuelve a estar en el tejado del Estado español.
No hay comentarios:
Publicar un comentario